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D1. Según el análisis VRIO, las alianzas con entidades públicas representan solo una paridad competitiva, lo que indica una debilidad en la diferenciación y potencial imitabilidad de estas alianzas por parte de competidores.

D2. El sistema autónomo de alumbrado solar con videovigilancia muestra una ventaja competitiva temporal, no sostenible, debido a que puede ser imitado por otros competidores en el mediano plazo.

D3. La plataforma digital de alertas ciudadanas y monitoreo en tiempo real también presenta una ventaja competitiva temporal, lo que sugiere que se requiere inversión continua en innovación para mantener la diferenciación.

D4. La estructura organizacional flexible puede generar problemas de coordinación y estandarización en proyectos implementados en diferentes comunidades, afectando la consistencia del servicio.

D5. La dependencia de jóvenes profesionales multidisciplinarios puede limitar la disponibilidad de personal capacitado en áreas rurales o zonas de difícil acceso donde el proyecto busca implementarse.

D6. La complejidad de los componentes tecnológicos integrados (paneles solares, cámaras, sensores) aumenta los puntos potenciales de falla y eleva los requisitos de mantenimiento especializado.

D7. El enfoque en logística basada en kits modulares puede limitar la adaptabilidad a condiciones extremadamente específicas de ciertas comunidades, especialmente en geografías complejas.

D8. La gestión de adquisiciones mediante alianzas con proveedores especializados genera dependencia de terceros para componentes críticos, aumentando la vulnerabilidad ante interrupciones en la cadena de suministro.

D9. El uso de componentes tecnológicos de alta especialización incrementa los costos iniciales de implementación, lo que puede dificultar la adopción en comunidades con recursos limitados.

D10. La necesidad de capacitación continua para el equipo en instalación, atención comunitaria y gestión tecnológica representa un costo operativo permanente que debe ser considerado en el modelo financiero.

D11. La estrategia comercial orientada al impacto social y ambiental puede limitar las oportunidades de mercado si no se complementa con un enfoque en rentabilidad financiera que garantice la sostenibilidad del proyecto.

D12. El soporte técnico continuo y la formación a las comunidades requieren recursos humanos especializados que pueden ser escasos en las zonas de implementación, comprometiendo la calidad del servicio postventa.

D13. El sistema de videovigilancia puede generar resistencia en comunidades con preocupaciones sobre privacidad, lo que requeriría recursos adicionales para sensibilización y adaptación cultural.

D14. La integración de múltiples servicios en un solo poste, aunque es una ventaja competitiva sostenible, aumenta la complejidad del mantenimiento y los requisitos técnicos para su correcta operación.

D15. La dependencia de condiciones climáticas favorables para el funcionamiento óptimo de los paneles solares puede afectar la confiabilidad del sistema en ciertas regiones o temporadas.

D16. La adaptación a zonas sin red eléctrica, si bien es una ventaja competitiva sostenible, implica desafíos logísticos adicionales para la instalación y mantenimiento que pueden incrementar los costos operativos.

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F1. Integración de múltiples servicios en un solo sistema: Combina iluminación, videovigilancia y alertas ciudadanas en un solo poste, lo que genera una ventaja competitiva sostenible.

F2. Adaptabilidad a zonas sin red eléctrica: Funciona con energía solar y almacenamiento en baterías, lo que permite operar en lugares remotos, ofreciendo autonomía energética y amplia aplicabilidad geográfica.

F3. Uso de energía 100% renovable: Contribuye al cuidado ambiental y reduce costos operativos a largo plazo.

F4. Innovación tecnológica constante: Integra sensores, cámaras IP y plataformas digitales, manteniéndose a la vanguardia en seguridad comunitaria inteligente.

F5. Modelo organizacional flexible y colaborativo: Facilita la adaptación a diferentes contextos (urbano y rural) y fortalece la implementación de proyectos sociales.

