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Las políticas publicas son herramientas que se brindan desde el Estado para abordar distintas problematicas en la agenda gubernamental.  Las políticas publicas debieran diseñarse, monitorearse, gestionarse y evaluarse con perspectiva en DDHH a fin de garantizar el acceso a los diferentes derechos.
El Plan Fines (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), es un a política publica llevada adelante en el año año 2008  en todo el país
​ El objetivo del plan es que los jóvenes y adultos puedan concluir con sus estudios y esta dirigido principalmente a personas que por distintos motivos debieron abandonar su formación escolar.
La educación es un Derecho Humano fundamental para el desarrollo de las personas y las comunidades. A través de la educación se pueden garantizar otros derechos, como el trabajo, la salud, la adecuada alimentación, por lo cual defender esta política fue sumamente importante durante el gobierno encabezado desde el 2015 por Mauricio Macri; el cual se caracterizo por la preponderancia a la eliminación de lo publico y el avasallamiento de los derechos.
En este sentido, el Plan se sostuvo ya que se caracteriza por su flexibilidad y adaptación; modalidad que posibilita la contención a los diferentes sectores que por múltiples razones no llegan al circuito formal educativo.
Encontrándonos viviendo una de las mas crudas crisis económica y sanitaria, la apuesta a la continuidad a distancia  de este programa es menester para contener a quienes ya han sido explulsados y expulsadas del sistema educativo tradicional , es fundamental continuar defendiendo el lazo con los sectores mas vulnerables

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Las políticas públicas son acciones desarrolladas e implementadas por los estados cuyo fin es satisfacer y garantizar necesidades que las sociedades demandan. Por tal motivo, y en relación al contexto que estamos viviendo con la pandemia del Covid 19 tome como una política pública implementada por el estado argentino, el programa “conectar igualdad”.

Conectar Igualdad fue un programa lanzado en el año 2010 por el gobierno de Cristina Kirchner, el cual consistía en la entrega de netbooks a través de la ANSES a estudiantes de escuelas primarias y secundarias del país. Dicho programa busco recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en todo el territorio argentino.  Tal es así, que para el 2015 se habían entregado 5 millones de computadoras. Luego con el gobierno de Mauricio Macri el programa sufrió varios cambios e interrupciones en los cuales se vio una baja significativa en la entrega de los dispositivos. Ya en 2019, con la asunción del presidente Alberto Fernández, se anuncio el regreso del programa “conectar igualdad”.

A mi entender creo que esta política pública de inclusión digital es de suma importancia ya que en la actualidad con el contexto de Covid 19 ha quedado demostrado que, si bien miles de chicxs están conectados con los contenidos educativos, otrxs tantos quedaron desconectados por no tener la posibilidad de contar con un dispositivo y conexión a internet.

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la ley 26743 de identidad de género es claramente una ley con  enfoque de derechos, al reconocer que la identidad de una persona, el como se percibe, es inseparable del ejercicio de la libertad y el desarrollo integral de la persona, tanto emocional, laboral y en cada aspecto de su vida.
esta ley vino a reparar o a pagar una deuda que el estado tenia con un sector o sectores de la población en situación de vulnerabilidad y desprotección ya quien no es reconocido no puede "ser", en una sociedad pierde prácticamente la categoría de sujeto.

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aunque no es una política pública individualizable, me gustaría poner en común la importancia del enfoque DDHH en la urbanización, especialmente de villas y asentamientos precarios. Hacer de las urbes un lugar inclusivo e igualitario es uno de los puntos en la Agenda 2030 (nro11) y es, a su vez, parte del Derecho a la vivienda. Por mi experiencia personal, puedo constatar que los riesgos de ejecutar una política pública sin enfoque DDHH en barrios carenciados no sólo viola principios ético-morales, sino que también se vuelve oneroso para el Estado, poniendo a personas en situación de desarraigo, rompiendo lazos de solidaridad y generando dilaciones eternas en la implementación (espero poder desarrollar más en clase).

