# data[].attributes.body
nathaly11d@gmail.com

DANIELA:

dhuanca@seipsasac.com

# data[].attributes.headline
COPIAR LA RES. TAL CUAL REVISAR CASOS ALEX, IMPRIMIR A&G, CAJA

# data[].attributes.subject
COPIAR LA RES. TAL CUAL REVISAR CASOS ALEX, IMPRIMIR A&G, CAJA

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Estimados lectores, (Decreto Legislativo 295). Promulgado el 24 de julio de 1984. Al día siguiente fue publicado en el diario oficial LP comparte con ustedes el Código Civil peruano El Peruano. Entró en vigencia el 14 de noviembre del mismo año.

El publicada en el diario oficial Código Civil ha sufrido diversas modificaciones. La última de ellas fue la publicación de la Ley 31643, El Peruano el 15 de diciembre de 2022, que modificó los artículos 248, 250, 252, 253, 256, 258, 259, 260, 265 y 266; para darle facultad a los notarios para celebrar matrimonios civiles.

Para ubicar de manera rápida el artículo o la palabra clave que busca, presione Control+F y le aparecerá un recuadro para que lo escriba.

En está primera sección se encuentran completos los libros de personas, acto jurídico, familia, sucesiones y reales (artículo 1131). En este link hallarán la segunda parte del Código sustantivo (del artículo 1132 al 2122).

El texto está actualizado al mes de diciembre de 2022.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:
Que la Ley Nº 23403 creó la Comisión Revisora del Proyecto de Código Civil preparado por la Comisión establecida mediante Decreto Supremo Nº 95 de 1 de marzo de 1965, y, al mismo tiempo, facultó al Poder Ejecutivo para que, dentro del presente período constitucional y mediante Decreto Legislativo, promulgue el nuevo Código Civil, con cargo de fijar la fecha en que éste debe entrar en vigencia;

Que el artículo 2 de la Ley Nº 23756 dispuso, con la finalidad expresada en su artículo 1, que el nuevo Código Civil podrá ampliar, modificar o derogar disposiciones de códigos u otras leyes diferentes al Código Civil de 1936, en los términos del Proyecto que apruebe la Comisión Revisora creada por la Ley Nº 23403;

Que la mencionada Comisión Revisora ha presentado, para su promulgación, el Proyecto del nuevo CÓDIGO CIVIL, aprobado por ella de conformidad con la Ley Nº 23403 y el artículo 2 de la Ley Nº 23756;

De conformidad con los artículos 188 y 211, inciso 10, de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Artículo 1.- Promúlgase el CÓDIGO CIVIL aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley Nº 23403, según el texto adjunto, que consta de 2,132 artículos distribuidos en doce partes, como sigue:

TITULO PRELIMINAR: Artículo I a X;

LIBRO I: Derechos de las Personas: Artículos de 1 al 139;

LIBRO II: Acto Jurídico: Artículos 140 a 232;

LIBRO III: Derecho de Familia: Artículos 233 a 659;

LIBRO IV: Derecho de Sucesiones: Artículos 660 a 880;

LIBRO V: Derechos Reales: Artículos 881 a 1131;

LIBRO VI: Las Obligaciones: Artículos 1132 a 1350;

LIBRO VII: Fuente de las Obligaciones: Artículos 1351 a 1988;

LIBRO VIII: Prescripción y Caducidad: Artículos 1989 a 2007;

LIBRO IX: Registros Públicos: Artículos 2008 a 2045;

LIBRO X: Derecho Internacional Privado: Artículos 2046 a 2111;

TITULO FINAL: Artículos 2112 a 2122.

Artículo 2.- El nuevo Código Civil entrará en vigencia el 14 de noviembre de 1984.

Mando se publique y cumpla y se dé cuenta al Congreso.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de 1984.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Presidente Constitucional de la República

MAX ARIAS SCHREIBER PEZET
Ministro de Justicia

Título preliminar

Artículo I.- Abrogación de la ley

La ley se deroga sólo por otra ley.

La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla.

Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.

Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho

La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso.

Artículo III.- Aplicación de la ley en el tiempo

La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.

Artículo IV.- Aplicación analógica de la ley

La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

Artículo V.- Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico

Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo VI.- Interés para obrar

Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral.

El interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley.

Artículo VII.- Aplicación de norma pertinente por el juez

Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda.

Artículo VIII.- Obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.

Artículo IX.- Aplicación supletoria del Código Civil

Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.

Artículo X.- Vacíos de la ley

La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales (*) y el Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación.

Tienen la misma obligación los jueces y fiscales respecto de sus correspondientes superiores.

(*) La referencia al Tribunal de Garantías Constitucionales debe entenderse efectuada al Tribunal Constitucional.

Libro I: Derecho de la personas

Sección primera: Personas naturales

Título I: Principio de la persona

Artículo 1.- Sujeto de Derecho

La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento.

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.

Artículo 2.- Reconocimiento del embarazo o parto

La mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su embarazo o del parto, con citación de las personas que tengan interés en el nacimiento.

La solicitud se tramita como prueba anticipada, con citación de las personas que por indicación de la solicitante o a criterio del Juez, puedan tener derechos que resulten afectados. El Juez puede ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estime pertinentes. En este proceso no se admite oposición.

Título II: Derechos de la persona

Artículo 3.- Capacidad jurídica

Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos.

La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.

Artículo 4.- Igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus derechos

El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles.

Artículo 5.- Irrenunciabilidad de los derechos fundamentales

El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6.

Artículo 6.- Actos de disposición del propio cuerpo

Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios.

Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia.

Artículo 7.- Donación de órganos o tejidos

La donación de partes del cuerpo o de órganos o tejidos que no se regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante.

Artículo 8.- Disposición del cuerpo pos morten

Es válido el acto por el cual una persona dispone altruistamente de todo o parte de su cuerpo para que sea utilizado, después de su muerte, con fines de interés social o para la prolongación de la vida humana.

La disposición favorece sólo a la persona designada como beneficiaria o a instituciones científicas, docentes, hospitalarias o banco de órganos o tejidos, que no persigan fines de lucro.

Artículo 9.- Revocación de la donación del cuerpo humano

Es revocable, antes de su consumación, el acto por el cual una persona dispone en vida de parte de su cuerpo, de conformidad con el artículo 6. Es también revocable el acto por el cual la persona dispone, para después de su muerte, de todo o parte de su cuerpo.

La revocación no da lugar al ejercicio de acción alguna.

Artículo 10.- Disposición del cadáver por entidad competente

El jefe del establecimiento de salud o el del servicio de necropsias donde se encuentre un cadáver puede disponer de parte de éste para la conservación o prolongación de la vida humana, con conocimiento de los parientes a que se refiere el artículo 13.

Los mismos funcionarios pueden disponer del cadáver no identificado o abandonado, para los fines del artículo 8, de conformidad con la ley de la materia.

Artículo 11.- Validez de obligación de sometimiento a examen médico

Son válidas las estipulaciones por las que una persona se obliga a someterse a examen médico, siempre que la conservación de su salud o aptitud síquica o física sea motivo determinante de la relación contractual.

Artículo 12.- Inexigibilidad de contratos peligrosos para la persona

No son exigibles los contratos que tengan por objeto la realización de actos excepcionalmente peligrosos para la vida o la integridad física de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y se adopten las medidas de previsión y seguridad adecuadas a las circunstancias.

Artículo 13.- Actos funerarios

A falta de declaración hecha en vida, corresponde al cónyuge del difunto, a sus descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden, decidir sobre la necropsia, la incineración y la sepultura sin perjuicio de las normas de orden público pertinentes.

Artículo 14.- Derecho a la intimidad personal y familiar

La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.

Artículo 15.- Derecho a la imagen y voz

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.

Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponden.

Artículo 16.- Confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones

La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La publicación de las memorias personales o familiares, en iguales circunstancias, requiere la autorización del autor.

Muertos el autor o el destinatario, según los casos, corresponde a los herederos el derecho de otorgar el respectivo asentimiento. Si no hubiese acuerdo entre los herederos, decidirá el juez.

La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más allá de cincuenta años a partir de su muerte.

Artículo 17.- Defensa de los derechos de la persona

La violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título, confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos.

La responsabilidad es solidaria.

Artículo 18.- Protección de los derechos de autor e inventor

Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia.

Artículo 19.- Derecho al nombre

Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos.

Artículo 20.- Apellidos del hijo

Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre.

Artículo 21.- Inscripción del nacimiento

Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso no establece vínculo de filiación.

Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento.

Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos.

Artículo 22.- Nombre del adoptado

El adoptado lleva los apellidos del adoptante o adoptantes.

