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Lo que significa la imagen es la igualdad que se da en el tema del derecho que NO SE CUMPLE EN EL PERÚ .

El Tribunal Constitucional suspendió una medida cautelar que permitía la continuación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de que el Congreso los había inhabilitado. Algunos critican que el Tribunal se está entrometiendo en un caso pendiente en el Poder Judicial. Sin embargo, según los artículos 108 y 110 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal tiene la facultad de resolver conflictos entre poderes del Estado y dictar medidas cautelares incluso en procesos judiciales en curso.

El Tribunal argumenta que la inhabilitación del Congreso es un acto político no justiciable, por lo que no requiere una falta tipificada previamente, conforme a principios previos sobre actos parlamentarios no justiciables. Quienes critican esta decisión ignoran la plena competencia del Tribunal Constitucional para actuar en estos casos.

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caso reciente relacionado con el Estado de Derecho y las garantías constitucionales es el ocurrido en Perú, vinculado a las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en 2023. Las manifestaciones, que surgieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, se tornaron violentas en varios puntos del país, llevando al gobierno a declarar el estado de emergencia en diversas regiones.

Durante el estado de emergencia, el gobierno restringe ciertos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el tránsito, lo que generó controversia sobre si estas medidas respetaban el Estado de Derecho. Organizaciones de derechos humanos y diversas instituciones nacionales e internacionales denunciaron que las fuerzas de seguridad actuaron con excesivo uso de la fuerza, lo cual violaba garantías constitucionales como el derecho a la vida y la integridad física.

Este caso pone en cuestión si las medidas adoptadas por el gobierno respetaron los principios del Estado de Derecho, que exigen que toda acción del Estado esté basada en normas claras, abiertas y estables, y que exista proporcionalidad en la respuesta a las amenazas al orden público. El derecho a la protesta y la garantía de no ser reprimido injustificadamente son pilares fundamentales en cualquier democracia, y este caso resalta la necesidad de que, incluso en contextos de emergencia, se respeten las garantías constitucionales. La importancia del Estado de Derecho reside en que ninguna autoridad puede actuar por encima de la ley, y cualquier medida que restringa los derechos fundamentales debe ser temporal, justificada y proporcionada.

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Según el caso la intervención del Tribunal es esencial para proteger el orden constitucional, pero también plantea dudas sobre la legitimidad de las decisiones políticas. La falta de un marco normativo claro puede erosionar la confianza en las instituciones. La defensa del Estado de derecho debe basarse en principios jurídicos sólidos y no en conveniencias políticas, exigiendo responsabilidad y transparencia de todos los actores involucrados. La crítica a la inhabilitación por parte del Congreso, argumentando la falta de tipificación previa de la falta, subraya la necesidad de un marco normativo claro y justo por ende la percepción de que algunas decisiones se toman en función de intereses particulares pero en si la verdadera defensa del Estado de derecho debe ser consistente y basada en principios jurídicos sólidos

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En Perú, la reciente aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia en 2021 ha sido un paso significativo en defensa de la igualdad de género. Esta ley establece que las listas de candidatos a cargos públicos deben tener una representación equitativa de hombres y mujeres, promoviendo una mayor participación femenina en la política.

Además, diversas organizaciones han realizado campañas para visibilizar la violencia de género y fomentar la equidad en el ámbito laboral. Estas acciones buscan transformar la cultura y promover un entorno más justo para todos.

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Un caso relevante en Perú es el de la corrupción en la construcción de Odebrecht. Este escándalo involucró a múltiples funcionarios y ex presidentes, como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes fueron acusados de recibir sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

La investigación, que se inició en 2016, reveló la magnitud de la corrupción en el país y llevó a diversas detenciones y juicios. Este caso ha resaltado la importancia del estado de derecho en la lucha contra la corrupción y ha impulsado reformas en el sistema judicial y en las instituciones políticas, aunque también ha generado un debate sobre la impunidad y la necesidad de fortalecer las garantías procesales.