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El artículo 20 de la constitución reconoce expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones a través de cualquier medio de reproducción. (Escritos, palabra...)
También se admite la producción y creación literaria y artística.
La libertad de expresión tiene su límite en el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen

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La Constitución Española regula el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión en su artículo 20:

el reconocimiento de la libertad de expresión se encuentra en el apartado A del artículo 20

el reconocimiento expreso del derecho de información, que reconoce el derecho a comunicar o recibir información veraz de cualquier medio de difusión, se incluye en el apartado D del mismo artículo.

Sobre el derecho de la información

Sobre el acceso a la información

El derecho de acceso a archivos y registros públicos -que permite reunir datos para elaborar información en los medios de comunicación- se recoge en el artículo 105, apartado B de la Constitución, aunque posteriormente se ha ido ampliando y complementando por:

La ley 16/ 1985 por la cual se reconoce como principio general la posibilidad de acceso libre a los patrimonios artísticos, salvo a materias clasificadas y documentos que afecten a la intimidad de otras personas.

El artículo 37 de la ley del 30/1992 que reconoce derecho al acceso, pero que admite que éste puede verse restringido por el derecho a la intimidad

La ley 38/ 1995 que permite la información respecto al medio ambiente

Las limitaciones al acceso de la información se encuentran en la ley Ley de Secretos Oficiales, dictada durante el franquismo en 1968, aunque ha sido reformada posteriormente.

Los datos estadísticos también están cubiertos por secreto, aspecto regulado por la ley 12/1989.

El artículo 120 de la Constitución establece excepciones al derecho a la información con el fin de proteger las acciones judiciales.

La garantía y protección del ejercicio de las libertades de expresión e información están recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española.

Medios de comunicación públicos

La Constitución Española prevé en su artículo 20.3 que "la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España".

La ley 37/1995 de telecomunicaciones por satélite abandona la estricta nominación de servicio público por la de servicios de interés general o de interés público.

En 2006, se aprueba la " Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal" por la cual se establecen los principios básicos, la organización, los instrumentos, etc. de la corporación de RTVE. Establece que ésta debe asegurar la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española.

El derecho a crear medios de comunicación

Aunque no está recogido de forma específica, este derecho está incluido dentro del artículo 20, apartado I, letra A de la Constitución. También está relacionado con el artículo 38 que reconoce la libertad de la iniciativa privada para crear empresas de comunicación.

Frente al monopolio de RTVE, el derecho de antena se creó tras la jurisprudencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 12/1982, más conocido como el caso de Antena 3, y que fue la base del derecho de creación de los medios de comunicación. Esta sentencia sostiene que el derecho a la creación de medios de comunicación está al servicio del derecho a transmitir opiniones e informaciones, es decir, se encuentra subordinado al derecho de información y al de la libertad de expresión.

6 años después, con la ley 10/1988 de Televisión Privada y el Plan Técnico de Televisión Nacional, se creó el marco normativo de la Televisión Privada.

Regulación de los medios de comunicación

Hoy en día, la ordenación jurídica de las televisiones está regulada por un conglomerado de normas:

Ley General de Telecomunicaciones de 2003 por la cual se dice que la gestión de la televisión por satélite se realizará por autorizaciones administrativas, y responderá a un interés general, no de servicio público.

Ley 66/1997 de medidas fiscales, administrativas y de orden social por la cual se regula la televisión digital.

Real Decreto 410/2002 de 3 de mayo, por el que se desarrolla el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, y se establecen criterios uniformes de clasificación y señalización para los programas de televisión.

Ley 22/1999 de 7 de junio, de Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

Real Decreto 1462/1999 de 17 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el derecho de los usuarios del servicio de televisión a ser informados de la programación a emitir, y se desarrollan otros artículos de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

Decreto foral 313/1996 de 9 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de la gestión, mediante concesión administrativa, de servicio de televisión local por ondas terrestres en la Comunidad Foral de Navarra.

Ley 25/1994 de 12 de julio,

ley de Televisión sin Fronteras, de 1994 por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales y administrativas de los países miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión.

Estatutos del periodista

El primer Estatuto de la Protección Periodística data de 1967. Se redactó para complementar a la ley de prensa de 1966 y fue derogado con la aprobación de la Constitución Española. Su artículo 1 definía a los periodistas como aquellos que "figuren inscritos en el registro oficial de periodistas en la fecha de promulgación del real decreto, estos son del primer grupo [...] también son periodistas, los licenciados en ciencias de la información sección de periodismo, debían ser licenciados una vez estuvieran colegiados en la Federación Nacional de Asociación de la Prensa o inscritos en el registro oficial de periodistas, estos son del segundo grupo".

