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Las madres comunitarias son mujeres que asumen el cuidado de niños que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han recogido debido a diversos problemas al interior de las familias. Se asume la función de madres sustitutas periódicamente y así, son protegidos por el estado.
Sandra Avella

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La transparencia y el derecho de acceso a la información en el Ayuntamiento de Salamanca no ha mejorado en los últimos años. La regulación de la participación ciudadana es obsoleta e incluso se regulan derechos fundamentales que la normativa municipal está restringiendo de forma inconstitucional, como la falta de obligación del gobierno a contestar a las peticiones ciudadanas o el impedir la iniciativa popular para proponer reglamentos y ordenanzas.

Además, no se están garantizando a los ciudadanos/as el derecho a la participación real y efectiva, impidiéndose la participación en los órganos municipales, con participación exclusiva de grupos políticos. Por otro lado, las entidades sociales apenas tienen derechos y los órganos de participación social están presididos por el mismo alcalde, sin que se le atribuyan funciones y competencias.

Ganemos Salamanca hemos presentado más de 50 propuestas de mejora en cinco ámbitos: disposiciones generales, derechos individuales y colectivos de participación, reforma del modelo de participación orgánica, presupuestos participativos y nuevos órganos de control y seguimiento..

Los ejes de mejora son más derechos y una mejor separación e independencia de los órganos de participación, creando nuevas instituciones de control y seguimiento, para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de participación políticas de las personas, colectivos y órganos municipales.

Ganemos Salamanca entendemos que el acceso a la información pública debe considerarse como un derecho fundamental, ligado al art. 20 y 23 de la Constitución. Además, hacemos nuestros los 1. Desarrollo reglamentario autónomo del derecho a la transparencia y el acceso a la información. 10 principios de coalición proacceso, proponiendo que la nueva ordenanza cumpla los estándares internacionales.

El art. 11 de la Ley Orgánica del Derecho de Petición establece la taxativa obligación a contestar y notificar en el plazo máximo de tres meses por parte del Ayuntamiento, facultando a a los ciudadanos a acudir a los tribunales por omisión de este deber, por lo que la alusión en actual reglamento de participación a la desestimación por silencio negativo debe suprimirse por ilegal e inconstitucional. Además es necesario reducir los plazos de contestación.

2.1. Supresión del silencio negativo por omisión del deber de contestación en el Derecho de petición

2.2. Reducción de los plazos con un máximo de contestación de 1 mes

2.3. Inclusión de información relativa a los procedimientos judiciales pertinentes en caso de omisión del deber de contestación

La iniciativa popular consisten en el derecho de los vecinos/as que gocen del derecho de sufragio activo a presentar propuestas de acuerdos, actuaciones y proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal.

Actualmente el PP ha suprimido la capacidad de presentar proyectos de ordenanzas, manteniendo el 10% de firmas necesarias para poder ejercerlo, lo que creemos que es abusivo. Nuestras propuestas:

3.1. Inclusión del derecho a presentar proyectos de reglamentos

3.2. Reducción de firmas necesarias para ejercer el derecho al 1,5%

3.3. Reducción de la edad para participar a los 16 años

Se propone rebajar el número de firmas necesario al 3% de los censados, reduciéndolo del 10% actual, regulado en la ley de bases, además de desarrollar un poco más el derecho con una nueva redacción del art. 17

Las audiencias públicas son un mecanismo fundamentalmente consultivo y de rendición de cuentas, por lo que debe regularse la obligatoriedad de resolución de los asuntos tratados, cuando lleven propuesta de acuerdo, así como aumentar la capacidad de convocatoria ciudadana

5.1. Reducción de firmas necesarias para ejercer el derecho al 1%

5.2. Devolución por parte del Ayuntamiento de las propuestas de acuerdo en el derecho a la audiencia pública.

Se propone desarrollar más apartados en el art. 19, con el fin de regular mejor este derecho.

7.2. Derecho de cogestión de los espacios municipales

Es necesario abrir a la participación social la inclusión de mociones en el orden del día, para eso proponemos que se incluya un nuevo artículo que posibilite que cualquier persona o entidad ciudadana pueda incluir una moción y defenderla, presentando al menos el 1% de firmas verificables pero no autenticadas ante notario, no pudiendo presentar otra sobre el mismo tema en un plazo de un año, si es rechazada, excepto que se complemente con nuevos datos relevantes

Propuesta 9. Derecho a turno de réplica ciudadano en los plenos

Proponemos incluir en el art. 67.4 un turno de réplica tras la exposición y contestación, con la mitad de duración que el turno inicial.

