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Análisis de texto: Discurso contestatario a la visión dominante presente en el espectro social costarricense

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Análisis de texto: Discurso contestatario a la visión dominante presente en el espectro social costarricense

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Análisis de texto Discurso contestatario a la visión dominante presente en el espectro social costarricense

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Voz experta: El asesinato reciente de un líder indígena en Costa Rica: breve puesta en perspectiva

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Voz experta: El asesinato reciente de un líder indígena en Costa Rica: breve puesta en perspectiva

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El 24 de febrero del 2020, Jerhy Rivera Rivera, dirigente indígena costarricense de la zona de Térraba, fue asesinado con cinco disparos: véase del medio digital Delfino.cr y esta publicada en el Semanario Universidad.

La noticia fue inmediatamente referida en distintos medios internacionales: véase, a modo de ejemplo, esta muy completa publicada en The Guardian en el Reino Unido, cuya lectura se recomienda.

En menos de un año, dos asesinatos de dirigentes indígenas en Costa Rica

La ubicación geográfica de la muerte de Jerhy Rivera coincide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro dirigente indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricenses: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase con audio de Voces Nuestras).

Tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas, en este mismo espacio digital de la UCR ( Nota 1). Varios de estos requerimientos solicitados por Naciones Unidas, hechos en marzo del 2019, buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase de Naciones Unidas, página 5, y cuya lectura completa recomendamos).

El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el dirigente indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal: sobre este aspecto particular, remitimos a nuestra breve nota publicada en mayo del 2015 en el portal jurídico de DerechoalDía ( Nota 2), en la que analizábamos los alcances de estas medidas ordenadas el 30 de abril del 2015 a Costa Rica por este órgano interamericano.

Cabe señalar que, a diferencia de muchos otros Estados del hemisferio, raras veces Costa Rica ha recibido solicitudes de esta naturaleza por parte de un órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos tendientes a preservar y a resguardar la vida y la integridad física de un dirigente costarricense.

Identificar responsables de asesinatos de líderes comunitarios: ¿una tarea imposible para el Estado costarricense?

Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.

Esta incapacidad estatal no es para nada nueva y forma parte de una larga serie de episodios sumamente violentos contra poblaciones indígenas que se mantienen impunes: por ejemplo, la quema de varios ranchos ocupados por mujeres indígenas en julio del 2014, justo mientras la selección nacional de fútbol de Costa Rica jugaba contra Países Bajos en el Mundial en Brasil, persiste sin ningún responsable identificado y/o sancionado por parte de las autoridades policiales costarricenses.

La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses): sus legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.

Cabe precisar que unos pocos días antes del 24 de febrero en que murió Jerhy Rivera, la prensa internacional refirió - la nacional, mucho menos - a otro hecho de violencia en Salitre cometido en contra de otro líder indígena, Mainor Ortíz Delgado, herido con disparos (véase de The Guardian, en su edición del 17/02/2020): no se tiene claro si las autoridades costarricenses a cargo de monitorear y analizar datos en esta zona geográfica del país percibieron que este hecho podría constituir una primera alerta, conllevando acciones inmediatas de su parte para contener el clima de violencia en la región de Salitre.

En declaraciones públicas, la máxima representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quienes defienden a las comunidades indígenas:

"Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos".

Por su parte, en medio del repudio generalizado que ha causado en la sociedad costarricense este segundo asesinato de un líder indígena en Costa Rica, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR) decidió, en un pronunciamiento con fecha del 27 de febrero (véase completo):

"Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica".

Se trata de manifestaciones y de pronunciamientos de diversas entidades, cuyos contenidos recuerdan exactamente los que habían circulado en el 2019 con ocasión del asesinato de Sergio Rojas, reiterando nuevamente al Estado costarricense cumplir con sus obligaciones y con sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. No obstante, y a modo de posibles vías a explorar, dejaremos en las líneas que siguen algunas ideas sobre los vacíos existentes, que bien podrían inspirar algunos cambios en la legislación costarricense aplicable a actos de esta naturaleza.

A modo de conclusión

El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ningún mecanismo de sanción penal relativo a la incitación al odio en contra de un determinado grupo. La incitación al odio ha sido incorporada jurídicamente en diversas latitudes ( Nota 3), pero a la fecha Costa Rica adolece de este delito en su legislación penal. Se trata de un persistente vacío legal, detectado y señalado como tal en diversos informes de entidades internacionales a la hora de examinar la situación de los derechos humanos en Costa Rica, y que puede explicar la gran facilidad con la que un determinado sector puede emprenderla públicamente contra una población en situación de vulnerabilidad (migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, población sexualmente diversa por ejemplo) y azuzar los ánimos sin verse frenado en lo más mínimo.

