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El pluralismo económico acepta, reconoce y permite la posibilidad de diversas formas de propiedad y de empresa. Implica que pueden coexistir varios tipos de empresa simultáneamente: privadas, públicas, nacionales, extranjeras, mixtas, autogestionarias, cooperativas, etc. Cada una de ellas puede adoptar formas particulares de organizarse. Esto significa que nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad entre las formas diversas de propiedad y empresa.

Complementa a la economía de libre mercado en la medida que determina la posibilidad de existencia simultánea de diversas formas de propiedad y de empresa que dan lugar a las formas de explotación económica. Por ello, el pluralismo económico es la base para las formas de organización económica del Estado, entre las cuales destacan la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa.

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¿En que consiste la economía social de mercado?

Según Felice (2017), la economía social de mercado es entendida como aquel orden social, económico y político que se caracteriza por tener una política económica de mercado pero, al mismo tiempo, una política social. Esta política social trata de garantizar a los ciudadanos un mínimo de bienestar bastante superior, generalmente, al que resultaría si estuviésemos sujetos al libre juego de las fuerzas de mercado.

¿En qué países existe este tipo de economía?

Existe en países como Alemania, porque es el país donde surgió este modelo económico, Austria, Suiza, aunque no está completamente basada en este modelo ha incorporado muchos de sus principios a su sistema económico y Dinamarca, Países Bajos y Suecia también han adoptado algunas de sus características.

¿Cuáles son las diferencias entre este tipo de economía y una economía libre de mercado?

Estos modelos económicos comparten algunas similitudes, pero también tienen diferencias en términos de la intervención del Estado, la regulación del mercado y bienestar social.

1. Intervención del Estado:

Economía Social de Mercado: En este modelo, el Estado interviene para corregir las deficiencias del mercado y garantizar la justicia social. Esto puede incluir regulaciones para proteger a los consumidores, evitar la formación de monopolios, y proporcionar servicios sociales básicos como educación, salud y seguridad social.

Economía Libre de Mercado: En una economía libre de mercado, el Estado tiende a intervenir mínimamente en la economía. Se espera que el mercado se autorregule y que la competencia y la oferta y demanda determinen los precios y la asignación de recursos.

2. Regulación del mercado:

Economía Social de Mercado: El Estado interviene para regular el mercado, evitando prácticas monopolísticas, protegiendo los derechos de los consumidores y promoviendo la competencia justa.

Economía Libre de Mercado: La regulación del mercado tiende a ser mínima, dejando que la competencia y la oferta y demanda determinen el funcionamiento del mercado.

3. Bienestar social:

Economía Social de Mercado: Se prioriza el bienestar social, y el Estado desempeña un papel activo en la provisión de servicios básicos como salud, educación y seguridad social.

Economía Libre de Mercado: Si bien puede haber ciertos programas de bienestar social, estos tienden a ser menos robustos que en una economía social de mercado, y se espera que la mayor parte de los servicios sean proporcionados por el sector privado.

Artículos:

Artículo 58: Establece que el Estado promueve el desarrollo económico y social sostenible, y que garantiza el derecho a la libre competencia. También señala que combate toda forma de monopolio y prácticas que limiten la libre competencia, así como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.

Artículo 59: Establece que el Estado promueve el desarrollo económico del país, con participación de los sectores público y privado. Además, indica que el Estado garantiza la libertad de empresa y la libre competencia.

Artículo 60: Establece que el Estado promueve la inversión nacional y extranjera, y garantiza la libertad de trabajo, comercio e industria.

Artículo 61: Establece que el Estado promueve y regula la pequeña empresa y la microempresa, y fomenta su desarrollo.

Artículo 62: Establece que el Estado regula la economía y los servicios públicos para garantizar una adecuada distribución del ingreso y el acceso universal a los bienes y servicios esenciales.

Artículo 65: Establece que el Estado promueve la iniciativa privada para crear riqueza y garantizar la libertad económica, así como el acceso al trabajo, a la propiedad, y la libre competencia.

