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https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v24n2/0718-0012-iusetp-24-02-00621.pdf

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http://ipdu.pe/documentos/articulos/revistaCapeco2017.pdf

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pulso legal: los alcances y limites de la expropiacion

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Pulso legal: los alcances y límites de la expropiación

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En los ultimos dias, una palabra ha sido mencionada frecuentemente en distintos ambitos: expropiacion.

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Pedro Francke, asesor económico de Pedro Castillo, retratado el miércoles en Lima. Leslie Moreno

Pedro Castillo ha generado inquietud entre la élite económica de Perú. El candidato de izquierda populista que sacó más votos el domingo pasado en las elecciones, a la espera de que el tribunal electoral resuelva las anulaciones de mesas que ha propuesto su rival, Keiko Fujimori, no se pone con facilidad al teléfono. Los grandes empresarios del país, acostumbrados a tener hilo directo con el poder, se han encontrado de golpe con un posible presidente al que no conocen de nada y al que no resulta fácil contactar. No se lo han cruzado en ningún foro de emprendimiento. Para llenar ese vacío ha surgido la figura de Pedro Francke, un economista y profesor universitario de 60 años con crédito entre los círculos empresariales.

Francke se unió a Castillo como asesor económico tras la alianza del maestro rural con Verónika Mendoza, una política de izquierdas más centrada y con una visión más urbana. Quería atraer así a la clase media que podía sentirse intimidada con propuestas similares a las de algunos países de Latinoamérica gobernados por dirigentes autoritarios. Francke fue funcionario de alto nivel en los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Conoce los resortes del poder. Desde su llegada, el candidato ha suavizado muchas de sus propuestas iniciales. "No habrá estatizaciones, ni expropiaciones, ni controles de precios. Nos hemos puesto un poquito más a favor del mercado", explica el asesor en la cocina de su casa, donde se ha preparado un descafeinado en una vieja cafetera eléctrica. Lo acompaña con un helado de stracciatella.

Eso matiza a aquel Castillo subido al estrado durante la campaña. Apenas era conocido en enero, cuando recorrió todo Perú con un mensaje antistablishment (en contra de las clases dominantes). A menudo atacaba en sus mítines la inversión extranjera y llamaba a proteger el mercado nacional con la subida de aranceles. Las mineras, según él, tenían los días contados. Su riqueza no beneficia a los pobres, sostenía Castillo. Esos mensajes en contra del libre mercado alarmaron al empresariado, que apoyó a Fujimori en masa. Entre ellos había algunos antifujimoristas que consideraban la elección de Keiko un mal menor. Francke cree que aquel Castillo era alguien en busca de atención: "Todo eso lo dijo cuando no tenía una candidatura muy fuerte".

El profesor de escuela rural ha llegado hasta aquí, a las puertas del Palacio de Gobierno, de la mano de un partido que se declara marxista-leninista, Perú Libre. Con Francke, esa revisión de contratos de las transnacionales o unas hipotéticas nacionalizaciones se han convertido en un impuesto nuevo a los beneficios de las mineras. Algo que el presidente Humala planteó y los empresarios rechazaron. Él cree que ahora el momento es distinto. "La diferencia es que el precio del cobre, nuestra principal exportación, está muy alto y los analistas internacionales dicen que esto tiene para rato. No es una cosa del año, hay unas razones como el crecimiento de China, la política de Joe Biden (presidente de EE UU) y un cambio tecnológico fuerte por mucha demanda hacia el cobre por la electricidad. Calculo que las empresas, solo en el cobre, tienen 9.000 millones de dólares (unos 7.500 millones de euros) adicionales de ingresos. Entonces el Perú puede decir: 'compárteme un poquito más".

Ve al empresariado abierto a esa negociación. Por ejemplo, a Roque Benavides, uno de los grandes empresarios mineros del país. "Ha declarado públicamente que sí, que efectivamente hay que entender las condiciones. Se puede negociar. Se están quedando con más de 5.000 de lo que habían pensado", añade. Y aclara: "Eso es ponerles un impuesto, pero en el sentido de quitarles su propiedad, pues no".

