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Durante los últimos años han florecido en distintos países de América Latina procesos de transformación que, desde las instituciones, vienen a romper con décadas de políticas neoliberales y parecen abrir la puerta a modelos más justos en lo económico y más respetuosos con la diversidad cultural y el medio ambiente. En este camino, los Gobiernos se encuentran con la tarea de afrontar el extraordinario peso que sigue teniendo el extractivismo en la economía, como principal fuente de ingresos, pero también como causante de conflictos sociales crecientes.

Al acercarse a la realidad latinoamericana actual, resulta complicado abstraerse de dos dinámicas contradictorias, que colisionan en este espacio-tiempo y que nos obligan a posicionarnos. Por un lado persiste -con mayor o menor fuerza, dependiendo del país del que hablemos- una férrea oposición desde las oligarquías tradicionales y los poderes fácticos neoliberales a los procesos de transformación abiertos en diferentes Estados. Y por otro, se van dibujando, cada vez con mayor nitidez, posturas críticas hacia dichos procesos nacidas en el seno de los mismos movimientos sociales que fueron la base popular y el nutriente teórico y práctico fundamental para que este ciclo de cambios fuese posible.

Si bien la primera dinámica exige de nuestra atención urgente -merece la pena recordar los recientes golpes de Estado en Honduras y Paraguay, así como los recientes y persistentes intentos de desestabilización en Venezuela-, resulta de especial interés abordar, de una manera razonada y huyendo de dogmatismos estériles, las críticas lanzadas desde los sectores populares. Y entre ellas, por lo que representan en cuanto a la construcción de propuestas realmente subversivas y trascendentes al capitalismo, cabe detenerse en las demandas que nacen desde los pueblos indígenas.

Nuevos paradigmas, más allá del discurso

Los actuales textos constitucionales de países como Ecuador y Bolivia -por poner los dos ejemplos que más han avanzado en el reconocimiento legal de los nuevos paradigmas políticos, económicos y sociales- incluyen entre sus preceptos el Buen Vivir como modelo al que se aspira en el marco de unas realidades estatales plurinacionales en construcción. Ambos textos fueron elaborados gracias al aporte decidido y determinante de los movimientos indígenas, que no sólo mostraron su apoyo político e hicieron contribuciones teóricas fundamentales, sino que defendieron el proceso constituyente en las calles, poniendo en juego y dejándose por el camino las vidas de decenas de militantes.

Es cierto que la normativa no termina por cubrir todas las expectativas planteadas desde los pueblos y que, mucho menos, supone un armazón terminado de ese Estado que tendría que venir a superar al modelo colonial, capitalista y patriarcal. Pero también es verdad que establecen algunas líneas maestras que, de ser profundizadas, podrían llegar a transformar de manera radical la realidad excluyente que persiste en América Latina.

Es más, en todos y cada uno de estos Estados en proceso de transformación -desde Argentina hasta Nicaragua- podemos encontrar intentos más o menos sinceros por llevar hasta las últimas consecuencias este camino de cambio y por lograr efectivamente una transformación profunda de las estructuras de explotación. Todos estos pasos se dieron siempre como consecuencia de la presión o del acompañamiento de los movimientos populares. Es más, podemos asegurar que es la movilización de los pueblos, y no los acuerdos tomados por las élites, la causa primera de los innegables y remarcables avances que se han dado en los últimos años en la lucha contra la pobreza en todo el subcontinente.

Sin embargo, es precisamente en este punto -la mejora de las condiciones sociales de la población-, que bien podría ser un espacio de encuentro entre las diferentes corrientes que participan en los procesos de cambio, donde encontramos las principales controversias. Exagerando las posturas, por un lado encontramos la posición institucional de gobiernos y administraciones públicas, que sitúan en las rentas petroleras y mineras el motor económico que posibilita las mejoras en los niveles de vida de las mayorías. Y por otro, a los pueblos indígenas y a una parte importante de los movimientos ambientalistas y campesinos, que señalan la incongruencia existente entre el discurso del Buen Vivir y de los derechos de la Madre Tierra, frente a una práctica política que da continuidad al modelo extractivista.

La pregunta es ¿el modelo propuesto por estos Gobiernos es una mera extensión del abanderado por los denostados Estados neoliberales del pasado, o estamos ante una nueva propuesta que pone los beneficios de la actividad extractiva al servicio del proceso de transformación?

Los límites del neo-extractivismo

Analizar el extractivismo desde un prisma exclusivamente económico nos daría una visión incompleta y sesgada del fenómeno. Los grandes proyectos mineros han sido y continúan siendo la piedra angular del sistema de exclusión y despojo territorial en el que asentó primero la Colonia y después los estados racistas surgidos de la independencia. En su nombre se cometieron las mayores atrocidades que ha vivido el continente, desde el exterminio de las sociedades originarias en el siglo XVI hasta el intento de genocidio que sufrieron los pueblos supervivientes, como el mapuche en el siglo XIX o los mayas a finales del siglo XX. Con la excusa del progreso se selló la dependencia económica latinoamericana, asentada en la posición de la región como productora de materias primas a escala global, y se levantó el sistema colonial, capitalista y patriarcal que aún persiste. Extractivismo no es, pues, un término neutro, sino una construcción que guarda un profundo significado simbólico e histórico.

