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28 de mayo.- A nivel mundial, se estima cada año tienen lugar en torno a 300.000 muertes maternas, es decir, fallecimientos de mujeres que tienen lugar durante el embarazo, el parto o el postparto. Los últimos datos disponibles de Naciones Unidas, referidos a 2017, confirman que en ese año se registraron 295.000, lo que supone que hubo 211 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

La cifra supone una reducción de tan sólo un 4% respecto a las que hubo en 2015, por lo que a este ritmo el mundo no alcanzará el objetivo fijado en los ODS (Objetivos de Desarrollo del Milenio) para el año 2030, que cifraba la meta a conseguir en 70 muertes maternas. Es la cifra a la que se comprometieron todos los países de Naciones Unidas.

La mayor parte de estas muertes de mujeres tienen lugar en países en desarrollo, y países de ingresos medios bajos; aproximadamente, el 66% en países del África subsahariana. Por tener una comparativa, en España, las últimas estadísticas indican que hay seis muertes maternas por cada 100.000 habitantes mientras que en Mali son 440, según datos del Banco Mundial.

Tampoco la proporción de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que necesitan la planificación familiar con los métodos anticonceptivos modernos sigue el aumento que sería deseable: tan solo se incrementó ligeramente del 75,7% que había en 2010 a un 77% en 2020, si bien hay que destacar que en África subsahariana estos servicios apenas llegan al 56% de las mujeres. Y lo mismo pasa con las cifras de embarazos de mujeres adolescentes (entre 15 y 19 años), que si bien siguen disminuyendo y hay una media de 41 por cada 1.000 mujeres en 2020, en África Subsahariana esa media supera las 100.

Para Alianza por la Solidaridad, en el contexto de la actual crisis del COVID-19, estas cifras indican que si no se toman medidas urgentes y eficientes de apoyo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, está no sólo no mejoraría sino que podría empeorar, dado que ya se han detectado retrocesos debido al confinamiento, dado que ha impedido que se desarrollara la atención tal como debía, dificultando el acceso a métodos anticonceptivos y la asistencia sanitaria de las mujeres en gestación.

Para Alianza por la Solidaridad-Action Aid, es fundamental que el apoyo de las instituciones públicas internacionales y nacionales a este ámbito de la ayuda humanitaria se mantenga para poder cumplir los ODS, así como que se tomen acciones que faciliten una mejor atención en los países donde más mujeres están en riesgo y que van a sufrir en mayor medida el impacto de la crisis económica generada por el COVID-19.

Alianza por la Solidaridad-Action Aid continúa trabajando en América Latina, Oriente Próximo y África subsahariana en defensa de los derechos a la salud de las mujeres, con proyectos en colaboración con organizaciones de los países en los que su objetivo es promover el acceso a estos servicios sanitarios y sociales.

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Cada año hay cerca de 300.000 muertes maternales, la mayoría en países en desarrollo por falta de atención médica adecuada

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28 de mayo.- A nivel mundial, se estima cada año tienen lugar en torno a 300.000 muertes maternas, es decir, fallecimientos de mujeres que tienen lugar durante el embarazo, el parto o el postparto. Los últimos datos disponibles de Naciones Unidas, referidos a 2017, confirman que en ese año se registraron 295.000, lo que supone que hubo 211 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

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El Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis junto al Centro de Estudios Legales y Sociales emitieron un comunicado sobre la situación del colectivo travesti y trans en el contacto de pandemia y el impacto de las medidas de prevención del Covid-19.

"Es necesaria una integralidad en las políticas públicas, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años", concluye el comunicado que se basa en un análisis pormenorizado de los diferentes casos que se analizaron.

Según el informe, en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 180 hoteles familiares declarados (aunque muchos más sin declararse), incluidos los hoteles alojamientos que funcionan como vivienda, en ambos casos, las condiciones de habitabilidad son precarias: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad. El costo base de un cuarto de hotel, muchas veces compartido, es de 800 pesos diarios.

A pesar de que un departamento en alquiler para vivienda podría ser muy más barato, esto no es una opción para la comunidad travesti trans por la la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o dueños les rechazan el contrato a personas travestis y trans. Esta situación es mucho más grave en el caso de migrantes.

La crisis habitacional se profundizó con la llegada del coronavirus y a pesar del decreto que prohíbe los desalojos, hubo numerosos casos de desalojos efectivos. "En ocasiones se retuvo el DNI o pasaporte de les inquilines. En la Ciudad de Buenos Aires, la política de subsidio habitacional, que podría ser una solución, se vuelve inaccesible porque requiere como respaldo un recibo de alquiler que la mayoría de las viviendas colectivas, no habilitadas, no provee. En el resto del país no hay subsidio habitacional", analizan.

El escrito destaca la situación del hotel Saavedra, en el barrio de Balvanera. "Mostró esta complejidad: durante la situación de aislamiento obligatorio, su dueño amenazó con echar a ocho personas travestis y trans si no pagaban y quiso obligarlas a trabajar, a pesar del riesgo para su salud. Esta situación es extrapolable a otros contextos habitacionales".
La situación alimentaria
La crisis desatada por la pandemia obligó a reforzar el despliegue del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires para llegar a esa población. Sin embargo, no alcanza y debe articularse con el trabajo de las organizaciones sociales. La llegada al territorio y la asistencia en la emergencia corre por cuenta de estas últimas, que además reciben donaciones y distribuyen alimentos.

Para las personas travestis y trans, la falta de políticas integrales de inclusión o regularización laboral significa hoy no tener acceso a la alimentación por sus propios medios y estar en una situación acuciante.
La discriminación en el sistema de salud
Tanto desde Mocha Celis como desde el CELS denuncian, "Las restricciones en el acceso a la salud se vinculan de manera central con un sistema de atención médica binaria y transexcluyente. Para el colectivo trans la falta de una formación como la que proveería la Ley Micaela en los centros de salud se constata en lo cotidiano".