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Para atender a la consigna me gustaría compartir una política publica que se destaca como ejemplo del enfoque de derechos humanos debido a su componente de participación social.
https://www.buenosaires.gob.ar/integracion

Al respecto, se destaca que la política que analizamos es resultado de uno de los proceso de participación más amplios y exhaustivos que se hayan realizado en la materia. Esto significó, en primer lugar crear una unidad institucional con el único propósito de garantizar y coordinar las estrategias de participación. Asimismo se desarrolló un largo desarrollo de diversas instancias, tanto para debatir el contenido de la Ley que regula el proceso de urbanización como de la implementación de cada uno de los subprogramas de mejoramiento y reasentamiento, así como de inserción económica, tanto a nivel colectivo como individual.
Por ejemplo, estas instancias incluyeron, la consulta a las personas afectadas y el acceso a la información, que en el caso del Barrio 31 se realizó a través de instancias de participación que comenzaron 3 años antes de los primeros reasentamientos de hogares. En estas instancias se garantizó la información acerca de la solución habitacional ofrecida, esto es una vivienda nueva dentro del mismo barrio, y el motivo del reasentamiento como consecuencia de la reubicación de una autopista urbana.
Los desafíos que significa el componente de participación social, la mayoría de las veces tan relacionado con el presupuesto que significa garantizar la realización de estos mecanismos. La participación social desde el enfoque de derechos humanos, no se trata de solo de informar y dar difusión. Es mucho más que eso, y para llevarlo adelante se requieren unos recursos específicos destinados al efecto.

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La CIDH elaboró un informe en septiembre de 2019, aconsejando a los Estados miembros a fortalecer sus instituciones democráticas y para ello recomienda: “ Que, a través del fortalecimiento de las institucionalidades estatales y del impulso de políticas públicas con enfoque de derechos humanos es posible avanzar en una agenda de prevención y de transformación social para la no repetición de violaciones de dichos derechos”

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/227.asp#:~:text=La%20CIDH%20entiende%20que%20una,respetar%20y%20garantizar%20los%20derechos
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implementa políticas públicas adecuadas a los criterios de derechos humanos. Su presencia como Ministerio ya enmarca un cambio de paradigma en la escena pública. El Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para la prevención, asistencia y erradicación de todas las formas violencia por motivos de género, es una política de Estado que atiende demandas respecto a derechos humanos.
En el prólogo del Plan se expresa.” Jerarquizar las políticas públicas vinculadas a las violencias y
desigualdades por motivos de género era una deuda pendiente, entre muchas que aún quedan vigentes. El impacto de esas violencias y desigualdades, a su vez, se ve incrementado por razones de clase, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, entre otras que implican una mayor vulneración de derechos, y por ende, menor posibilidad real de su ejercicio y un aumento de condiciones para las violencias por motivo de género.” https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf

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Lo que distingue al enfoque de derechos es que tiene una visión integral e intersectorial del desarrollo, donde los derechos son realizados y protegidos, conllevan una responsabilidad del Estado y de las autoridades, son universales, la participación es vista como objetivo y ven a la sostenibilidad como necesaria.

La Ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (o Ley de Bosque Nativo), aprobada en 2007, y que entró en vigor en 2009, puede ser enmarcada dentro este enfoque. Se diferencia claramente de una ley anterior, la 26.160, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que tenía un enfoque básicamente sectorial y provisorio, teniendo un plazo de vigencia de 4 años al ser una ley de emergencia que planteaba paliar momentáneamente una situación considerada excepcional y urgente, como lo era el desalojo constante de Comunidades Originarias de sus espacios tradicionales.

La Ley 26.331 tiene una perspectiva integral e intersectorial, prepondera la posición activa que debe asumir Estado para proteger derechos así como también la indivisibilidad de los mismos, además de considerar la sostenibilidad como necesaria y enfocarse en causas estructurales en y no en sus manifestaciones. La Ley de Bosque Nativo busca preservar gradientes ecológicos completos, evitando la expansión de la actividad productiva que pueda ocasionar cambios en el uso del suelo, controlando la disminución de los bosques nativos existentes, mejorando los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad. Las jurisdicciones debieron zonificar los bosques en base a la importancia de su conservación, y también procurar la “implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas”. De esta forma se fomentaría la preservación de espacios verdes garantizando el derecho a un medio ambiente sano, en armonía con el desarrollo de actividades productivas que no pongan en riesgo a los suelos ni a las especies que puedan habitar, y que se complementen con la vida y las costumbres de las comunidades originarias, dando un valor especial al “uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura”.

