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Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos. Son parte de los llamados derechos de tercera generación cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior a la de los derechos civiles y políticos (primera generación) y a la de los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación).

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Los derechos colectivos protegen y reconocen la existencia de grupos como los pueblos indígenas, comunidades locales y otros colectivos, para proteger sus identidades, culturas, territorios y formas tradicionales de organización. Estos derechos surgen porque los derechos humanos individuales no son suficientes para proteger a estos grupos, cuyos intereses exceden el ámbito individual y requieren una protección especial a nivel comunitario y social. Además, emergen de las características históricas, culturales y sociales de los pueblos, y buscan garantizar su supervivencia, autonomía y desarrollo sostenible.

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Derechos incluidos en los derechos colectivos

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Derechos incluidos en los derechos colectivos

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Derechos de los pueblos indígenas u originarios

Derechos de los migrantes y refugiados

Derechos a la paz, al desarrollo, y a la autodeterminación de los pueblos

Derecho de los consumidores o usuarios

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“El derecho humano al medio ambiente sano es una categoría conceptual en la que se encuentran tanto derechos fundamentales, como el de la vida, y que se complementan con otros que podemos considerar más modernos, como el derecho a la información, o a conocer el riesgo en el que nos encontramos por vivir en un ambiente tan deteriorado” (Carmona, 2017, p. 3)

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Los derechos ambientales son un conjunto de prerrogativas que garantizan a las personas vivir en un entorno saludable, equilibrado y sostenible. Estos derechos no solo protegen el acceso a recursos naturales como el agua, el aire y la biodiversidad, sino que también incluyen la participación ciudadana en decisiones ambientales, el acceso a información sobre el estado del entorno, y la posibilidad de exigir reparación ante daños ecológicos

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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se realizó en Estocolmo (Suecia), en 1972.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro o Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en 1992.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río de Janeiro, que se llevó a cabo también en Río de Janeiro en el 2012.

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La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, inciso 22, que toda persona tiene derecho, entre otros, “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

Asimismo, en el artículo 67, se dispone que el Estado es el encargado de determinar la política nacional del ambiente y promover el uso sostenible de sus recursos naturales.

Además, en 2005 se adoptó la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Cabe agregar que, en 2011, el Perú creó el Ministerio del Ambiente (Minam), órgano encargado de promover la sostenibilidad ambiental del país conservando, protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales.

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“Los derechos de los migrantes son parte integral de los derechos humanos universales, y deben ser garantizados sin discriminación alguna, independientemente de su estatus migratorio” (Pérez-Vera, E., 2009, p. 45).

Prácticamente, los derechos migratorios son el conjunto de normas y principios que regulan el tránsito internacional de personas, tanto nacionales como extranjeras. Estos derechos garantizan que, sin importar el país de origen, toda persona migrante sea tratada con dignidad, reciba protección legal y tenga acceso a servicios básicos como salud, educación y justicia.

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Estos derechos protegen a los migrantes, aquellos que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente. Ellos, en forma individual o colectiva, son grupos vulnerables ya que sus condiciones de vida no son, por lo general, buenas: bajos ingresos, trabajos precarios y alojamientos inadecuados.

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La Asamblea General de la ONU aprobó, en 1990, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que fue firmada por el Perú en 2004. En ella, se establecen normas que sirven de modelo para las leyes y los procedimientos judiciales y administrativos de los distintos Estados, que se comprometieron a garantizar que los trabajadores migratorios, cuyos derechos hayan sido violados, puedan presentar un recurso judicial.