La muerte de dos dirigentes indígenas en menos de un año entre el 2019 y el 2020, la organización de una marcha xenófoba contra los migrantes nicaragüenses por vez primera en un parque capitalino costarricense a mediados del 2018, así como un discurso particularmente discriminante e hiriente contra la población sexualmente diversa, escuchado durante la campaña electoral del 2018 son, entre muchos otros, elementos a tomar en cuenta; y que deberían de orientar esfuerzos tendientes a frenar el ímpetu de algunos sectores contra una determinada población de la sociedad costarricense.

Como bien se sabe, una retórica del odio, en determinadas circunstancias, puede llevar a una atmósfera de violencia en la que algunos sectores consideren que hay que pasar a algo más que simples amenazas. No obstante lo dicho anteriormente, pareciera que el ordenamiento jurídico costarricense no prevé protección especial alguna para proteger a líderes sociales que hayan sido objeto, de forma recurrente, de ataques, de intimidaciones o bien de amenazas de muerte.

A ese respecto, vale la pena mencionar otro hecho violento que mantiene en vilo a varias organizaciones sociales y ecologistas costarricenses ante la total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del joven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013: cabe precisar que Jairo Mora contabilizaba desde varios años con su grupo de voluntarios los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense, pretendida para desarrollar varios megaproyectos. La tesis oficial según la cual solamente hueveros y contrabandistas tenían interés en eliminarlo físicamente, externada a pocas horas de su muerte por el mismo Vicepresidente de Costa Rica (sin mediar investigación alguna) constituye una interesante aseveración que nos permitimos cuestionar, al conmemorarse en el 2018, cinco años de la muerte de Jairo Mora ( Nota 4).

La impunidad que se mantiene ante estos y varios otros episodios de violencia demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr frenar a algunos sectores y prevenir su peligrosa retórica discursiva; así como identificar nuevos mecanismos que permitan a los investigadores remontar la cadena de mando que incluya a los verdaderos responsables de este tipo de asesinatos.

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Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., "Asesinato del líder indígena Sergio Rojas en Costa Rica", Portal Noticias UCR, Sección Voz Experta, edición del 29.05.2019, disponible en este .

Nota 2: Véase BOEGLIN N., "Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH", DerechoalDia, edición del 16.05.2015, disponible en este .

Nota 3: Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: "TITULO III - DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas) El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión".
ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión".

Nota 4: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta breve nota nuestra al respecto: BOEGLIN N. "A cinco años de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder", Elpais.cr, edición del 1.06.2018, disponible en este .

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Voz experta: El asesinato reciente de un líder indígena en Costa Rica: breve puesta en perspectiva

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Femicidios en Costa Rica: Las silenciadas

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Femicidios en Costa Rica: Las silenciadas

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EN CONTRA DEL FMI

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Bloqueos, protestas y más impuestos en Costa Rica | Ft. Gerardo Corrales

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Racismo, xenofobia, discriminación e incitación al odio en Costa Rica: breves apuntes

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Racismo, xenofobia, discriminación e incitación al odio en Costa Rica: breves apuntes

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La crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su tradición de acogida, la sociedad costarricense no había registrado aún actos xenófobos como el organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced, que se encuentra cerrado desde esta fecha: una acción policial efectiva permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense.

Ahora bien, a raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido repudiadas por muy diversas organizaciones y por las mismas autoridades del Estado costarricense, no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha. En efecto, un proyecto de ley ( Expediente 20.174) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa.

Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses, o bien contra la población LGTBI (tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica) o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito penal y es sancionada como tal.
Foto Agencia EFE extraída de artículo de prensa titulado "Costa Rica: protestas contra migrantes nicaragüenses" (France 24)
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste una gran laguna con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla. Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: " TITULO III - DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión".

ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión".

De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y sancionada por la Presidenta Bachelet en el 2017 en Chile.
De algunas advertencias hechas a Costa Rica
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: " 10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados ".

Habíamos tenido la oportunidad de escribir al respecto que:

" En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva "

(véase nota nuestra titulada " Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes ", publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).

En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:

" En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: "Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones" (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación) ".

Desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas ha recomendado a Costa Rica:

" 14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.

15. Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales"

(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio y que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
A modo de conclusión
En los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora, atribuyendo este cambio a diversos factores. Han pasado muchos años desde el denominado caso de Natividad Canda (2005), sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica.

La última campaña electoral (febrero /abril 2018) evidenció otra forma de intolerancia, con una peligrosa deriva discursiva contra la población sexualmente diversa costarricense. Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como " contraria a la idiosincrasia costarricense", el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del " delito de odio o de incitación al odio ".

Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 - el primero del capítulo " Deberes del Estado" - podría interesar a muchas organizaciones en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, UCR
nboeglin@gmail.com

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Racismo, xenofobia, discriminación e incitación al odio en Costa Rica: breves apuntes

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La crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense.

