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El coronel Hugo Banzer llegó en agosto de 1971, terminando con el régimen militar del general Juan José Torres. Su gobierno se caracterizó por una fuerte represión contra la izquierda, especialmente en el ámbito estudiantil, y por silenciar a toda oposición, incluida la militar. Con el apoyo de Estados Unidos, Brasil y una facción del MNR, Banzer impulsó políticas económicas dictadas por el FMI, como la eliminación de subsidios y la devaluación, lo que agravó el costo de vida y generó un fuerte descontento social. En respuesta, endureció el régimen y excluyó a los civiles de su gobierno en 1974. Aparentemente, las presiones internas y externas, lideradas por el presidente estadounidense Jimmy Carter, lo obligaron en 1976 a buscar una salida política salida política.

El 9 de julio de 1978, el candidato oficial, el general Pereda, obtenía el 50% de los votos tras una elección fraudulenta. El 21 de julio, Pereda recurrió a un golpe de estado para confirmar su victoria electoral puesta en cuestión. Pero, cuatro meses más tarde, una tracción del ejército que se autocalificaba "institucionalista" derrocaba a Pereda e instalaba en su lugar al general Padilla.

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El 11 de septiembre de 1973 se llevó a cabo un golpe de Estado que marcó un cambio radical en Chile: El Congreso fue disuelto, la Constitución suspendida, los partidos políticos prohibidos y los medios sometidos a vigilancia. El general Augusto Pinochet asumió el poder consolidando su autoridad mediante la centralización del aparato represivo y rodeándose de los Chicago Boys, un grupo de economistas formados por Milton Friedman, quienes diseñaron un modelo económico neoliberal que legitimó el régimen. Este se basó en eliminar cualquier vestigio de marxismo, considerado una amenaza según la "doctrina de seguridad nacional".

Los primeros años estuvieron marcados por un crecimiento económico que cimentó el poder de la dictadura, permitiéndole reorganizar la vida política de manera definitiva. En 1976 se redactaron las "actas constitucionales", y en 1977 se presentó un proyecto de Constitución para responder a la creciente presión internacional. La Constitución fue finalmente aprobada en 1989, marcando el fin de la crisis interna. Este documento estableció un marco político que combinaba una dictadura militar con una democracia limitada, circunscribiendo los enfrentamientos políticos. Para ese momento, el régimen había alcanzado su cúspide, siendo percibido como efectivo tanto en términos legales como económicos.

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El 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento, alegando graves violaciones de los principios constitucionales, y asumió todos los poderes en medio de una crisis política y económica marcada por terrorismo, huelgas, inflación y polarización ideológica. La elección presidencial de 1971 había evidenciado la disfuncionalidad del sistema político, ya que Bordaberry ganó gracias al sistema de doble voto simultáneo, pese a obtener menos votos individuales que su principal opositor. En febrero de 1973, aceptó la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano militar que se convirtió en el verdadero centro de poder. Se instauró un régimen autoritario colegiado, declarando el estado de sitio para reprimir la subversión, prohibiendo partidos de izquierda y suspendiendo el sistema electoral, lo que llevó a la detención de miles de opositores, con seis mil y pico de presos políticos para 1975. En 1976, los militares destituyeron a Bordaberry tras rechazar su propuesta de eliminar los partidos tradicionales y lo reemplazaron por Aparicio Méndez, quien prohibió la actividad política de miles de dirigentes por 15 años para formar una nueva clase política controlada por el régimen. A pesar de sus esfuerzos por institucionalizarse, el régimen militar sometió un proyecto constitucional a referéndum en 1980, pero fue rechazado, reflejando la resistencia democrática de la población.

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En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder en Perú y comenzó a desmantelar las reformas de Velasco, aunque nominalmente seguía su línea. En 1977, presentó el Plan Tupac Amaru, que promovía austeridad económica y favorecía la inversión extranjera, pero el deterioro del nivel de vida generó un descontento social creciente. La huelga general del 19 de julio de 1977, durante la cual Morales arrestó a más de 700 líderes sindicales, marcó un punto álgido de represión no visto desde 1919. Las demandas económicas pronto derivaron en exigencias de apertura política. Presionado por conflictos internos, protestas y organismos internacionales, Morales anunció el 28 de julio de 1977 una transición democrática. Esto llevó a elecciones en 1978 para una Asamblea Constituyente, donde la izquierda logró un avance significativo, con el APRA al frente treinta y cinco porciento de los votos y seguida por Izquierda Unida veintinueve porciento. Las elecciones presidenciales de 1980 se anticipaban muy disputadas.

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En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder en Perú tras derrocar al presidente Juan Velasco Alvarado y comenzó a desmantelar las reformas implementadas durante los siete años previos, aunque mantuvo un discurso que aparentaba seguir la línea reformista de su predecesor. En 1977, Morales presentó el Plan Tupac Amaru, que impulsaba una "democracia social plenamente participativa", pero en la práctica significó un giro hacia la austeridad económica y la atracción de inversiones extranjeras. Estas medidas agravaron la situación de la población, ya afectada por un deterioro del nivel de vida, lo que desató un descontento social generalizado.

El diecinueve de julio de 1977, una huelga general paralizó el país como protesta contra las políticas económicas y sociales del régimen. En respuesta, Morales recurrió a una represión severa, arrestando a más de setecientos líderes sindicales, un nivel de represión no visto en Perú desde 1919. Las demandas económicas iniciales pronto evolucionaron en exigencias de apertura política. Morales, enfrentando divisiones internas en las fuerzas armadas, la presión de organismos financieros internacionales, y el impacto de la política exterior de Estados Unidos bajo el presidente Jimmy Carter, finalmente anunció el veintiocho de julio de 1977 su intención de liderar una transición hacia la democracia.

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Entre 1976 y 1979, Ecuador experimentó un giro moderado hacia el conservadurismo tras una breve etapa influenciada por la revolución peruana. La junta militar en el poder, que había asumido el mando el 11 de enero de 1976, reprimió las protestas sociales pero no logró resolver la crisis económica. Sin embargo, cumplió su promesa de devolver el poder a los civiles, influida por la presión de sectores empresariales como las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, que abogaban por desregular la economía y establecer un sistema de concertación. Estas demandas fueron clave en la decisión de regresar a un régimen constitucional.

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Dabene, O. (2012). América Latina en el siglo XX. Madrid, España: Editorial Síntesis. Madrid, España

Enlace para ver Línea de Tiempo en internet: https://padlet.com/liamjamesesmio01/los-estados-terroristas-rosalina-r-fajardo-q5bswrofydn6h267