En 1988, el Parlamento de Catalán intentó establecer mediante una ley la exigencia de pertenecer a un colegio profesional de periodistas para poder ejercer la profesión. Fue rápidamente modificada.

Estatutos de redacción

Son pactos voluntarios establecidos por convenio entre la empresa informativa y los periodistas. RTVE posee un estatuto de información, aprobado en abril de 2008, en el cual se incluyen los principales elementos reguladores de la actividad de los profesionales de la Corporación de RTVE.

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La Constitución Española regula el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión en su artículo 20: el reconocimiento de la libertad de expresión se encuentra en el apartado A del artículo 20 el reconocimiento expreso del derecho de información, que reconoce el derecho a comunicar o recibir información veraz de cualquier medio de difusión, se incluye en el apartado D del mismo artículo.

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En el periodismo, se limita esta libertad también a la veracidad de los hechos.

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La decisión de retirar del stand de ARCOMadrid 2018 de la galerista Helga de Alvear la serie de 24 fotografías del madrileño Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea ha partido de Ifema. En concreto, de su presidente.

"Me lo ha pedido pero no me ha dado ninguna explicación. No quería líos", ha explicado la galerista a El HuffPost, quien no dudó en descolgar de sus paredes la serie de imágenes en las que aparecen pixelados los rostros de líderes independentistas como Oriol Junqueras o los jóvenes detenidos por agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra). "Cada uno en su casa hace lo que quiere. Si Ifema no quiere una cosa yo la quito, en mi casa no me quita nadie nada. Es mi artista, ha habido algún problema y punto. Mañana hay otra cosa".

Cada uno en su casa hace lo que quiere. Si Ifema no quiere una cosa yo la quito. Helga de Alvear

Esa otra obra a la que se refiere De Alvear son dos fotografías del alemán Thomas Ruff, que sustituirán a la serie fotográfica retirada. Pese a eso, Sierra se mantendrá presente en ARCO en formato papel durante los cinco días que dura la feria. En el stand se puede hojear (y comprar por 10 euros) el catálogo de la obra, editado en formato periódico. Cada una de las 24 fotos de Sierra ocupa una página y todas van acompañadas con un pie que ayuda a identificar a esos "reconocidos encarcelados". El dinero de las ventas está destinado a una ONG que colabora en la lucha contra el cáncer.

La noticia ha pillado a Santiago Sierra fuera de España, cuyo estudio ha emitido un comunicado en el que se muestra contento y decepcionado a partes iguales.

"Más allá de la relativa sorpresa y decepción con que hemos recibido la noticia, consideramos que esta decisión daña seriamente la imagen de esta feria internacional y del propio estado español. Además, constituye una falta de respeto hacia una galerista como Helga de Alvear, que participó en la puesta en marcha de la Feria, así como hacia la madurez e inteligencia del público. Finalmente, creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos".

Actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución Santiago Sierra

También desde Ifema han querido aclarar su decisión. En un comunicado distribuido a medios, aseguran que han actuado "desde el máximo respeto a la libertad de expresión" y han tenido en cuenta "que la polémica que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas estaba perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018". Su responsabilidad como organizadora es "tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria".

Un portavoz de la galería ha señalado a Europa Press que no es la primera vez que Santiago Sierra causa revuelo con una de sus obras. En este sentido, ha precisado que el tema tratado era "muy candente" y el artista lo había querido expresar así. "No es nada nuevo ni para Helga ni para Santiago Sierra", han insistido.

Entre los retratados por Sierra se encuentran, además de Oriol Junqueras, , los titiriteros que presentaron en 2016 la obra con la pancarta 'Gora Alka-ETA', activistas del 15-M, miembros de Egin, los acusados de explosionar una bomba en la Basílica del Pilar en Zaragoza, los detenidos en el desalojo del Palau Alòs en 2006 documentado en el trabajo Ciutat Morta o Andrés Bódalo, el edil de Podemos encarcelado.

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Ifema manda retirar de ARCO la obra de Santiago Sierra 'Presos Políticos'

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La decisión de retirar del stand de ARCOMadrid 2018 de la galerista Helga de Alvear la serie de 24 fotografías del madrileño Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea ha partido de Ifema. En concreto, de su presidente. "Me lo ha pedido pero no me ha dado ninguna explicación.

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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

Según ha informado el alto tribunal, la Sala rechaza los argumentos del acusado, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico.