Según los datos que pudieron recabar, "las personas usuarias de los servicios de salud denunciaron la falta de médiques formades en salud integral y transicional en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, como Morón y La Matanza. Muchas veces no alcanhay solo une profesional de la salud que atiende personas de distintas localidades. La falta de atención médica especializada repercute en la interrupción de tratamientos. También hay denuncias sobre faltante de insumos como hormonas para las masculinidades trans".

En otras situaciones, el acceso a la salud está ligado a la circulación geográfica. Muchos municipios cerraron sus vías de acceso y las controlan con personal policial. Así, la población trans platense que va a tratarse a Ensenada debe pasar distintas barreras. Recibimos denuncias de jóvenes que fueron obligades a bajar del transporte público y volver a sus casas, y perdieron su turno médico.
Violencia institucional
Durante la pandemia se acumularon los casos de hostigamiento policial hacia la población travesti y trans. Hubo denuncias de detenciones por "violación de cuarentena" a personas trans que se encontraban en la puerta del hotel donde vivían. También hubo acoso por parte de policías a quienes salieron a hacer compras en su barrio: con personas cis alrededor en la misma situación, el foco de las fuerzas de seguridad estuvo puesto en las personas trans, cuya identidad autopercibida tampoco se respetó, en violación de la Ley de Identidad de Género

En la provincia de Jujuy, una joven trans de 19 años fue detenida por cuatro policías con la excusa de las medidas de prevención a la pandemia. Denunció haber sido abusada y liberada al día siguiente.

En las cárceles de la provincia de Buenos Aires, según los últimos datos disponibles, el 71% de las travestis y trans detenides no tienen condena y, a pesar de esa situación irregular en este contexto de demanda de aislamiento, no acceden a una prisión domiciliaria. Distintas organizaciones hicimos pedidos de hábeas corpus colectivos. Frente al Covid-19, la crisis que arrastra el sistema de encierro provincial se agudizó. El impacto sobre la población travesti y trans repercute en su salud y en la violencia sobre sus cuerpos. Por otra parte, la gran mayoría de las personas trans detenidas en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal están detenidas por delitos menores.

Desde el complejo penitenciario de Ezeiza le escribieron al presidente una carta abierta en la que relataron que, a pesar de ser población de riesgo y de necesitar distintos tratamientos para su salud, no reciben ningún cuidado médico y les niegan las excarcelaciones. Muchas de ellas llevan años en prisión preventiva.

Es necesaria una integralidad en las políticas públicas hacia la población travesti y trans, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años, tanto en contexto de pandemia, como después de ella.

Los datos oficiales sobre la cantidad de personas trans que viven en la Argentina no están claros, sin embargo, más de 9 mil hicieron el cambio de DNI y hay una cantidad numerosa que no lo cambió por no estar de acuerdo con la propuesta binaria masculino y femenino, por temor a mayor saña en las detenciones policiales, o por desinterés u obstáculos en los trámites, sobre todo en el caso de migrantes.

De La Revolución de las Mariposas (la investigación sobre la situación de la población trans de CABA) se desprende que sólo el 9% de población travesti y trans está inserto en el mercado formal de trabajo y que es altísimo el porcentaje que nunca accedió siquiera a una entrevista laboral. El trabajo sexual o la situación de prostitución, la actividad más extendida, no puede realizarse en contexto de cuarentena. "La ley de cupo laboral travesti y trans vigente en la provincia de Buenos Aires no se implementa. Varios proyectos en la misma línea permanecen en el Congreso desde hace años. En otras palabras, las trabajadoras sexuales y quienes se perciben en situación de prostitución no cuentan con políticas integrales que las contemplen. Hoy, la mayoría de las personas travestis y trans se encuentra sin ingresos y vive en la pobreza", puntualiza el comunicado.

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La vulnerabilidad del colectivo travesti trans en épocas de pandemia

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El Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis junto al Centro de Estudios Legales y Sociales emitieron un comunicado sobre la situación del colectivo travesti y trans en el contacto de pandemia y el impacto de las medidas de prevención del Covid-19.

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Informes elaborados por investigadores de Ciencias Sociales advierten sobre las condiciones que afrontan las comunidades originarias en el marco de la cuarentena en todo el país. La falta de acceso al agua y alimentos, la discriminación y las distancias a recorrer para llegar a comercios y hospitales las convierten en una población vulnerable.

Agencia TSS - Hacer frente a la cuarentena fuera de las grandes ciudades del país, donde los escenarios son diversos y entre los más desatendidos -históricamente- están las comunidades originarias, puede volverse una misión casi imposible. Muchas comunidades viven en zonas rurales sin acceso al agua potable, tienen dificultades para acceder a alimentos y sus miembros padecen enfermedades preexistentes, todas condiciones que las vuelven más vulnerables frente al virus.

Para dar cuenta de estas problemáticas, más de una decena de grupos de investigación en Ciencias Sociales que tienen contacto con estas comunidades han elaborado un reporte ampliado sobre los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia y del aislamiento social. Las comunidades relevadas pertenecen a los grupos originarios toba (qom), moqoit, mapuche, guaraní, kolla, diaguita, wichí, quechua y aymara, entre otros, ubicados en la Región Centro11, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia, de nuestro país.

"La realidad es muy distinta a la de las ciudades, hay lugares en los que no hay negocios en 10 kilómetros o que han cerrado porque no pueden sostener el transporte", ejemplifica Sebastián Valverde, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que participó en la elaboración de dicho informe, que amplía y actualiza el reporte que presentaron para un informe de impacto social elaborado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID19 (MINCYT-CONICET-Agencia), adonde ya se daba cuenta de estas problemáticas.

Según consta en ese informe inicial -a partir de datos registrados entre el 23 y e 25 de marzo por 501 investigadores de todo el país, que consultaron a 1487 informantes y líderes territoriales-, los referentes locales consultados ya se preocupaban por la posibilidad de que muchas de las problemáticas detectadas se profundizaran con la extensión de la cuarentena.

Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares por pueblo indígena. Total del país, año 2010.

"En las poblaciones rurales e indígenas hay situaciones que tienen que ver con cuestiones de retraso de infraestructura, racismo y exclusión que ocurren desde hace mucho tiempo, que se complican más en el contexto actual. Algunas zonas tienen dificultades para acceder a luz eléctrica e Internet, por ejemplo, y no pueden acceder a información desde el celular ni inscribirse en los programas sociales", detalla Valverde y agrega que a esto se suma la caída de la economía informal. "El que vive al día no puede sostener esta situación o sale a trabajar igual porque, si no lo hacen, no comen. Son problemáticas diferentes a las que se plantean en otros ámbitos y siempre hay una dificultad mayor para llevar adelante este aislamiento", dice el antropólogo.

El reporte actualizado no solo da cuenta de las condiciones de vida precarias y vulnerables en las que se desenvuelven estas poblaciones, sino que además advierte sobre otros impedimentos, como el difícil acceso a los ámbitos públicos en los que se entregan alimentos (como comedores y escuelas), ya que muchos de ellos cerraron o no alcanzan a cubrir las necesidades locales. A esto se suma al aumento de los precios, en muchos casos desmedido, en puntos de venta de difícil control por parte de las autoridades locales.

El informe también da cuenta de que en algunas regiones del país se entrecruzan el aislamiento implementado a partir de la Pandemia por COVID-19 con un contexto epidemiológico en algunos casos muy grave, en los que se reportan casos de tuberculosis, desnutrición, anemia, parasitosis, cuadros severos y constantes de gastroenteritis y dengue, que se encuentra en un pico estacional.

También se advierte por la falta de acceso al agua potable y la mala alimentación, a lo que se suma que muchas veces los miembros de las mismas poblaciones no pueden acceder a medicamentos y evitan acercarse a los centros de salud para recibir atención médica, puesto que en algunos reciben un trato discriminatorio.

"Para nosotros, ir al pueblo es que nos atiendan últimos, que nos cobren más caros los alimentos porque somos indios o que no nos dejen pasar. Eso me dicen en las comunidades cuando voy a Chaco, y ahora debe ser peor entre que hay escasez, precios carísimos y la discriminación, que ahora debe ser mayor", dice Malena Castilla, que participó en la recolección de datos para ambos informes y en la redacción del documento actualizado. Y agrega que, "lo más preocupante" es que en muchas comunidades hay enfermedades preexistentes, en general vinculadas con modelos productivos que se fueron implementando a costas de las poblaciones y que hoy son parte de conflictos territoriales todavía irresueltos. "En Pampa del Indio, en Chaco, la gran mayoría tiene enfermedades provocadas por las fumigaciones, algunas digestivas y muchas respiratorias, y el virus ataca sobre todo a las personas que tienen problemas respiratorios", ejemplifica Castilla, que investiga las características poblacionales de esta comunidad desde hace casi una década.

Por su parte, Valverde, que desarrolla gran parte de su trabajo de campo con comunidades del sur del país, recuerda el caso de Santiago Maldonado y los reclamos históricos de la comunidad mapuche. "El abuso de la policía de Chubut hacia esas poblaciones es permanente, son situaciones que vienen desde hace mucho tiempo y cambiarlas requiere años, un cambio cultural, y que el Estado se ponga a disposición para cambiar prácticas racistas muy arraigadas en la sociedad".

Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares por provincia. En porcentaje, año 2010.

Sobre este tipo de abusos, las mismas instituciones académicas también emitieron un comunicado de alerta sobre la exacerbación de experiencias históricas de racismo, discriminación y violencia, verbal y física, "a través de acciones arbitrarias y graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad en el contexto de aislamiento en virtud del COVID-19", en el que denuncian -entre otros casos- que tres mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que se dirigían a pie desde la comunidad mapuche Pillan Mahuiza hacia pueblo de Corcovado, en la provincia de Chubut, para adquirir alimentos, fueron detenidas por personal policial de forma violenta, llevadas de la comisaría al hospital y demoradas luego en la comisaría, donde las obligaron a firmar un acta en blanco.

"Tras varias horas detenidas, las dejaron en libertad después de la medianoche y debieron regresar caminando los ocho kilómetros hasta la comunidad, con las temperaturas patagónicas", se lee en el documento, en el cual también se menciona otro caso grave en Pampa del Indio, Chaco, cuando el miércoles 1 de abril de 2020 balearon por la espalda a un joven qom que ingresó a cazar al predio del que hace uso la empresa agrícola Don Panos, propiedad de Eduardo Eurnekian.

"No son peleas de gauchos, como quieren hacer ver los medios locales, son hechos de violencia provocados por los terratenientes en connivencia con algunas autoridades, en el marco de la deforestación, los desalojos, la expansión de la frontera agrícola y el uso de agrotóxicos para el cultivo de la soja. No son nuevos y recrudecen en el contexto del aislamiento social obligatorio y la crisis sanitaria", subraya Castilla, que también es antropóloga de la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA.

Todas estas problemáticas están afectando actualmente a los más de 40 pueblos originarios en la Argentina, compuestos por alrededor de un millón de integrantes. "A mediano plazo, es necesario el reconocimiento del genocidio y la reparación histórica de estas comunidades, pero, hoy por hoy, lo inmediato es entender que están teniendo problemas para acceder a bienes indispensables para hacerle frente a la pandemia", concluye Valverde.

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Informes elaborados por investigadores de Ciencias Sociales advierten sobre las condiciones que afrontan las comunidades originarias en el marco de la cuarentena en todo el país. La falta de acceso al agua y alimentos, la discriminación y las distancias a recorrer para llegar a comercios y hospitales las convierten en una población vulnerable.