En su primer debate con otros candidatos, Castillo arrancó asegurando que plantearía redactar una nueva Constitución. Eso implica un largo proceso para lograr una mayoría en el Congreso ―poco probable―, llamar a un referéndum y convocar una Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir exactamente cuando dice que el Gobierno debe tener mayor poder sobre la economía? "La actual Constitución", explica Francke, "tiene algunos candados que dificultan tomar algunas medidas. Dice que la inversión extranjera tiene los mismos derechos que la inversión nacional. Ninguna constitución del continente americano tiene un artículo como ese".

Es decir, el gurú económico de Castillo cree que el texto tiene un sesgo ideológico. "Así es. Si gana la izquierda, que pueda aplicar políticas de izquierdas. Con algunos límites, por supuesto. Como, por ejemplo, la autonomía del Banco Central de Reserva. Sí, eso debe mantenerse porque es el equilibrio de poderes, pero también porque es el manejo global de las instituciones de la economía. Pero con estas otras cosas, yo no entiendo por qué es positivo que una Constitución te diga que la inversión extranjera tiene que ser igual que la nacional", defiende.

Pedro Francke, en un momomento de la entrevista, que se llevó a cabo en la cocina de su casa, en Lima. leslie moreno

El dólar alcanzó su máximo histórico en Perú tras la victoria de Castillo. Ahora parece haberse estabilizado. La visibilidad de Francke ha sido clave para que así sea. El economista asegura que el salario mínimo no se tocará por el mal momento económico que viven las empresas con la pandemia. No se eliminará el sistema privado de pensiones, como había insinuado Castillo y había hecho temer a algunos trabajadores por el futuro de sus ahorros. Eso sí, se intentará reformar porque considera que el de ahora es ineficiente. Sobre aplicar aranceles a determinados productos es algo que no lo descarta, como en el caso de la patata. Es raro el mitin en el que Castillo no aludiera a que las patatas de los productores peruanos se pudrían porque no podían darles salida. "Tendría que haber un límite razonable. No volveríamos a los años setenta, cuando el arancel era de 70%, por los tratados internacionales que tenemos y porque no es conveniente (...). Pero importamos 30.000 toneladas de papas congeladas. Perú con un poquito de esfuerzo podría producirlas él mismo".

También se ha hablado de revisar las condiciones de los peajes. El asesor económico dice que eso todavía está por estudiarse. "Hay una gran molestia no por las concesiones, sino porque hay corrupción ahí. A mí la verdad como que me arde que yo paso por uno y sé que el 25% de lo que pago es para Odebrecht (una constructora brasileña que compró a decenas de autoridades para ganar concesiones de obras públicas). La verdad es que sí me molesto". "Estos patas (amigos) colmaron a todos los expresidentes, echaron un montón de plata. Y resulta que yo cada vez que voy le pago. El tema es complejo porque ahora colaboran (con la justicia, lo que ha derivado en acusaciones, como la de la propia Keiko Fujimori) y hay limpieza, pero honestamente sí me parece fastidioso. Y que se amparan en el contrato firmado, bueno sí, pero el contrato lo conseguiste porque diste plata. No es un contrato limpio. En fin, hay que verlo con cuidado", continúa.

El profesor Francke suena como próximo ministro de Economía en caso de que Castillo finalmente se enfunde la banda presidencial. Es un hombre afable, didáctico. En cuanto acabe la entrevista se irá a impartir una clase sobre las industrias extractivas -el gran tema sobre el que se debate en el país- a sus alumnos de la Universidad Católica del Perú. Ha pasado toda la semana al teléfono y en reuniones presenciales con empresarios de sectores clave como la agroexportación, el textil o la pesca. ¿Temían la llegada de Castillo? "No mucho. Tal vez será que con quienes yo he hablado sea así, porque me da la impresión de que los más cercanos a Keiko Fujimori por razones ideológicas me rechazan más. Otros no diría que son simpatizantes, pero aceptan mejor un Gobierno de izquierda, o son más pragmáticos. Quizá los más duros no han hablado conmigo".

A menudo se ha acusado a Castillo de pretender iniciar el mismo camino de estatizaciones que en su día emprendieron Cuba y Venezuela. ¿Puede asegurar Francke que eso no ocurrirá en Perú? "Por supuesto, no tiene ningún sentido". Y añade: "De las experiencias latinoamericanas a mí me gusta más la uruguaya. Aunque Uruguay tiene una estructura económica y política muy distinta a la nuestra. Es distinta. Hay muchas cosas que hacen al Perú un país único".

