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Palabras del Presidente Duque en la inauguración del Túnel de la Línea - 4 de septiembre de 2020

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Presidente Duque ordena militarizar las ciudades para controlar las alteraciones del orden público

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Duque hace un llamado al mundo a defender los páramos y genera críticas

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El mandatario señaló que la protección de estos ecosistemas "es un deber universal" e instó a las naciones a aportar recursos para garantizar su supervivencia y la sostenibilidad de las comunidades que los habitan. Ambientalistas y líderes cuestionan su incoherencia.

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Menos de 24 horas le tomó a la jueza 28 penal del Circuito con función de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, rechazar la petición de las víctimas de aplazar la audiencia de preclusión en el caso de manipulación de testigos del exsenador Álvaro Uribe Vélez.

La petición se había hecho el pasado 9 de junio argumentando problemas con el estatus de víctima de Deyanira Gómez, expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve; que fue revocado el pasado 28 de mayo por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y que en este momento se encuentra entutelado ante la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento, "Informamos a su despacho que el abogado Miguel Ángel del Río, el día hoy, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela contra la decisión de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá con el objetivo de hacer valer la calidad de víctima de la señora Deyanira Gómez. A partir de esta situación particular, solicitamos a su despacho que se abstenga de programar una nueva fecha, con el fin de garantizar la participación de la víctima en caso de ser resuelta a su favor la mencionada tutela".

El documento argumenta que Gómez debe ser considerada como víctima teniendo en cuenta que " el señor Diego Cadena instrumentalizó a la señora Gómez Sarmiento para obtener la declaración retractaría. Es así, como el H. Tribunal de Bogotá incurre en un defecto sustantivo al interpretar de forma errónea la norma descrita". A causa de ello, la mujer terminó formando parte del delito en calidad de víctima.

Sobre los argumentos para no reconocerla, la tutela señala que, "Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve llegaron, previo a la intervención de la señora Deyanira Gómez, a un acuerdo en relación a la retractación, todos aquellos hechos posteriores ya no pueden ser entendidos como parte del delito, pues para la configuración del mismo no es necesario un resultado".

De ahí que el documento firmado por el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo, y los abogados Reynaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, insista en que, "Reiteramos a su despacho no convocar una nueva audiencia para el asunto en referencia y otorgar el plazo razonable solicitado, con el fin de permitir a las víctimas controvertir adecuadamente la solicitud de preclusión presentada por el fiscal que instruye el caso de la referencia".

No obstante, la juez consideró que, "una vez resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, no emerge obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la acción penal, y menos aún para programarla. Cosa distinta ocurriría si la honorable Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción constitucional, ordenara la suspensión o no programación de la audiencia. En consecuencia, se niega la petición". En otras palabras, no son Cepeda y compañía quienes deben pedir el mencionado aplazamiento.

Valga recordar que, fue la Fiscalía General de la Nación la que, luego de tomar el caso de las manos de la propia Corte Suprema, solicitó ordenar la prescripción en el caso contra Álvaro Uribe argumentando que "luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe".
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Niegan solicitud de aplazamiento de la audiencia de preclusión contra Álvaro Uribe

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Menos de 24 horas le tomó a la jueza 28 penal del Circuito con función de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, rechazar la petición de las víctimas de aplazar la audiencia de preclusión en el caso de manipulación de testigos del exsenador Álvaro Uribe Vélez.

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Indígenas anuncian que "si Duque no va a Cali, la Minga irá a Bogotá"

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Los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denuncian hostigamientos y persecución contra sus integrantes.

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Hace un año el país entero apenas se acostumbraba a vivir en confinamiento, como una medida adoptada por el Gobierno Nacional para evitar el aumento de contagios por el COVID-19. Colombia y el mundo entero se enfrentaban a un virus desconocido que ponía en jaque a las grandes potencias y que se esparcía sin pausa por el planeta. En ese entonces, cada país analizaba las decisiones a tomar frente a la pandemia, que ejercía presión en los sistemas de salud -la gran mayoría poco preparados para atender los síntomas de la enfermedad-, de manera que se garantizara la vida, hacer un freno abrupto a las actividades diarias y evitar un colapso total de la economía.