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Por Andrea Proaño Calderón.
El reclamo por alcanzar la cobertura de salud universal se oyó fuerte y su eco llegó a los líderes de los gobiernos que, en un afán por tratar de marcar al menos ese Objetivo de Desarrollo Sostenible como "alcanzado", lo convirtieron en bastión de sus políticas públicas de salud. En la carrera por construir más hospitales y centros de salud, comprar más equipos o contratar más personal para ese propósito, se perdió de vista el elemento clave sin el cual airear la bandera de la salud universal no cuenta para mucho: la calidad.
Un asunto de vida o muerte
En salud, una atención de calidad es tan importante, que su ausencia tiene repercusiones no solamente sobre la eficiencia del sistema de salud o la percepción que los ciudadanos tienen de él, sino que, literalmente, puede costarles la vida. Un nuevo reporte del Lancet Global Health Comission sobre los sistemas de salud de alta calidad revela que en los países de pequeños y medianos ingresos-que son la mayoría en América Latina y el Caribe-mueren más de 8 millones de personas por enfermedades que pudieran ser perfectamente tratables por los sistemas de salud.

De acuerdo al reporte, 60% de las muertes que podrían haberse tratado médicamente son consecuencia de una baja calidad de atención. Cabe reparar por un momento sobre las implicaciones: la mala calidad de la atención de salud es, actualmente, un mayor obstáculo para reducir la mortalidad que la falta de acceso a servicios de salud. En otras palabras, aún si se logra asegurar el acceso a un determinado servicio de salud, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, el progreso queda anulado si no tiene la capacidad de salvar vidas - y mejorarlas.

Según los autores, los sistemas de salud de alta calidad tienen el potencial de prevenir, cada año:

-> 1 millón de muertes de neonatos

-> 50% de las muertes maternas

-> 2,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares

-> 900.000 muertes por tuberculosis

La atención de mala calidad es un desperdicio enorme de recursos, y puede ser un problema aún en países de ingresos altos como Estados Unidos. En 2015 solamente, las muertes ocasionadas por enfermedades tratables significaron una pérdida de 6 billones de dólares para la economía estadounidense.
La atención desde la perspectiva de los pacientes
Naturalmente, la consecuencia del derroche y la ineficiencia del gasto en salud deteriora la confianza de los pacientes en los sistemas de salud. Según una nueva publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza las experiencias de la atención primaria de salud en la región desde la perspectiva del paciente, 98% de los brasileños considera que su sistema de salud debe ser reformado. Y no es únicamente un asunto de percepción. La baja calidad asistencial puede resultar en condiciones de salud peores, agravamiento y persistencia de síntomas, pérdida de funcionalidad e inclusive recelo de regresar al centro de atención.

Hay problemas de calidad en todos los países - y para todas las enfermedades. Sin embargo, la intensidad del problema es variable; sigue siendo mucho peor en los países de bajos y medianos ingresos y, al interior de esos países, entre los grupos más vulnerables, como aquellos que viven en situación de pobreza o están marginados de los sistemas de salud por distintas razones.

En estos países,

las mujeres y niños reciben el tratamiento o seguimiento clínico recomendado para visitas preventivas o curativas típicas solamente la mitad de las veces;

los diagnósticos con frecuencia son errados para enfermedades graves como infarto de miocardio o asfixia en un recién nacido;

el tratamiento para condiciones crónicas y mentales suele ser deficiente o alcanza los estándares mínimos,

y la atención puede ser demasiado lenta en casos que requieren acción inmediata.

¿Cómo resolverlo?
Mejorar la calidad de la atención de salud no será fácil y demandará la acción de todos los actores del sistema. Un lugar donde empezar, y probablemente el más importante, es enfocar las intervenciones en esfuerzos para capacitar mejor a los profesionales de la salud, además de implementar reformas estructurales que se reflejen en todo el sistema.

Lo positivo es que hemos identificado el problema y le hemos dado a la calidad el sitio que se merece, al menos en teoría, en su rol para alcanzar una verdadera salud universal. Lo que queda por completar es la acción. Ojalá este reporte sirva como una guía útil, práctica y realista para los profesionales de la salud y tomadores de decisiones con voluntad de ofrecer la mejor atención posible a los ciudadanos.

Para conocer más sobre los hallazgos y recomendaciones de la Comisión para alcanzar sistemas de salud de calidad, lee el reporte ejecutivo en español.

¿Cómo es la calidad del sistema de salud en tu país? Comparte tu opinión en la sección de comentarios o mencionando a @BIDgente en Twitter.
Andrea Proaño Calderon es consultora en comunicaciones para la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.

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La mala calidad de la atención de salud mata - Gente Saludable

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Por Andrea Proaño Calderón. El reclamo por alcanzar la cobertura de salud universal se oyó fuerte y su eco llegó a los líderes de los gobiernos que, en un afán por tratar de marcar al menos ese Objetivo de Desarrollo Sostenible como "alcanzado", lo convirtieron en bastión de sus políticas públicas de salud.

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Un vídeo con instrucciones de un jefe médico a su equipo en un hospital de la Comunidad de Madrid revela que a mediados de marzo los sanitarios se prepararon para recibir órdenes políticas negando la cura a personas mayores. El doctor dice crudamente en la grabación para sorpresa de sus compañeros que en ese momento ya se había excluido de tratamiento a los ancianos provenientes de residencias: "Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte".

El vídeo fue grabado en el hospital Infanta Cristina de Parla, al sur de la capital, como parte de una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario, según ha podido averiguar EL PAÍS. Un fragmento había circulado por redes sociales desde finales de marzo sin que fuera conocido su origen o su veracidad. Un portavoz del hospital dice que la sesión tuvo lugar en la segunda o tercera semana de ese mes para preparar al equipo en un momento crítico. El taller de 19 minutos fue grabado para que los compañeros de guardia pudieran conocer una información considerada como "muy importante".