Propuesta 10. Derecho a participar en las comisiones informativas: proponemos que las asociaciones puedan incluir asuntos en el orden del día e incluso participar con voz, pero sin voto.

II. Derechos de participación de las entidades sociales:

Propuesta 1. Objetivo del registro municipal el conocimiento de la realidad asociativa

Propuesta 2. Apertura del registro a plataformas ciudadanas y movimientos sociales

Propuesta 3. Adecuación de la clasificación propuesta a la realidad asociativa del municipio

Propuesta 4. Simplificación de la documentación a presentar para la inscripción y de la requerida periódicamente

Propuesta 5. Modificación, actualización del registro y publicidad del mismo

Propuesta 6. Carácter público y actualizado del registro

Propuesta 7. Supresión de la declaración de "asociación de utilidad municipal"

Propuesta 8. Supresión de restricciones a entidades asociativas para participar en puntos del orden del día del pleno

III. Reforma de los órganos municipales de participación ciudadana:

Propuesta 1. Sobre derechos de los órganos

Se propone dotar de ciertos derechos que tendrían los distintos órganos de participación social, en concreto:

Derecho de acceso a la información pública municipal para desarrollar sus funciones y competencias.

Derecho a reunirse con responsables públicos de áreas y servicios municipales, previa solicitud en plazo determinado.

Derecho a intervenir en los órganos municipales del Ayuntamiento como plenos, comisiones y otros, previa solicitud en plazo determinado.

Derecho de iniciativa popular ante el pleno en los asuntos de su competencia: propuestas de acuerdo, actuaciones, reglamentos y consultas populares, lo que deberá desarrollarse más ampliamente.

Propuesta 2. Desarrollo de los Consejos de Barrio

Los Consejos de Barrio son órganos de participación social del Ayuntamiento para que las personas y entidades ciudadanas formulen sus propuestas, consulten, aporten, reciban información y participen en los procesos de toma de decisiones políticas de forma descentralizada en su ámbito territorial. La función más importante sería desarrollar el presupuesto participativo por barrios, recabando las propuestas vecinales de inversión pública.

2.1 Denominación y objeto

2.2. Ámbito territorial y nº de consejos

2.3. Competencias y funciones

2.4. Principios de funcionamiento y organización

Propuesta 3. Reforma de los Consejos Sectoriales

Los consejos sectoriales están formados por organizaciones sociales y profesionales de distintos sectores, en la actualidad existen seis consejos sectoriales: Urbanismo y medio ambiente, Consumo, Salud, Mujer, Mayores y Juventud. La función más importante sería desarrollar un informe anual del estado de necesidades de la ciudad, con propuestas sectoriales. Además, tendrían derecho a participar en el proceso de elaboración y modificación de la normativa municipal.

3.1. Obligatoriedad de presentar un plan anual de actuaciones

3.2. Modificación de la función consultiva

3.3. Competencia de participación en el proceso de reforma normativa

3.4. Creación y número de consejos sectoriales

3.5. Composición y prohibición de injerencias políticas

3.6. Modificación de los reglamentos actuales

En Salamanca se plantea como un órgano excesivamente controlado por el Alcalde, con poca participación de las asociaciones civiles y nulas competencias.

Por ello proponemos cambios en la composición para que verdaderamente sea un espacio de participación plural, independiente y representativo de la ciudad,potenciando la adscripción ciudadana de las organizaciones representadas suprimiendo la participación de concejales y miembros del gobierno municipal, incluyendo representantes de cada uno de los consejos sectoriales y territoriales del municipio.

4.1. Composición más plural, independiente y representativa de la realidad social de la ciudad

4.2. Reforma de la presidencia del Consejo de Ciudad y sus competencias

4.3. Reforma de las funciones

4.4. Reforma de las competencias

IV. Sobre los presupuestos participativos:

Es necesario incorporar unos principios básicos incluyendo un nuevo capítulo, que podrán ser regulados más ampliamente por un reglamento específico.

V. Nuevos órganos de control y seguimiento de la participación

La figura del Defensor del Vecino es un recurso que permite atender de forma independiente e investigar las quejas de los vecinos con el objetivo de defender sus derechos, exigir las responsabilidades oportunas al personal y a las autoridades locales y realizar el control y seguimiento de la participación ciudadana en el municipio. Este cargo que actualmente existe en ciudades como Valencia, no suele tener remuneración y es desempeñado por los vecinos mayores de edad del municipio que no hayan ostentado ningún cargo político, sindical o empresarial.

