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La industria de servicios de telecomunicaciones (istc), en conjunto con la industria de equipo de telecomunicaciones, desempeña el papel crucial de constituir una parte de la infraestructura que posibilita la nueva articulación entre el SC-E y la producción social.

En el nivel macroeconómico, el despliegue de la revolución informática y de las comunicaciones trae consigo la integración de un nuevo complejo tecnológico-productivo, constituido por el conjunto de actividades industriales y de servicios articuladas por las tecnologías básicas del circuito integrado, el software y la digitalización, y del cual forma parte la istc, al cual se denominará sector electrónico-informático y de las telecomunicaciones

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La nueva revolución tecnológica posibilita el surgimiento de una nueva fuerza productiva, a partir del estrechamiento del vínculo entre ciencia y conocimiento con la producción social, mediante dos procesos básicamente: 1) el incremento en la capacidad de procesamiento de información y la producción de ciencia y conocimiento en forma directamente accesible y aplicable a la producción que resultan, respectivamente, del desarrollo del  microprocesador y del software, en tanto que conocimiento codificado, y 2) el incremento dramático en la velocidad y la escala de acceso y difusión del conocimiento y la información, resultado de la confluencia de la informática y las telecomunicaciones, y del desarrollo de éstas.

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La nueva fase de desarrollo surge de una nueva articulación entre el sector científico-educativo (SC-E) y el conjunto de la producción social

La revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones posibilita un salto de calidad de la tendencia secular del capitalismo a la aplicación de la ciencia y el conocimiento en la producción social, al hacer factible la articulación inmediata e interactiva del SC-E y la producción social.

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Es necesario trascender la trayectoria analítica y regulatoria abierta por la Reforma y ubicarse en la perspectiva de la vía de desarrollo del tránsito al capitalismo del conocimiento para estar en condiciones de promo ver un auténtico cambio en la modalidad de desarrollo de la industria, que la oriente hacia la innovación y la diferenciación productiva y espacial “de abajo arriba” de los servicios proporcionados.

En la nueva fase de desarrollo del capitalismo del conocimiento que emerge a partir de los años ochenta del siglo anterior, ante la crisis del fordismokeynesianismo, el conocimiento ha pasado a constituirse en la principal fuerza productiva del crecimiento económico.

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La existencia de una empresa dominante que inhibe la competencia y de un sistema jurídico ineficiente, con una institución oficial regulatoria débil, los cuales terminan siendo los mayores obstáculos para lograr una industria competitiva que genere mejores servicios para sus usuarios.

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La Reforma es pródiga en directrices para efectuar la cesión exigida. Varios de sus artículos transitorios establecieron incluso tiempos específicos para efectuar la transferencia de activos, como fue el caso de la licitación de frecuencias para el suministro del servicio de televisión abierta, que agregó ya un nuevo operador nacional en concurrencia con Televisa y TV Azteca 8.

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La influencia de las televisoras en la conformación del marco legal que las obliga es conocida y aceptada, y se ha encarnado en ordenanzas como el decreto fiscal de 2002 que les permitió incrementar en forma sustantiva el
tiempo publicitario a comercializar, y la denominada ley Televisa que favorecía su transición tersa y natural hacia las telecomunicaciones. Si bien la ley fue
abortada en sus artículos insignia en 2007, ilustra el poder televisivo con claridad.
En el caso de la telefónica, el proteccionismo fue explícito en su sostenida disputa judicial en temas como la definición de las tarifas de interjección, la de-limitación geográfica de las áreas de servicio telefónico local o la declaratoria
de predominancia en segmentos específicos del mercado.

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Para que la privatización de Telmex fuera atractiva para el capital privado, no solo se preservó el monopolio en toda la cadena de valor del servicio, sino igual se le adicionaron activos públicos como la red federal de microondas, única
que cruzaba el país de sur a norte. Asimismo, se aumentaron las tarifas al público para garantizar una mayor rentabilidad al comprador, y se inhibió la competencia real e incluso la posible, como era el caso de Telecomm, dotado de una red satelital de gran versatilidad para la conducción de señales.

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Las imperfecciones y deterioros de la praxis de la regulación

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Las imperfecciones y deterioros de la praxis de la regulación

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A la parcialidad regulatoria se adiciona que la re-estructuración se impuso en forma vertical y autoritaria a toda la sociedad desde la clase en el poder, y en consenso solo con los grandes capitales privados.