El propio Valtonyc ha informado de la sentencia en su cuenta de Twitter:

LA SENTENCIA DEL SUPREMO YA HA SALIDO. 3 AÑOS Y 6 MESES DE CARCEL POR LAS CANCIONES. TENGO QUE INGRESAR EN PRISIÓN. EN CUANTO TENGA MÁS INFO. DIRÉ COSAS.
- Josep V. 🎗️ (@valtonyc) 20 de febrero de 2018

Consideran los magistrados que las canciones que escribió y que publicó en internet incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares, y contra el presidente del Circulo Balear, Jorge Campos, contra quien se dirigieron las amenazas.

El Supremo entiende que basta con leer los hechos declarados probados en la sentencia -de febrero de 2017- "para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia".

Afirma que la sentencia recurrida no "reelabora" ni "saca de contexto" las letras, que no son inocuas por sí mismas, sino que las agrupa, en la fundamentación jurídica, para incluirlas en los tipos penales atribuidos al acusado.

Para los magistrados la Audiencia Nacional se tuvo en cuenta que "la pluralidad de mensajes contenidos en las canciones publicados en internet y con acceso abierto por el acusado tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros".

Esa actitud "va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos" y "comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por la citadas organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración", sostiene la sentencia.

"Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa", recalca.

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Tres años y seis meses de cárcel para el rapero Valtonyc por injurias a la Corona

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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

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Un juez de Collado Villalba (Madrid) ha acordado el secuestro cautelar del libro Fariña, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego.

La juez Alejandra Pontana ha adoptado esta medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.

El exalcalde -que aparece citado en el libro por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego- ha logrado como medida cautelar el secuestro del libro y que se prohíba la impresión y comercialización de nuevos ejemplares.

Por contra, la jueza ha desestimado su pretensión de frenar la emisión de la serie de televisión producida sobre esta obra. En este caso, sostiene que la fecha de emisión de la serie es incierta, así como el guión de la misma, por lo que sería desproporcionado paralizar su emisión.

Pero en el caso del libro, cree que la medida está amparada en la eficacia de la tutela judicial, pues si finalmente la sentencia fuera favorable al demandante, se habría seguido produciendo el daño moral sobre el mismo.

Para la jueza, el contenido del libro y las supuestas imprecisiones denunciadas por el exalcalde otorgan base suficiente para, sin prejuzgar el fondo del asunto, atender a su petición.

La jueza, por último, determina que el demandante debe depositar una caución de 10.000 euros para responder de los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar suponga para el patrimonio del demandado.

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Un juez ordena el secuestro del libro 'Fariña'

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Un juez de Collado Villalba (Madrid) ha acordado el secuestro cautelar del libro Fariña, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. La juez Alejandra Pontana ha adoptado esta medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.

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El juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a D.C.D., de 24 años, al pago de una multa de 480 euros como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por subir a Instagram un fotomontaje del Cristo de la Amargura, popularmente conocido en la Semana Santa de Jaén como El Despojado. En dicho montaje el rostro de la imagen religiosa fue sustituido por el del acusado.

La sentencia, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, ha sido dictada oralmente este miércoles una vez que el acusado ha reconocido en el juicio su culpabilidad y ha aceptado el pago de una multa de ocho meses a dos euros diarios, lo que supone un total de 480 euros. Su conformidad ante el tribunal ha llevado a rebajar la petición inicial de pena del Ministerio Fiscal que solicitaba la imposición de una multa de 2.160 euros, sustituible por 180 días de prisión en caso de impago.

Los hechos se remontan a abril de 2017 cuando el joven subió a la red social una foto de Jesús Despojado, de la Hermandad de la Amargura, en el que el rostro original había sido sustituido por el suyo, incluido el pearcing de la nariz.

La cofradía le pidió en varias ocasiones que retirara la imagen y al no obtener resultado acabaron por llevar el caso a los tribunales. Según recogió la Fiscalía en su escrito de calificación provisional el fotomontaje resultó ser una "vergonzosa manipulación del rostro de la imagen", lo que que evidenciaba un "manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender".

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Un joven de Jaén, condenado a 480 euros de multa por difundir un fotomontaje con la imagen de un cristo

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El juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a D.C.D., de 24 años, al pago de una multa de 480 euros como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por subir a Instagram un fotomontaje del Cristo de la Amargura, popularmente conocido en la Semana Santa de Jaén como El Despojado.

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Esto es lo que dice el artículo 20 de la Constitución sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Los hechos sucedidos en los últimos días han puesto en cuestión este derecho constitucional y han provocado que muchos se pregunten hasta qué punto se están vulnerando nuestras libertades.