-¿Como cuáles?

-¿Cuántos países conoces donde haya varios millones de personas viviendo por encima de 3.500 metros de altura? Te diré que Bolivia, Etiopía y China. Y creo que Nepal. Eso es una cosa muy particular. Algunos empresarios me dicen que para llevar su madera hasta Lima les cuesta más que llevarla de Lima a Tailandia.

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Pedro Francke: "No habrá expropiaciones. Ahora estamos un poquito más con el mercado"

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Pedro Castillo ha generado inquietud entre la élite económica de Perú. El candidato de izquierda populista que sacó más votos el domingo pasado en las elecciones, a la espera de que el tribunal electoral resuelva las anulaciones de mesas que ha propuesto su rival, Keiko Fujimori, no se pone con facilidad al teléfono.

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo este miércoles en conferencia de prensa, por los 100 días del estado de emergencia debido a la pandemia de la COVID-19, que de no llegar a un acuerdo con las clínicas privadas sobre el precio de sus servicios, haría uso del artículo 70 de la Constitución Política que versa sobre la posibilidad de expropiación.

"La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente", manifestó el jefe de Estado.

PUEDES VER Martín Vizcarra da un máximo de 48 horas a clínicas para reducir precios

Pero, ¿qué implicaría, según la legislación y en la práctica, que el Estado expropie una empresa privada?

El presidente hizo referencia al artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Foto: Composición La República

Artículo 70 de la Constitución

La propuesta del mandatario está sustentada en dos normativas nacionales. La primera es el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, el cual sostiene que el derecho a la propiedad es una facultad "inviolable y garantizada" por el Estado.

No obstante, también hace una salvedad sobre esta garantía especificando que "a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio".

En conversación con La República, el abogado constitucionalista Anibal Quiroga señaló que esta figura excepcional representaría la cesión total y no devolvible ni reembolsable de las empresas.

"El Estado lo toma (la empresa), paga y se vuelve de su propiedad. No es un préstamo, ni un canje ni un alquiler. Se le paga en efectivo el valor del inmueble (al dueño particular) y el Estado se lo queda" explicó.

PUEDES VER Martín Vizcarra: "Nos exigen resolver en 100 días lo que no se hizo en 100 años" [VIDEO]

Para precisar qué empresas puedan expropiarse, el Congreso de la República tendría que elaborar una Ley que indique cuáles podrían serían factibles de ser sometidas a este recurso constitucional, en un contexto en el que se encuentre en juego la "seguridad nacional" o que implique una "necesidad pública".

Una vez entrada en vigencia esta ley, se efectuaría la expropiación.

Quiroga manifestó que el pago de los bienes muebles e inmuebles en cuestión se realizaría previa tasación pública, tomando como referencia su valor comercial.

Por lo tanto, en caso se ejecute la expropiación de una empresa, esta será de caracter permanente y no retornaría a sus dueños originales salvo que otra ley así lo disponga.

Algunos establecimientos médicos cobraron más de 4 mil soles por día para la atención en UCI. Foto: La República.

Por otro lado, el constitucionalista Carlos Caro indicó que esta acción del presidente, de dar un plazo de 48 horas a las clínicas privadas, "no necesariamente tiene que pasar por una expropiación"y que puede aplicarse solo a "medidas temporales".

"Más que expropiación creo que aquí se puede hacer una intervención a la sala de emergencia mientras dura la emergencia y luego se devuelve a su propietario mientras paga el justo precio", dijo Caro a La República.

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articulo 70 de la constitucion politica del peru

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¿Qué implica la expropiación de una empresa?

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo este miércoles en conferencia de prensa, por los 100 días del estado de emergencia debido a la pandemia de la COVID-19, que de no llegar a un acuerdo con las clínicas privadas sobre el precio de sus servicios, haría uso del artículo 70 de la Constitución Política que versa sobre la posibilidad de expropiación.