El hijo de uno de los cónyuges o concubinos puede ser adoptado por el otro. En tal caso, lleva como primer apellido el del padre adoptante y como segundo el de la madre biológica o, el primer apellido del padre biológico y el primer apellido de la madre adoptante, según sea el caso.

Artículo 23.- Nombre del recién nacido de padres desconocidos

El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el nombre adecuado que le asigne el registrador del estado civil.

Artículo 24.- Derecho de la mujer a llevar el apellido del marido

La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio.

Tratándose de separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho a llevar el apellido del marido. En caso de controversia resuelve el juez.

Artículo 25.- Prueba del nombre

La prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros de estado civil.

Artículo 26.- Defensa del derecho al nombre

Toda persona tiene derecho a exigir que se le designe por su nombre.

Cuando se vulnere este derecho puede pedirse la cesación del hecho violatorio y la indemnización que corresponda.

Artículo 27.- Nulidad de convenios sobre el nombre

Es nulo el convenio relativo al nombre de una persona natural, salvo para fines publicitarios, de interés social y los que establece la ley.

Artículo 28.- Indemnización por usurpación de nombre

Nadie puede usar nombre que no le corresponde. El que es perjudicado por la usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la indemnización que corresponda.

Artículo 29.- Cambio o adición de nombre

Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita.

El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad.

Artículo 30.- Efectos del cambio o adición de nombre

El cambio o adición del nombre no altera la condición civil de quien lo obtiene ni constituye prueba de filiación.

Artículo 31.- Impugnación judicial por cambio o adición de nombre

La persona perjudicada por un cambio o adición de nombre puede impugnarlo judicialmente.

Artículo 32.- Protección jurídica del seudónimo

El seudónimo, cuando adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección jurídica dispensada a éste.

Artículo 33.- Domicilio

El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar.

Artículo 34.- Domicilio especial

Se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación sólo implica sometimiento a la competencia territorial correspondiente, salvo pacto distinto.

Artículo 35.- Persona con varios domicilios

A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos.

Artículo 36.- Domicilio conyugal

El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno o, en su defecto, el último que compartieron.

Artículo 37.- Domicilio del incapaz

Los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales.

Artículo 38.- Domicilio de funcionarios públicos

Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 33.

El domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero, en ejercicio de funciones del Estado o por otras causas, es el último que hayan tenido en el territorio nacional.

Artículo 39.- Cambio de domicilio

El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar.

Artículo 40.-Oposición al cambio de domicilio

El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los treinta (30) días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para oponer a éste el cambio de su domicilio.

La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable.

Artículo 41.- Personas sin residencia habitual

A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre.

Título V: Capacidad e incapacidad de ejercicio

Artículo 42.- Capacidad de ejercicio plena

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.

Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad.

Artículo 43.- Incapacidad absoluta

Son absolutamente incapaces:

1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley.

2. Derogado.

3. Derogado.

Artículo 44.- Capacidad de ejercicio restringida

Tienen capacidad de ejercicio restringida.

1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.

2. Derogado.

3. Derogado.

4. Los pródigos.

5. Los que incurren en mala gestión.

6. Los ebrios habituales.

7. Los toxicómanos.

8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.

9. Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.

Artículo 45.- Ajustes razonables y apoyo

Toda persona con discapacidad que requiera ajuste razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlo o solicitarlo de acuerdo a su libre elección.

Artículo 45- A.- Representantes Legales

Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en los numerales 1 al 8 del artículo 44 contarán con un representante legal que ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad, tutela o curatela.

Artículo 45-B.- Designación de apoyos y salvaguardias

Pueden designar apoyos y salvaguardias:

1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente.

2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente.

3. Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado un apoyo con anterioridad mantendrán el apoyo designado.

4. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el numeral 9 del artículo 44 contarán con los apoyos y salvaguardias establecidos judicialmente, de conformidad con las disposiciones del artículo 659-E del presente Código.

Artículo 46.- Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial

La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.

La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este.

Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija, para realizar solamente los siguientes actos:

1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas.

2. Demandar por gastos de embarazo y parto.

3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas.

4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas.

5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas.

6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su Documento Nacional de Identidad.

7. Impugnar judicialmente la paternidad.

Título VI: Ausencia

Capítulo primero: Desaparición

Artículo 47.- Nombramiento de curador por desaparición

Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de sesenta días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, pueden solicitar la designación de curador interino. También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos y del Ministerio Público. La solicitud se tramita como proceso no contencioso.

No procede la designación de curador si el desaparecido tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el registro público.

Artículo 48.- Normas que rigen la curatela del desaparecido

La curatela a que se contrae el artículo 47 se rige por las disposiciones de los artículos 564 a 618, en cuanto sean pertinentes.

Capítulo segundo: Declaración de Ausencia

Artículo 49.- Declaración judicial de ausencia

Transcurridos dos años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden solicitar la declaración judicial de ausencia.

Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes.

Artículo 50.- Posesión temporal de los bienes del ausente

En la declaración judicial de ausencia se ordenará dar la posesión temporal de los bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo de dictarla.

Si no hubiere persona con esta calidad continuará, respecto a los bienes del ausente, la curatela establecida en el artículo 47.

Artículo 51.- Facultades y límites del poseedor de bienes del ausente

La posesión temporal de los bienes del ausente, a que se refiere el artículo 50, debe ser precedida de la formación del respectivo inventario valorizado.

El poseedor tiene los derechos y obligaciones inherentes a la posesión y goza de los frutos con la limitación de reservar de éstos una parte igual a la cuota de libre disposición del ausente.

Artículo 52.- Indisponibilidad de los bienes del ausente

Quienes hubieren obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente no pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo casos de necesidad o utilidad con sujeción al artículo 56.

Artículo 53.- Inscripción de la declaración judicial de ausencia

La declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el registro de mandatos y poderes para extinguir los otorgados por el ausente.

Artículo 54.- Designación del administrador judicial

A solicitud de cualquiera que haya obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente, se procede a la designación de administrador judicial.

Artículo 55.- Derechos y obligaciones del administrador judicial

Son derechos y obligaciones del administrador judicial de los bienes del ausente:

1. Percibir los frutos.

2. Pagar las deudas del ausente y atender los gastos correspondientes al patrimonio que administra.

3. Reservar en cuenta bancaria, o con las seguridades que señale el juez, la cuota a que se refiere el artículo 51.

4. Distribuir regularmente entre las personas que señala el artículo 50 los saldos disponibles, en proporción a sus eventuales derechos sucesorios.

5. Ejercer la representación judicial del ausente con las facultades especiales y generales que la ley confiere, excepto las que importen actos de disposición.

6. Ejercer cualquier otra atribución no prevista, si fuere conveniente al patrimonio bajo su administración, previa autorización judicial.

7. Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por la ley.

Artículo 56.- Autorización judicial para disponer de los bienes del ausente

En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de lo indispensable.

Artículo 57.- Aplicación supletoria de normas de ordenamiento procesal

En lo no previsto por los artículos 55 y 56 se aplican las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles sobre administración judicial de bienes comunes.

Artículo 58.- Alimentos para herederos forzosos del ausente

El cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes de él, que no recibieren rentas suficientes para atender a sus necesidades alimentarias, pueden solicitar al juez la asignación de una pensión, cuyo monto será señalado según la condición económica de los solicitantes y la cuantía del patrimonio afectado.

Esta pretensión se tramita conforme al proceso sumarísimo de alimentos, en lo que resulte aplicable.

Artículo 59.- Fin de la declaración judicial de ausencia

Cesan los efectos de la declaración judicial de ausencia por:

1. Regreso del ausente.

2. Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente con posterioridad a la declaración.

3. Comprobación de la muerte del ausente.

4. Declaración judicial de muerte presunta.

Artículo 60.- Restitución o sucesión del patrimonio del ausente

En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 59 se restituye a su titular el patrimonio, en el estado en que se encuentre. La petición se tramita como proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de ausencia.

En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo 59, se procede a la apertura de la sucesión.

Título VII: Fin de la persona

Capítulo primero: Muerte

Artículo 61.- Fin de la persona

La muerte pone fin a la persona.

Artículo 62.- Conmorencia

Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay trasmisión de derechos hereditarios.

Capítulo segundo: Declaración de muerte presunta

Artículo 63.- Procedencia de declaración judicial de muerte presunta

Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos:

1. Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad.

2. Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso.

3. Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido.

Artículo 64.- Efectos de la declaración de muerte presunta

La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones.

Artículo 65.- Contenido de la resolución de muerte presunta

En la resolución que declara la muerte presunta se indica la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido.

Artículo 66.- Improcedencia de la declaración de muerte presunta

El juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede declarar la ausencia.