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UN ARMA DE DOBLE FILO.

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El futuro de las pensiones de lujo y el plan fiscal en Costa Rica

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Desigualdad empuja a Costa Rica hacia escenarios peligrosos

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Desigualdad empuja a Costa Rica hacia escenarios peligrosos

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Cuatro posibles escenarios esperan a Costa Rica en el futuro: uno catastrófico, dos de peligro y el escenario deseable o escenario apuesta.

De no rectificar el rumbo, el país se dirige hacia escenarios muy peligrosos según se desprende de la investigación "Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad", realizada por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), mediante consulta a más de 200 representantes de distintos sectores sociales.

Al presentar los resultados de este estudio, Juan Carlos Mora, coordinador y especialista en prospectiva -análisis de futuro-, empezó con el escenario del "país del juego /sueño perdido" considerado el catastrófico, por ser -dijo- el que más coincide con la situación que está viviendo el país y con la que podría experimentar una vez superada la pandemia.

En este escenario se da la mayor desigualdad social, mientras la producción nacional no crece para lograr un equilibrio en el desarrollo.

"No estamos tan lejos de tomar ese rumbo. Las tendencias del país caminan hacia ese escenario y por eso es que "un cisne negro" como la pandemia que estamos viviendo ha venido a acelerar la marcha", advirtió el investigador.

Y es que el elemento más claro en el futuro del país, en términos tendenciales, es precisamente la desigualdad social, como lo muestra el comportamiento del coeficiente de Gini.

A esto se suma, una ralentización del crecimiento de la producción, medida por Producto Interno Bruto (PIB), que también contribuye a acercar al país al peor escenario.

No por casualidad, se han venido perdiendo aceleradamente posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que también da cuenta del rumbo poco deseable que lleva el país.
Escenarios no deseables

Entre los cuatro escenarios más posibles, destacan también dos "de peligro", de alta inestabilidad.

A uno de ellos se le ha denominado "el país de unos pocos", el cual está caracterizado por la concentración de la riqueza en un sector muy pequeño de la población, lo que provoca altos índices de desigualdad social, sin que el Estado logre implementar una política pública redistributiva para revertir el proceso.

Costa Rica tampoco está lejos de este escenario. "Hay una tendencia hacia la concentración del ingreso, que la pandemia va a acelerar", dice Mora, quien considera preocupante que se esté tratando de contrarrestar esta tendencia con política pública cortoplacista, que no la revierte.

El otro escenario de peligro es "el país que reparte lo que no tiene", donde se logra mejorar en temas de igualdad, pero a costa de endeudamiento, de un sistema de impuestos regresivo y de una política pública populista, que deja muy comprometidas las posibilidades de desarrollo.
"El país donde quiero vivir..."
"Es importante indicar que la ocurrencia o no de un escenario todavía está en nuestras manos; por eso, la investigación contempla como probabilidad el escenario apuesta, que es el país donde quiero vivir el resto de mi vida", subrayó el académico de EPPS.

¿Podría Costa Rica cambiar el rumbo y caminar hacia este escenario apuesta, en el que crece el PIB y disminuye la desigualdad?

Este escenario no está cerca, según reconoce el coordinador de "Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad", para quien el empuje hacia "el país donde quiero vivir el resto de mi vida" va a requerir esfuerzo, así como varios gobiernos; "no se va a lograr en cuatro años ni con el mejor gobierno del mundo".

Aunque las tendencias se oponen, este escenario alcanzó en el estudio un 42% de probabilidad, lo cual es importante -afirma el investigador- porque refleja que se ven posibilidades de que Costa Rica rectifique el rumbo, de manera que pueda superar factores evidentes de desigualdad social, como la baja conectividad, la educación desigual, la disparidad territorial, el bajo acceso a tecnología, la brecha en ingresos e impuestos regresivos, entre otros.
Bajo nivel educativo: principal causa de desigualdad
"En este escenario ("el país donde quiero vivir el resto de mi vida") vemos la Costa Rica del futuro como un país virtual en muchas de las cosas que hace, pero es una Costa Rica donde el Estado universaliza la conectividad y eso hace que la educación, por ejemplo, no sea un factor de exclusión social, sino que podamos llevar las oportunidades a todas las regiones del país".

Mora fue enfático en que en "el país donde quiero vivir el resto de mi vida" no se podría aceptar que haya estudiantes que reciban clase en la casa con un teléfono celular, tal como se mostró en el reciente informe del Estado de la Educación.

"Tenemos que resolver el problema educativo. Nuestra principal razón de desigualdad social sigue siendo el tema educativo. La diferencia salarial entre una persona que estudió y una que no lo hizo, es abismal. Entonces, ahí está el verdadero problema de la desigualdad", subrayó Mora.

