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La Reforma Energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. La Reforma Energética, tanto constitucional como a nivel legistlación secundarias, surge del estudio y valoración de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso.

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1. Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.

2. Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas Productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas.

3. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural.

4. Permitir que la Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica.

5. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país.

6. Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios.

7. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética.

8. Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético.

9. Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las futuras generaciones.

10. Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y ambiental.

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1. Bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas natural.

2. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas natural superiores a 100%.

3. Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producen actualmente, a 3 millones de barriles en 2018, y a 3.5 millones en 2025, asimismo aumentar la producción de gas natural de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios producidos actualmente a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil 400 millones en 2025.

4. Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente 2 puntos porcentuales más para 2025.

5. Crear cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio, llegando a 2 millones y medio de empleos en 2025.

6. Sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y fomentar la utilización de gas natural en la generación eléctrica.

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• En el Artículo 28 Constitucional se establece que la CNH y la CRE serán Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Esto implica que tendrán personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria, pues dispondrán de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos por sus servicios a través de un fideicomiso público.

• Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética remplazarán a los órganos desconcentrados que se tienen en la actualidad.

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Presidente Peña Nieto presentó la Iniciativa de Reforma Energética

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Presidente Peña Nieto presentó la Iniciativa de Reforma Energética

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Presidente Peña Nieto presentó la Iniciativa de Reforma Energética

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En esencia, la Reforma se centra en consolidar el control de todas las actividades del sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) pasarían a ser consideradas entidades gubernamentales, en lugar de empresas productivas del estado. Además, según la Reforma, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad gubernamental encargada de operar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, se integrarían en la CFE, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador encargado de las actividades del mercado eléctrico, y de petróleo y gas mid-downstream, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órgano regulador encargado de las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas, se extinguirían y sus facultades serían asumidas por la Secretaría de Energía (SENER).

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Además, y de particular preocupación, son los términos de la Reforma que cancelan todos los permisos de generación de energía (incluyendo todas las solicitudes de permisos pendientes de resolución) y los contratos de compraventa de electricidad actualmente en vigor, así como el no reconocimiento (considerado ilegal) de los permisos de autoabastecimiento y de productor independiente de energía modificados y en vigor antes de la reforma energética de 2013. Además, la CFE tendría el derecho constitucional de generar al menos el 54 por ciento de la energía de México (dejando el 46 por ciento restante abierto a la iniciativa privada). La Reforma también otorga a la CFE la autoridad para determinar las tarifas de Transmisión y Distribución y anula efectivamente el programa de Certificados de Energías Limpias.

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Pese a los obstáculos, el presidente López Obrador ha decidido tomar el riesgo. Su Administración ha tratado de minar la liberalización del sector energético, mediante actos administrativos, primero, y modificaciones en la ley, después. Sin embargo, todos estos intentos han sido paralizados por la presentación de cientos de amparos ante los tribunales de parte de empresas que se dicen afectadas y organizaciones ambientalistas que temen un retroceso en el combate contra el cambio climático. En paralelo, la oposición ha recurrido estas iniciativas ante la Suprema Corte al argumentar que contradicen la Constitución. Si López Obrador consigue reformar la carta magna, la batalla legal quedaría tocada de muerte.

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Energías Renovables y Transición Energética

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Energías Renovables y Transición Energética

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Desde 2008, se ha pretendido diversificar la matriz energética con la participación de fuentes renovables de energía sin resultados satisfactorios.  A pesar de que se asumió el objetivo de reducir la dependencia a los combustibles fósiles con la aprobación de la Ley sobre el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), éste no fue acompañado de los incentivos y políticas suficientes para la reducción de los hidrocarburos en la matriz energética.

En este sentido, la reforma energética deja pendiente el cumplimiento de las metas de transición energética y de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), necesarias para un crecimiento económico bajo en carbono. Hasta la fecha, las leyes secundarias de la reforma siguen favoreciendo la participación de los hidrocarburos en la matriz energética nacional, desaprovechando el diverso potencial de energías renovables con el que cuenta México.

