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BIENESTAR Y ESTADO DE BIENESTAR: UNA LOGRADA CONFUSION

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BIENESTAR Y ESTADO DE BIENESTAR: UNA LOGRADA CONFUSION

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El termino Bienestar y el estado, tiene como bien principal lo que la sociedad moderna desea, tales como la salud, la educación y un seguro social.

Los elementos básicos del Estado de Bienestar se asentaron en la mayoría de los países occidentales bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, bajo gobiernos conservadores. Y que algunas de sus piezas clave surgieron a raíz de las masivas necesidades planteadas por la Primera Gran Guerra (1914-1918) y ratificadas más tarde por las penurias vividas en la Segunda (1939-1945). El Estado de Bienestar surgió en momentos de profunda crisis, cuando la sociedad civil había dejado de existir y la población carecía de medios materiales de subsistencia; el Estado de Bienestar surgió sobre las cenizas de masivas destrucciones asumiendo tareas que era imposible que nadie realizase con propiedad. Hasta ahora, en el modelo del Estado de Bienestar, el Estado ha asumido un papel principal (en la mayoría de las ocasiones monopolista, exclusivista) a la hora de producir Bienestar, de proveer de los principales bienes y servicios relacionados con el Bienestar que demanda cualquier sociedad moderna: salud, educación, seguridad en la renta de las personas envejecidas y enfermas, etc. Pero, por definición, esas necesidades, y las que se puedan ir añadiendo, no tienen por qué ser atendidas directa, total y absolutamente por el Estado. Incluso cabría poner en duda la legitimidad para que ocurra así.

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EL BIENESTAR Y SUS POSIBLES TRANSFORMACIONES

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EL BIENESTAR Y SUS POSIBLES TRANSFORMACIONES

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Las áreas de implantación del Bienestar: Las clásicas áreas de Bienestar han sido y seguirán siendo la salud, la educación, el trabajo, una jubilación digna. Este listado no debe ser considerado como cerrado; ni en el sentido de que se impida la incorporación de nuevos elementos, ni tampoco en el sentido de que no puedan eliminarse otros existentes. En los últimos tiempos se han incorporado la defensa del medio ambiente, la protección del menor, la vivienda, la defensa de la igualdad de género, la defensa de cualquier tipo de minusvalía y la protección a la tercera edad.

El entronque de la política social con la política económica: Esta versión, ya clásica, del Estado de Bienestar presupone erróneamente que la política económica es incapaz de atender la satisfacción de las necesidades sociales e individuales. La política social conecta de forma íntima con la política económica convencional, atiende relaciones sociales y también económicas de los beneficiarios. La desconexión entre política social y política económica ha resultado ser muy peligrosa. Así, por ejemplo, la lucha contra el desempleo no puede ser sólo un objetivo de la política económica ni tampoco sólo de política social.

El nuevo espacio público, punto de encuentro de las tradicionales esferas pública y privada: Estamos en mejores condiciones para diagnosticar el problema del ciudadano por tener en su hogar una persona anciana. Para él será un problema personal, individual, particular; eso es indudable. Pero, simultáneamente, y no sólo debido al número de ancianos, será también una cuestión de interés público. Cada uno de los individuos tienen derechos y deberes que no pueden evitar. La política social está interesada por los diferentes tipos de transiciones morales que en la sociedad moderna adoptan formas institucionales para crear y mantener las relaciones sociales y comunitarias.

Bienestar colectivo y bienestar individual: Es impensable gozar de bienestar individual si no existe bienestar colectivo; y viceversa. No son admisibles situaciones extremas donde unos pocos disfrutan de mucho mientras que otros no tienen nada. El bienestar no se logra definitivamente; ni individual ni colectivamente. Por consiguiente, cualquier esfuerzo igualador conduce al estancamiento tan característico del Estado de Bienestar. Puesto que el bienestar colectivo es el resultado medio de los bienestares individuales, la clave del desarrollo de la idea de Bienestar debe desplazarse hacia la capacidad de realización individuales.

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Todas estas reformas conducen al mismo punto: seguir incrementando el gasto público en su versión de gasto social, drenando financieramente la economía productiva, e hipotecando el futuro bajo la forma de déficits públicos extraordinarios y deuda pública a la que alguien deberá hacer frente en el futuro y en el presente con el pago de sus intereses. Estas reformas olvidan lo más importante: la vinculación del Bienestar con la economía.
Si la economía crece, la reforma del bienestar se disuelve y pierde importancia para desahogo de los políticos responsables. Si la economía se estanca y crecen los niveles de inseguridad económica, la reforma del bienestar surge como un gran asunto político, y ya nos vemos de lleno una vez más en otra ronda de reformas.

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LA INCESANTE DEMANDA DE SERVICIOS: LA ECLOSIóN DE DERECHOS Y LA DESAPARICIóN DE DEBERES

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LA INCESANTE DEMANDA DE SERVICIOS: LA ECLOSIóN DE DERECHOS Y LA DESAPARICIóN DE DEBERES

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La sociedad del Estado de Bienestar es una sociedad de enorme oferta estatal, es cierto; pero también es una sociedad de enorme demanda. Es una sociedad donde se ha implantado el derecho a recibir, y no el deber de dar. Una sociedad en la que el Estado sirve a los ciudadanos, y no los ciudadanos al Estado. Todos tienen derecho a cualquier cosa. El Estado proveerá. Todos los ciudadanos tienen expectativas de derechos. Por consiguiente, la sociedad del Estado de Bienestar es una sociedad desequilibrada en sus fundamentos más básicos o, al menos, situada en un equilibrio inestable y difícil de reequilibrar. La razón de esto se encuentra en que se trata de una sociedad de derechos sin deberes, y también de derechos desiguales. Los derechos formales son derechos absolutos, incondicionales, mientras que los derechos materiales están condicionados forzosamente por las disponibilidades materiales. La contradicción está en que el Estado de Bienestar los ofrece como si fuesen derechos formales; la contradicción está en que, por consiguiente, la población los percibe y reclama como derechos absolutos, como si no tuviesen coste social y económico alguno.