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¿Qué es el DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN?

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Historia

Escocia ha sido durante siglos un reino independiente y se unió a Inglaterra y a Gales formando el Reino Unido en 1707. Así lo acordó el Parlamento de Escocia en un acuerdo que tiene una naturaleza semejante a un tratado internacional.

No existen pruebas documentales de que Cataluña haya sido nunca un país independiente. Según muchos historiadores ni siquiera lo era en el siglo XI, cuando los territorios pirenaicos de los que formaba parte Cataluña pasaron del Imperio Carolingio a Aragón. En 1137 Cataluña se unió definitivamente a Aragón por matrimonio. Lo mismo ocurrió tres siglos después en 1479 cuando, la boda de los Reyes Católicos supuso la unión de las coronas de Aragón y Castilla.

Las diferencias entre Escocia y Cataluña: historia | Antena 3 Noticias

Legalidad

El referéndum escocés de 2014 fue legal y consensuado, incluida la pregunta que los ciudadanos debían contestar. El Reino Unido no tiene una Constitución como tal que se oponga a la celebración de un referéndum de independencia. Depende de lo que decida el Parlamento británico, que no está sometido a ninguna norma superior.

En España, la Constitución proclama la indivisibilidad de la nación y atribuye al Estado (Corona, Gobierno y Cortes) la competencia exclusiva en materia de referendos. La Constitución no contempla la destrucción del Estado como ninguna otra Carta Magna del mundo.

Las diferencias entre Escocia y Cataluña: legalidad | Antena 3 Noticias

Lealtad institucional

En Escocia ningún político independentista se ha saltado la Ley para acelerar o provocar la separación del Reino Unido.

En Cataluña, 12 políticos han sido condenados. Nueve de ellos por sedición previsto en el art. 544 del Código Penal, Capítulo I del Título XXII relativo a los Delitos contra el Orden Público:

"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las diferencias entre Escocia y Cataluña: lealtad institucional | Antena 3 Noticias

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¿Por qué no es comparable Escocia con Cataluña?

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La victoria abrumadora de Boris Johnson en las elecciones británicas abre definitivamente la puerta al 'brexit' pero también a un nuevo referéndum de independencia en Escocia que no quiere salir de la UE. El independentismo catalán pone como ejemplo el caso escocés para reclamar su derecho a la autodeterminación sin tener en cuenta que se trata de dos casos diferentes histórica y legalmente.

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Rajoy: "No habrá referéndum de autodeterminación" en Cataluña

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"Si en la Constitución no cabe el derecho de autodeterminación, quizá el problema es suyo"

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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido este jueves en el juicio del "procés" que "seguirá intentando" el derecho a la autodeterminación de Cataluña "sea cual sea el resultado" en este procedimiento. Junqueras se ha referido así en respuesta a su abogado Andreu Van Den Eynde, tras negarse a contestar a las acusaciones por considerar que le persiguen por sus ideas y que se trata de "un juicio político".

En su opinión, el derecho de autodeterminación es la aplicación de un principio democrático y, por tanto, "se le debe de dar un salida política". "Lo hemos intentado y lo intentaremos, incluso aquí sentados ante este tribunal, y lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso", ha destacado.

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Junqueras defiende el derecho a la autodeterminación

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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido este jueves en el juicio del "procés" que "seguirá intentando" el derecho a la autodeterminación de Cataluña "sea cual sea el resultado" en este procedimiento.

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Redacción Internacional, 30 sep (EFE).- Las constituciones de los países europeos no amparan la separación de una parte de su territorio, según se desprende del estudio de la mayoría de las cartas magnas de estos países.

El Reino Unido no posee constitución escrita y se rige por el derecho consuetudinario, esto es, por normas jurídicas que no están escritas pero que se cumplen por costumbre.

El parlamento de Westminster, en Londres, es la máxima autoridad constitucional y el que tiene la última palabra a la hora de aprobar un referéndum legal.

En caso de disputa con alguno de los cuatro "países" que componen el reino (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), son los tribunales los que deciden quién tiene la razón.

Al no haber constitución, cualquier referéndum que estas entidades autónomas quieran convocar debe contar primero con el acuerdo del gobierno central, tras lo cual debe ser autorizado por el parlamento del Reino Unido, como sucedió con el plebiscito sobre la independencia celebrado en Escocia en 2014.

En Francia, la constitución establece que el país es "una república indivisible" y que "la soberanía nacional corresponde al pueblo, que la ejerce por sus representantes y por la vía del referéndum". También estipula que "ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio".

El artículo 89 establece que no se puede emprender o proseguir ningún procedimiento de reforma constitucional si se ha atentado contra la integridad territorial.

La correcta interpretación de este artículo es que la constitución no puede cambiarse si el país ha sido invadido, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, según explican fuentes diplomáticas francesas.

El mismo artículo sí que prohíbe explícitamente cualquier revisión encaminada a cambiar la forma republicana del Estado.