F6. Soporte técnico y servicio postventa eficiente: Incluye mantenimiento, capacitación comunitaria y actualizaciones, lo que fortalece la relación con los usuarios.

F7. Alianzas estratégicas con entidades públicas: Aumenta las posibilidades de expansión y financiamiento del proyecto.

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A1. El crecimiento económico moderado limita la disponibilidad de recursos de inversión tanto en el sector público como en el privado. Esto representa una amenaza porque puede haber menos presupuesto para ejecutar proyectos tecnológicos.

A2. La persistente desigualdad y pobreza en muchas regiones de Colombia dificultan la participación económica de las comunidades en proyectos como Lumiguardia. Esto representa una amenaza para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo si no se apoya con recursos públicos.

A3. La alta informalidad laboral es una amenaza porque las comunidades con baja organización formal pueden tener dificultades para implementar, mantener y apropiarse de soluciones tecnológicas como esta.

A4. La Ley de Protección de Datos Personales exige que Lumiguardia garantice el manejo responsable de la información en caso de usar cámaras o sistemas de vigilancia, lo cual representa un reto técnico y legal.

A5. La necesidad de tramitar licencias ambientales en algunos municipios puede demorar la ejecución del proyecto o aumentar sus costos si se encuentra en zonas protegidas.

A6. La disposición final de componentes eléctricos debe cumplir con normas RAEE, lo cual puede representar un gasto adicional en logística y tratamiento de residuos.

A7. Las proyecciones de incremento de las temperaturas de 1,5 °C–2 °C para 2050, con picos de calor ya observados en 2025, lo que puede afectar la durabilidad y eficiencia de equipos eléctricos.

A8. Las temporadas de lluvia intensas, hasta un 50 % por encima del promedio, que pueden dañar paneles solares, anegar baterías y socavar cimientos de postes.

A9. Altos niveles de PM₁₀ en temporada seca: concentraciones diarias superiores a 75 µg/m³ en diciembre–febrero en grandes ciudades, lo que puede acumular polvo en paneles y luminarias, afectando su rendimiento.

A10. La percepción de corrupción y los procesos lentos dificultan la adjudicación de contratos y pueden retrasar o encarecer la implementación.

A11. El aumento de atentados de grupos armados y el deterioro de la seguridad pueden obstaculizar la instalación y el mantenimiento de la infraestructura en zonas de riesgo.

A12. La dependencia de conectividad móvil desigual, aunque la cobertura 4G/5G se expande, aún hay zonas sin servicio estable, lo que puede afectar el monitoreo en tiempo real y la gestión remota de luminarias.

A13.Rivalidad media‑alta: Competidores de alumbrado convencional y nuevos proveedores de soluciones inteligentes ya consolidados en licitaciones municipales.

A14.Amenaza de nuevos entrantes: Bajas barreras tecnológicas y reducción de costos animan a startups y empresas de TI a ofrecer sistemas similares.

A15.Poder medio‑alto de los proveedores: Alta concentración de fabricantes de paneles solares y cámaras de vigilancia limita la negociación de precios y plazos.

A16.Elevado poder de compra: Las alcaldías y grandes clientes tienen capacidad para presionar precios y exigir condiciones muy competitivas.

A17.Sustitutos disponibles: Servicios de vigilancia privada, alumbrado conectado a red y drones de patrullaje ofrecen alternativas sin inversión en infraestructura fotovoltaica.

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O1. La creciente participación de las energías renovables en la economía representa una oportunidad para posicionar Lumiguardia como una solución innovadora en un sector que está en expansión y recibe apoyo estatal.

O2. Los beneficios fiscales que otorga el gobierno a los proyectos sostenibles hacen que Lumiguardia sea más atractivo desde el punto de vista financiero, lo cual facilita su adopción por entidades que buscan optimizar sus recursos.

O3. La reducción de las tasas de interés facilita el acceso al crédito, lo cual es importante para financiar las etapas iniciales de implementación del proyecto, especialmente en municipios con recursos limitados.