Desde el Gobierno colombiano fueron varias las medidas que se implementaron a través de los decretos de emergencia, sin embargo, no se puede negar que no fueron suficientes y, similar a lo que ocurrió en varios países de la región, las afectaciones económicas y sociales fueron evidentes con el pasar de los meses. ¿Qué tan efectivas han sido las decisiones tomadas por el presidente Iván Duque? ¿Ha sido exitoso el manejo de la pandemia? ¿Va muy lento el plan de vacunación? ¿Por qué la negativa a una renta básica? ¿Fueron suficientes los auxilios económicos a las empresas? ¿Qué hizo el Gobierno para evitar que grupos armados ilegales impusieran su ley en varias regiones durante el confinamiento?

Esas y más preguntas serán las que hará la oposición este martes en la plenaria del Senado, en un debate de control político al que fueron citados los ministros del Interior, Daniel Palacios; de Defensa, Diego Molano, y de Salud, Fernando Ruiz Gómez. De hecho, más allá de ala pandemia, el ministro Molano, quien confirmó su asistencia, deberá afrontar otros cuestionamientos por temas como la violencia en el Cauca, el asesinato de excombatientes, las masacres, los bombardeos o una denominada "paramilitarización" de varias zonas del país.

"Queremos exigir responsabilidad al gobierno de Duque por el mal manejo de la pandemia, que ha profundizado la crisis social, con un alto índice de desempleo, pobreza, millones de personas que comen una sola comida al día", señala la senadora Criselda Lobo, del Partido Comunes, antes FARC, haciendo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia en varias poblaciones a pesar de los confinamientos.
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Las medidas adoptadas para la crisis serán el primer punto por tratar. A juicio de la oposición, las decisiones no han sido suficientes y muy poco acertadas. El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, califica la atención gubernamental como poco exitosa, y pone como referente la cifra de muertos, que a corte de ayer era de 64.293, y el total de contagios en el país, que es de 2'456.409. "Las medidas del Gobierno van detrás de los acontecimientos y el plan de vacunación, a paso de tortuga. Hay que hacerles un examen muy serio a los ministros", enfatiza Sanguino.
Crisis económica
En ese mismo sentido comenta el senador del Polo Democrático Alexánder López: "Vamos a demostrar que Colombia ha sido uno de los países que peor ha manejado la crisis de la pandemia. Las cifras diarias de contagios y de mortalidad no son ciertas, son mayores que las que nos muestran, sustentadas en información de Medicina Legal y el DANE". A su turno, Lobo subraya la necesidad de la inmunización para retomar actividades indispensables, como la educación de las niñas y niños. "Se quiere retornar a las aulas y que los menores vayan a clases, pero los docentes no están inmunizados. Eso es una irresponsabilidad, porque los colegios no están adecuados estructuralmente para garantizar la bioseguridad ni la conectividad".

Para la oposición, los programas que implementó el Gobierno para aliviar a las personas y a las empresas en tiempos de confinamiento tampoco fueron suficientes. Una de las críticas es que los recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) no llegaran a las empresas más pequeñas. "El tejido productivo del país no fue beneficiado con ese programa, a pesar de que intentamos expandirlo a las microempresas en el Congreso", dice Sanguino.

Una acusación más grave hizo el senador López: "Vamos a demostrar cómo los beneficiados con las medidas del gobierno Duque son quienes financiaron su campaña, el sector financiero, que obtuvo utilidades por $ 8 billones, mientras se perdieron miles de empleos y desaparecieron 500 mil pequeñas y medianas empresas. Tenemos pruebas que muestran además que hubo empresas que cogieron los recursos del subsidio al desempleo, nunca cerraron y hasta dieron utilidades".
Seguridad
En medio de estos cuestionamientos, el Gobierno prepara una reforma tributaria que busca posicionar como un proyecto de transformación social que tiene como objetivo la defensa financiera y social de los ciudadanos en medio de la pandemia. "No quiero que miremos la solidaridad social en términos de golpeados y no golpeados, sino en cuestión de la solidaridad como principio y que se recibe en toda la sociedad", ha dicho el presidente Iván Duque, en defensa de la iniciativa que, entre otras cosas, pretende poner a pagar renta, según ha dicho el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, a quienes ganen desde $ 30 millones anuales, es decir, unos $ 2'500.000 mensuales.