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Las limitantes sociales a las reformas emprendidas

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Las limitantes sociales a las reformas emprendidas

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la reforma neoliberal llevó a cabo una reestructuración integral del escenario productivo del país, al instalar el libre mercado y forzar con ello el retiro del Estado de la economía, la re-conversión de las estructuras socio-institucionales
que le acompañó fue un proceso sesgado, dirigido, porque se encaminó a favorecer a los actores privados que entraron al relevo del protagonismo estatal.

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El contexto de desarrollo de la reforma neoliberal de los ochenta

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El contexto de desarrollo de la reforma neoliberal de los ochenta

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La re conversión socio económica implementada a partir de 1982 no fue una actividad lineal que forzosamente ejecutó las acciones programadas y produjo los cambios diseñados.
Como toda política pública, estuvo condicionada por las
estructuras que la cobijaban, y por la dinámica social y el conflicto de clases que eran procesos altamente exacerbados e intensos a la época. En consecuencia, su desarrollo y resultados fueron producto de los vectores que se señalan a continuación.

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La implantación del proceso reformador tuvo que sortear intereses distintos, que todavía hoy se manifiestan, y amalgaman las reformas del presente.

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Se presenta desde 1982 como asunto estelar como consecuencia obligada del agotamiento en la sustitución de importaciones; crisis que obligó a cambiar la estrategia de desarrollo.

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Entre la secuencia y el rompimiento, la génesis de las reformas legislativas de 2013 tiene una larga raíz histórica.

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Para los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión de México, los sectores estelares de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, en diciembre de 2012, ha sido fuente de cambios y conversiones que según la retórica puesta a punto para operarlos no anuncian más que buenaventuras para la sociedad. Al hacerse público el llamado Pacto por México y conocerse sus acuerdos, fue evidente que el desarrollo de ambos sectores habría de modificarse. Y así, en efecto, para el 11 de junio de 2013 surge el cambio primero y −con bombos y no menos platillos− se promulga la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (Poder Ejecutivo Federal, 2013).

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Se trató de la expresión regional de un proceso más amplio de la expansión del capitalismo global que parecía terminar con la controversia “entre los partidarios de la ideología de la libertad total del mercado y los defensores de la participación activa del Estado en la gestión económica Eran las ideas del proyecto neoliberal.

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México tal proyecto pretendía ser una respuesta integral a la crisis que, en los años setenta, acabó con la polí- tica económica que había acompañado al auge capitalista de la posguerra. Esta crisis implicó pérdida del poder adquisitivo del salario, desempleo e inflación en muchos países.4 El neoliberalismo ofreció entonces como salida “una óptima asignación de los recursos productivos, lo cual aseguraría la mejor y más justa distribución del ingreso entre las diferentes clases que concurren a la producción de bienes y servicios”.5 Este ofrecimiento se fundamentaba teóricamente en la doctrina económica neoclásica

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como objetivos la elaboración de políticas de medios que orientaran la inversión en infraestructura, determinaran niveles tecnológicos óptimos, coordinaran los sistemas de comunicación con metas de desarrollo económico, social y cultural, y racionalizaran la capacitación y el uso de recursos humanos. El fin era asegurar la producción en cada país y fortalecer la soberanía nacional, especialmente en el aspecto cultural.2

Pero pocos años después, quienes aspiraban al rescate nacional de los medios masivos de comunicación en América Latina se enfrentaron al avance de las ideas de libre mercado, privatización y eliminación del Estado benefactor.

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Sociedad y Estado en el neo liberalismo

Hacia la mitad de la década de los setenta del siglo xx, en América Latina había interés por cambiar la situación de los medios masivos de comunicación pues casi todos estaban controlados por la iniciativa privada y eran operados de forma comercial.

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Participación de la sociedad civil en un diálogo con quienes toman las decisiones políticas para un mayor impulso democrático, se inscriben las propuestas y acciones de la Amedi en torno a las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y tele- comunicaciones

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El artículo describe la participación de uno de los grupos más conspicuos de la sociedad organizada en el país: la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi),

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Los dos principales grupos que controlan las industrias de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México son tan fuertes que constituyen en los hechos contrapoderes frente al Estado.