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Presentación

A treinta años de la nacionalización el debate continúa

Luis E. Lander

Recién instalado el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en marzo de 1974, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para nacionalizar la industria petrolera. A la semana siguiente el novel presidente, mediante decreto n° 10, crea una comisión para estudiar la posibilidad de adelantar la reversión de las concesiones y sus bienes afectos. Fue la llamada Comisión Presidencial de Reversión que estuvo integrada de manera plural por expertos petroleros de diversas filiaciones políticas y representantes de distintos sectores sociales, contándose entre sus miembros a Domingo F. Maza Zavala, Gastón Parra Luzardo, Freddy Muñoz, Álvaro Silva Calderón, Hugo Pérez La Salvia, Celestino Armas, Luis Enrique Oberto, Reinaldo Cervini, Rafael Tudela y Aníbal Martinez. Dicha comisión, con el único voto salvado de Alfredo Paúl Delfini, representante de Fedecámaras, le presentó al Presidente, en diciembre del mismo año 1974, un proyecto de ley para adelantar la reversión de las concesiones, que vencerían 80% de ellas entre 1983 y 1984 y el restante 20% entre 1996 y 1997. El presidente Pérez decide entregar el proyecto a un minúsculo comité para que lo revisara. Luego de evaluarlo, el comité decide introducirle algunos cambios. El más controversial fue un segundo párrafo que se le añadió al artículo 5º y que rompió el amplio consenso que el proyecto original había alcanzado. Ese segundo párrafo establecía que: "En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes [entes de su propiedad] podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada". Hubo otros aspectos del proceso nacionalizador que también fueron objeto de observaciones y críticas. El monto de las indemnizaciones acordadas con las concesionarias, por ejemplo, fue por muchos considerado excesivo. Así mismo, los contratos de asistencia técnica y los de comercialización, negociados con las concesionarias en un clima de mucha reserva, entraron también en el debate.

El intenso debate parlamentario llegó a convocar a los ex presidentes Rómulo Betancourt y Rafael Caldera que, en su condición de senadores vitalicios, ejercieron su derecho a participar en él. El primero para defender el proyecto y el segundo para criticarlo. Caldera afirmó en su intervención del 4 de agosto: " Hoy, ante la nacionalización, las empresas mixtas –en mi concepto– la sola posibilidad de establecerlas previstas en el texto de la ley, no van a ayudar sino a entorpecer. Quienes hemos tenido que luchar con las empresas transnacionales sabemos que una rendija que se les abra será aprovechada para convertirla en puerta abierta". Por su parte Betancourt, quien dos días después intervino extensamente, hizo un recuento histórico de la industria petrolera en el país, defendió el artículo 5º cuando sostuvo: "Esta posibilidad de asociaciones (...) tiene cierta semejanza a esas válvulas de escape que se establecieron en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos de 1967 para no atar de brazos al Estado. Puede presentarse la coyuntura en que sea favorable y necesario para los intereses del país un convenio de asociación. Que ese convenio vaya a significar una nueva etapa de entreguismo no lo concibo, porque tengo fe en Venezuela y tengo fe en los venezolanos". Por su parte, Juan Pablo Pérez Alfonzo, cuyo liderazgo en la definición de las políticas públicas petroleras había sido central durante los lustros previos, llegaría más adelante a calificar a la nacionalización de "chucuta".

Es al calor de ese debate que el 21 de agosto de 1975 el Congreso, con los únicos votos favorables de Acción Democrática y la Cruzada Cívica Nacionalista y el rechazo de todas las otras bancadas parlamentarias, se aprueba el proyectos de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y el 29 del mismo mes el presidente Pérez le pone el ejecútese. Mediante decreto n° 1123 del día siguiente es creada Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, que sería la casa matriz encargada de coordinar, supervisar y controlar a las empresas responsables de las actividades petroleras en el país. La entrada en vigencia del nuevo instrumento legal ocurre el primero de enero de 1976, hecho que es celebrado con un acto en el sitio del pozo Zumaque 1, campo Mene Grande, en la costa oriental del lago de Maracaibo, pozo exploratorio exitoso que en 1914 permitió descubrir el primer campo de verdadera importancia comercial en Venezuela.