El instructor advierte a los médicos internistas de que al ritmo que avanzaban los ingresos en los hospitales de la Comunidad de Madrid, la región iba a entrar en 48 horas en un colapso de sus UCI. Les revela que el rechazo a personas mayores les va a venir impuesto por las autoridades sanitarias y que el único margen que les queda para salvar esas vidas es ser más estrictos con los ingresos de enfermos jóvenes con buen pronóstico.

Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar

Charla del instructor del hospital de Parla sobre la necesidad de triaje

"Si queremos salvar a nuestros ancianos tendremos que asumir de alguna forma... arriesgar a que un paciente joven, que si empeora nadie le va a denegar una cama de UCI, esté en su casa", dice el instructor. A continuación le pide a su equipo consensuar una serie de criterios para identificar a enfermos jóvenes a los que se enviaría a sus domicilios.

"Es posible que en las próximas semanas a un paciente de x edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar", añade.

El portavoz del hospital asegura que el hospital nunca rechazó enfermos por su edad avanzada. "No se ha negado a nadie un tratamiento si era lo más adecuado", enfatizó. Pero hijos de mayores en residencias del municipio de Parla han denunciado a este periódico que sus padres murieron por falta de asistencia hospitalaria.

El padre de Julia Mirón falleció el 5 de abril por la covid-19 después de días en estado grave en la residencia del grupo Vitalia en Parla. "Durante todo el tiempo que estuvo enfermo en ningún momento la dirección del centro ni Sanidad de Madrid llevaron a mi padre al hospital, donde tal vez hubiera habido una posibilidad de salvar a una persona, por mucho que fuera una persona de 87 años", denuncia Mirón.

La sesión tuvo lugar en un momento crítico para los hospitales madrileños, cuando solo quedaban 400 camas de UCI libres de 1.000 disponible

El vídeo refuerza la credibilidad de las familias madrileñas que denuncian que sus mayores murieron sin asistencia médica durante el peor mes de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril. Más de 400 hijos y nietos se han sumado a las querellas contra la Comunidad de Madrid y varias residencias por haber denegado el auxilio a los fallecidos. En las residencias madrileñas han muerto por covid-19 casi 6.000 personas.

La sesión tuvo lugar en un momento crítico para los hospitales madrileños, cuando quedaban 400 camas de UCI libres de 1.000 disponibles y el ritmo de ingresos en esas salas era de 133 al día, según dice el instructor. (La Comunidad amplió más tarde esas camas que llegaron a 1.528 a principios de abril). Los enfermos se acumulaban en pasillos, tumbados en colchonetas o sentados en sillas, y faltaban recursos básicos. Los sanitarios madrileños se protegían con bolsas de basura y los pacientes usaban máscaras de buceo de Decathlon. A pesar de esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachaba de bulos las informaciones de colapso sanitario.

El instructor de la sesión le dice a este periódico que usó ciertas expresiones "llamativas" como gancho para atraer la atención de su equipo. Un fragmento con los primeros siete minutos fue publicado el 25 de marzo en YouTube sin permiso del hospital y la red social no lo ha retirado a pesar de que él lo ha solicitado porque consideraba que sus declaraciones estaban fuera de contexto. El hospital compartió con este periódico el resto de la charla del instructor, cuya cara y voz han sido distorsionadas por este periódico en el vídeo que aparece en este artículo. En conjunto, queda claro que los fines de la sesión eran informar de una muy próxima decisión política que supondría excluir a los ancianos y adoptar decisiones de organización interna para retrasar el colapso del hospital de Parla.

La "teoría del paréntesis"

Con la ayuda de diapositivas, el jefe médico da inicio a una sesión llamada "teoría del paréntesis". El nombre es una metáfora para explicar que solo la población enferma que quedaba dentro de los corchetes del paréntesis iban a tener acceso al hospital. En los días siguientes los corchetes se iban a estrechar como unas pinzas. Un lado del paréntesis sería movido por las autoridades políticas, excluyendo a los vulnerables de mayor edad, y el otro por el hospital, dejando fuera a pacientes jóvenes con menor riesgo.

Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo

Charla del instructor del hospital de Parla

El instructor habla de varios cuellos de botella que se estaban formando, el primero, inmediato, en las UCI; y otro también próximo en la hospitalización. "Por el bien de los mayores, antes de que nos obliguen a echarlos del hospital, tenemos que priorizar el sacar a las personas jóvenes, a las que nunca se les va a denegar un recurso, para tener camas disponibles para los pacientes más ancianos", les informa.

El jefe del equipo da informaciones contradictorias sobre quién impone a los hospitales de Madrid el triaje de los mayores. Se refiere a órdenes del ministerio y de la Comunidad de Madrid. Como ha sido revelado por este periódico y otros, el Gobierno regional distribuyó a sus hospitales y centros de salud protocolos de triaje a personas dependientes, con discapacidad, o con más de 80 años.

También revela el instructor que esa misma mañana se había aprobado una autorización para que las fuerzas del orden sacaran a los pacientes ingresados aún enfermos que se resistiesen a marcharse a casa. Aconseja a sus compañeros que no titubeen a la hora de tomar esa dura decisión. "Si no lo haces tú habrá alguien, algún administrativo que dirá 'no cumple criterios de ingreso' y traerá a la policía y se lo llevará del hospital aunque tú no quieras", le dice a su equipo.

Insiste en que deben acatar órdenes de responsables políticos por muy en desacuerdo que estén y que los nuevos criterios suponen un desafío ético inédito en sus carreras profesionales. "Son decisiones drásticas horrorosas, que les costará la reelección política seguro, ¿vale? Les costará su cabeza, pero es necesario para la sociedad", les informa.

"Las camas de UCI no son de mi hospital. Las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables. Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo", les dice.