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En el marco del derecho a la salud, garantía de calidad de la atención médica, y derecho a una vida digna, propongo analizar el Programa Nacional de Control de Tuberculosis y Lepra (PNCTByL). El programa enmarcado como una política pública a partir de la Resolución 583/14 fue puesto en funcionamiento en el 2014. El Programa se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación y tiene como meta controlar la enfermedad desde una concepción de derechos humanos evitando la discriminación y la estigmatización, entendiendo que la tuberculosis (TB) es una enfermedad social, contagiosa y curable, en la que interviene un agente infeccioso. Este programa se propone generar estadísticas (como lo fue el primer boletín epidemiológico oficial de tuberculosis en 2018), garantizar el acceso temprano a los sistemas de salud, adecuar el saber a las diferentes situaciones psicosociosanitarias de cada una de las personas afectadas por la enfermedad, entregar medicación gratis, y sobre todo contempla la integración de departamentos para afrontar el hacinamiento que es el mayor factor acelerador de la enfermedad. En Argentina se registran por año más de 12.000 casos y 900 muertes. El 20% de los casos registrados en 2018 son menores de 18 años. El Programa lleva años trabajando con una perspectiva de consolidación en materia de entender a esta enfermedad infecciosa desde un cuadro general que abarca necesariamente las condiciones de vida de la población. El Programa contó en 2019 con un presupuesto de $120.000.000 aproximadamente, de los cuales el 80% se invirtió en medicación. A nivel internacional, el programa esta enmarcado dentro de un ODS de la organización mundial de la salud donde se propone el fin de la tuberculosis para el 2035. Se espera que en ese año los casos y la mortalidad disminuyan un 95% en comparación a 2015. Mientras, en Argentina, cada año los casos suben.

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Las políticas públicas en el ámbito de lo social que están orientadas por los derechos humanos pueden ser entendidas como «acciones positivas destinadas a superar situaciones graves de exclusión y desigualdad estructural de vastos sectores de la población» (Abramovich, 2006a:13), garantizando el acceso universal, integral y progresivo al ejercicio de sus derechos.

Partiendo de esta definición, elegí la política publica “Ellas Hacen” que se desprende del programa Argentina Trabaja. Esta línea de acción está orientada a mujeres desocupadas, priorizando jefas de hogar con hijos con discapacidades, con tres o más hijos a cargo, en situación de violencia de género, que viven en villas o barrios emergentes, dado que se considera que constituyen el “núcleo duro” de la vulnerabilidad y de la exclusión socio ocupacional.

De esta manera, estas mujeres se suman a trabajos en cooperativas, acceden terminar sus estudios mediante el plan FinEs, se capacitan en oficios, participan en talleres de formación ciudadana donde se abordan temáticas de género, prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva, entre otras; creando oportunidades de inclusión socio ocupacional y de desarrollo de capacidades humanas y sociales.

Como resultado, el programa crea puestos de trabajo genuinos, promueve la finalización o continuación de estudios, brinda formación en oficios, y capacita desde un abordaje de género a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, Ellas Hacen constituye una política pública con enfoque de derechos ya que promueve la superación de situaciones de exclusión y desigualdad estructural en una población vulnerable.