En enero de este año se cumplieron treinta de aquel acto realizado en el Zumaque 1. Fue sin duda un hito relevante en la historia petrolera de Venezuela, únicamente comparable, quizás, a la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943 que logró unificar a todas las concesiones bajo un mismo marco jurídico y estableció de manera inequívoca la soberanía impositiva de la República o la reforma petrolera introducida por el actual gobierno con la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, en septiembre de 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en noviembre de 2001. Aquel primero de enero de 1976 fue la culminación de un largo proceso que se había iniciado el primer día en que empresas concesionarias extranjeras comenzaron a explotar nuestro principal recurso natural.

Los anhelos por mejorar la participación del Estado venezolano en los beneficios derivados de la industria que explotaba, procesaba, trasportaba y comercializaba los hidrocarburos provenientes de los generosos yacimientos ubicados en nuestra geografía, son visibles desde la época en que Gumersindo Torres, en septiembre de 1917, ocupó el Ministerio de Fomento. En el ejercicio de esa posición promovió la primera legislación propiamente petrolera con el Decreto Reglamentario del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares de 1918 y la primera Ley de Hidrocarburos de 1920. Pero, paradójicamente, la cuestión petrolera que hasta la nacionalización había sido importante, y en momentos central, en el debate político nacional, a partir de 1976 baja mucho en nuestra jerarquía de prioridades. Al pasar la industria a ser también un actor nacional, la capacidad de supervisión y control del Ejecutivo sobre la industria comenzó a debilitarse. El diseño y conducción de las políticas públicas petroleras fueron con el paso de los años desplazándose desde el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, luego Ministerio de Energía y Minas, a la gerencia de Pdvsa. Ese desplazamiento se aceleró notablemente durante la década de los 90 por la aguda turbulencia política vivida. En febrero de 1989 la sociedad venezolana fue sacudida por los dramáticos y trágicos acontecimientos conocidos como el Caracazo. En 1992 nuevamente fuimos sacudidos por dos golpes de Estado, en 1993 el presidente Pérez es depuesto por el Congreso y reemplazado por un inestable gobierno de transición. El segundo gobierno de Caldera se inicia en 1994 con la más aguda crisis financiera que haya vivido el país en toda su historia. Es en ese entorno de convulsión política que desde la gerencia de la industria petrolera, haciendo uso de la rendija avizorada por Caldera en 1975, se adelanta agresivamente en la llamada Apertura Petrolera.

Pero esa política petrolera tuvo incidencias en los acontecimientos sociopolíticos de finales de siglo. Un derrumbe en los precios del petróleo en el mercado internacional y una disminución en el porcentaje de participación fiscal de los ingresos petroleros contribuyeron a agudizar una crisis económica no resuelta, creando el escenario propicio para los resultados electorales de diciembre de 1998. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la política petrolera implementada por el actual gobierno, es innegable que tuvo éxito inicial al estimular el incremento en los precios y, con más dificultad, regresar al ministerio el diseño e implementación de las políticas públicas petroleras.

Sin embargo, a la luz del debate realizado en 1975, surgen dudas y controversias todavía no suficientemente dilucidadas sobre la reforma actualmente en marcha. En aquel momento el aspecto más criticado de la Ley de Nacionalización fue la posibilidad misma de celebrar convenios de asociación con entes privados. Interpretaciones posteriores interesadas ampliaron los alcances de esa posibilidad, llegándose a firmar convenios en los cuales la participación del Estado era muy minoritaria. A diferencia de lo argumentado por los críticos de la Ley de Nacionalización, la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 permite la inversión privada en la actividad petrolera nacional. No obstante, para evitar interpretaciones que en el futuro puedan desvirtuar su intención original, el artículo 22 de la ley es explícito en lo referido a las condiciones de esa participación al sostener "podrá hacerlo [las actividades primarias] mediante empresas donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social, las cuales a los efectos de este Decreto Ley se denominan empresas mixtas".