"Esto es un cambio de chip, ¿vale? No estamos preparados ninguno para esto. Lo sé", dice el médico. "Esa decisión nos va a venir de arriba", añade.
¿Conoce casos de irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacte con los reporteros de la sección de Madrid Información sobre el coronavirus fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándeles un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada
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"Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen"

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Un vídeo con instrucciones de un jefe médico a su equipo en un hospital de la Comunidad de Madrid revela que a mediados de marzo los sanitarios se prepararon para recibir órdenes políticas negando la cura a personas mayores.

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MinSal (Seremi) - General Aldunate, Temuco, Chile

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MinSal (Seremi) - General Aldunate, Temuco, Chile

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Los seis servicios de salud de la Región Metropolitana fueron consultados por este medio sobre el funcionamiento en el área de ginecología y obstetricia y todos coincidieron en la falta de un protocolo de atención por parte de la autoridad sanitaria. Si bien han mantenido la entrega de anticonceptivos, los controles de embarazadas y recién nacidos y las atenciones en casos de urgencias, se ha suspendido la toma de exámenes como el PAP y mamografías, además de las campañas y actividades preventivas. Los profesionales advierten, además, sobre las dificultades que están teniendo las mujeres para acceder al aborto. El Minsal afirma que "existe un protocolo, pero que este no se ha firmado".

Faltaba poco para las 10 de la mañana cuando Daniela Pinilla Pardo (26) llegó al cesfam Juan Pablo II, en la comuna de Padre Hurtado, y vio todo cerrado. Una enfermera, con mascarillas y guantes, estaba parada detrás de la reja hablando con las y los vecinos en fila y entraba cada cierto rato a pedir medicamentos en la farmacia para después entregárselos. Otros se daban la media vuelta al escuchar que sus horas estaban suspendidas hasta nuevo aviso. Fue el martes 24 de marzo, se cumplía una semana desde el inicio de las cuarentenas obligatorias en la capital y una de las medidas para evitar que el recinto de salud colapsara era precisamente esa: priorizar las atenciones derivando las urgencias al Sapu.

Daniela iba por una hora ginecológica que había tomado hacía meses. Para esa fecha se cumplía un año desde su último examen Papanicolau (PAP) y la recomendación de la matrona era no dejar pasar ese plazo límite por los antecedentes de familiares cercanos diagnosticadas con cáncer cervicouterino. Pero cuando llegó su turno con la enfermera, tristemente se enteró que no podría hacerlo:

"Me dijo que solo estaban vacunando contra la influenza y nada más. Me dieron las cinco tiras de pastillas Anulette y eso fue todo", cuenta. Por estos meses no ha tenido problema con su método anticonceptivo, pero le preocupa que las horas para toma de exámenes no se estén reagendando porque la prioridad está puesta en los pacientes Covid. El próximo mes, explica, volverá al cesfam para retirar una nueva dosis de pastillas y sabrá si hay novedades en las fechas, cuidándose de evitar contagios.

Al igual que Daniela, otras mujeres también han visto dificultado el acceso a las atenciones ginecológicas durante los últimos meses, incluso, al acceso de pastillas anticonceptivas por la falta de stock en las cadenas farmacéuticas, obligándolas a optar por fármacos que no se ajustan a sus tratamientos o a interrumpir la anticoncepción. Una encuesta realizada por MILES -respondida por 514 personas- reveló que 4 de cada 10 mujeres ha visto obstaculizado el acceso a los servicios y que 1 de 4 requería el examen PAP, pero finalmente un 85% de ellas no pudo realizárselo. También, que el 16% de las personas presentó dificultades al solicitar el examen para la detección del VIH y un 90% de ellos no pudo hacérselo.

Lo anterior abre dudas sobre cómo están gestionando los servicios de salud las atenciones durante estos meses de emergencia, más cuando el recién nombrado ministro de Salud, Enrique Paris, en su segunda intervención pública puso especial énfasis en esto: insistió en que se siga acudiendo a los controles de embarazo, a los controles sanos y anunció que se reforzarán los programas VIH. Pareciera también una alerta sobre atenciones que no se deben descuidar. Pero, ¿cómo ha estado funcionando? ¿qué capacidad de respuesta se ha tenido ante la emergencia? ¿en específico qué y cómo se están dando las prestaciones? Matronas y ginecólogos del distintos servicios de salud de la Región Metropolitana lo despejan.

"No hay protocolo"

"Claramente no somos la prioridad", advierte Fabián Araneda, matrón de un cesfam ubicado en La Pintana, que pertenece al Servicio Metropolitano Sur Oriente. "Lo principal es la falta de un protocolo, necesario para tener directrices comunes y con participación de los actores", identifica como la principal dificultad con la que han tenido que lidiar en estos meses. Lo describe como un proceso 'confuso' que ha quedado derechamente a criterio de cada servicio de salud.

Las minutas entregadas hasta ahora desde el nivel central han estado relacionadas con la atención de mujeres embarazadas y puérperas ( Ver aquí), que son incluidas dentro de las "metas de atención" de la atención primaria, según explican los profesionales. Los seis servicios de salud que componen la red asistencial de la Región Metropolitana fueron consultados por El Desconcierto sobre la información que les ha proporcionado el ministerio ahora encabezado por el ministro Paris y todos indicaron que no hay directrices generales para atenciones obstétricas y ginecológicas. Esto ha obligado a una reacción sobre la marcha e improvisada por parte de los equipos de salud respondiendo a sus necesidades locales. Un ejemplo: Araneda recepcionó un correo electrónico de su servicio de salud el 16 de marzo, cuando recién comenzaba la pandemia, que detallaba las prestaciones que se interrumpirían y las que tendrían que priorizar.

El profesional explica que la entrega de pastillas anticonceptivas se ha mantenido, al igual que las atenciones para iniciar los tratamientos de anticoncepción. "Se están renovando todas las recetas y si necesita inyectarse se está entregando", detalla. En cambio, se cancelaron los controles por uso de métodos anticonceptivos que se hacen cada dos o tres meses dependiendo del tiempo que lleve la mujer con uno específico. Esto salvo que sea una urgencia, detalla el matrón, por posibles consecuencias adversas que pueda estar generando.