Siendo conocedores de este punto de partida, los actuales Gobiernos progresistas se han esforzado por construir -con éxito dispar- un discurso alternativo al tradicional. Surge así el imaginario de lo que se conoce como neo-extractivismo propuesta que abogaría por seguir aprovechando los recursos naturales para financiar las necesidades sociales de las poblaciones, remarcando el carácter transicional del modelo, garantizando un mayor respeto por los valores ambientales y asegurando el reparto de las rentas obtenidas en base a una mayor presencia del Estado, como una poderosa herramienta de redistribución de la riqueza.

Dos fracasos recientes se encargan de mostrar las debilidades del discurso. Por un lado, el caso de la explotación petrolera en el territorio mapuche de Neuquén (Estado argentino): el Gobierno optó por expropiar la empresa YPF a la transnacional de origen español Repsol, retomándose el control público de la misma y por tanto, de sus operaciones. Entre ellas, las que se llevan a cabo sin consentimiento en diferentes comunidades mapuche. Tras un periodo de carencia que parecía abrir un nuevo escenario, YPF alcanzó un pacto con Chevron para reabrir explotación de los yacimientos expropiados. De esta manera se ha permitido la entrada de una de las compañías petroleras más dañinas del mundo, prófuga de la justicia ecuatoriana por los destrozos causados en la Amazonía, la cual empleará además el fracking para extraer el petróleo neuquino.

Por otro lado, lo sucedido con la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador Esta iniciativa pretendía que se constituyese un fondo internacional que gestionaría el Estado ecuatoriano, a cambio de dejar intacto el Parque Nacional del Yasuní, donde habitan numerosos pueblos indígenas, entre ellos, algunos en aislamiento voluntario. Tras meses de tímidas gestiones y llamados gubernamentales, se terminó por abandonar la propuesta por parte del Gobierno, tras constatar los insuficientes apoyos recabados.

Se evidencia así la persistencia de algunas de las debilidades que el neo-extractivismo pretendía resolver: ni se garantiza un menor impacto ambiental, ni se limita el poder de los sujetos privados transnacionales, ni se toman en cuenta las decisiones tomadas por los pueblos que habitan en los territorios afectados.

El recurso de la represión

Pero aún más grave es la constatación de que los tics represivos que caracterizaban al extractivismo tradicional permanecen, y lo hacen en forma de criminalización y ataques contra los colectivos que se oponen a los grandes proyectos de infraestructuras, mineros o de producción energética. Entre ellos, muy especialmente, las expresiones de resistencia indígena que nacen -como siempre lo hicieron- en las comunidades que sufren el despojo territorial causado por estas formas de progreso.

En Ecuador siguen su curso al menos 40 procesos judiciales en contra de dirigentes de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (CONAIE), por delitos de terrorismo, sabotaje y obstrucción de vías, entre otros. Y en Bolivia continúa abierta la dolorosa herida de la represión policial en Chaparina, desatada contra las personas participantes en la VII Marcha Indígena de los Pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana, en 2011, como expresión de la oposición de diferentes colectivos a la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Es justo señalar que el nivel de violencia institucional es incomparablemente menor que el practicado por los anteriores gobiernos neoliberales -basta recordar la cruenta represión desatada en Bolivia durante las guerras del gas y del agua de principios de la década pasada- y también que está a años luz del terror que padecen decenas de comunidades indígenas de Guatemala o de Colombia, cuyos principales dirigentes son amenazados, detenidos o asesinados de una forma tristemente cotidiana. No obstante, parece clara la incongruencia de estas respuestas en el marco de un modelo que debería tender hacia el Buen Vivir, es decir, hacia la armonía y el equilibrio entre las diferentes comunidades humanas, y entre éstas y la Naturaleza.

En la encrucijada

En este escenario, las posibilidades de encontrar puntos de encuentro entre los sectores enfrentados, que propicien espacios de acuerdo y diálogo, parecen remotas. La brecha abierta entre gobiernos -arropados, no se olvide, por un notorio apoyo electoral y por diversas expresiones sociales organizadas, incluyendo parte del movimiento indígena- y colectivos opositores, parece crecer a diario, como consecuencia de posturas cada vez más cerradas de una y otra parte. Situación que es bien vista, e incluso alentada, por sectores ajenos al proceso, los cuales no dudan en aprovechar cada pasó en falso para tratar de truncar unas posibilidades de transformación que siguen abiertas.

Los pueblos indígenas se sitúan así en una disyuntiva que se está resolviendo de manera diferente en cada caso. O bien optan por participar en el proceso, tratando de reducir sus contradicciones, de vencer las reminiscencias coloniales, capitalistas y patriarcales que siguen arrastrando las instituciones y de conducirlo hacia un horizonte de radicalidad democrática, pero aceptando también el riesgo de ser cooptados y asumiendo el compromiso de reducir el nivel de la crítica. O bien eligen situarse al margen del proceso, ora confrontando sus expresiones más nocivas, ora construyendo otros escenarios en base a la autonomía indígena, siendo conscientes de que este posicionamiento puede debilitar los esfuerzos institucionales de cambio e incluso, en ocasiones, facilitar el camino a los intereses espurios de la oligarquía y del capital transnacional.

Una encrucijada extremadamente compleja, de cuya resolución puede depender nada menos que las posibilidades de hallar un modelo verdaderamente trascendente al sistema impuesto por la globalización.

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) www.codpi.org

Ecoportal.net

ALAI

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