Todo esfuerzo que se haga por debatir en Venezuela los asuntos petroleros nunca será en vano. Algunas veces de manera abierta, otras más velada, la riqueza proveniente de la explotación de los hidrocarburos ha marcado el devenir de nuestra economía desde por lo menos la década de los 20 del pasado siglo. Y, dadas nuestras actuales reservas, no luce cercano el día en que dejaremos de ser un país petrolero. Es por ello que consideramos de la mayor importancia nuevamente contribuir desde nuestros espacios académicos con tan crucial debate. En los artículos recogidos en este tema central el lector podrá valorar diferencias de enfoque, juicio y matices sobre nuestra historia petrolera, teniendo todos como punto de referencia el trigésimo aniversario de la nacionalización. Quisimos recoger contribuciones de calificados estudiosos y actores de nuestro acontecer petrolero, que expresaran una pluralidad de posturas.

El primero de los artículos, "Trayectoria de la nacionalización petrolera", fue escrito por Álvaro Silva Calderón quien ha tenido una muy dilatada actuación en nuestros asuntos petroleros. Desde la década de los 60, cuando fue consultor jurídico del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y posteriormente miembro de la comisión de energía de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, hasta su reciente actuación como Ministro de Energía y Minas y luego como secretario general de la OPEP, Silva Calderón ha estado siempre en la primera línea de nuestros debates petroleros. En su artículo nos entrega reflexiones producto de esa invalorable experiencia.

El segundo artículo es de Mazhar Al-Shereidah, quien ha sido profesor e investigador de nuestra Facultad desde 1967, formando parte del equipo fundador del Curso de Postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos. Más recientemente formó parte de la Comisión Preparatoria para la II Cumbre OPEP realizada en Caracas en septiembre de 2000, así como de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, que dio lugar a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En su artículo, titulado "La dimensión imaginaria en la nacionalización petrolera", luego de recorrer las distintas etapas de nuestra historia petrolera, concluye observando una pérdida de orientación en las políticas recientes y criticando lo que llega a denominar como una segunda Apertura.

El siguiente artículo es una contribución de Ramón Espinasa, quien tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y fue analista del entorno nacional en Maraven y luego asesor mayor del entorno nacional en Pdvsa. También ocupó el cargo de economista jefe de Pdvsa desde 1992 hasta 1999. En su artículo "El auge y el colapso de Pdvsa a los treinta años de la nacionalización", analiza la tensión siempre existente entre el dueño del recurso natural y la empresa que lo extrae. En una primera etapa, antes de la nacionalización, los actores de esa tensión fueron las compañías trasnacionales concesionarias y el gobierno de Venezuela, tensión que fue resuelta a favor del gobierno nacional en 1975. En una segunda etapa la misma tensión se traslada a actores nacionales: El gobierno, representado por el Ministerio de Energía y Minas, y la gerencia de Pdvsa. Argumenta el autor que en esta segunda etapa la tensión fue nuevamente resulta a favor del gobierno, pero al costo de la destrucción institucional de Pdvsa y del colapso de la producción.

Concluye este tema central con un cuarto artículo escrito por Carlos Mendoza Potellá quien también ha estado vinculado a nuestra Facultad desde su época de estudiante de economía, donde pasó luego a ser profesor. También se ha desempeñado como profesor en el postgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos, del cual fue director. Ha sido también director de Pdvsa y embajador de Venezuela ante Arabia Saudita y ante Rusia. En su artículo "Vigencia del nacionalismo petrolero" desarrolla una visión crítica de la nacionalización ocurrida en 1975, caracterizándola como un acontecimiento más de una larga relación de dependencia con el capital petrolero internacional.

Con este tema central la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales espera poder aportar su contribución a un debate que hoy, como lo ha sido en otros momentos de nuestra historia, es medular para el proyecto de país en construcción. El financiamiento directo de políticas sociales desde Pdvsa y el impulso a la integración regional apalancada por nuestra fortaleza de país petrolero, son sólo dos ejemplos de la centralidad del sector petrolero en la actual gestión de gobierno. Es mediante el debate abierto entre posiciones plurales, pero sólidamente sustentadas, que podemos avanzar hacia la construcción de los consensos necesarios y posibles, o para procesar democráticamente, con la participación formada e informada de amplios sectores de la sociedad, los disensos insuperables. Propiciar y participar de esos debates es tarea prioritaria de nuestras instituciones académicas en general y, particularmente, de herramientas como esta revista.

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A treinta años de la nacionalización el debate continúa

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Trabajo de investigación para optar grado académico