Capítulo tercero: Reconocimiento de existencia

Artículo 67.- Reconocimiento de existencia

La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado, o del Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta.

Artículo 68.- Efectos sobre el nuevo matrimonio

El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere contraído el cónyuge.

Artículo 69.- Facultad de reivindicar los bienes

El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes, conforme a ley.

Artículo 70 hasta artículo 75: Derogado

Sección segunda: Personas jurídicas

Título I: Disposiciones generales

Artículo 76.- Normas que rigen la persona jurídica

La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las disposiciones del presente Código o de las leyes respectivas.

La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación.

Artículo 77.- Inicio de la persona jurídica

La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley.

La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes de haber sido inscrita.

Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de ella, quienes los hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros.

Artículo 78.- Diferencia entre persona jurídica y sus miembros

La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas.

Artículo 79.- Representante de la persona jurídica miembro de otra

La persona jurídica miembro de otra debe indicar quién la representa ante ésta.

Título II: Asociación

La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo.

Artículo 81.- Estatuto de la asociación

El estatuto debe constar por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley.

Si la asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica.

Artículo 82.- Contenido del estatuto

El estatuto de la asociación debe expresar:

1. La denominación, duración y domicilio.

2. Los fines.

3. Los bienes que integran el patrimonio social.

4. La constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, consejo directivo y demás órganos de la asociación.

5.- Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros.

6. Los derechos y deberes de los asociados.

7. Los requisitos para su modificación.

8. Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final de sus bienes.

9. Los demás pactos y condiciones que se establezcan.

Artículo 83.- Libros de la asociación

Toda asociación debe tener un libro de registro actualizado en que consten el nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de los que ejerzan cargos de administración o representación.

La asociación debe contar, asimismo, con libros de actas de las sesiones de asamblea general y de consejo directivo en los que constarán los acuerdos adoptados.

Los libros a que se refiere el presente artículo se llevan con las formalidades de ley, bajo responsabilidad del presidente del consejo directivo de la asociación y de conformidad con los requisitos que fije el estatuto.

Artículo 84.- Asamblea General

La asamblea general es el órgano supremo de la asociación.

Artículo 85.- Convocatoria

La asamblea general es convocada por el presidente del consejo directivo de la asociación, en los casos previstos en el estatuto, cuando lo acuerde dicho consejo directivo o cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados.

Si la solicitud de éstos no es atendida dentro de los quince días de haber sido presentada, o es denegada, la convocatoria es hecha por el juez de primera instancia del domicilio de la asociación, a solicitud de los mismos asociados.

La solicitud se tramita como proceso sumarísimo.

El juez, si ampara la solicitud, ordena se haga la convocatoria de acuerdo al estatuto, señalando el lugar, día, hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá y el notario que de fe de los acuerdos.

Artículo 86.- Facultades de la Asamblea General

La asamblea general elige a las personas que integran el consejo directivo, aprueba las cuentas y balances, resuelve sobre la modificación del estatuto, la disolución de la asociación y los demás asuntos que no sean competencia de otros órganos.

Artículo 87.- Quórum para adopción de acuerdos

Para la validez de las reuniones de asamblea general se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los asociados. En segunda convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes.

Para modificar el estatuto o para disolver la asociación se requiere, en primera convocatoria, la asistencia de más de la mitad de los asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan y que representen no menos de la décima parte.

Los asociados pueden ser representados en asamblea general, por otra persona. El estatuto puede disponer que el representante sea otro asociado.

La representación se otorga por escritura pública. También puede conferirse por otro medio escrito y sólo con carácter especial para cada asamblea.

Artículo 88.- Derecho de voto

Ningún asociado tiene derecho por sí mismo a más de un voto.

Artículo 89.- Carácter personalísimo de la calidad del asociado

La calidad de asociado es inherente a la persona y no es trasmisible, salvo que lo permita el estatuto.

Artículo 90.- Renuncia de los asociados

La renuncia de los asociados debe ser formulada por escrito.

Artículo 91.- Pago de cuotas adeudadas

Los asociados renunciantes, los excluidos y los sucesores de los asociados muertos quedan obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el reembolso de sus aportaciones.

Artículo 92.- Impugnación judicial de acuerdos

Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias.

Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto.

Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar.

Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa para defender la validez del acuerdo.

La impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado.

Artículo 93.- Responsabilidad de los directivos

Los asociados que desempeñen cargos directivos son responsables ante la asociación conforme a las reglas de la representación, excepto aquellos que no hayan participado del acto causante del daño o que dejen constancia de su oposición.

Artículo 94.- Disolución de pleno derecho

La asociación se disuelve de pleno derecho cuando no pueda funcionar según su estatuto.

Artículo 95.- Disolución por liquidación

La Asociación se disuelve por liquidación, según lo acordado por su respectiva Junta de Acreedores de conformidad con la ley de la materia.

En caso de pérdidas acumuladas, deducidas las reservas superiores al tercio del capital social pagado, el Consejo Directivo debe solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de la asociación, conforme a la ley de la materia y bajo responsabilidad ante los acreedores por los daños y perjuicios que resultaren por la omisión.

Artículo 96.- Disolución por atentar contra orden público

El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

La demanda se tramita como proceso abreviado, considerando como parte demandada a la asociación. Cualquier asociado está legitimado para intervenir en el proceso. La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior.

En cualquier estado del proceso puede el Juez dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un interventor de las mismas.

Artículo 97.- Disolución por falta de norma estatutaria

De no haberse previsto en el estatuto de la asociación normas para el caso en que no pueda seguir funcionando o para su disolución, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 599, inciso 2.

Artículo 98.- Destino del patrimonio restante a la liquidación

Disuelta la asociación y concluída la liquidación, el haber neto resultante es entregado a las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos en interés de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la asociación.

Título III: Fundación

La fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social.

Artículo 100.- Constitución de la Fundación

La fundación se constituye mediante escritura pública, por una o varias personas naturales o jurídicas, indistintamente, o por testamento.

Artículo 101.- Acto constitutivo

El acto constitutivo de la fundación debe expresar necesariamente su finalidad y el bien o bienes que se afectan. El fundador puede también indicar el nombre y domicilio de la fundación, así como designar al administrador o a los administradores y señalar normas para su régimen económico, funcionamiento y extinción así como el destino final del patrimonio.

Puede nombrarse como administradores de la fundación a personas jurídicas o a quien o quienes desempeñen funciones específicas en ellas. En el primer caso, debe designarse a la persona natural que la represente.

El registrador de personas jurídicas debe enviar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones el título de constitución que careciere de alguno de los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo. El Consejo procederá en un plazo no mayor de diez días, con arreglo al artículo 104, incisos 1 a 3, según sea el caso.

Artículo 102.- Revocación del fundador

La facultad de revocar no es transmisible. El acto de constitución de la fundación, una vez inscrito, es irrevocable.

Artículo 103.- Consejo de Supervigilancia de Fundaciones

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es la organización administrativa encargada del control y vigilancia de las fundaciones.

Su integración y estructura se determinan en la ley de la materia.

Artículo 104.- Funciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones ejerce las siguientes funciones básicas:

1. Indicar la denominación y domicilio de la fundación, cuando no consten del acto constitutivo.

2. Designar a los administradores cuando se hubiese omitido su nombramiento por el fundador o sustituirlos al cesar por cualquier causa en sus actividades, siempre que no se hubiese previsto, para ambos casos, en el acto constitutivo la forma o modo de reemplazarlos.

En el caso previsto en el párrafo anterior, están impedidos de ser nombrados como administradores de las fundaciones, los beneficiarios o los representantes de las instituciones beneficiarias. Asimismo, en dicho supuesto, el cargo de administrador es indelegable.

3. Determinar, de oficio y con audiencia de los administradores o a propuesta de éstos, el régimen económico y administrativo, si hubiere sido omitido por el fundador, o modificarlo cuando impidiese el normal funcionamiento o conviniere a los fines de la fundación.

4. Tomar conocimiento de los planes y del correspondiente presupuesto anual de las fundaciones, para lo cual éstas elevan copia de los mismos al Consejo al menos treinta días antes de la fecha de iniciación del año económico.

5. Autorizar los actos de disposición y gravamen de los bienes que no sean objeto de las operaciones ordinarias de la fundación y establecer el procedimiento a seguir, en cada caso.

6. Promover la coordinación de las fundaciones de fines análogos cuando los bienes de éstas resulten insuficientes para el cumplimiento del fin fundacional, o cuando tal coordinación determinase una acción más eficiente.

