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El agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones así como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las personas.

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El agua también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente.

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El crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización y el aumento de la producción y el consumo han generado una demanda de agua dulce cada vez mayor.

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Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático en que todo sigue igual.

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Los cambios de cobertura y uso del suelo son factores importantes que alteran la calidad de los ríos, ya que se experimentan modificaciones en torno a los aportes de agua y sedimentos dentro de la cuenca y los ecosistemas transformados.

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El modelo de desarrollo urbano actual ha generado contaminación, canalizaciones, impermeabilización de llanuras de inundación, así como un enorme consumo de agua y de materiales para la construcción, obtenidos en buena medida del río.

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Según Greenpeace (2012) más del 70% de los cuerpos de agua en el país presentan algún grado de contaminación. Los ríos presentan metales pesados altamente tóxicos como el mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos como el tolueno o el benceno.

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La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

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El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

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El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

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El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

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Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.

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• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.

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• Las malas condiciones de la infraestructura.

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• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

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• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.

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• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.