Las colectividades de ultramar tienen regímenes particulares, en especial Nueva Caledonia, para la cual una ley orgánica establece los plazos y las condiciones con el fin de que su población pueda pronunciarse sobre "el acceso a la plena soberanía".

En Alemania, el tribunal constitucional rechazó en 2016 la posibilidad de que un estado federado convoque un referéndum independentista, al recordar que el poder constituyente reside en el pueblo alemán, por lo que no hay espacio en la constitución para las "aspiraciones secesionistas" de uno de los estados federados.

Con ese razonamiento no admitió la demanda de un particular que pretendía una consulta de independencia en el rico "land" de Baviera porque, en todo caso, el referéndum debía celebrarse en toda Alemania.

La constitución alemana recoge las condiciones para un cambio de fronteras entre los 16 estados federados y precisa que "las medidas de reorganización del territorio federal se adoptarán mediante ley federal que requiere la ratificación por referéndum" y en la que debe darse audiencia a los diversos estados que componen la federación.

En el caso de Italia, el artículo V de la constitución prohíbe cualquier tipo de secesionismo o cesión territorial. Esto haría imposible cualquier declaración de independencia.

Durante años el partido separatista Liga Norte se hizo portavoz del deseo de independencia de la Padania, un supuesto territorio que comprendería las provincias al norte del río Po, pero nunca oficializó sus demandas.

La constitución contempla la disolución de los consejos regionales y la remoción de los presidentes territoriales por "actos contrarios a la constitución o graves violaciones de la ley".

En Austria, un país federal y descentralizado, la constitución y las leyes nacionales no recogen explícitamente el derecho de autodeterminación pero, si hubiera un acuerdo entre el gobierno federal y un ejecutivo regional, se podría celebrar un referendo, según expertos constitucionalistas.

Los cambios constitucionales de calado, como una modificación de las fronteras nacionales, deberían ser ratificados en un referendo en todo el país convocado por una mayoría parlamentaria de tres quintos.

En Rusia la constitución establece la "autodeterminación de sus pueblos" en uno de sus artículos, pero la integridad territorial y la supremacía de los órganos de poder federal sobre las regiones atraviesan todo su texto.

La ley fundamental prohíbe expresamente "la creación y actividad de organizaciones civiles cuyos objetivos o acciones se dirijan a la violación de la integridad territorial" de la federación.

La constitución checa establece que el país "es un estado de derecho soberano y unitario" y, a diferencia de la ley básica de la antigua Federación Checoslovaca de 1968, no reconoce el derecho de autodeterminación.

Sobre la integridad territorial, la carta magna señala que el territorio checo es un "todo indivisible" y que las fronteras "sólo" se pueden modificar con una ley de rango constitucional y con el apoyo de tres quintos de ambas cámaras.

Hungría es un Estado centralista dividido en 19 provincias más la capital, Budapest, que cuentan con competencias limitadas. La constitución no recoge el derecho de autodeterminación y atribuye a las Fuerzas Armadas la protección de la integridad del país.

La constitución de Rumanía no hace ninguna mención al derecho de autodeterminación ni a la posibilidad de la escisión de una parte del territorio y señala que el carácter unitario e indivisible del país no puede ser revisado.

La constitución portuguesa señala que el Estado "es unitario". Además, establece la autonomía de los archipiélagos de Azores y Madeira.

La constitución noruega define al país como "un reino libre, independiente e indivisible" y no incluye disposiciones específicas sobre el desacato por parte de gobiernos regionales.

Ninguna de las constituciones de los países bálticos reconoce el derecho a la autodeterminación y todas depositan la soberanía en el conjunto de la nación. EFE

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Ninguna constitución europea ampara separación de una parte del territorio

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Redacción Internacional, 30 sep (EFE).- Las constituciones de los países europeos no amparan la separación de una parte de su territorio, según se desprende del estudio de la mayoría de las cartas magnas de estos países.

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Aunque ya son seis de cada diez los catalanes que no creen que se pueda celebrar con normalidad el referéndum independentista del 1-O, ni que pueda ser considerado válido internacionalmente, el 82% de los ciudadanos de Catalunya están convencidos de que la mejor manera de resolver el problema entre Catalunya y España es la celebración de un plebiscito "pactado y plenamente legal" en el que "los catalanes decidan si quieren seguir formando parte de España".

Ése es, al menos, el resultado de un nuevo sondeo de Metroscopia -publicada este domingo por el diario El País- "elaborado sobre la base de 2.200 encuestas entre el lunes y el jueves", es decir en pleno conflicto entre el Gobierno y la Generalitat por la intervención de la Guardia Civil -que detuvo a 14 miembros del Govern- y la intervención de las cuentas de Catalunya por el Ministerio de Economía.

Según esa encuesta, "los defensores de la forma como se ha tramitado la votación [del 1-O] han bajado del 41% al 39%, mientras que los contrarios han aumentado ocho puntos, hasta el 52%".

