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Son aquellas que tienen por objetivo demarcar la conducta de los particulares en la constitución de actos jurídicos, mediante la repercusión inmediata sobre la voluntad privada, bajo la égida del interés colectivo mayor, como la defensa de la economía popular, la regulación de las relaciones de consumo, control sanitario etc

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Su función es la realización del bienestar del ciudadano en sectores considerados como prioritarios y fundamentales.

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¿Qué es?
Es el poder privado apto para la producción de normas entre particulares.

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El principio de la autonomía privada consiste en cuanto poder que los particulares reciben originalmente de la Constitución para crear normas negociables.

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El Estado es también un ente creado por una Constitución.

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El Estado encuentra justificación para el ejercicio de su poder normativo, internamente, imponiendo deberes y obligaciones por intermedio de sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

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Concede poder normativo a los particulares para que éstos puedan crear reglas vinculantes entre si, sujetándose apenas a las órdenes contenidas en leyes creadas en nombre del interés público comúnmente llamadas "reglas de orden público".

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Para Emilio Betti la autonomía privada era una auto-regulación de intereses, que se realiza en la vida social por iniciativa espontánea.

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La autonomía privada se presenta como un principio del Derecho constitucional civil que consiste en el poder atribuido por la Constitución a las personas individual o colectivamente, para determinar consecuencias jurídicas como la realización de comportamientos libremente asumidos.

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De carácter general.

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SAVIGNY empleaba el término "autonomía" como siendo el espacio de libertad dejado por el ordenamiento para cada persona. Y cuyos actos de ella derivados serían por este recepcionados, juridiciados y tutelados.

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En nombre del interés público que lo legitima; mediante tratados y convenios internacionales tiene relación con los organismos internacionales y soberanos.

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La autonomía privada comprende también la posibilidad de contraer, por decisiones libres, obligaciones que los poderes públicos no podrían imponer a los ciudadanos.

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Siendo así la autonomía privada un producto de la composición de todos los derechos y garantías que definen la ciudadanía.

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Mediante los órganos habilitados para ese fin, el legislador puede crear normas limitadoras.