Por último, el debate se enfocará en la situación de seguridad que viven varias poblaciones del país, pero, en especial, departamentos como Cauca, Caquetá, Arauca y Norte de Santander. La senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, dijo que "se ha utilizado la pandemia para repoblar paramilitarmente al país. El Gobierno nos tiene que explicar por qué hay una masacre cada 3,5 días y, como la gente está encerrada, los victimarios encuentran más fácil a sus víctimas", comenta. Este debate será el primer gran examen que debe rendir el Gobierno ante el Congreso este año, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición, con el país atento a sus respuestas.

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Manejo de la pandemia, a debate en el Congreso

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Hace un año el país entero apenas se acostumbraba a vivir en confinamiento, como una medida adoptada por el Gobierno Nacional para evitar el aumento de contagios por el COVID-19. Colombia y el mundo entero se enfrentaban a un virus desconocido que ponía en jaque a las grandes potencias y que se esparcía sin pausa por el planeta.

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- Los magistrados Hernán Penagos Giraldo y Jorge Enrique Rozo, ratificados como presidente y vicepresidente.

Bogotá, 2 de septiembre de 2020.- La sala en pleno del Consejo Nacional Electoral decidió hoy, de manera unánime, reelegir como presidente al magistrado Hernán Penagos Giraldo, quien viene desempeñando esta función desde septiembre de 2019.

El doctor Penagos Giraldo lidera, junto con el Registrador Nacional del Estado Civil, la Ley Estatutaria que reforma el Código Electoral Colombiano, una iniciativa que tenía pendiente el país desde hace 30 años.

Es abogado de profesión, con especializaciones en Derecho Administrativo, de la Universidad de Caldas; y en Derecho de los Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia. Profesor universitario de Derecho Administrativo y Derecho Electoral, con diplomado en docencia universitaria.

Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional, en instituciones del sector público, como asesor y consultor de entidades territoriales.

La sala también ratificó al actual vicepresidente del CNE Jorge Enrique Rozo Rodríguez, quién había asumido el cargo en septiembre 2019.

El magistrado Rozo Rodríguez, nació en Sibaté, Cundinamarca. Es Abogado de la Universidad Libre, especialista en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia.

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bogotá registraduría nacional del estado civil

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Bogotá, 26 de agosto 2020.- En sala plena de hoy el Consejo Nacional Electoral, decidió conformar una Comisión Especial para estudiar la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego y Colombia Humana.

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La reforma a la justicia ya no tiene reversa

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En su intervención ante la plenaria el presidente de la Corte Suprema, magistrado Luis Antonio Hernández, pidió a nombre de la corporación que representa la aprobación de la iniciativa

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Como ocurre cada vez que el país se encuentra en medio de alguna crisis política o social, la idea de convocar a una asamblea constituyente volvió a salir a flote en Colombia, aunque en esta oportunidad esta posibilidad ha sido rechazada por la mayoría de los sectores políticos.

El tema salió a flote luego de que, especialmente en redes, se empezó a hacer un paralelismo entre lo que está ocurriendo en Colombia con el paro nacional y las movilizaciones del último año y medio en Chile, que terminaron con un plebiscito y la convocatoria a la elección de una Asamblea Constituyente.

"Las elecciones para elegir un órgano que redacte una nueva constitución (en Chile) son el punto de llegada de las manifestaciones de 2019. Colombia va por el mismo camino, las movilizaciones ciudadanas buscan un nuevo pacto social y político", aseguró el analista político y director de la Fundación Pares, León Valencia.

(Vea también: Así fue el segundo día de negociaciones del Gobierno y Comité del Paro)

En esencia, una constituyente consiste en la elección de una comisión plural de miembros, que representan a las diferentes tendencias política y sociales, que se encargarán de redactar una nueva carta política.

El temor que genera un mecanismo de esta naturaleza es que por las facultades que puede llegar a tener, independientemente de que se convoque por temas específicos, cabe el riesgo de que su temática se amplíe y resulte abordando aspectos diferentes e incluso claves para intereses políticos particulares. Es más, algunos sectores creen que puede generar más polarización.

"La idea de que una asamblea constituyente 'siempre' produce reconciliación es equivocada. Fue cierta en 1991, pero hoy puede ser más polarizadora, con consecuencias en la Constitución, no es una buena idea", aseguró el exsenador Antonio Navarro, quien fue uno de los constituyentes que redactó la actual carta magna.

También hay preocupación por el tiempo que podría tardar en implementarse este mecanismo y en redactar una nueva constitución, mientras el país queda sumido en la incertidumbre, como lo piensa el exnegociador de paz Humberto de la Calle, quien también participó en la Asamblea Constituyente del 91.