Entre quienes se lo preguntan, la organización Amnistía Internacional, que en su último informe sobre los derechos humanos en el mundo, afirma que en España se ha restringido la libertad de expresión, especialmente tras el 1-O.

En su documento, la ONG critica que las autoridades españolas hayan presentado cargos "contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos".

Amnistía Internacional y 'The New York Times' han criticado el retroceso de libertades que se está dando en España

Según esta organización, la Ley Mordaza o la Ley de Seguridad Ciudadana han servido para imponer sanciones administrativas que "podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información".

A esto se ha unido el repaso que The New York Times ha dado a España en una crónica sobre la censura en ARCO que comienza de la siguiente manera: "ya sea por ley o intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han crecido sigilosamente en los últimos años".

En una entrevista en la Cadena SER, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respondido al informe asegurando que "la libertad de expresión en España está más que garantizada" y que de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana "no se puede deducir que se produzca un atentado a la libertad de expresión".

Ifema retira la obra 'Presos Políticos' de ARCO

Es la última polémica. ARCOMadrid 2018 ha decidido este miércoles retirar la serie de 24 fotografías del artista madrileño Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea.

Entre los rostros que aparecían colgados estaba el de Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y actualmente en la cárcel, o los jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra).

Tras la decisión de ARCO, la alcaldesa de Madrid ha anunciado que no acudirá a la feria en protesta por la censura de esta obra.

El presidente de Ifema se disculpó por lo sucedido: "No quisimos ejercer censura".

Prisión para Valtonyc por sus letras contra la Corona

Un día antes, el 20 de febrero, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de tres años y medio que la Audiencia Nacional había impuesto unos meses antes al rapero José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona en las letras de sus canciones.

Los jueces consideraron que las canciones que escribió este joven incluían expresiones de apoyo y alabanza a los GRAPO y a ETA, además de amenazas contra la Corona y sus familiares.

"Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa", argumentaba la sentencia de la Audiencia.

El secuestro de 'Fariña'

Entre las dos noticias anteriores apareció la de la decisión de una jueza de Collado Villalba que ordenó el secuestro del libro Fariña, escrito por el periodista Nacho Carretero, como medida cautelar a petición de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove (Pontevedra), que demandó al autor por vulneración de su derecho al honor.

El exregidor aparece en el libro citado por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego, razón por la que demandó hace años a Carretero. En ediciones posteriores de la obra, el autor incluyó una corrección al párrafo donde aparece el político, asegurando que fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Lejos de lograr su objetivo, la noticia del secuestro de la obra, para la que el exalcalde debía depositar 10.000 euros, hizo que las ventas del libro se dispararan.

Condenado por un montaje sobre Cristo

Un montaje con la figura de Cristo le costó la condena (y no precisamente divina) a un joven de 24 años de Jaén que debió pagar 480 euros por un delito contra los sentimientos religiosos.

Lo que hizo el joven fue sustituir el rostro del Cristo de la Amargura, conocido en la Semana Santa de Jaén como El Despojado, por el suyo propio.

El juez que condenó a este chico rebajó la pena respecto a lo que reclamaba la Fiscalía, que pedía 2.160 euros sustituibles por 180 días en prisión en caso de impago.

Los titiriteros encarcelados por enaltecimiento

Si hay un caso que indignó a la opinión pública fue el de los dos titiriteros que fueron encarcelados en febrero de 2016 por un espectáculo realizado en Madrid en el que las marionetas sacaban una pancarta que ponía "Gora Alka-ETA".

Salieron de prisión cuatro días después y su caso fue archivado al año siguiente.

Sin embargo, su caso llegó a tal punto que, mientras estaban en prisión los titiriteros, en Ourense, durante el carnaval, la Policía Nacional llegó a identificar a un joven que se disfrazó de titiritero y que portaba la famosa pancarta con el "Gora Alka-ETA".

Además, dos asociaciones se querellaron contra los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz por representar en Madrid la obra por la que fueron encarcelados los titiriteros. Finalmente, las querellas fueron desestimadas.

Poca broma con Carrero Blanco

Como decía uno de los protagonistas de Pulp Fiction, la justicia "no tiene sentido del humor" para ciertas cosas. Es el caso de quien fuera presidente del Gobierno franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973.

Cassandra Vera fue acusada de enaltecimiento del terrorismo por varios chistes en Twitter sobre el atentado por los que la Fiscalía pedía para ella dos años y medio de prisión.

Chistes como "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial"; "Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco"; o "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella".

