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En nuestro medio solo se exigen, para otorgar una licencia ambiental, los estudios de impacto ambiental que, de acuerdo con lo que hemos planteado, deberían ser requisito indispensable pero no suficiente para aprobarlas.

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La omisión de estos estudios al aprobar las licencias ambientales está generando distorsiones en la asignación eficiente de los recursos del sector público, ya que se le está dando vía libre a la ejecución de megaproyectos que, de valorarse monetariamente sus costos ambientales, no serían factibles de realizar.

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En efecto, durante la última década, los nuevos desarrollos de la teoría económica, especialmente a partir de la teoría del bienestar, han permitido aproximarse al tema de cuantificar los beneficios económicos asociados a proyectos ambientales y de medir en términos monetarios los cambios en el bienestar que experimentan los individuos y la sociedad en general cuando, como consecuencia de la ejecución de un proyecto, se altere la calidad de los bienes y servicios ambientales.

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Como regla general ocurre en nuestro país que las obras de interés regional o nacional que afectan positiva o negativamente el medio ambiente se evalúan y ejecutan sin cuantificar económicamente los beneficios ambientales (costos evitados) que puedan ocasionarse. Esta situación se debe en buena parte al desconocimiento y poco desarrollo que han tenido en nuestro medio los diferentes métodos de valoración de costos ambientales y a la laxitud en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.