Diferencias

A pesar de que existen similitudes entre lo ocurrido en Chile y el proceso que se vive en Colombia, para muchos expertos, hay una gran diferencia en cuanto a los objetivos: en Chile se buscaba cambiar la Constitución, que venía desde el Gobierno de Augusto Pinochet, mientras que en nuestro país el origen de la movilización es distinto.

(Además: Presidente Duque toma medidas para desbloquear vías del país)

"Creo que hay que marcar que en el caso chileno había una matriz clara, un origen de ese malestar, y tenía que ver con el modelo implementado durante la época de Pinochet y que estaba materializada en la Constitución de 1980", explicó a BBC Mundo Jorge Saavedra, académico de la Universidad de Cambridge y experto en temas de América Latina.

Para el académico, las movilizaciones chilenas tenían claro cuál era "el enemigo" por el que había que salir a luchar para "mirar cómo era el ayer y determinar cómo va a ser el mañana". En tal sentido, la reformulación de la Constitución "pinochetista", como se la catalogaba, unificaba en gran medida los reclamos.

"Me parece que, en el caso colombiano, no hay nada claro sobre cómo determinar ese futuro, ese mañana", dice Saavedra.

En esto coincidió la profesora de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, Natalia Ángel Cabo, quien manifestó que "lo de Chiles es muy distinto".

"Ellos están dejando atrás una constitución de la dictadura que pretendía regir en democracia. La Constitución de 1991 (en Colombia) es una constitución centrada en la democracia y el estado social de derecho. Falta más bien apostarle a ella", expresó la docente.

La última vez que se realizó una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia fue en 1991, cuando se actualizó la Constitución durante el gobierno de César Gaviria y bajo la dirección de Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado.

POLÍTICA

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¿Por qué se ha empezado a hablar en Colombia de una Constituyente?

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Como ocurre cada vez que el país se encuentra en medio de alguna crisis política o social, la idea de convocar a una asamblea constituyente volvió a salir a flote en Colombia, aunque en esta oportunidad esta posibilidad ha sido rechazada por la mayoría de los sectores políticos.

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Debido a que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que seguirá con la pelea jurídica para defenderse en libertad sobre el proceso que hoy lo tiene en casa por cárcel.

"Siempre he respondido a la justicia y continuaré haciéndolo, con el convencimiento absoluto de mi inocencia y la transparencia de mis actos", respondió el mandatario en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

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Allí, Gaviria Correa reiteró que "continuaremos apelando a todos los instrumentos que nos brinda nuestro ordenamiento jurídicopara buscar que me sea permitida la defensa en libertad, y el regreso a la inmensa responsabilidad que los antioqueño depositaron en mí con su voto".

Cabe recordar que ayer jueves la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que "no encuentra procedente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, al no existir prueba sobreviviente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria".

(También puede leer: Hallan muerto a biólogo paisa que estaba desaparecido)

Comunicado a la opinión pública sobre la negativa de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia a nuestra solicitud de libertad. pic.twitter.com/cp027JMNCm
- Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) June 11, 2021

La situación jurídica del gobernador no ha sido fácil durante su mandato. Este fue cobijado con medida de aseguramiento el 5 de junio de 2020 por la Fiscalía General, para que se cumpliera en su casa. Luego, el 16 de octubre de 2020, al estudiar un recurso de habeas corpus, el Tribunal Superior de Medellín le otorgó la libertad. Y, la Fiscalía, al acusar a Gaviria en marzo de 2021, volvió a ordenar su detención preventiva.

Además, el 21 de mayo pasado, la Contraloría General embargó sus cuentas en el marco de las investigaciones que adelanta el ente con respecto a Hidroituango.

Debido a todo esto, actualmente Luis Fernando Suárez, quien era su secretario de Gobierno, hoy es el gobernador encargado de los antioqueños.

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A Gaviria Correa se le investiga por el contrato para la ampliación de la Troncal de la Paz, firmado en 2005, por 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, el gobernador era el ordenador del gasto y, aunque hubiera delegado la contratación, tenía la responsabilidad de estar al tanto de la misma.

En su momento, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que con base en los elementos recopilados en el proceso, se puede señalar que Gaviria "incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros".