Para la atención de embarazadas se bajó una norma al servicio, pocas semanas después de recibir ese correo: los controles se reducirían a cuatro. Aunque esto lo habían aplicado antes que se diera la instrucción por el riesgo de contagios. "Se les piden los exámenes para un control entre las 20 a 24 semanas, que son los más importantes, luego a las 32 y a las 37 semanas", precisa el matrón de la zona sur oriente.

La diferencia de criterios por esta falta de directrices del Minsal se observa en el control de las diadas, el primer control del recién nacido y de la madre entre los 7 a 10 días del postparto. Por la relevancia de esta atención -por los cuidados y la lactancia-, en servicio Sur Oriente están planteando hacer una visita domiciliaria a la casa de las pacientes, aunque es un tema que no está cerrado por los insumos y la cantidad de profesionales que se requiere para el despliegue territorial. "Lamentablemente no en todos los espacios están todas las y los colegas trabajando, no todos tienen sus implementos de seguridad necesarios y los tiempos tampoco dan porque si estamos atendiendo las urgencias en los cesfam, más los controles y la ida a terreno, que son controles por lo menos de una hora, no se ajusta bien a las condiciones que hay", sostiene Araneda.

Algo distinto ha ocurrido en el Servicio Metropolitano Oriente. Macarena Espinoza es parte del equipo de matronas de un cesfam de Peñalolén que han estado asistiendo desde el inicio de la pandemia a los domicilios de las mujeres con hijos recién nacidos, excepto en los casos en que estén contagiadas donde esperan que cumplan con la cuarentena de 14 días. "Cada centro está atendiendo como puede porque hay realidades distintas. Nosotras nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a seguir atendiendo: embarazadas, adolescentes que venían a iniciar métodos anticonceptivos porque no podemos permitir que se dispare esa tasa de embarazos y los controles de recién nacidos ". Ella también explica que han tomado decisiones sobre la marcha porque todo se ajusta a lo que han ido necesitando, sobre todo porque ha visto que el flujo de pacientes ha sido igual de alto que antes de la pandemia.

Distinta fue la experiencia de Tabata Prelle, matrona de un cesfam de Lo Espejo, del Servicio Metropolitano Sur, que visitó a una mujer contagiada de Covid después que le dieran el alta. "No hay un protocolo estandarizado que diga que tienes que ir a verla, pero en este caso fuimos porque su bebé era prematura y tenemos conciencia de lo que puede pasar", cuenta. Ahora su jefa de área especificó que no se harían esas atenciones por los riesgos que conllevaba. En una conversación posterior que tuvieron entre los colegas también acordaron que la atención de una mamá positiva tendría que ser postergada evaluando caso a caso. "Si es una urgencia vamos a ir con todas las medidas necesarias, porque hay que pensar que se puede contagiar un profesional que después no vas a tener en la atención general", problematiza. El servicio siguió entregando pastillas anticonceptivas, excepto los implantes y las DIU o 'T' de de Cobre que se postergaron, excepto por emergencias. A la vez, detalló que el instructivo elaborado por el encargado comunal de Lo Espejo del Programa de la Mujer.

Verónica Muñoz Hidalgo, matrona del Consultorio 1 de Santiago, del Servicio Metropolitano Central, explica que en su sector se han organizado para entregar la prestación a las mujeres trazando lineamientos de atención como los anteriores servicios: en el caso de embarazadas es presencial si requiere urgencia de atención y también en modalidad remota con una red de contactos, a través de un correo electrónico, que agrupa a las matronas del equipo que responden sus consultas. Los nexos de confianza con las pacientes ha ayudado a coordinarse más rápidamente. "Hemos tratado de dar la mayor cobertura porque son una población cautiva, sabemos quiénes son, tenemos vínculos con ellas. Si urge la toma del PAP se hará, de lo contrario esperaremos que finalice la cuarentena para que se reagenden las muestras", señala.

Desde el Servicio Metropolitano Norte, el matrón Walter Alvarado, que atiende en la comuna de Independencia, explica que tuvieron que hacer un chat y ponerse de acuerdo entre ellos siguiendo casi los mismos lineamientos anteriores, en casos de urgencias. "Esto es de responsabilidad del Minsal y lo estamos resolviendo nosotros, los últimos que tienen conocimiento de lo que ocurre son los primeros que deberían salir a entregar protocolos. Estamos aprendiendo en el camino y con los costalazos que nos vamos pegando", enfatiza. Mientras que en el Servicio Metropolitano Occidente, el matrón Ernesto Medina que atiende en el cesfam de Pudahuel Poniente, también confirmó lo anterior: "Se hace un filtro al ingreso y básicamente estamos atendiendo consultas respiratorias asociadas al Covid. Por el uso de antoconceptivos se les entrega o se da continuidad a las recetas, eso se evalúa en la puerta", detalla, y agrega que las atenciones, por lo menos, se han reducido un 60% en ese centro de salud.

Red de Servicios de Salud en la Región Metropolitana

La otra cara de la atención

El 14 de mayo se conoció una lamentable noticia: la primera mujer puérpera contagiada de Covid-19, que había dado a luz hace tan solo un mes, falleció en Rancagua. Fue internada una vez diagnosticada con el virus, además de otros síntomas que agravaron su cuadro médico.

Fue ahí cuando el Colegio de Matronas y Matrones salió con fuerza a exigir claridades para la atención. "La verdad es que quedamos todos y todas muy afectadas con esta noticia, porque hace semanas venimos pidiendo instrucciones claras al MINSAL sobre qué hacer con mujeres gestantes, puérperas (periodo de post parto) y diadas (madre y recién nacido/a)", dijo la presidenta Anita Román. Aseguró que todos los días llamaban y escribían mujeres atemorizadas por no tener información suficiente. Y agregó: " No es posible que llevemos más de dos meses exigiendo tener protocolos para atención en salud sexual y salud reproductiva en medio de esta pandemia y aun no tengamos nada, y no nos han dado ninguna respuesta ".