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He elegido al programa "Bolsa Familia" de Brasil como un ejemplo de política pública con enfoque de derechos. El mismo se encontraba, además, dentro del Plan "Brasil Sem Miseria", que fue creado para ampliar la capacidad regulatoria y de inclusión del anterior.
Bolsa Familia tiene similitudes con la AUH argentina en tanto el Estado demanda certificaciones de escolaridad y de vacunas/sanidad para les niñes de los hogares beneficiarios. Estaba destinado para personas que tuviesen ingresos de entre 89 y 170 reales per cápita mensuales (27 y 53 USD respectivamente). El monto básico de estas transferencias monetarias era de 85 reales por persona, a los cuales se sumaban beneficios variables según composición familiar de 39 reales.
En adición, el Estado brasileño intentó ampliar su enfoque de asistencia garantizando acceso a servicios públicos y fomentando la inclusión productiva con medidas del Plan Brasil Sem Miseria, en tanto tenían diversos objetivos divididos para las zonas rurales y las urbanas.
Ejemplo: construcción sistema sanitario para garantizar acceso al agua, asistencia técnica para agricultores vulnerables, un mapa de oportunidades de empleos en las ciudades, una capacitación de la mano de obra y la promoción de emprendimientos cooperativos productivos.

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Podríamos definir a una política pública con un enfoque de DDHH como aquella que pretende la realización progresiva de los DDHH al establecer las obligaciones que le corresponden al Estado. A partir del reconocimiento de sectores históricamente marginados y excluidos como sujetos de derechos se procede a su inclusión en la esfera de influencia del Estado. Lo que se pretende es que estos grupos adopten una actitud activa y logren, así, su plena integración social. El Estado se coloca como el agente cuya tarea es garantizar los derechos positivos de sus ciudadanos. Su rol no se limita a no vulnerar derechos sino que, sus acciones deben verse encaminadas a garantizar cada vez más derechos ya que, en su carácter de Estado, es el único capaz de hacerlo.

El Programa de Respaldo de Estudiantes de Argentina, mejor conocido como PROGRESAR, es un ejemplo de una política pública emanada desde el Estado que se caracteriza por hacer del enfoque de DD su norte. En él podemos ver como el enfoque derechos se diferencia de los enfoques tradicionales: tanto en el caso del PROGRESAR como en la AUH, el beneficio económico no implica una simple transferencia dineraria por parte del Estado sin ningún tipo de obligación o contraprestación por parte del beneficiario; por el contrario, aquellas personas que forman parte de estos programas deben cumplimentar ciertos requisitos sin los cuales el beneficio no sería otorgado. Estos corresponden al ámbito de la salud y educación. Estas condiciones para el acceso al programa tienen una lógica detrás: la idea del programa no es llevar adelante un plan asistencialista donde se culmine en el simple otorgamiento de una suma de dinero por mes sino que, el fin es llevar al progresivo mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada. Primeramente se pretende garantizar el acceso a los servicios de salud y a una educación que, en el largo plazo, permita romper el ciclo de reproducción de la pobreza intergeneracional.
Aquí se evidencia su integralidad y progresividad, donde los problemas sociales no se resumen en una sola dimensión sino que,  son una conjunción que se da de manera simultánea. Problemas que son vistos desde el Estado no como una externalidad negativa del mercado sino como una violación de DDHH que debe ser reparada. Hacia allí se dirigen las políticas públicas del Estado argentino y, el PROGRESAR, es otro mojón en ese largo camino.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entiende que una política pública con un enfoque en Derechos Humanos es el “conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa -a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva- con el objeto de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad, e intersectorialidad”.

En este caso voy a hacer referencia a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, que constituye la política más importante a favor de la niñez en el país. Esta política pública con enfoque en DDHH actualmente alcanza a millones de niñes y adolescentes, quienes reciben un ingreso mensual tal que ha permitido reducir significativamente la vulnerabilidad de menores de 18 años. Esta prestación tiene como condición la asistencia de los menores a los distintos establecimientos educativos que correspondan como así también la cobertura en salud (acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio).

La AUH ejemplifica fielmente lo dispuesto por la CIDH, ya que es una política pública de alcance universal, que  adopta medidas de acción positiva frente a determinadas poblaciones vulnerables (en este caso puntual, niñes y adolescentes), y la inclusión de enfoques diferenciales que visibilizan las necesidades de estos grupos para así lograr borrar las condiciones dispares en las que se encuentran, lo que se tradujo en un aumento de la cantidad de niñes escolarizades (cumpliendo la asistencia mínima), en la disminución de muertes infantiles debido a causas evitables (debido a la obligatoriedad del calendario de vacunas), y en la reducción significativa de la pobreza monetaria extrema en los sectores referenciados.