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La Administración está obligada a identificar los hechos y cargos por los cuales se va a abrir el procedimiento, evitando acusaciones genéricas, abstractas e indeterminadas que le impidan al afectado saber exactamente de que se le acusa y así poder defenderse.

La intimación y la imputación son dos principios muy relacionados, que suelen utilizarse indistintamente como sinónimos, aunque técnicamente hacen referencia a aspectos diferentes, aún y cuando ambos componen el deber de la Administracióna través del órgano director de notificarle al interesado en el acto de apertura los hechos, cargos, motivos, carácter y fines por los cuales se abre el procedimiento administrativo.

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4.8.3. Principio de intimación e imputación

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La Administración está obligada a identificar los hechos y cargos por los cuales se va a abrir el procedimiento, evitando acusaciones genéricas, abstractas e indeterminadas que le impidan al afectado saber exactamente de que se le acusa y así poder defenderse.

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El principio de bilateralidad de la audiencia o del contradictorio expresa que, salvo excepciones limitadas, el juez no podría actuar su poder de decisión sobre una pretensión (civil, lato sensu, o pena), si la persona contra quien aquélla ha sido propuesta no ha tenido oportunidad de ser oída: auditur et altera pars.

La garantía constitucional del individuo sobre la inviolabilidad de la defensa en juicio encuentra su perfeccionamiento en el principio de bilateralidad de la audiencia, en cuanto el mismo presupone una razonable oportunidad de ser oído y asegura en sus términos latos, la posibilidad de ejercitar la defensa de la persona y de los derechos.

El derecho procesal garantiza al justiciable la posibilidad de ejercitar su defensa, no la defensa misma, y de ahí la eventualidad de la contradicción o controversia.

La eventualidad de la contracción no afecta el principio fundamental; nunca será posible llegar a la neutralización del principio, sino al desplazamiento de la oportunidad del contradictorio.

En este sentido no hay excepción al principio. No constituyen excepciones: que la medida cautelar se decrete inaudita parte, si se difiere la eventualidad de la controversia al momento inmediato posterior al perfeccionamiento de la medida cautelar; que se limiten taxativamente las excepciones admisibles, si existe la posibilidad de plena cognición posterior; o si se invierte la iniciativa de la controversia, como en el proceso ejecutivo o en el proceso monitorio; en el proceso penal, durante la etapa instructoria la bilateralidad de la audiencia queda postergada o diferida, pues "durante la formación del sumario, no habrá debates ni defensa".

Interpretando el principio procesal a través de la garantía constitucional, se ha dicho que sólo importa que el litigante debe ser

oído y encontrarse en condiciones de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales, pero no exige la efectividad del ejercicio de ese derecho, ni impide la reglamentación de la defensa en beneficio de la correcta sustanciación de las causas.

El principio de bilateralidad de la audiencia es suceptible de un doble enfoque procesal.

A) en su aspecto positivo, significa la disciplina de los medios de comunicación entre el juez y los justiciables ( notificaciones) con el objeto de tener la certidumbre de que los actos procesales lleguen efectivamente a conocimiento del destinatario.

B) en sus aspectos negativos, significa, por una parte, el establecimiento de remedios procesales que restituyan la garantía del contradictorio cuando el efecto preclusivo de los actos procesales tuviera como consecuencia la lesión de la bilateralidad, lo cual el legislador ha logrado mediante la teoría de las nulidades procesales. Y, por otra parte, el legislador debió superar el problema del ritualismo primitivo que no concebía el proceso sin la presencia material de los justiciables, estableciéndose, primeramente, las medidas coactivas destinadas a forzar la comparecencia, y luego, ante la peligrosa ineficacia de la coacción, el proceso contumacial.

En el derecho procesal moderno las medidas de coacción para forzar la comparecencia han sido superadas, entendiéndose que el órgano jurisdiccional, el ejercicio de la pretensión y el proceso mismo no pueden ser obstaculizados en su desenvolvimiento por la ausencia de uno de los justiciables, siempre que se le haya dado la razonable oportunidad de ser oído.

Los corolarios del principio de bilateralidad de la ausencia son los siguientes.