7. Vigilar que los bienes y rentas se empleen conforme a la finalidad propuesta.

8. Disponer las auditorías necesarias.

9. Impugnar judicialmente los acuerdos de los administradores que sean contrarios a ley o al acto constitutivo o demandar la nulidad o anulación de los actos o contratos que celebren, en los casos previstos por la ley. La impugnación se tramita como proceso abreviado; la demanda de nulidad o de anulación como proceso de conocimiento.

10. Intervenir como parte en los juicios en que se impugne la validez del acto constitutivo de la fundación.

11. Designar al liquidador o a los liquidadores de la fundación a falta de disposición en el acto constitutivo.

12. Llevar un registro administrativo de fundaciones.

Artículo 105.- Presentación de cuentas y balances

Los administradores están obligados a presentar al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, para su aprobación, las cuentas y el balance de la fundación, dentro de los cuatro primeros meses del año.

Artículo 106.- Acciones judicial contra los administradores

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones puede iniciar acción judicial contra los administradores que no cumplan con presentar las cuentas y el balance anuales de la fundación o si éstos fueron desaprobados y en otros casos de incumplimiento de sus deberes.

A pedido de parte, el juez de primera instancia puede, por causa justificada, suspender a los administradores.

Declarada la responsabilidad, los administradores cesan automáticamente en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.

Los administradores suspendidos son reemplazados de acuerdo a lo dispuesto en el acto constitutivo o, en su defecto, por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

La demanda de presentación de cuentas y balances y la de suspensión de los administradores en su cargo, se tramitan com

# data[].attributes.attachment_link.title
Código Civil peruano [realmente actualizado 2023] | LP

# data[].attributes.attachment_link.description
Código Civil peruano actualizado al 2020 revisado por LP, el portal jurídico más leído del Perú por los profesionales del derecho.

# data[].attributes.attachment_link.description
Create a new document and edit with others at the same time -- from your computer, phone or tablet. Get stuff done with or without an internet connection. Use Docs to edit Word files. Free from Google.

# data[].attributes.attachment_link.title
Código Procesal Civil peruano (actualizado 2024) | LP

# data[].attributes.attachment_link.description
Código Procesal Civil actualizado al 2024 por LP, el portal jurídico más leído del Perú por los profesionales del derecho.

# data[].attributes.attachment_link.description
...pero su actividad y comportamiento nos hace pensar que usted es un Bot.

# data[].attributes.attachment_link.description
Estimado Usuario(a): Para dar inicio a los trámites de:

# data[].attributes.attachment_link.title
Código Penal peruano [actualizado 2023] | LP

# data[].attributes.attachment_link.description
El Código Penal peruano actualizado al 2023 por LP, el portal jurídico más leído del Perú. Decreto Legislativo 635

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Mediante el Decreto Legislativo 957 se aprobó el nuevo Código Procesal Penal ( NCPP), promulgado el 22 de julio de 2004 y publicado el 29 de julio de 2004. Entró en vigencia el 1 de julio de 2006.

El texto que presentamos está actualizado y revisado al mes de mayo de 2023. Está dividido en dos partes. Esta es la primera parte (del artículo I del título preliminar al artículo 445). En se halla la segunda parte (del artículo 446 al final).

La última modificación se produjo el 25 de mayo de 2023 con la publicación de la Ley 31751.

Para ubicar de manera rápida el artículo o la palabra clave que desea, presione Control+F y le aparecerá un recuadro para que lo escriba.

Novedad: El Observatorio de Jurisprudencia de LP está adjuntando poco a poco jurisprudencia relevante y actual de cada artículo de este Código (al final de cada artículo encontrará el link correspondiente). Si quieres sumarte a este proyecto puedes enviarnos la jurisprudencia que tengas al correo [email protected].

TÍTULO PRELIMINAR

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I: La Acción Penal (artículo 1 al 10)
SECCIÓN II: La Acción Civil (artículo 11 al 15)
SECCIÓN III: La Jurisdicción y Competencia (artículo 16 al 59)

Capítulo I: La Declinatoria de Competencia (artículo 34 al 38)
Capítulo II: La Transferencia de Competencia (artículo 39 al 41)
Capítulo III: La Contienda de Competencia (artículo 42 al 45)
Capítulo IV: La Acumulación (artículo 46 al 52)
Capítulo V: La Inhibición y Recusación (artículo 53 al 59)

SECCIÓN IV: El Ministerio Público y los demás Sujetos Procesales (artículo 60 al 113)

Título I: El Ministerio Público y La Policía Nacional (artículo 60 al 70)

Título II: El Imputado y el Abogado Defensor (artículo 71 al 89)

Título V: El Tercero Civil (artículo 111 al 113)

LIBRO SEGUNDO: LA ACTIVIDAD PROCESAL

SECCIÓN I: Preceptos Generales (artículo 114 al 154)

Título I: Las Actuaciones Procesales (artículo 114 al 141)

SECCIÓN II: La Prueba (artículo 155 al 252)

Título III: La Búsqueda de Pruebas y Restricción de Derechos (artículo 202 al 241)

Capítulo III: Las Pesquisas (artículo 208 al 210)
Capítulo IV: La Intervención Corporal (artículo 211 al 213)
Capítulo V: El Allanamiento (artículo 214 al 217)
Capítulo VI: La Exhibición Forzada y la Incautación (artículo 218 al 225)

Capítulo VII: El Control de Comunicaciones y Documentos Privados (artículo 226 al 234)

SECCIÓN III: Las Medidas de Coerción Procesal (artículo 253 al 320)

Título IV: La Comparecencia (artículo 286 al 292-A)
Título V: La Internación Preventiva (artículo 293 al 294)
Título VI: El Impedimento de Salida (artículo 295 al 296)
Título VII: De la Suspensión Preventiva de Derechos (artículo 297 al 301)
Título VIII: El Embargo (artículo 302 al 309)
Título IX: Otras Medidas Reales (artículo 310 al 315)
Título X: La Incautación (artículo 316 al 320)

LIBRO TERCERO: EL PROCESO COMÚN

SECCIÓN I: La Investigación Preparatoria (artículo 321 al 343)

SECCIÓN II: La Etapa Intermedia (artículo 344 al 355)

Título I: El Sobreseimiento (artículo 344 al 348)
Título II: La Acusación (artículo 349 al 352)
Título III: El Auto de Enjuiciamiento (artículo 353 al 354)
Título IV: El Auto de Citación a Juicio (artículo 355)

SECCIÓN III: El Juzgamiento (artículo 356 al 403)

LIBRO CUARTO: LA IMPUGNACIÓN

SECCIÓN I: Preceptos Generales (artículo 404 al 412)
SECCIÓN II: Los Recursos (artículo 413 al 414)
SECCIÓN III: El Recurso de Reposición (artículo 415)
SECCIÓN IV: El Recurso de Apelación

SECCIÓN V: El Recurso de Casación (artículo 427 al 436)
SECCIÓN VI: El Recurso de Queja (artículo 437 al 438)
SECCIÓN VII: La Acción de Revisión (artículo 439 al 445)

LIBRO QUINTO: LOS PROCESOS ESPECIALES

SECCIÓN I: El Proceso Inmediato (artículo 446 al 448)
SECCIÓN II: El Proceso por Razón de la Función Pública (artículo 449 al 455)

SECCIÓN III: El Proceso de Seguridad (artículo 456 al 458)
SECCIÓN IV: Proceso por Delito de Ejercicio Privado de la Acción Penal (artículo 459 al 467)
SECCIÓN V: El Proceso de Terminación Anticipada (artículo 468 al 471)
SECCIÓN VI: Proceso por Colaboración Eficaz (artículo 472 al 481)
SECCIÓN VII: El Proceso por Faltas (artículo 482 al 487)

LIBRO SEXTO: LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS

SECCIÓN I: La Ejecución de la Sentencia (artículo 488 al 496)
SECCIÓN II: Las Costas (artículo 497 al 507)

LIBRO SÉPTIMO: LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

SECCIÓN I: Preceptos Generales (artículo 508 al 512)
SECCIÓN II: La Extradición (artículo 513 al 527)

SECCIÓN III: La Asistencia Judicial Internacional (artículo 528 al 537)
SECCIÓN IV: Las Diligencias en el exterior (artículo 538 al 539)
SECCIÓN V: El Cumplimiento de Condenas (artículo 540 al 549)

SECCIÓN VI: La Entrega Vigilada (artículo 550 al 553)
SECCIÓN VII: Cooperación con la Corte Penal Internacional (artículo 554 al 566)

Título I: Aspectos Generales (artículo 554 al 556)
Título II: La Detención y Entrega de Personas y la Detención Provisional (artículo 557 al 561)
Título III: Los Demás Actos de Cooperación (artículo 562 al 564)
Título IV: La Ejecución de la Pena (artículo 565 al 566)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS

Artículo I.- Justicia Penal

1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.

2. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código.

3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.

4. Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación.

5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales.

Artículo II.- Presunción de inocencia

1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado.

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido.

Artículo III.- Interdicción de la persecución penal múltiple

Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo.

La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este Código.

Artículo IV.- Titular de la acción penal

1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad.

2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

3. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.

4. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos.

Artículo V.- Competencia judicial

1. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley.

2. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley.

Artículo VI.- Legalidad de las medidas limitativas de derechos

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.

Artículo VII.- Vigencia e interpretación de la Ley procesal penal

1. La Ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

2. La Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible.

3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos.

4. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo.

Artículo VIII.- Legitimidad de la prueba

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.

Artículo IX.- Derecho de defensa

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.

Artículo X.- Prevalencia de las normas de este Título

Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I: LA ACCIÓN PENAL

Artículo 1.- Acción penal

La acción penal es pública.

1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular.

2. En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella.

3. En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante, ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente.

4. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción penal.

Artículo 2.- Principio de oportunidad

1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

b. Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

c. Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.

4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.

5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.

6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procede un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 149 primer párrafo, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.

El fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numero 3) del presente artículo.

7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si esta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado.

8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo.

9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado:

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal;

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico;

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o,

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio.

En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal.

Artículo 3.- Comunicación al Juez de la continuación de la investigación

El Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias.

Artículo 4.- Cuestión previa

1. La cuestión previa procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación Preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado.

2. La Investigación Preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho.

Artículo 5.- Cuestión prejudicial

1. La cuestión prejudicial procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación Preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extra - penal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado.

2. Si se declara fundada, la Investigación Preparatoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que se encuentren en igual situación jurídica y que no la hubieren deducido.

3. En caso de que el proceso extra - penal no haya sido promovido por la persona legitimada para hacerlo, se le notificará y requerirá para que lo haga en el plazo de treinta días computados desde el momento en que haya quedado firme la resolución suspensiva. Si vencido dicho plazo no cumpliera con hacerlo, el Fiscal Provincial en lo Civil, siempre que se trate de un hecho punible perseguible por ejercicio público de la acción penal, deberá promoverlo con citación de las partes interesadas. En uno u otro caso, el Fiscal está autorizado para intervenir y continuar el proceso hasta su terminación, así como sustituir al titular de la acción si éste no lo prosigue.

4. De lo resuelto en la vía extra - penal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa.

Artículo 6.- Excepciones

Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes:

a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la Ley.

b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.

c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona.

d) Amnistía.

e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena.

2. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente.

Artículo 7.- Oportunidad de los medios de defensa

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia.

2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada por la Ley.

3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio.

Artículo 8.- Trámite de los medios de defensa

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la Investigación Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria que recibió la comunicación señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que correspondan.

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará con quienes concurran a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto.

3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en último término.

4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de dos días luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fundamentado.

5. Cuando el medio de defensa se deduce durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352.

6. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica.

Artículo 9.- Recurso de Apelación

1. Contra el auto expedido por el Juez de la Investigación Preparatoria procede recurso de apelación.

2. Concedido el recurso de apelación, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del quinto día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el Juez inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la que sin perjuicio de poner este hecho en conocimiento del Fiscal Superior instará al Fiscal Provincial para que complete el cuaderno de apelación.

Artículo 10.- Indicios de delitos en proceso extra-penal

1. Cuando en la sustanciación de un proceso extra - penal aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública el Juez de oficio o a pedido de parte, comunicará al Ministerio Público para los fines consiguientes.

2. Si el Fiscal luego de las primeras diligencias decide continuar con la Investigación Preparatoria lo comunicará al Juez extra penal, quien suspenderá el proceso, siempre que considere que la sentencia penal puede influir en la resolución que le corresponde dictar.

SECCIÓN II: LA ACCIÓN CIVIL

Artículo 11.- Ejercicio y contenido

1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso.

2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan, con citación de los afectados.

# data[].attributes.attachment_link.title
Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2023] | LP

# data[].attributes.attachment_link.description
Nuevo Código Procesal Penal peruano (NCPP) actualizado al 2021, aprobado mediante Decreto Legislativo 957 (entró en vigencia el 1 de julio de 2006)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El MTPE como ente rector en materia de desarrollo y evaluación de las políticas sociolaborales de trabajo y promoción de la empleabilidad, garantiza el cumplimiento de la normativa laboral, la prevención y solución de conflictos, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos fundamentales del trabajador.

Mediante la publicación de este compendio, fomenta el acceso a las principales normas que regulan el régimen laboral de la actividad privada. La difusión de la normativa laboral tiene por objeto que trabajadores y empleadores cuenten con las herramientas pertinentes para conocer y aplicar sus deberes y derechos; siendo el conocimiento de la norma un instrumento democrático que viabiliza el acercamiento de las partes, procurando igualdad de información, para un diálogo social consistente.

# data[].attributes.attachment_link.title
Compendio de Normas Laborales | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
MIÉRCOLES 03

de abril de 2024

Normas Legales

Use un Rango de Fechas personalizado para filtrar su resultado.

Cargando Normas Legales...

No se encontro información.

Presidente del Directorio: Hugo David Aguirre Castañeda

Gerente General (e): Félix Alberto Paz Quiroz

Gerente de Publicaciones Oficiales: Ricardo Montero Reyes

Editora Perú Av. Alfonso Ugarte 873, Lima 1 Central Telefónica (51-1) 3150400

Informaciones (51-1) 315-0400 anexos 2206 / 2218 / 2298

Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. RUC 20100072751

Presidente del Directorio: Hugo David Aguirre Castañeda

Gerente General (e): Félix Alberto Paz Quiroz

Gerente de Publicaciones Oficiales: Ricardo Montero Reyes

Editora Perú Av. Alfonso Ugarte 873,

Lima 1 Central Telefónica (51-1) 3150400

Informaciones (51-1) 315-0400

anexos 2206 / 2218 / 2298

Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.

RUC 20100072751

# data[].attributes.attachment_link.title
Diario Oficial El Peruano | Boletin Oficial | El Peruano | Decretos | Normas Legales | Separatas Especiales | Normas Legales del día| Derecho | TUPA | Sentencias en Casación | Jurisprudencia | Procesos Constitucionales | Declaraciones Juradas | Patentes y Signos Distintivos | Boletín Oficial | Concesiones Mineras | Remates Judiciales | Edictos Judiciales Lima y Provincias

# data[].attributes.attachment_link.description
Ultimas Normas Legales,Sumillas, Boletin Oficial, Peru, mundo, deportes, política, economía, cultura y tecnología en EL PERUANO

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
ISSN: 2390-0032 (En línea) | DOI: 10.18566/escr
es una revista semestral y de carácter científico, publicada por la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, que difunde artículos inéditos derivados de investigación, reflexiones teóricas, debates académicos, traducciones y reseñas críticas en las líneas de la Filosofía y de la Literatura, especialmente en la Ética y la Antropología filosófica; la Hermenéutica, Estética y lenguajes; los Estudios clásicos; y la Literatura y Pensamiento latinoamericanos. La revista Escritos tiene como misión contribuir con la investigación, la discusión y la difusión del pensamiento filosófico y literario en las líneas declaradas, y se constituye en un foro de discusión para el trabajo académico de profesionales nacionales e internacionales afines a las áreas temáticas citadas.

Palabras clave: Filosofía; Literatura; Teoría literaria; Ética; Antropología filosófica; Hermenéutica; Estética y lenguajes; Estudios clásicos; Pensamiento latinoamericano.

Vol. 32 Núm. 68 (2024): Enero - Junio

Ver todos los números

# data[].attributes.attachment_link.description
Revista Científica de Filosofía y Literatura

# data[].attributes.body
9758 Dra. Yolanda Flores

yflores33@gmail.com yflores33@hotmail.com

68471 Dra. Teresa Mori

teresamori@hotmail.com teresamori1403@gmail.com

143536 Dr. Caro

miguel.caro.p@gmail.com

BITACORA LEGAL S.A.C.20602603301

HACER CORTES DE NOTIFICACION 9AM Y

2PM DNI ALEX HUANCA: 08732782

# data[].attributes.attachment_link.title
500 MODELOS DE DEMANDAS Y ESCRITOS DEL PROCESO CIVIL_compressed (1)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En un procedimiento administrativo, el administrado goza del derecho de contradicción para cuestionar actos administrativos que violen, desconozcan o lesionen un derecho o interés legítimo y, por lo tanto, haya generado efectos en la esfera jurídica del administrado, por lo que se constituyen como un medio de defensa de este.