No queremos ni imaginarnos qué haría la Fiscalía con este vídeo:

Investigado un drag queen por vestirse de virgen y Cristo crucificado

Sí sabemos lo que hizo en el caso de Borja Casillas, cuyo nombre artístico es Drag Sethlas, y que fue investigado en marzo del 2017 por su actuación durante los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria.

Su pecado: disfrazarse de virgen y de Cristo crucificado, lo que le costó una demanda por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos a petición de la Asociación de Abogados Cristianos.

Por suerte, en diciembre de ese mismo año la jueza decidió archivar la causa al no apreciar "delito de odio" por parte de Casillas.

Qué cruz para El Intermedio

"El Valle de los Caídos alberga la cruz cristianamás grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porqueFranco quería que esa cruz se viera de lejos; normal, porque quién va a querer ver esa mierda de cerca".

Este chascarrillo pronunciado por el humorista Dani Mateo en El Intermedio le costó la querella de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que fue admitida y que llevó a juicio a El Gran Wyoming y al propio Mateo.

Tras la vista, el juez decretó el archivo definitivo de la denuncia asegurando que "no se cumple ni siquiera el elemento objetivo de tipo penal". Además, el magistrado argumentó que las palabras de Mateo tuvieron "un marcado carácter satírico dentro de un programa de humor en torno a noticias de actualidad". "La sátira, por sí sola, no está prohibida", agregó.

Más humoristas investigados

La publicación satírica Mongolia también fue investigada por el cartel de su musical Mongolia 2.0 en el que anunciaban la actuación que tenían prevista para la ciudad de Cartagena (Murcia).

En él aparecía la Virgen María con la cara de Donald Trump y Cristo con el rostro de Hillary Clinton.

La denuncia del vicepresidente de dos representantes de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno, uno de ellos, concejal del PP en la región, hizo que la Fiscalía y el juez de guardia de Cartagena analizaran la querella por supuesto delito contra los sentimientos religiosos.

El caso de César Strawberry

El cantante del grupo de rap metal Def Con Dos, César Strawberry, fue detenido en mayo de 2015 en el marco de la Operación Araña III en el que la Guardia Civil arrestó a una veintena de personas acusadas de enaltecer el terrorismo.

Tras prestar declaración por el contenido de unos tuits en los que decía "añorar a los GRAPO", Strawberry quedó en libertad. Pero su calvario no terminó ahí.

Dos años después y pese a que la Audiencia Nacional le absolvió alegando que sus manifestaciones en Twitter no encajaban en la apología del terrorismo ni provocaban discurso de odio, la Fiscalía recurrió la sentencia ante el Supremo, que terminó condenándole a un año de prisión.

ETA+PP, mal asunto

Otro humorista que fue imputado y juzgado por su obra fue Facu Díaz, que protagonizó en La Tuerka News un sketch en el que aparecía con un pasamontañas, junto a un marco con la fotografía de Francisco Granados y leía un comunicado en nombre del PP en el que anunciaba el cese de "su actividad armada".

Una denuncia de la organización Dignidad y Justicia hizo que Díaz tuviera que declarar en enero de 2015 en la Audiencia Nacional. Ese mismo día el juez archivó la causa.

El eterno caso Zapata

Si hay un caso que ha dado vueltas y vueltas es el del exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, cuyos chistes sobre Irene Villa en Twitter le han supuesto un verdadero dolor de cabeza.

De poco sirvió que Zapata, que dimitió por la polémica, explicara que todo estaba enmarcado en un debate sobre el humor negro. Ni que la propia Irene Villa lo exculpara.

Zapata fue imputado en junio de 2015 y, desde entonces, la causa se ha archivado varias veces y se ha vuelto a reabrir otras tantas.

Finalmente, en noviembre de 2016 fue absuelto.

El ministro que señala a tuiteros

Tras la repentina muerte del fiscal general José Manuel Maza en Buenos Aires, algunos usuarios de Twitter publicaron mensajes mofándose de su fallecimiento.

Algo que no gustó nada al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien hizo captura de varios mensajes del usuario @Berlustinho junto al siguiente tuit: "Mofarse de la muerte de una persona es algo mezquino, cruel e intolerable. No hay impunidad para los insultos y el odio en las redes sociales".

El Supremo advierte: retuitear puede ser delito

En noviembre de 2017, el Supremo advirtió, en una sentencia a un tuitero, de que retuitear mensajes o imágenes de apoyo a ETA o de homenajes a terroristas puede ser considerado delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el Alto Tribunal, el tipo penal no exige "que el acusado asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que de un modo u otro accedan a él, y le den publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas".