MEDELLÍN

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Aníbal Gaviria seguirá apelando para buscar su libertad

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Debido a que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que seguirá con la pelea jurídica para defenderse en libertad sobre el proceso que hoy lo tiene en casa por cárcel.

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Esteban Feria jueves, 6 de mayo de 2021

La iniciativa revivió, luego de que en 2012 fue hundida por los congresistas, con el objetivo esta vez de descongestionar los tribunales

El Congreso de la República discutió en segundo debate el proyecto de reforma a la justicia, un proyecto de ley que se viene presentando desde hace casi una década con el propósito de reformar varios aspectos sobre la administración de justicia, además de contemplar un mayor presupuesto para el sector.

La iniciativa revivió, luego de que en 2012 fue hundida por los congresistas, con el objetivo esta vez de descongestionar los tribunales y juzgados mediante la digitalización.

Aunque pasó del segundo debate, no se logró la aprobación para que de manera escalonada se pudiese presentar la paridad de género en las altas cortes, la cual fue inicialmente propuesta por las representantes Adriana Matiz del Partido Conservador y Juanita Goebertus de Alianza Verde.

Otro de los puntos de este proyecto es la creación de más juzgados, para que la vinculación de funcionarios a las convocatorias públicas se dé a través del mérito y la equidad de género. La presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Estela López, aseguró que el proyecto es importante porque volverá más eficiente la administración de justicia en todo el territorio nacional.

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En segundo debate de reforma a la justicia no fue aprobada la paridad de género

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Esteban Feria jueves, 6 de mayo de 2021 La iniciativa revivió, luego de que en 2012 fue hundida por los congresistas, con el objetivo esta vez de descongestionar los tribunales El Congreso de la República discutió en segundo debate el proyecto de reforma a la justicia, un proyecto de ley que se viene presentando desde hace casi una década con el propósito de reformar varios aspectos sobre la administración de justicia, además de contemplar un mayor presupuesto para el sector.

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Jurisdicción de lo contencioso administrativo

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Jurisdicción de lo contencioso administrativo

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El Consejo de Estado negó una millonaria demanda interpuesta por víctimas de desplazamiento forzado en la región de Urabá entre los años 1980 y 2005. Los demandantes, a través de una acción de grupo, le exigían al Gobierno como reparación $128.000 millones. Sin embargo, la acción no prosperó porque, según el fallo del alto tribunal, "la parte demandante no acreditó que los miembros que conformaban el grupo accionante reunieran condiciones uniformes respecto de una misma causa común, pues el supuesto daño de cada grupo familiar se originó en circunstancias y fechas distintas".
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Esta acción, presentada por un gran número de víctimas del conflicto en Urabá, había sido negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de febrero de 2019. Dos años y medio más tarde, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, ratificó la decisión y dijo que, al ser todos los accionantes víctimas en tiempo, modo y lugar distinto, no es posible ordenar una reparación unitaria en el caso. Este fue el mismo argumento por el que la demanda había sido negada inicialmente.

Por su parte, la Agencia de Defensa Jurídica, que funge como abogada del Estado colombiano, celebró la decisión. A pesar de no poner en duda que se trataba de víctimas del conflicto situadas en una zona gravemente afectada por las alianzas entre militares y grupos paramilitares, la entidad dijo en un comunicado de prensa que, "no existía claridad en la acreditación de los requisitos que el Consejo de Estado ha establecido para que se pruebe la condición de uniformidad del grupo".

Es decir, que no se demostraron "los presupuestos básicos de las personas relacionadas en la demanda como su calidad de desplazado por una incursión paramilitar, su residencia en el lugar donde ocurrió la incursión subversiva y que a la fecha de los hechos ejercían algún tipo de actividad económica o tenían algún tipo de activo en los territorios afectados o en sus zonas aledañas".

El Consejo de Estado acogió este argumento y concluyó: "para establecer la causa común del daño señaló que las entidades demandadas omitieron proteger a la población civil en su vida, honra y bienes. Como cada víctima sufrió el presunto daño en circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas los miembros del grupo no tienen condiciones similares respecto de esa causa y no es posible una decisión unitaria de la controversia".
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Casualmente, este 10 de junio se cumplen diez años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, la cual se estableció para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Según la norma, la reparación integral a las víctimas no implica sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos.

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Consejo de Estado niega demanda a víctimas de desplazamiento forzado en Urabá

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El Consejo de Estado negó una millonaria demanda interpuesta por víctimas de desplazamiento forzado en la región de Urabá entre los años 1980 y 2005. Los demandantes, a través de una acción de grupo, le exigían al Gobierno como reparación $128.000 millones.