1. Modelo de recurso de reconsideración, para revocar una resolución por existir nueva prueba.

2. Modelo de recurso de apelación, para declarar la nulidad de una resolución por cuestiones de puro derecho e interpretación distinta de pruebas.

3. Modelo de recurso de revisión, en caso existiese ley o decreto legislativo que establezca de manera expresa que cabe su interposición.

El docente José María Pacori Cari, quien forma parte de nuestra plana docente en el Curso de redacción de documentos administrativos y de gestión pública. Hasta el 18 de junio tienen el beneficio de recibir gratis el libro de redacción administrativa con más de 500 modelos de escritos.

Modelos de escritos de recursos impugnatorios administrativos

Recurso de reconsideración

Expediente [indicar el número de expediente administrativo o registro]
Sumilla: Interpongo recurso administrativo de reconsideración
Referencia: [En caso de no contar con el número del expediente administrativo indicar el acto administrativo que se impugnará a través del recurso, por ejemplo, Resolución Directoral 208-2022-GRA/GRS/GR/ RSAC-D-OA-J-PERS].

Sr. [indicar el cargo de la autoridad que emite el acto administrativo que se reconsiderará, por ejemplo, director ejecutivo de la Red de Salud]:

[Indicar nombres y apellidos del administrado que impugna], identificado con DNI [...], con dirección domiciliaria en [...]; a Ud., respetuosamente, digo:

El artículo 219 del TUO de la Ley 27444 (Decreto Supremo 004-2019- JUS) establece que:

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mis- mo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

Asimismo, el artículo 218, numeral 218.2, del TUO de la Ley 27444 (Decreto Supremo 004-2019-JUS) dispone que:

El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

Dentro de este contexto:

I. Expresión concreta de lo pedido

Como pretensión administrativa principal, interpongo recurso administrativo de reconsideración para que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en [identificar el acto administrativo que se impugna, por ejemplo, Resolución Di- rectoral 208-2022-GRA/GRS/GR/RSAC-D-OA-J-PERS] que me considera indebidamente en el nuevo cargo estructural de técnico administrativo I cuando, en realidad, se me debe considerar como técnico asistencial en mérito a la nueva prueba consistente en Constancia de soporte asistencial.

II. Fundamentos de hecho y de derecho

1. La recurrente es servidora pública nombrada en la plaza de técnico administrativo I, nivel TD, a través de la Resolución Ejecutiva Regional 552-2012-GRA/PR. Actualmente, presto servicios en el Centro de Salud Mariano Melgar.

2. Presenté mi solicitud de adecuación de cargo donde "ex- preso mi voluntad de participar de este proceso y migrar definitivamente al campo asistencial mediante adecuación de cargo"; para lo cual adjunté constancia del 26 de junio de 2022 que indica que me desempeño en el Área de Admisión e Historias Clínicas desde el 14 de julio de 2012 hasta la fecha.

3. Estando al inicio de un procedimiento administrativo para adecuación de cargo, del 9 de setiembre de 2022, se emite la Resolución Directoral 208-2022-GRA/GRS/GR/ RSAC-D-OA-J-PERS que indica que mi nuevo cargo estructural es técnico administrativo I, con cargo funcional como técnico administrativo I, siendo que no se ha producido ninguna adecuación a técnico asistencial, como sí se ha realizado respecto de mis compañeros de trabajo en el Centro de Salud Mariano Melgar, en iguales circunstancias que mi persona.

4. Estando a esto, me apersoné a las oficinas de su institución donde se me señaló que no se había adecuado mi cargo a técnico asistencial por cuanto en la constancia que presenté se omitió consignar como título "Constancia de soporte asistencial".

III. Nueva prueba

Estando a esto, a través de la presente, adjunto en calidad de nueva prueba la Constancia de soporte asistencial, donde se indica expresamente que desempeño "actividades de soporte asistencial", documento que se debe de valorar para reconsiderar la resolución impugnada respecto de mi persona, conforme al principio de informalismo, previsto en el artículo IV, numeral 1.6, del TUO de la Ley 27444 (Decreto Supremo 004-2020-JUS) que indica:

Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. (Énfasis agregado)

IV. Anexos

1-A Copia de mi documento nacional de identidad

1-B Copia de la Resolución Directoral 208-2022-GRA/GRS/ GR/RSAC-D-OA-J-PERS, acto administrativo que se impugna

1-C Constancia de soporte asistencial, nuevo medio de prueba que sustenta la presente reconsideración
Por lo expuesto:
A Ud. pido dar al presente recurso administrativo de reconsideración el trámite que le corresponda conforme al TUO de la Ley 27444 (Decreto Supremo 004-2020-JUS).

Arequipa, 29 de noviembre de 2022

[Colocar firma del administrado que impugna; no es necesaria la firma del abogado]

Recurso administrativo de apelación

Sumilla: Interpongo recurso administrativo de apelación

Referencia: Constancia de enterado sobre solicitud de reconsideración contra el resultado del examen psicosomático en el Pro ceso Excepcional 2022.

Sr. [indicar el nombre de la autoridad que emite el acto administrativo que se impugna, por ejemplo, comandante PNP, presidente del equipo multidisciplinario 2022 DIRREHUM PNP]:

[Indicar nombres y apellidos del administrado impugnante], identificado con DNI [...], con domicilio real en [...]; a Ud., respetuosamente, digo:

El artículo 220 del TUO de la Ley 27444 (Decreto Supremo 004-2019- JUS) establece:

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Dentro de este contexto:

I. Expresión concreta de lo pedido

Como pretensión administrativa impugnatoria, interpongo re- curso de apelación en contra del acto administrativo contenido en la constancia de enterado sobre solicitud de reconsideración contra el resultado del examen psicosomático en el Proceso Excepcional 2022 que se sustenta en el Informe 17-2022-DIR- SAPOL/SUBDIRSAPOL/UNIEVMED.POST para que se declare su nulidad total por contravenir el principio de presunción de veracidad.

En consecuencia:

Como pretensión administrativa impugnatoria accesoria, solicito que se disponga mi calificación como apto en el resultado del examen psicosomático en el Proceso Excepcional 2022 de reincorporación a la situación de actividad del personal de oficiales y suboficiales de armas y de servicio.

II. Fundamento de hecho y de derecho

1. El 19 de noviembre de 2022 se emite la constancia de enterado sobre solicitud de reconsideración contra el resultado del examen psicosomático en el Proceso Excepcional 2022, con la cual se me comunica lo siguiente:

[...] he tomado conocimiento por intermedio del Equipo Multidisciplinario 2022, que el resultado de mi solicitud peticionando reconsideración del resultado del examen psico- somático, ha sido DENEGADA, de conformidad al Informe 17-2022 DIRSAPOL/SUBDIRSAPOL/UNIEVMED.POST del 28OCT022, mediante el cual se menciona que el administrado ha sido considerado INAPTO, por la especialidad de Ectocóspico, al presentar "Múltiples Tatuajes Pierna Derecha, Brazo Derecho 16 cm y espalda", contemplado en la Directiva 01-23-2015-DIRGEN PNP/DIREJEPER-B y el Reglamento de Aptitud Psicosomático.

2. Por su parte, el numeral 4 del Informe 17-2022-DIRSAPOL/ SUBDIRSAPOL/UNIEVMED.POST del 28 de octubre de 2022 indica lo siguiente:

Revisado los resultados de Ficha Médica de fecha 05OCT2022 del indicado solicitante, la causal de INAPTO por la especialidad de ECTOSCOPICO: MULTIPLE TATUAJES PIERNA DERECHA, BRAZO DERECHO 16 CM. Y ESPALDA,

se encuentra contemplado en la Directiva 01-23-2015-DIR- GEN PNP/DIREJEPER-B Normas y procedimientos que regulan el uso de tatuajes por el personal de la Policía Nacional del Perú, desde el Proceso de Admisión, Reingreso, reincorporación y permanencia en la Institución.

3. Sin embargo, lo indicado contraviene al principio de presunción de veracidad previsto en el artículo IV, numeral 1.7, del TUO de la Ley 27444, el cual indica:

En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

4. En efecto, en el expediente obra, el escrito de "SOLICITO: In- forme sobre participación en labores de inteligencia llevado a cabo por ST3 (D) PNP [...] al formar parte del Equipo de Investigaciones Especiales de la División de Investigación de Secuestros - DIVISE PNP" presentado por el suscrito el 12 de octubre de 2022 indica lo siguiente:

[...] siendo que el suscrito cuenta con tatuajes realizados el año 2014, cuando formaba parte del equipo de Investigaciones Especiales que sirviera como mimetizaje, para el trabajo de inteligencia que se llevó a cabo a nivel nacional, que permitió obtener información relevante para la captura de los integrantes de diversas organizaciones criminales y su posterior desarticulación [...].