Normal que muchos tuiteros se hicieran la misma pregunta:

Por todo esto te preguntamos: ¿crees que se ha restringido la libertad de expresión en España durante el último año?

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Malos tiempos para la libertad de expresión en España

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Esto es lo que dice el artículo 20 de la Constitución sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas: 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

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Mapa de las libertades de expresión, prensa, religión...

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La Libertad de Expresión
en la Legislación Internacional

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 29

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley previa y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 4

Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;

Artículo III

...

c) La instigación directa y pública a cometer genocidio;

América

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta

1.Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Artículo IV

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Africa

Artículo 9

(Traducción no oficial)

1. Todo individuo tendrá el derecho a recibir información.

2. Todo individuo tendrá el derecho a expresar y deseminar sus opiniones dentro de la ley.

Europa

Artículo 10

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

Libertad de Expresión | Tratados Internacionales

Derechos Human Rights trabaja por los derechos humanos en todo el mundo.

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La libertad de expresion en los tratados internacionales

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La Libertad de Expresiónen la Legislación Internacional Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

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Actos como manifestaciones no comunicadas, causar desorden en la calle, negarse a disolver manifestaciones si las autoridades lo ordenan o manifestaciones frente al congreso son algunas de las conductas multadas por esta ley.

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Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada definitivamente por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma, que este 1 de julio ha entrado en vigor, pone fin a 16 meses de tramitación en los que el texto ha sufrido numerosas modificaciones con respecto al borrador original del proyecto presentado por Interior en noviembre de 2013. En algunos casos directamente han desaparecido del redactado algunas de las conductas más polémicas como la que sancionaba los " ultrajes a España".

En otros casos se han rebajado las sanciones a imponer: concentrarse sin autorización ante el Congreso de los Diputados ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros, sino con un máximo de 30.000 y siempre que se realice una "perturbación grave de la seguridad ciudadana". Tampoco serán sancionados los periodistas que graben a los agentes de policía, sino quien use esas imágenes de manera que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes" (distribuir su foto con esos fines, dirección personal, datos personales...).

Sólo en el trámite seguido en el Congreso de los Diputados, un total de 14 infracciones fueron modificadas y 19 directamente eliminadas. Finalmente éstas son las 44 razones por las que alguien podría ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 siempre que no sea delito.

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)

1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.

2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.

3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Entre 601 y 30.000 euros de multa

1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.

2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.

3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.

4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.

5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra "cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes", por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.

8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.

9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.

10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.

11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.

12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.

13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.

15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).

18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.

20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.

21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.

22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Sanciones de 100 a 600 euros

1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.

2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.

3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.

4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.

5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.

6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.

7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.

8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.

9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.

10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.

11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.

12. Negarse a darle la documentación a la Policía.

13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.

14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.

15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.

16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

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Las 44 conductas que se multan en la nueva 'ley mordaza'

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Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada definitivamente por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno.

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En 2014, en México, hubo protestas por un intento de censurar ciertas páginas las cuales al gobierno le parecían de "riesgo", sin especificar cuales eran estas páginas

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¿Se puede censurar a internet? En México muchos temen que sí y han salido a las calles e inundaron las redes sociales para tratar de evitarlo.

En los últimos días en espacios como Twitter la protesta mexicana se ubicó entre los temas más vistos a nivel mundial, y ha recibido el apoyo de activistas y organizaciones internacionales.

El origen de la polémica es una propuesta de leyes secundarias a la Reforma en Telecomunicaciones, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto y que se analiza en el Senado.

El documento establece una serie de disposiciones para controlar los contenidos que se difundan en internet, bloquear aplicaciones y hasta anular el servicio por orden de alguna autoridad.

Organizaciones civiles, activistas por los derechos digitales, académicos y legisladores ven en la propuesta legislativa un intento de "mordaza" y censura como ha ocurrido en otros países como Turquía.

"Los jóvenes están en una insurgencia cívica digital por el peligro que significa a sus libertades", advierte el senador Javier Corral.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asegura que su propuesta no pretende violar la privacidad de los cibernautas. Incluso el secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo que las autoridades no pretenden aplicar censura alguna. "Si existe duda en el texto de la propuesta no existe fundamento para pensarlo, ya que ello nunca fue la intención" dijo.

Pero algunos creen que existe un riesgo muy serio de que el gobierno controle internet y la protesta ciudadana.

"Es una iniciativa que cancela derechos, todo es censura previa", le dice a BBC Mundo Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia.