Referencias:

Felice, F. (2017). Economía social de mercado. Revista STUDIUM VERITATIS.

https://studium.ucss.edu.pe/index.php/SV/article/download/15/14/58

Constitución política del Perú (1993)

https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/constitucion/constitucion-noviembre2022.pdf

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La Constitución en su artículo 60, reconoce expresamente el pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora del desarrollo y de sustento de la economía nacional. En este contexto, la libertad de empresa se erige como un derecho fundamental que garantiza a todas las personas a participar en la vida económica de la Nación, y que el poder público no sólo debe respetar, sino que, además, debe orientar, estimular y promover, conforme lo señalan los artículos 58 y 59 de la Constitución.

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Algunas de las ventajas que esto proporciona pueden ser:

Impulsa el crecimiento por el impacto macroeconómico directo: Mejora de infraestructuras en el país de acogida y genera oportunidades de empleo para los ciudadanos del mismo.

Incrementa la productividad y la eficiencia de la economía: Transferencia de tecnología; induce al desarrollo de capital humano y a un ambiente mayor de competencia y desarrollo empresarial.

La liberalización comercial puede llevar a una asignación más eficiente de los recursos mundiales.

Proporciona más opciones para los consumidores y precios más bajos.

Ingresos fiscales: El gobierno de acogida podrá obtener ingresos fiscales a partir de las multinacionales, que se puede utilizar para obtener un mayor crecimiento mediante la inversión en infraestructura, o para mejorar los servicios públicos como la sanidad y la educación para promover el desarrollo económico.

Desarrollo tecnológico: Los inversores extranjeros directos aportan nuevos conocimientos tecnológicos de sus países. Al mismo tiempo, externalizan la tecnología y el conocimiento tecnológico de la población de los países en desarrollo. Esto ayuda a desarrollar conocimiento en el país ya que su población adquiere nuevas habilidades tecnológicas mientras que mejora las que ya tienen.

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El estado promueve la inversión porque permite aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones

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Todo el marco legal vigente, empezando por la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por el Perú, está diseñado para proteger la propiedad privada en general y para promover la inversión privada sin discriminación. El artículo 58 de la Constitución Política del Perú reconoce que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado; el artículo 59 señala que el Estado garantiza la libertad de empresa; y el artículo 62 garantiza la libertad de contratar, precisando éste último que los términos contractuales no pueden ser modificados por ley. Por su parte, el artículo 63 de la Constitución señala expresamente que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones.

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Artículo 62°:

"La libertad de contratar no puede ser restringida sino por leyes precisas y por razones de interés social."

Artículo 63°:

"Los contratos que celebren el Estado y sus entidades con personas jurídicas de derecho privado se rigen por el derecho privado, salvo las disposiciones especiales establecidas en la ley."

Artículo 64°:

"Los contratos que celebren entre sí las entidades del Estado se rigen por el derecho público."

La libertad de contratar es un derecho fundamental en el que juega un papel muy importante en el desarrollo económico y social del Perú. El estado tiene como obligación proteger este derecho para garantizar la autonomía individual, promover la competencia y asegurar la seguridad jurídica. En el caso de la constitución política del Perú en el título lll, que trata sobre los derechos fundamentales de las personas, contiene disposiciones que respaldan la libertad de contratar, asimismo se pueden encontrar principios y derechos que resaltan a la libertad de contratar como los artículos mencionados anteriormente. Ya que estos derechos establecen el marco legal que protege la libertad de contratar en el contexto peruano.

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La protección al consumidor se refiere al conjunto de leyes y regulaciones diseñadas para garantizar los derechos de los consumidores y asegurar que haya equidad en la relación entre consumidores y empresas. Estas leyes protegen a los compradores de productos y servicios contra prácticas comerciales injustas, engañosas o fraudulentas. Aquí te dejo algunas áreas clave y principios que generalmente cubre la protección al consumidor:

1. Derechos de los consumidores: Esto incluye el derecho a la seguridad, a ser informado, a elegir libremente y a ser escuchado. Los consumidores deben poder esperar que los productos y servicios que compran sean seguros y funcionen como se anuncia.

2. Información clara y precisa: Las leyes de protección al consumidor exigen que los productos tengan información clara y precisa sobre su uso, riesgos potenciales y precio. Esto ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas antes de comprar un producto o servicio.