5. Sin embargo, pese a que se presentó la documentación indicada como medios de prueba en mi recurso de reconsideración, la misma no se tomó en cuenta en los actos administrativos impugnados, por lo que afectó de esta manera al principio de presunción de veracidad.

III. Anexos

1-A Copia de mi recurso de reconsideración, incluido los anexos presentados al mismo, con el objeto de acreditar la prueba ofrecida y no actuada conforme al principio de pre- sunción de veracidad y verdad material-

1-B Copia de la constancia de enterado sobre solicitud de re- consideración contra el resultado del examen psicosomático en el Proceso Excepcional 2022

1-C Copia del Informe 17-2022-DIRSAPOL/SUBDIRSAPOL/ UNIEVMED.POST

1-D Copia de mi documento nacional de identidad

Por lo expuesto:

A Ud. pido dar al presente recurso de apelación el trámite que le corresponda conforme al TUO de la Ley 27444 bajo responsabilidad conforme al inciso 1, artículo 261, del TUO de la Ley 27444, el cual indica:

Las autoridades y personal al servicio de las entidades [...] incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo [...], en caso de:

Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

El Agustino, 29 de noviembre de 2022

[Colocar firma del administrado; no es necesaria la firma del abogado]

Recurso administrativo de revisión
Expediente [...]
Sumilla: Interponemos recurso de revisión.

Sr. [indicar la denominación de la autoridad administrativa que emite el acto administrativo impugnado, por ejemplo, presidente ejecutivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet)]:

[Indicar la denominación o razón social de la persona jurídica que presenta el recurso, por ejemplo, BHP Billiton World Exploration INC - sucursal del Perú], con RUC [...], debidamente representado por su gerente [indicar nombres y apellidos del gerente], identificado con DNI [...], con domicilio real en [indicar domicilio de la empresa], señalando domicilio procedimental para notificaciones en [...]. A Ud., respetuosamente, digo:

El artículo 117 del Decreto Supremo 020-2020-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros, establece lo siguiente:

117.1 Contra [sic] lo resuelto por el Presidente Ejecutivo de INGEMMET, la Dirección de Concesiones Mineras, la Di- rección General de Minería o el Gobierno Regional, corresponde la interposición de recurso de revisión al Consejo de Minería, dentro de los quince (15) días hábiles de notifica- da la Resolución. Con la Resolución de última instancia se agota la vía administrativa.

117.2 Contra la Resolución del INGEMMET o Gobierno Regional que otorga el título de la concesión minera corresponde la interposición de recurso de revisión dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la relación de títulos otorgados, el cual es resuelto en última instancia administrativa por el Consejo de Minería.

117.3 Vencido el plazo sin que medie impugnación, el acto administrativo queda firme. El INGEMMET, el Ministerio de Energía y Minas y Gobierno Regional, según corresponda, deja constancia que el acto administrativo no ha sido impugnado. (Énfasis agregado)

Dentro de este contexto:

I. Expresión concreta de lo pedido

Como pretensión administrativa impugnatoria, interpongo re- curso de revisión para que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en [identificar la resolución que se impugna, por ejemplo, la Resolución de Presidencia 0903-2022-INGEM- MET/PE/PM] de fecha [...], la cual resuelve declarar el abandono del petitorio minero "TAMBILLO 03" para que el Consejo de Minería disponga la restitución y/o continuación del procedimiento minero conforme a ley.

II. Plazo de interposición del recurso

La resolución impugnada me fue notificada con fecha [...], por lo que interpongo el presente recurso de revisión dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación conforme al artículo 117 del Decreto Supremo 020-2020-EM.

III. Fundamentos del recurso de revisión

3.1. Antecedentes

1. Con fecha [...], se formula el petitorio minero "TAMBILLO 03", código [...], por una extensión de [...], ubicado en el distrito de [...], provincia de [...] y departamento de [...].

2. Con fecha [...] se emite la Resolución de Presidencia 0903-2019-INGEMMET/PE/PM que resuelve declarar el abandono del petitorio minero "TAMBILLO 03".

3.2. Fundamentos de hecho y de derecho

1. En el presente caso se pretende determinar si procede o no declarar el abandono del petitorio minero "TAMBILLO 03" por publicar el cartel de aviso en el Diario Oficial El Peruano que indica "PSAD56" cuando debió ser "WGS84".

2. El cómputo del plazo de 30 días hábiles para la publicación de los carteles de aviso de petitorio de concesión minero es a partir del día hábil siguiente de aquel cuando se efectuó la notificación.

3. En autos se tiene que la notificación de la Resolución de fecha [...] fue realizada el [...], por lo que se debe considerar al recurrente por bien notificado a partir del [...], ya que el plazo para efectuar las publicaciones venció el [...].

4. Asimismo, en autos se verifica que las publicaciones fueron efectuadas en el Diario Oficial El Peruano de fecha [...] y en el diario local [...] de fecha [...], por lo que dichas publicaciones fueron realizadas dentro del plazo de ley.

5. Es el caso que, en la publicación en el Diario Oficial El Pe- ruano, se cometió un error en el nombre del sistema de las coordenadas UTM al señalar "PSAD56" cuando lo correcto debió ser "WGS84". Al respecto se advierte que los carteles de petitorio de concesión minera fueron emitidos, notificados y recibidos por la recurrente con la información correcta lista para ser publicada, por lo que dicho error no puede ser imputado al recurrente, sino al Diario Oficial El Peruano.

6. Se declaró el abandono el petitorio minero "TAMBILLO 03" por considerar improcedente la publicación del Diario Oficial El Peruano donde se ha publicado en forma errónea el sistema de coordinadas UTM.

7. Al haberse declarado en abandono el petitorio minero, se privilegió el formalismo de las actuaciones procedimentales sobre la finalidad perseguida por estas y resulta desproporcionado para cautelar el interés público, el cual no se vio afectado con el error cometido.

En consecuencia, la resolución impugnada contraviene el principio de informalismo, eficacia, razonabilidad y buena fe dentro del procedimiento ordinario de titulación minera, por lo que la resolución es nula[1].

IV. Medios probatorios

[En caso de contar con documentación que acredite la causal de nulidad alegada, puede adjuntarla; en caso de no hacer uso de medios probatorios, puede retirar este apartado]

V. Anexos

1-A Copia de mi documento nacional de identidad

1-B Copia de la vigencia de poder del representante legal

1-C Copia de la Resolución de Presidencia 0903-2022-IN- GEMMET/PE/PM, acto administrativo que se impugna a través de la presente.

Por lo tanto:

A Ud. pido que se disponga la elevación del expediente administrativo al Consejo de Minería para que proceda conforme a su atribución contenida en el literal a del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, el cual indica:

El Consejo de Minería tiene las funciones y atribuciones siguientes:

Conocer y resolver, en última instancia administrativa, los recursos de revisión sobre los asuntos mineros y asuntos ambiéntales [sic] mineros, que sean competencia del MEM de acuerdo a la legislación vigente.

[...].

Lima, 29 de noviembre de 2022

[Colocar firma y sello del representante de la empresa o persona jurídica de derecho privado que impugna; no es necesaria la firma del abogado. Sin embargo, se aconseja la misma]

# data[].attributes.attachment_link.title
Modelos de escritos de recursos impugnatorios administrativos | LP

# data[].attributes.attachment_link.description
En un procedimiento administrativo, el administrado goza del derecho de contradicción para cuestionar actos administrativos que violen, desconozcan o lesionen un derecho o interés legítimo y, por lo tanto, haya generado efectos en la esfera jurídica del administrado, por lo que se constituyen como un medio de defensa de este.

# data[].attributes.attachment_link.title
Consulta cuántas papeletas tienes con la placa de tu vehículo, vía SAT y el MTC

# data[].attributes.attachment_link.description
Consulta si tienes papeletas por placas en la página web del SAT y el MTC 2024.

# data[].attributes.attachment_link.title
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC

# data[].attributes.attachment_link.description
Somos un organismo autónomo, encargado de la identificación de las y los peruanos. #gobpe

# data[].attributes.body
ABREVIADO LABORAL

10 DIAS

ORDINARIO LABORAL

ANTES DE LA AUDIENCIA

5 DIAS HABILES

--------------------------

PROCESO DE CONOCIMIENTO

PLAZO PARA APELAR AUTO 3 DIAS HABILES

NOTA: CAJA SOLO ANEXOS EN APERSONIMIENTO

Artículo 691 del Código Procesal Civil, el plazo para interponer apelación contra el auto, que resuelve la contradicción es de 3 días contados, desde el día siguiente a su notificación.

130 del Código Procesal Civil contenido de los escritos.