Neutralidad

Es una iniciativa que cancela derechos, todo es censura previa
Aleida Calleja, Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia

Las protestas empezaron cuando se conocieron detalles de la iniciativa de leyes secundarias enviadas por el gobierno al Senado y que podría votarse esta semana.

El artículo 197 del texto original establece, por ejemplo, la obligación de los proveedores del servicio a "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes".

La propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.

Con esa indefinición podría considerarse a una marcha o protesta ciudadana como una situación de riesgo, señalan especialistas, e incluso abre la puerta a la censura.

"Puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información", advierte Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese párrafo -que fue el que causó más molestia entre los usuarios de internet- se eliminó del dictamen que deben discutir los senadores, pero en cambio se dejó otro también polémico.

El artículo 145 de la iniciativa advierte que los proveedores "podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente".

En los hechos, señala Luis Fernando García de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, se trata de un ataque a la neutralidad de internet que es uno de los elementos fundamentales del servicio.

El caso 1DMX

El debate sobre las leyes secundarias a la Reforma en Telecomunicaciones apenas inicia, pero más allá de las discusiones legislativas muchos cibernautas mexicanos ven un panorama negativo pues no es la primera vez que viven un caso de censura en internet.

El 2 de diciembre de 2013 la página 1DMX.org fue suspendida por el servidor donde se hospedaba, ubicado en Estados Unidos.

El portal divulgaba hasta esa fecha testimonios e información sobre la violencia que ocurrió un año antes, el 1 de diciembre de 2012 cuando el presidente Peña Nieto asumió el gobierno del país.

La organización que la sostiene transmitía en la página entrevistas, imágenes y videos de personas que acusaron a autoridades federales y locales de la violencia.

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales acusó a la Comisión Nacional de Seguridad de solicitar la suspensión de su página. El gobierno de México negó haber participado en estos hechos.

Aunque el portal 1DMX se reactivó meses después, el caso demuestra el riesgo de censura que existe con la eventual legislación en telecomunicaciones, advierte Aleida Calleja.

"De eso se quejaron algunos industriales al decir que los quieren poner como policías", señala. "Quieren que los proveedores de internet o de banda ancha asuman ese papel pero ellos dicen que no tienen por qué hacerlo, ellos nada más dan el servicio".

Y añade: en el fondo este caso revela el cariz del gobierno que envió esa propuesta legal. "Nos habla de un talante muy autoritario", asegura.

Por lo pronto, en el Senado se analiza un dictamen de la iniciativa presidencial que será debatido esta semana, aunque algunos anticipan que la polémica aumentará pues el documento que se discute no incluyó los cambios que académicos y legisladores habían solicitado. Incluso el senador Javier Corral ha dicho que sólo "se maquilló" la iniciativa original.

El documento que se apruebe en el Senado se analizará después en la Cámara de Diputados.

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La batalla en México contra la censura en internet

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¿Se puede censurar a internet? En México muchos temen que sí y han salido a las calles e inundaron las redes sociales para tratar de evitarlo. En los últimos días en espacios como Twitter la protesta mexicana se ubicó entre los temas más vistos a nivel mundial, y ha recibido el apoyo de activistas y organizaciones internacionales.

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Cuando la libertad de expresión choca con algunas leyes, surge el debate de hasta que punto tenemos esa libertad de expresión.

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Cataluña recurre a la UE por la censura de sus ...

El primer portal del referéndum se cerro por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y del mismo salieron las órdenes a los operadores de bloqueo de acceso al resto de portales que se han creado después. Ahora Jordi Puigneró, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Gerneralitat ha enviado una carta al comisario europeo de TIC, Andrus Ansip, para 'denunciar los abusos y la censura del Estado en materia de acceso a Internet'. Una carta motivada por el cierre de todas las webs vinculadas al referéndum.

La Generalitat ha respondido al continuo cierre de páginas web, y el bloqueo de acceso ordenado a los operadores de telecomunicaciones, con la apertura de alternativas. Más adelante respondieron con herramientas para los usuarios que quisieran votar, técnicas que permiten saltarse el bloqueo aplicado por los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet que han seguido la orden judicial emitida por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Y ahora, con una carta al comisario europeo de TIC en la que denuncian la irregularidad 'en el contexto de la represión ilegal en curso' por parte del Estado hacia las instituciones catalanas.

La Generalitat pide a la Comisión Europea la 'protección del Internet abierto y libre'

El Govern alega en esta carta, con fecha de este domingo, que el Estado incumple las normas europeas con su actuación. Concretamente la Regulación EU 2015/2120 del Parlamento Europeo (artículo 3[3]); la ley del Consejo Europeo del 25 de noviembre de 2015; la Directiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo (artículo 1[3]); y la del Consejo Europeo del 7 de marzo de 2002. Normas europeas que contemplan el marco regulatorio de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, el acceso a Internet abierto, y otros puntos que el Estado incumple según el Govern.