Matronas lamentan fallecimiento de puérpera por Covid-19: "El Ministerio de Salud tiene a las mujeres abandonadas a su suerte" https://t.co/SFdKSBjowp pic.twitter.com/GYIcvtlTvP

- #Matroneria2020 (@ChileMatrones) May 15, 2020

Ante esta falta de protocolo de la autoridad sanitaria los profesionales han seguido las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG) que ha enfatizado en las precauciones para evitar contagios en las maternidades: mantener una organización adecuada para proteger al recién nacido con secciones aisladas o que una embarazada con Covid o sospechosa debe ser instalada en una habitación aparte. También, respecto a los implantes informaron que se postergará la extracción por un año, según estudios que han hecho. Información que también ha dado tranquilidad a los mismos profesionales para ceñirse a criterios comunes y verificados por especialistas. Algo que han ido probando sobre la marcha.

Mantener las atenciones de urgencias también los ha hecho enfrentarse a otro obstáculo: personal disponible para las atenciones que se ha visto mermado por la salida de aquellos profesionales de algún grupo de riesgo. Pese a la baja, en ninguno de los servicios de salud ha llegado refuerzos para el área. "Tenemos a matronas teletrabajando que entregan información a pacientes, pero necesitamos a más personal presencial y eso no ha llegado. Ha llegado solo a las áreas Covid", detalla Araneda de la zona sur oriente.

El sistema de turnos también ha quedado a criterio de ellos, para evitar los contagios. Están haciendo turnos, con todos los esfuerzos que eso requiere, para que algunos hagan la cuarentena preventiva de 14 días y luego retomar la atención. "No es que no se quiera tomar el PAP, pero por la cantidad de exámenes que se hacen estaríamos colapsados, no podríamos ver a las embarazadas Covid, el seguimiento por los Covid, no da, es imposible", explica otro de los profesionales.

Efectos de atenciones interrumpidas

En medio de la pandemia, la OMS declaró a la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial y prioritario y ha promovido el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. En la red asistencial primaria de la RM, pese a que se han priorizado ciertas prestaciones, otras muy importantes se han suspendido sin tener certeza cuando se podrían retomar, como el caso de la toma de exámenes. A la vez, se ha identificado una disminución en el flujo de mujeres que van a retirar anticonceptivos, algo que los profesionales atribuyen al miedo por los riesgos de contagios.

Por eso, a grandes rasgos, identifican que esto generará impactos en al menos cuatro áreas: posiblemente en el aumento de los embarazos no deseados por la suspensión de los métodos, incluso, por falta de stock en las cadenas farmacéuticas. María José Oyarzún, matrona de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa) e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, ambas parte de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, suma como factor el aumento de violencia sexual en el confinamiento y las dificultades para acceder al aborto. "Muchas mujeres están accediendo a métodos no seguros para abortar, eso nos tiene muy preocupadas porque el punto de entrada es la atención primaria de salud. Y al tener este tipo de atenciones, donde pasan por un profesional en la puerta, muchas mujeres están dejando de consultar. Imagina que te hagan un pequeño cuestionario y que una mujer tenga que decir 'vengo porque quiero abortar porque me violaron', no es algo que se pueda gestionar en la puerta de un centro de salud. También hay falta de misoprostol en el mercado informal", explica Oyarzún, enfatizando que el Ministerio de la Mujer debería garantizar el acceso a estas prestaciones.

📢 Estamos en una emergencia de salud que ha afectado a las mujeres, con un aumento de la violencia y dificultades en la atención en salud sexual, reproductiva y acceso al aborto legal. ¡Las urgencias de las mujeres y las niñas no pueden esperar! #PorTusDSR pic.twitter.com/sqEEVYfSlF

- MesaAcciónAbortoCL (@MesaAborto_CL) June 10, 2020

Eduardo Soto Fernández, coordinador del Área de Salud Sexual de MILES, sostiene que el efecto inmediato que se proyecta es el aumento de embarazos no planeados, que puede terminar en abortos no seguros o complicaciones en el parto. En cuanto a la transmisión de enfermedades sexuales, como VIH, sífilis o gonorrea que ya registra una alta incidencia en el país, podría darse un aumento importante en los próximos años. "Esto ya no va a requerir solo de campañas comunicacionales solamente, sino que mayor educación sexual, entrega de condones y más profesionales en el área de atención primaria", indica.

Con la suspensión de toma de exámenes se corre el riesgo de no detectar a tiempo el cáncer cervicouterino o cáncer a las mamas, considerando que principalmente se diagnostican en los controles anuales de los cesfam. Una situación que preocupa a los profesionales porque ha quedado en segundo plano y se ve interrumpida la promoción de derechos sexuales de las mujeres y el trabajo de educación sexual en las comunas por la falta de directrices del Minsal para fortalecer equipos y aumentar las prestaciones de salud.

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El Desconcierto se comunicó con el Ministerio de Salud para consultar por los motivos de esta falta de protocolo que unifique los criterios para las atenciones de salud sexual. A través de su encargado de prensa, dijeron que existía un protocolo, pero que "no estaba firmado", aunque no quisieron mostrarlo al ser solicitado. También, indicaron que estaban en periodo de transición, tras la llegada del ministro Enrique Paris a la cartera y que a partir de la próxima semana podrían revisar el tema.

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Minsal no tiene protocolo de salud sexual en pandemia: Mujeres denuncian interrupción de derechos reproductivos

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Los seis servicios de salud de la Región Metropolitana fueron consultados por este medio sobre el funcionamiento en el área de ginecología y obstetricia y todos coincidieron en la falta de un protocolo de atención por parte de la autoridad sanitaria.