De entre los candidatos suelen ser los órganos de participación de la ciudad los que suelen designar a la persona elegida, pudiendo establecerse otros mecanismos de elección democrática directa o por las asociaciones de vecinos/as, lo que reforzaría su legitimidad e independencia. El Defensor del Vecino trabajaría por defender los derechos de los vecinos/as ante la Administración, comprobaría las solicitudes de información, las peticiones, las quejas y deficiencias denunciadas e investigaría los expedientes de oficio, tendría libre acceso a dependencias y protocolos municipales y podría participar con derecho a voz y voto en la comisión especial de transparencia y participación ciudadana, al igual que los concejales designados para la misma, así como en cualquier órgano de participación institucional

Propuesta 2. Creación de la Comisión Especial de Transparencia y Participación Ciudadana

Se propone la creación de una comisión permanente de carácter especial del Pleno del Ayuntamiento cuyos objetivos concretos sean el control y seguimiento del desempeño de la Administración municipal y el equipo de gobierno en referencia a los derechos de transparencia y participación directa en la vida municipal de forma individual o a través de modelos asociativos.

De este modo, las funciones de la comisión serían fundamentalmente el control y seguimiento del equipo de gobierno, con el mandato de supervisar la actividad de la Administración municipal, estableciendo la obligatoriedad de la elaboración de un informe anual de solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamaciones, propuestas y sugerencias que la Corporación reciba por parte de la ciudadanía, además de enlace del pleno de la corporación con los órganos de participación y el tejido asociativo de la ciudad.

Se propone además la participación como miembro con derecho de voz y voto del Defensor/a del Vecino/a, si acaso se aprobara la creación de esta figura institucional de control y participación ciudadana.

El documento íntegro con las propuestas:

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50 propuestas para mejorar la participación ciudadana en el municipio

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La transparencia y el derecho de acceso a la información en el Ayuntamiento de Salamanca no ha mejorado en los últimos años. La regulación de la participación ciudadana es obsoleta e incluso se regulan derechos fundamentales que la normativa municipal está restringiendo de forma inconstitucional, como la falta

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participación ciudadana en ecuador puede ser las mingas comunitarias en sus comunidades.

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Participación  social, espacios que se generan para ejercer los derechos y los deberes de los ciudadanos  un en  lugar o  comunidad que tiene vos y voto popular, es decir que son democráticos.

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Participación  social, espacios que se generan para ejercer los derechos y los deberes de los ciudadanos  un en  lugar o  comunidad que tiene vos y voto popular, es decir que son democráticos.

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Es la aplicación y ejercicio de los derechos, mediante el reconocimiento de de los mismos, que permite la defensa y garantía de la dignidad humana, la justicia, la igualdad y la paz.

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son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

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Un grupo de personas migrantes que van en defensa y representacion de SUS intereses

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Un grupo de personas migrantes que van en defensa y representacion de SUS intereses

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La participación comunitaria se presenta cuando un grupo de personas, que comparten ciertas necesidades, problemas o intereses y conviven dentro de la misma colectividad, promueven activamente la identificación de estos problemas o intereses buscando soluciones adecuadas y tomando decisiones asertivas para atenderlos. Por ejemplo: programas de salud, programas de sensibilización, estrategias de promoción de acciones sociales, servicio social en las instituciones educativas.

Diana Posada Cardona

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El tema de los liderazgos públicos, se convierte hoy en un imperativo para mejorar la gobernanza de las instituciones y los diversos sectores de la región. Las sociedades democráticas y participativas necesitan cada vez más personas que interactúen entre ellas, intervengan en la toma de decisiones públicas, generen diálogos constructivos, planificando el accionar público de manera transparente y colaborativa.

Estos esfuerzos pueden verse reflejados en el resultado de un arduo trabajo en negociaciones entre países de América Latina y el Caribe para firmar el Acuerdo de Escazú, con el que se pretende garantizar la inclusión de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y a la participación en las políticas públicas relacionadas al tema que aborda el acuerdo. Además, si vemos el mapa del índice de democracia ambiental, observamos que los países de la región poseen un puntaje que refleja marcos legales adecuados para defender temas ambientales pero ¿Es suficiente? ¿Se puede ver reflejado en la realidad la calidad de estas leyes con una mejora en el tema ambiental?.

Con el fin de compartir, visiones y potenciar el dialogo en nuestra región sobre este tema, iniciaremos el diálogo con las siguientes preguntas:
¿Qué elementos se puede citar, de acciones participativas en sus países, que nos lleven a indicar que fue un espacio de liderazgo participativo, inclusivo y de incidencia determinante para reorientar el rumbo de un proyecto, política o situación determinada? ¿Hasta dónde podemos considerar que el liderazgo participativo es suficiente y efectivo para el cambio y cuán lejos estamos de esa aspiración?

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Participación ciudadana: Análisis de casos ambientales