El cierre de webs vinculadas al referéndum, según las consideraciones del Govern en esta carta enviada a Andrus Ansip, constituye una infracción de las leyes españolas, europeas e internacionales. Un contexto en que se remarca también la detención del diretor de sistemas de Fundació.cat, Josep Oliver, que quedó en libertad con cargos el pasado viernes.

Escrito por Carlos González

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Cataluña recurre a la UE por la censura de sus webs sobre el referéndum

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Cataluña recurre a la UE por la censura de sus ... El primer portal del referéndum se cerro por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y del mismo salieron las órdenes a los operadores de bloqueo de acceso al resto de portales que se han creado después.

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Irán ha prohibido esta semana el uso de la aplicación de mensajería Telegram, la más popular del país. En un nuevo intento de poner puertas al campo, el Poder Judicial ordenó el pasado lunes a todos los proveedores de servicios de Internet "el completo bloqueo de la aplicación y el sitio web de Telegram". Aduce para ello razones de seguridad nacional, pero los iraníes ven un nuevo intento de limitar los canales de comunicación que escapan al control oficial. Como hicieran antes con Facebook y Twitter, siguen accediendo con desbloqueadores.

"Es una restricción injustificable a la libertad de expresión y el acceso a la información", ha denunciado este miércoles la organización de derechos Human Rights Watch (HRW). Los operadores de telefonía móvil Iran Cell y RighTel empezaron a filtrar el acceso la víspera.

Telegram ha estado en el punto de mira desde las protestas del pasado enero, cuando algunos funcionarios ultras dijeron que los manifestantes la habían utilizado para organizarse. Entonces, la aplicación fue bloqueada temporalmente. Ahora, la orden judicial va más allá y asegura que ha puesto en peligro la seguridad de Irán porque ha servido para difundir "propaganda contra el sistema, actividades terroristas, mentiras para incitar a la opinión pública, protestas antigubernamentales y pornografía", según Mizan Online, el servicio de noticas del Poder Judicial.

En realidad se trata de una larga batalla que empezó hace tres años, cuando ante el bloqueo de Facebook y Twitter, los iraníes encontraron en Telegram e Instagram dos vías seguras para comunicarse. Las autoridades han reconocido otro tanto al mencionar entre las razones de la prohibición que los responsables de Telegram "se negaron a cooperar en la recopilación y presentación de pruebas de delitos".

La medida se veía venir desde que el pasado 18 de abril, el mismísimo líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, se despidió de su presencia en esa red social "para apoyar a las aplicaciones de mensajería locales y acabar con el monopolio de las extranjeras". El mismo mensaje remitía como alternativas a Gap, iGap y Soroush. Pocos días después, se prohibió su uso a las instituciones oficiales, que también migraron hacia esas redes locales.

Resulta improbable que sigan sus pasos los 40 millones de usuarios estimados de Telegram en Irán (uno de cada dos habitantes). Aunque Soroush, lanzada el mes pasado, ofrece prestaciones muy similares a Telegram, los iraníes desconfían de su privacidad y temen que los servicios de seguridad puedan vigilarles. De hecho, en lo que constituye una verdadera declaración de intenciones la app iraní ha sacado unos inquietantes emojis femeninos, con el distintivo chador, que proclaman "Muerte a América" y "Muerte a Israel".

Los propios responsables iraníes deben de intuir que es una guerra perdida. El diario Javan, que considera a Telegram "la red social más destructiva", advertía a mediados de abril que su bloqueo sólo llevaría a la gente a trasladarse en masa a Instagram (la segunda más popular de Irán con 24 millones de usuarios). En previsión de este momento, numerosos canales de Telegram difundieron sus páginas de Instagram. Además, igual que sucediera antes con otras aplicaciones prohibidas (y que curiosamente sus altos cargos todavía utilizan), los iraníes seguían accediendo este miércoles a Telegram usando programas desbloqueadores o antifiltros.

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Irán prohíbe el uso de Telegram por "seguridad nacional"

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Irán ha prohibido esta semana el uso de la aplicación de mensajería Telegram, la más popular del país. En un nuevo intento de poner puertas al campo, el Poder Judicial ordenó el pasado lunes a todos los proveedores de servicios de Internet "el completo bloqueo de la aplicación y el sitio web de Telegram".