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Hacia la mitad de la década de los setenta del siglo xx, en América Latina había interés por cambiar la situación de los medios masivos

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Con la penetración al mercado de datos móviles e internet de Grupo Televisa, el número de usuarios de América Móvil se ha reducido en favor de la televisora (creció su participación como operador de internet de 12 % en 2013 a 25 % en 2018), lo que ha recrudecido una competencia que se limita a los mismos actores preponderantes de décadas.

El sistema de medios mexicano se ha caracterizado por la poca eficiencia y la baja competitividad de la industria independientemente de su régimen de propiedad.
Actualmente, la industria mexicana de radiodifusión y telecomunicaciones se encuentra en proceso de apertura hacia el mercado mundial sin asegurar un contrapeso que proteja el interés público de los objetivos comerciales, a diferencia de los sistemas europeos, en donde la apertura de la industria de medios y telecomunicaciones ocurrió sin perjuicio a los sistemas estatales de televisión, radio, prensa la mayoría de estos (96.9 %, según INEGI, 2017) ocupa el tiempo en línea para informarse, lo que le impone un papel relevante en la conformación de la esfera pública.

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Los medios pequeños sobreviven o mueren por falta de recursos, generando, con el desencanto, una apatía hacia la información y un alejamiento de las cuestiones más inmediatas en el ciudadano rural, provincial o citadino local. Alentarlos es fundamental para los fines de democratización y pluralismo informativo, cívico y social.

La apertura a la competencia de la industria de radiodifusión y telecomunicaciones ha sido un proceso de distribución de mercado, no de cambios en la estructura del espacio público. En el sexenio que concluyó las opciones de telecomunicaciones para los mexicanos efectivamente se incrementaron, junto con la penetración de las tecnologías de información y comunicación.

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El modelo de la comunicación política planteado por Wolton (1989) identifica a los medios de comunicación más importantes, como la televisión, la radio, la prensa y la industria editorial.

Telmex logró expandir su red durante los últimos 14 años de forma importante, pero aún insuficiente frente a las necesidades de la sociedad y los propósitos de crecimiento y modernización del país. La red pública de telefonía requiere de una expansión y modernización acelerada, además de mejorar sustancialmente la calidad y diversidad de sus servicios, lo cual implica realizar grandes inversiones.

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La renovación de Grupo Televisa permitió que el consorcio se expandiera hasta convertirse en “la empresa de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana, con base en su capitalización de mercado, y es uno de los principales participantes en la industria del entretenimiento a nivel mundial”. Además, estableció alianzas con multinacionales como News Corp., Time Warner y prisa.

Los concesionarios de telecomunicaciones han utilizado los medios de impugnación como una manera de retrasar el cumplimiento de las resoluciones de autoridad, para evitar la entrada de nuevos competidores, realizar prácticas anticompetitivas, dilatar la interconexión y acceso de competidores a recursos esenciales.

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El impulso nacionalista en los sexenios de Echeverría y López Portillo fue muestra de ello, pues los intentos de participación del Estado en la radiodifusión buscaron integrar un nuevo elemento de legitimación gubernamental y no consolidar realmente una industria con vocación social y cívica.

Los medios de comunicación masiva muestran de manera más explícita la relación entre sus cambios estructurales y los efectos que tienen en la composición del espacio público democrático.

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La legislación de radio y televisión era una manifestación del poder formal del Estado sobre los concesionarios, que despertó inconformidades en el sector, que no obstante permaneció como un grupo económicamente fuerte.

La industria de la radio y la televisión surgió imperturbable desde la institucionalización del Estado revolucionario a partir de un modelo eminentemente comercial.

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La comunicación política y el neoliberalismo en México

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La comunicación política y el neoliberalismo en México

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El modelo económico neoliberal impuso un orden de producción, consumo y comercio que tuvo consecuencias sociales, políticas y económicas en el país desde su implantación en la década de los ochenta, producto de una crisis en el cumplimiento de la deuda externa, especulación monetaria, hiperinflación y decrecimiento.
El modelo proteccionista se limitó por el endeudamiento (50 mil 874 millones de dólares hacia 1982), producto del gasto público elevado que los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo contrajeron para sostener el crecimiento económico del país (mientras la deuda creció a un ritmo de 20 % anual, el PIB creció 6% por sexenio).