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Tras varios meses de conversaciones y reuniones, valiéndose de su investidura de Juez de Paz logró convencer, por la vía de la persuasión, a los líderes de los vendedores para que se organizaran en una cooperativa para formalizar su actividad.

Pero además sus buenos oficios sirvieron para ayudar a conformar una mesa de concertación con el alcalde de Bosa y el Fondo de Ventas Populares, en la que están buscando alternativas para reubicar a cerca de 400 vendedores en una plaza de mercado que está proyectada hace varios años en ese barrio.

Logramos bajarle la tensión a uno de los problemas más graves del sector, que durante mucho tiempo causó enfrentamientos no solo con la Policía, sino con la comunidad , afirma Calderón, orgulloso del papel que desempeñó para contribuir en la resolución del conflicto.

Este es uno de los 8.272 casos que han conocido en un año de gestión los 130 Jueces de Paz y Reconsideración de Bogotá, que fueron elegidos por voto popular el 14 de septiembre del 2003.

De esa cifra, 3.540 casos han sido resueltos de manera puntual con la aplicación de la justicia de Paz, cuyos principios son la equidad en la solución de los conflictos comunitarios y familiares, y la atención gratuita a quienes acuden a ese mecanismo.

La mayoría de casos atendidos tienen que ver con problemas familiares (violencia intrafamiliar, disputas entre padres e hijos y maltrato infantil), arriendos (incumplimiento en los pagos y reclamos por servicios públicos compartidos) y conflictos entre vecinos (linderos, deudas y riñas).

Justicia a domicilio Al cumplir su primer aniversario de labores, los propios jueces admiten que la figura sigue siendo desconocida por la gente, que no sabe para qué sirve y porque además le ha faltado apoyo institucional para legitimarla como una alternativa a la justicia ordinaria.

Esto se convirtió en justicia a domicilio pues nos toca ir a donde nos llaman ya que no tenemos un sitio específico para despachar , asegura Jesús Carmona, presidente del Colegio Nacional de Jueces, al señalar que una encuesta reveló que, en promedio, un juez gasta 170 mil pesos mensuales en movilización, teléfono y otros elementos para poder desarrollar su tarea.

Precisamente hoy en el Concejo se realizará un foro para evaluar el primer año de gestión de los jueces que operan en 11 Distritos de Paz, que cubren 19 localidades, sin ninguna remuneración.

Durante el encuentro, promovido por la concejal María Isabel Nieto (Cambio Radical), los jueces dirán que las condiciones de trabajo no son nada favorables por cuanto les han faltado incentivos, reconocimiento institucional y apoyo logístico.

EL PRIMER AÑO Los Jueces de Paz se crearon con la ley 497 de 1999. El Concejo a través del Acuerdo 038 del 2001, convocó las elecciones de los jueces de Bogotá. El 14 de septiembre del 2003, con una votación cercana a los 85 mil votos, se eligieron 130 jueces de Paz, 22 de ellos de Reconsideración (segunda instancia). Su posesión fue el 29 de septiembre del mismo año.

Durante seis meses fueron capacitados por la Secretaría de Gobierno, la Universidad Nacional y el Consejo Superior de Judicatura.

Según información del Colegio Nacional de Jueces de Paz, en Bogotá se han retirado cerca de 40 jueces por falta de apoyo para cumplir con las labores que les ordena la Constitución Política.

Los Distritos 8 (Tunjuelito- Rafael Uribe-Antonio Nariño) con 2.130 casos; 7 (Kennedy) con 1.255; 1 (Suba) con 825; y 5 (Fontibón y Puente Aranda) con 624 casos, son a los que más han acudido los bogotanos para resolver sus conflictos a través de la jurisdicción de paz.

FOTO/Rafael Espinosa EL TIEMPO José Dionisio Calderón (izq.) y Jesús Carmona (der.) piden para los jueces papelería, una caja de herramientas y un subsidio, como condiciones mínimas para trabajar mejor.

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José Dionisio Calderón, un artesano de Bosa, se le midió a lo que nadie quería enfrentar en su barrio: el problema de los vendedores ambulantes que ocupan 15 cuadras de La Libertad, sector marginal del suroccidente de esa localidad, actualmente en emergencia social.