Entre el 61% de los encuestados que opinan que el referéndum convocado para el 1-O no reúne "todas las garantías para ser considerado legal y válido se cuentan el 30% de los votantes del PDeCAT y el 37% de los partidarios de la CUP". Datos que no sorprenden en vista de las trabas judiciales y las acciones administrativas y policiales con las que el Gobierno de Rajoy se ha empeñado en destruir toda posibilidad de que la consulta se pudiera efectuar.

El 61% cree que aplicar el Artículo 155 de la Constitución empeoraría la situación en Catalunya

Pero asciende también al 61% el porcentaje de catalanes que considera que la situación empeoraría si el Gobierno emplease el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Catalunya y retirar todas sus competencias a la Generalitat. "El rechazo a aplicar esta medida es muy mayoritario entre los partidos independentistas pero tampoco convence a los votantes de Ciudadanos o del PSC. Solo los electores del PP (65%) la defienden como una solución válida".

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El 82% de los catalanes creen que la solución es un referéndum de independencia pactado

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Según una encuesta de Metroscopia publicada por &#039;El País&#039;, incluso el 57% de los votantes de Ciudadanos y el 49% de los del PP creen que &quot;la mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España&quot; es que se celebre una consulta popular &quot;plenamente legal&quot; en la que &quot;los catalanes decidan si quieran seguir o no seguir formando parte de España&quot;.

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Los españoles tienen claro qué posición adoptarían ante la tensión política que se vive en Cataluña. Sólo el 9,4% está a favor de que se celebre un referéndum de autodeterminación, tal y como exige Quim Torra. En el diálogo tampoco cabe la propuesta de un nuevo Estatuto de autonomía: únicamente el 20,3% apoyaría esta medida.

Esos son los datos arrojados por la última investigación social realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. De acuerdo al estudio, el 39,1% está a favor de aplicar un nuevo 155 u otras medidas similares que permitan al Estado controlar la Generalitat, frente al 13,6% que opta por seguir apostando por el diálogo, como hasta ahora, sin cesiones de fondo ni nuevas medidas en Cataluña.

El desglose de esos datos según los partidos a los que votó el encuestado arroja datos reveladores. Porque si hablamos de la celebración de un referéndum de autodeterminación (apoyado por un 9,3% de los españoles), los votantes de Unidos Podemos son los más proclives, con un respaldo del 14,1%. Esta medida sólo la apoyarían un 4,7% de los simpatizantes del PSOE, un 3,8% de los de Ciudadanos, un 1,8% de los de Vox y un 1,3% de los del PP. Entre los que se abstuvieron en las últimas elecciones o votaron otros partidos minoritarios, la cifra es del 14,4%.

El apoyo a la aplicación de un nuevo 155 en Cataluña se dispara entre los votantes de Vox y del PP, con un 86,9% y un 81,8%, respectivamente. También lo respaldaría el 69,8% de los simpatizantes de Ciudadanos. El porcentaje se reduce hasta el 21,1% entre los del PSOE y al 8,6% entre los de Unidos Podemos. Es, sin duda, la medida que despierta una mayor discrepancia entre los españoles.

Las valoraciones se invierten si se habla de proponer un nuevo Estatuto para Cataluña, tal y como se ha sugerido desde ciertas esferas políticas. Los votantes de Unidos Podemos y del PSOE, con un 37,5% y un 36,7%, son los más proclives a esta posición. Si preguntamos a los de Ciudadanos, PP y Vox, sólo lo apoyarían el 8,1%, el 7,7% y el 7%, respectivamente.

Los votantes del PSOE y los de Unidos Podemos, con un 20% y un 18,9%, también son los que más apoyan la apuesta por un diálogo sin cesiones de fondo ni nuevas medidas en Cataluña. Esta posibilidad sólo la contemplan el 5,7% de los votantes de Cs, el 4,5% de los del PP y el 2,1% de los de Vox.

Ficha técnica
Se han realizado 1800 entrevistas a ciudadanos de 16 años o más, con derecho a voto en cualquier municipio de España entre el 24 y el 31 de diciembre de 2018. La fuente de datos es mixta: telefónica y online, proporcional a los censos de las 52 provincias. Los datos de cada ítem son producto de un equilibraje de muestra por sexo, edad y situación laboral, y postponderación por recuerdo de voto. El error teórico resultante es <+/- 3%. Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra y SPSS e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD. SocioMétrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.

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Sólo el 9% a favor de que haya un referéndum de autodeterminación y el 20% apoya un nuevo Estatuto

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El 39,1% está dispuesto a aplicar un nuevo 155 u otras medidas para que el Estado controle la Generalitat. Los votantes de Partido Popular y Ciudadanos prefieren pactar con Vox al acuerdo con el PSOE o nuevas elecciones. Un 62% de los votantes de Vox atribuye su éxito en Andalucía a la política de Pedro Sánchez en Cataluña.