3. Competencia justa: La protección al consumidor también implica asegurar que las prácticas de mercado sean justas, evitando monopolios y competencia desleal que puedan perjudicar tanto a consumidores como a otros negocios.

4. Prevención del fraude y publicidad engañosa: Las regulaciones protegen contra la publicidad engañosa y el fraude, asegurando que los anuncios y las promociones sean honestos y que los productos ofrezcan realmente lo que prometen.

5. Garantías y servicio postventa: Estas leyes garantizan que los consumidores reciban soporte adecuado después de la compra, incluidas garantías razonables y acceso a reparaciones o reemplazos si un producto es defectuoso.

6. Derecho a la privacidad: Protegen la información personal de los consumidores contra su uso indebido por parte de las empresas.

7. Resolución de conflictos y acceso a la justicia: Los consumidores tienen derecho a acceder a procedimientos justos y accesibles para la resolución de disputas con empresas. Esto puede incluir arbitraje, mediación o incluso litigios.

8. Protección en contratos y términos de servicio: Las leyes aseguran que los contratos sean justos, y no impongan términos abusivos o desequilibrados a los consumidores.

En muchos países, existen organismos específicos de protección al consumidor encargados de hacer cumplir estas leyes, como la Federal Trade Commission (FTC) en los Estados Unidos o la Dirección General de Protección al Consumidor en muchos países latinoamericanos. Estas entidades ayudan a educar a los consumidores sobre sus derechos, además de ofrecer mecanismos para presentar quejas y buscar remedios cuando se violan sus derechos.

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En la Constitución Política del Perú, la protección al consumidor se menciona específicamente en el Artículo 65. Este artículo se encuentra dentro del Título III, que trata sobre los derechos económicos. El artículo en sí establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, y asegura el derecho a la información sobre los bienes y servicios que están en el mercado. Además, el artículo también exige que se fomente las asociaciones de consumidores y que se proteja la salud y la seguridad de la población.

Aquí te dejo el texto del Artículo 65 de la Constitución del Perú:

"El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población."

Instituciones que intervienen en la protección del consumidor en Perú:

1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): Es el organismo principal encargado de la defensa de los derechos del consumidor en Perú. INDECOPI supervisa el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor, gestiona reclamaciones y disputas, y promueve la competencia justa en el mercado.

2. Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA): Dependiente del Ministerio de Salud, esta dirección también juega un rol importante en la protección al consumidor, específicamente en lo que respecta a la seguridad alimentaria y los estándares sanitarios.

3. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): Regula y supervisa la prestación de los servicios de saneamiento, asegurando la calidad y protección al consumidor en este sector.

4. Otras superintendencias sectoriales: Como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que protege a los consumidores en el ámbito financiero y de seguros.

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Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

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1. ¿En qué consiste la posición de dominio en la economía?

La posición de dominio en la economía se refiere a cuando una empresa o grupo de empresas tiene un poder significativo en un mercado, lo que le permite influir en los precios o condiciones de mercado de forma unilateral (Roldán, 2020).

2. ¿Por qué el Estado combate el abuso de la posición de dominio en nuestra economía? Busque y presente al menos un ejemplo.

El Estado combate el abuso de posición dominante para proteger la competencia y evitar prácticas anticompetitivas que perjudiquen a los consumidores y a otras empresas.

Un ejemplo de combate al abuso de posición dominante en Perú fue la multa impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a la empresa de telecomunicaciones Telefónica del Perú por abusar de su posición dominante en el mercado de internet, al imponer condiciones desventajosas a sus competidores y limitar la libre competencia.

3. Busque y cite los artículos pertinentes en el Título III de la Constitución Peruana.

En la Constitución Política del Perú, en el Título III, Capítulo I, se establecen los principios de la economía. El artículo 61 señala que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El artículo 62 establece que el Estado combate toda forma de monopolio y evita el abuso de posición dominante.

Referencias:

Roldán, P. (2020). Posición de dominio. economipedia. https://economipedia.com/definiciones/posicion-de-dominio.html