La promulgación de la Ley de Energía Geotérmica representa un avance importante, pero insuficiente, ya que se dejaron de lado las demás fuentes energéticas con las que el país cuenta, además de que dicha ley no incluye metas de generación. Por ello, resulta importante la aprobación de la Ley de Transición Energética (LTE), actualmente discutida en el Congreso, con el fin de incrementar de manera significativa la participación de fuentes renovables de energía en la matriz energética, con metas de generación a partir de energías limpias y de eficiencia energética, ligadas a las metas de reducción de emisiones y fomento a la generación distribuida de la energía. De igual manera, la LTE establece umbrales de aprovechamiento calorífico para la cogeneración y umbrales de emisión de CO₂ para la definición de nuevas energías limpias no establecidas explícitamente en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo que abona a corregir el riesgoso concepto de “energías limpias” vigente.

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Al mantener la prioridad y alta dependencia de los hidrocarburos en México, la reforma energética no es coherente con la política climática nacional, ya que no atiende las necesidades y los compromisos nacionales e internacionales de México en materia de reducción de emisiones de GEI. En 2010, el sector energético generó el 67.3% de las emisiones del país causantes del cambio climático, y con la reforma aprobada se generará un aumento de las emisiones de GEI debido a la explotación de hidrocarburos.

De seguir con el escenario actual se calcula que en 2020 las emisiones nacionales de GEI serán un 28% más altas en comparación a las de 2010. Por ello, una reforma energética sustentable debe sentar las bases para una transición energética y una diversificación de la mezcla energética que nos permita cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones GEI.

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México es de los países más vulnerables al cambio climático: Beata Wojna

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Las ANP son instrumentos de política ambiental que  contribuyen al cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano así como a la debida protección y conservación de la biodiversidad.

Si bien la Ley de Hidrocarburos prohíbe otorgar asignaciones o contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en ANPs, esta prohibición no se extiende ni a la LIE ni a la Ley de Energía Geotérmica (LEG), y aún se pueden llevar a cabo otras actividades de la cadena productiva de hidrocarburos en las zonas, como el almacenamiento, transporte y distribución.

Asimismo, existen otras áreas de importancia ecológica con protección especial por las leyes ambientales, como los sitios Ramsar, los cuales no son objeto de protección dentro de la reforma energética.

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Energías Renovables y Transición Energética

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Energías Renovables y Transición Energética

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México en 2008 asumió el objetivo de promover las energías renovables y reducir la dependencia a los combustibles fósiles con la aprobación de la Ley sobre el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento  de la Transición Energética (LAERFTE), así como de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). Aunque dichas leyes promovían la reducción de emisiones de GEI y el incremento de las energías renovables, la participación de los hidrocarburos en la matriz energética continuó en aumento.

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Según CFE, la reforma energética incluso ha creado un mercado eléctrico paralelo ilegal, donde empresas privadas simulan la autosuficiencia en la generación de energía. Debido a las lagunas normativas y la complacencia de la Comisión Reguladora de Energía, estos generadores privados se convirtieron en clientes a los que consideraban "socios" de derecho, pero de hecho utilizaron la imagen legal creada por la reforma para revenderles electricidad a menor costo. Al proporcionar los llamados "socios de un dólar" de esta manera, los generadores privados crean inestabilidad en SEN.
Además, el gobierno anterior utilizó la producción de energía limpia como excusa para llevar a la industria a completar la titulización y atribuir todos los costos a la CFE. Como explicó la actual ministra de Energía, Rocío Nahle, si una empresa utiliza energía eólica o solar para producir 1 MW de electricidad, la CRE le otorgará un "certificado de energía limpia". Lo cual eventualmente sumó una carga de 100.000 millones de pesos. Esto no solo se refleja en las finanzas del país, sino también en las facturas de la luz de los consumidores, quienes finalmente aportan fondos o subsidios a las empresas privadas.