O4. El auge de los empleos verdes permite que Lumiguardia contrate mano de obra capacitada en sostenibilidad y energías limpias, generando un impacto positivo tanto económico como social en las comunidades donde se aplique.

O5. En zonas con altos índices de violencia de género, Lumiguardia puede ser una herramienta útil para aumentar la seguridad en el espacio público y prevenir situaciones de riesgo mediante una mejor iluminación.

O6. En regiones donde los jóvenes son reclutados por grupos armados, implementar Lumiguardia ayuda a generar entornos más seguros y ofrece una alternativa que disuada la participación en estas dinámicas.

O7. En asentamientos de migrantes, Lumiguardia puede mejorar las condiciones de vida al ofrecer seguridad, infraestructura básica y sensación de protección comunitaria.

O8. Las brechas regionales en el desarrollo humano muestran dónde es más urgente aplicar soluciones como Lumiguardia, ya que puede contribuir al cierre de estas desigualdades con tecnología útil y de bajo costo.

O9. El Código Nacional de Policía permite que tecnologías como Lumiguardia se articulen con la estrategia de seguridad del municipio, lo que favorece su implementación con apoyo institucional.

O10. La ley que prohíbe los plásticos de un solo uso promueve la adopción de materiales sostenibles en la fabricación de las luminarias, lo que puede ser un valor agregado del proyecto.

O11. La Ley de Energía Eléctrica permite esquemas de autogeneración, lo que facilita que Lumiguardia opere con independencia de la red principal y sea más eficiente.

O12. La Ley 1715 ofrece beneficios tributarios para proyectos de energías renovables, lo que puede reducir los costos y ampliar el margen financiero de Lumiguardia.

O13. La Ley de transición energética fortalece el marco legal para proyectos como Lumiguardia, dándole respaldo en el marco de la política nacional de sostenibilidad.

O14. La Ley de Inteligencia establece criterios legales para el uso de tecnologías de vigilancia, lo que permite que el proyecto actúe dentro del marco legal y tenga respaldo normativo.

O15. La Ley de seguridad ciudadana le da al proyecto un enfoque complementario a las acciones de prevención del delito, integrando su implementación en estrategias locales de seguridad.

O16. El creciente interés y subsidios del Gobierno para proyectos de energía limpia facilitan el acceso a recursos y alianzas público‑privadas para Lumiguardia.

O17. El uso de cámaras PTZ de alta resolución y software de análisis de video (reconocimiento facial/vehicular, detección de anomalías) permite ofrecer un servicio de monitoreo avanzado y escalable.

O18. Implementar estándares como la adopción de estándares ISO/IEC 27001 fortalece la seguridad de la información (p. ej., datos de videovigilancia), aumentando la confianza de usuarios e instituciones.

O19. La prohibición progresiva de plásticos de un solo uso crea demanda de componentes y recubrimientos respetuosos con el entorno; esto puede ser tomado como un impulso a materiales sostenibles para usar estos materiales.

O20.Creciente demanda de soluciones sostenibles: El interés de alcaldías y gobiernos locales en proyectos de “ciudades inteligentes” impulsa la adopción de alumbrado público autosuficiente y vigilancia integrada.

O21.Disminución de costos tecnológicos: La caída en los precios de paneles fotovoltaicos y equipos de videovigilancia facilita la entrada de nuevos proyectos y la actualización de sistemas existentes.

O22.Alianzas estratégicas: Existencia de programas de financiación y subsidios para energías renovables en Colombia que pueden apoyar la implementación de LumiGuardia.

O23.Servicios complementarios: Integración con plataformas IoT, puntos de carga EV o Wi‑Fi público aumenta el valor agregado de la oferta.

O24.Mercados rurales y periurbanos: Zonas con déficit de electrificación representan nichos donde la solución es particularmente atractiva.