A) el postulado de la igualdad procesal de los litigantes. El principio político constitucional de la igualdad de los habitantes de la Nación ante la ley se transforma, al penetrar en la órbita del derecho procesal, en la relativa paridad de condiciones de los justiciables, de tal manera que nadie pueda encontrarse en una situación de inferioridad jurídica: no debe concederse a uno lo que se niega a

otros, en igualdad de circunstancias: non debet actori licere, quod reo non permittiTur.

B) el postulado de la paridad para demandar. El ordenamiento procesal regula la conducta de los justiciables, independientemente de su calidad específica de actor o de demandado, calidad que puede ser contingente y a veces meramente casual, ya que mediante el ejercicio de una pretensión de sentencia declarativa de certeza negativa, las calidades de actor y de demandado se intercambiarian; lo esencial es que estas calidades están relativizadas por su subordinación al derecho material, mientras que en el derecho procesal solamente existen individuos que afirman
ser titulares de una pretensión de tutela, y tan titular de una
pretensión de tutela es el actor cuando pide la condena del demandado o acusado, como este cuando pide su absolución.

C) el postulado del libre acceso de los justiciables al órgano jurisdiccional.

La igualdad de los habitantes en su acceso al órgano jurisdiccional quedaría vulnerada cuando una situación económica o social obtaculiza ese acceso.

El legislador ha tratado de restablecer el equilibrio roto, no solamente por la diferente condición económico-social de los justiciables, sino también por la progresiva incrementación del costo de la actividad jurisdiccional, asistiendo a las partes económicamente débiles, sea librandolas de los gastos del proceso, sea creando procesos especiales de rápida tramitación.

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Principio de bilateralidad De la audiencia

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El principio de bilateralidad de la audiencia o del contradictorio expresa que, salvo excepciones limitadas, el juez no podría actuar su poder de decisión sobre una pretensión (civil, lato sensu, o pena), si la persona contra quien aquélla ha sido propuesta no ha tenido oportunidad de ser oída: auditur et altera pars.

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) Este principio, ligado al principio de oralidad, desde una perspectiva general, implica una relación directa e inmediata del Juez o Tribunal con las partes y sus defensores y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial.

Sin embargo, desde una perspectiva más restringida, la doctrina suele distinguir entre un concepto amplio y un concepto estricto del principio de inmediación. En sentido amplio, la inmediación se reduce a la presencia judicial en la práctica de la prueba. En sentido estricto, exigiría que el juez que ha presenciado las pruebas sea el que falle el pleito

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Este principio, ligado al principio de oralidad, desde una perspectiva general, implica una relación directa e inmediata del Juez o Tribunal con las partes y sus defensores y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial.

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Alfaro, E. (1997). El debido proceso: Principios y derechos de la investigación administrativa. CCSS. Gestión Vol 5. N 1.

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Constituyen en esencia el inicio del proceso judicial, administrativo o laboral. Acá se da aconocer la identidad de la persona así como los cargos o hechos que se le atribuyen y las consecuencias asociadas a los mismos. (Alfaro, 1997, p. 44).

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Teoria de la imputación objetiva bien fácil

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Principio de contradicción o bilateralidad

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Principio de contradicción o bilateralidad

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Las partes deben tener la oprtunidad de rebatir pruebas de la contraria o bien ofrecer pruebas de descargo, escritas u orales, no solo dentro de un plazo razonable para garantizar la debida defensa, sino incluso durante el proceso del debate con las garantias que este lleva inmerso. (Alfaro, 1997, p. 44).

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Derecho de contradicción- Alejandra Gaitán y Erika Rubio

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Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una manera directa, inmediata y simultanea. Es necesario que la pruebas lleguen al ánimo del juez sin alteración alguna. (Alfaro, 1997, p. 42).

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Principio de igualdad y no discriminación

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Principio de igualdad y no discriminación

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Toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. La ley es una y debe aplicarse a todos por igual: no deben darse beneficios especiales ni discriminatorios hacia nadie. (Alfaro, 1997, p. 42).

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DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

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Ninguna persona puede ser considerada ni tratatada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declaré como tal. (Alfaro, 1997, p. 41).

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Da grandes lineas o principios a los que debe estar sometido cualquier proceso jurisdiccional o administrativo para prevenir que se lesionen los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Alfaro, 1997, p. 45).