# data[].attributes.body
FECHA: 3.07.2024

Casilla 68471 Dra. Mori

EXPEDIENTE:

MATERIA:

RES.

--------------------------------------------

FECHA: 04.07.2024

Casilla 143536 Dr. Caro

EXPEDIENTE:

MATERIA:

RES.

*****************************************

FECHA: 04.07.2024

CASILLA 9758 Dra. Flores

EXPEDIENTE:

MATERIA:

RES.

# data[].attributes.attachment_link.description
Consulta Vehicular - Servicio Gratuito que permite al usuario tener acceso directo y confiable a ciertos datos relacionados a las características de los vehículos registrados a nivel nacional, así como el o los titulares del vehículo.

# data[].attributes.body
Dra. CAROL

943990216

Dr. CARO

944659111

VIVIANA VILLANUEVA-ASISTENTE Dr. ARNOLD

980589416

# data[].attributes.body
https://www.practicas.pe/resultados-busqueda.php?q=derecho&dep=15#google_vignette

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
la ley perú periodismo jurídico en línea. web de noticias

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
informes y entrevistas con un ángulo legal. peru publicacion digital

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
prácticas de periodismo noticias legales

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
© Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación -CBSSP-LIQ - 2024

Domicilio Legal: Jr. Camilo Carrillo Nº 479-481, Jesús María, Lima 11 - Perú

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

# data[].attributes.attachment_link.title
Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador - EN LIQUIDACION

# data[].attributes.attachment_link.description
© Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación -CBSSP-LIQ - 2024 Domicilio Legal: Jr. Camilo Carrillo Nº 479-481, Jesús María, Lima 11 - Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

# data[].attributes.attachment_link.description
Págalo.pe es una plataforma digital del Banco de la Nación, diseñadada para realizar y simplificar el pago de tasas de diferentes entidades públicas peruanas (INPE, Migraciones, Ministerio de Trabajo, MTC, Ministerio Público, OSCE, Poder Judicial, Policia Nacional del Perú, RENIEC, SUCAMEC), sin necesidad de ir a una agencia de forma presencial.

# data[].attributes.attachment_link.title
Exp 02391-2006-0-2501-JR-CI-02 -LECTURA DE ARCHIVO  CON MANDATO JUDICIAL

# data[].attributes.body
EXPEDIENTES DEL INFORME LEGAL SEDE LIMA-22 julio 2024.
PRESTAPERU
1.Exp. Nº:
19347-2018-0-1817-JR-CO-10
Cuaderno cautelar:
Exp. Nº 19347-2018-41-1817-JR-CO-10
2.EXP. N°:
12083-2019-0-1817-JR-CO-15
Cuaderno cautelar:
Exp. Nº 12083-2019-57-1817-JR-CO-15
3.Exp. N°:
00218-2021-0-1801-SP-CA-02
(antes Exp. N° 04522-2020-0-1801-JR-CA-05)
4.Exp. Nº:
3046-2019-0-1801-JR-DC-03
(Sede Alzamora Valdez)
5.Exp Nº:
20512-2017-0-1817-JR-CO-15
6.Exp. Nº:
20510-2017-0-1817-JR-CO-12
Tercería de propiedad:
19629-2022-0-1817-JR-CO-12
7.Exp.  Nº:
00654-2016-0-3001-JP-CI-01
Cuaderno cautelar: (cód. 715890)
Exp. Nº 00654-2016-96-3001-JP-CI-01
8.Exp. N°:
00656-2016-0-3001-JP-CI-01
9.Exp. N°:
300-2016-0-3207-JP-CO-05
10.Exp. N°:(Sede SJL)
301-2016-0-3207-JP-CO-02
11.Exp. N°:
462-2016-0-1833-JP-CI-03
Cuaderno cautelar:
Exp. Nº 462-2016-81-1833-JP-CI-03
12.Exp. N°:
476-2016-0-1833-JP-CI-01
13.Exp. N°:
477-2016-0-1833-JP-CI-03
Cuaderno cautelar: (cód. 184621)
Exp. Nº 477-2016-14-1833-JP-CI-03
14.Exp. N°:
486-2016-0-1833-JP-CI-01
15.Exp. N°:
488-2016-0-1833-JP-CI-03
Cuaderno cautelar:
Exp. Nº 488-2016-81-1833-JP-CI-03
16.Exp. N°:
489-2016-0-1833-JP-CI-01
17.Exp. N°:
491-2016-0-1833-JP-CI-03
18.Exp. N°:
652-2016-0-3001-JP-CI-01
19.Exp. N°:
708-2016-0-1833-JP-CI-03
20.Exp. N°:
709-2016-0-1833-JP-CI-01
21.Exp. N°:
710-2016-0-1833-JP-CI-02
22.Exp. N°:
741-2016-0-3002-JP-CI-02
Cuaderno cautelar: (cód. 286877)
Exp. Nº 741-2016-53-3002-JP-CI-02
23.Exp. N°:
742-2016-0-3002-JP-CI-02
Cuaderno cautelar: (cód. 712257)
Exp. Nº 742-2016-90-3002-JP-CI-02
24.Exp. N°:
992-2016-0-1833-JP-CI-03
Cuaderno cautelar: (Cód. 472520)
Exp. Nº 992-2016-34-1833-JP-CI-03
25.Exp. N°:
1083-2016-0-1833-JP-CI-03
26.Exp. N°: (Sede La Merced – ATE)
4298-2016-0-3202-JP-CI-01
27.Exp. N°:
4914-2016-0-1817-JR-CO-02
28.Exp. N°:
264-2016-0-3005-JP-CO-01
29.Exp. N°:
265-2016-0-3005-JP-CO-01
30.Exp. N°:
262-2016-0-3005-JP-CO-01
31.Exp. N°:
502-2016-0-1814-JP-CO-05
Cuaderno cautelar: (cód. 927398)
Exp. Nº 502-2016-3-1814-JP-CO-05
32.Exp. N°:
314-2011-0-1829-JP-CI-01
33.Exp. N°:
31-2013-0-1829-JP-CI-01
34.Exp. N°:
34.Exp. N°:
142-2013-0-1829-JP-CI-01
35.Exp. N°:
64-2013-0-1801-JR-CI-33
36.Exp. N°:
30563-2008-0-1801-JR-CI-07
37.Exp. N°:
3818-2015-0-1801-SP-CA-04
38.Exp. N°:
1952-2018-0-1801-SP-CA-02
39.Exp. N°:
3589-2018-0-1801-SP-CA-02
40.Exp. N°:
143-2013-0-1829-JP-CI-01
41.Exp. N°:
154-2013-0-1829-JP-CI-01
42.Exp. N°:
156-2013-0-1829-JP-CI-01
43.Exp. N°:
158-2013-0-1829-JP-CI-01
44.Exp. N°:
57-2013-0-1829-JP-CI-01
45.Exp. N°:
160-2013-0-1829-JP-CI-01
46.Exp. N°:
56-2013-0-1829-JP-CI-01
47.Exp. N°:
649-2011-0-3207-JP-CI-04
48.Exp. N°:
901-2011-0-3207-JP-CO-04
49.Exp. N°:
1162-2011-0-1815-JP-CO-01
50.Exp. N°:
01163-2011-0-1815-JP-CO-01
Cuaderno cautelar:
Exp. N° 01163-2011-84-1815-JP-CO-01
51.Exp. N°:
15886-2022-0-1817-JR-CO-05
52.Exp. Nº:
10569-2022-0-1801-JR-CA-04
Cuaderno Cautelar:
Exp. N° 10569-2022-24-1801-JR-CA-04
53.Exp. Nº:
1819-2023-0-3203-JR-CI-01
54.Exp. Nº:
695-2019-0-1833-JP-CI-01
55.Exp. Nº:
1155-2023-0-0905-JR-CI-02
56.Exp. Nº:
10798-2012-0-1801-JR-LA-14
57.Exp. Nº:
457-2006-0-1801-JR-LA-02
58.Exp. Nº:
484-2007-0-1801-JR-LA-12
59.Exp. Nº:
04294-2012-0-1801-JR-LA-21
60.Exp. Nº:
208-2007-0-1801-JR-LA-16
61.Exp. Nº:
8023-2011-0-1801-JR-LA-23
62.Exp. Nº:
07625- 2018-0-1801-JR-CA-23

# data[].attributes.attachment_link.title
Unir PDF online | Combina tus archivos PDF en uno

# data[].attributes.attachment_link.description
Selecciona varios archivos PDF y únelos al instante. Unir PDF fácilmente y gratis.

# data[].attributes.body
VERIFICAR OFICIO AL BANCO DE LA NACION SI HAY DUPLICADO CON OTRO NÚMERO