Historiador y educador, el rector de la UNA. Francisco González, hizo énfasis en la necesidad de reflexionar profundamente sobre este punto: "No podemos, en este momento de crisis, rebajar el peso de la inversión en educación pública. Lamentablemente estamos enfrentando posiciones de gobierno donde la disminución es pareja en todos los rubros, sin hacer distinción en aquellas variables de orden estratégico como es la educación, que nos permita seguir fortaleciendo el estado social y el estado democrático".
Rectificar el rumbo
Ese "país donde quiero vivir el resto de mi vida" es un escenario donde se logra un acuerdo en torno a las decisiones que deben tomar los gobiernos de los próximos 10 0 12 años en educación y en otros temas esenciales, como economía y en ambiente.

Para lograrlo es preciso poner atención en la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, así como contar con solidaridad, liderazgo, compromiso y disciplina.

El investigador de EPPS considera que ese acuerdo nacional es imprescindible. "No podemos atender el futuro, tan disruptivo que se nos presenta, con las mismas medidas y decisiones de siempre. Deberá venir un compromiso del Estado por hacer cosas diferentes. Solo de esa manera alcanzaremos ese escenario apuesta", advirtió.

"Acá se ha presentado una serie de variables que de no modificarse, nos llevarían a la construcción de un futuro que nadie quiere en nuestro país. El escenario que no queremos para nuestro país es el que fomente la mayor desigualdad social, y sobre ese, lamentablemente, hemos venido caminando", advirtió el rector González.

Por eso, reiteró la importancia de que la investigación motive la reflexión acerca de las acciones que se están tomando en el presente, para poder detener el deterioro que asoma, cada día con mayor crudeza, en los indicadores macroeconómicos, e incidir en el futuro con decisiones orientadas a construir una sociedad más democrática, que garantice más oportunidades para todas las personas.
Detalles de la investigación
La investigación "Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad", tiene cuatro cualidades que la hacen diferente de otras iniciativas hasta ahora presentadas en el país, según explicó Ángel Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA).

Primero, es producto del aporte de más de 200 personas y diversos sectores sociales, lo que quiere decir que no es producto propiamente de la academia, sino de la mirada de múltiples sectores, bajo la dirección y coordinación de la EPPS.

El segundo elemento es que consiste en un abordaje integral, en el cual se consideran todos los elementos que tienen que ver con la economía, la sociología y la cultura, entre otros.

En tercer lugar, la propuesta tiene un horizonte de largo plazo, lo que permitió la construcción de los cuatro grandes escenarios descritos -algunos puramente tendenciales-, que tienen la misión de indicarnos para dónde va el país, si no hacemos nada.

El cuarto elemento es que el estudio no dice qué hacer. "A diferencia de muchos sectores, nosotros no estamos planteando solución, sino que estamos demarcando e iluminando el futuro del país ante la condición que tenemos. Esto nos permite tomar decisiones para el ya, pero pensando en hacer un cambio orientado hacia el logro de esa Costa Rica que todos queremos", destacó el director de la EPPS.
Foto ilustrativa: Joaquín Salazar

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Desigualdad empuja a Costa Rica hacia escenarios peligrosos

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Cuatro posibles escenarios esperan a Costa Rica en el futuro: uno catastrófico, dos de peligro y el escenario deseable o escenario apuesta. De no rectificar el rumbo, el país se dirige hacia escenarios muy peligrosos según se desprende de la investigación "Escenarios Costa Rica 2040: Hacia la Nueva Normalidad", realizada por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA), mediante consulta a más de 200 representantes de distintos sectores sociales.

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UN DERECHO NO MUY DEMOCRÁTICO.

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Colper: Colegio de Periodistas de Costa Rica

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Entrevistas sobre libertad de expresión y prensa en Costa Rica

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 HUELGA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 2018

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 HUELGA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 2018

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EN CONTRA DE LA REFORMA FISCAL

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La Policía costarricense ingresa a una universidad para reprimir la huelga contra reforma fiscal

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RESULTADOS DEL PROYECTO: ESCENARIOS COSTA RICA 2040.

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RESULTADOS DEL PROYECTO: ESCENARIOS COSTA RICA 2040.

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RESULTADOS DEL PROYECTO: ESCENARIOS COSTA RICA 2040.

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Única, pacífica, educada y de iguales son algunas de las características que se atribuyen a Costa Rica en el exterior, principalmente por no contar con un ejército como institución permanente y una supuesta política ambiental sostenible[i]. Esa imagen se desdibuja al ser contrastada con el proyecto hegemónico impulsado por las élites político-económicas del país, que empuja a la población a una desigualdad cada vez más grande y a una precarización de la vida cotidiana. Este texto pretende dilucidar, por tanto, los mitos que componen la imagen democrática y moderna de Costa Rica frente a sus propias y reales contradicciones.

Actores en tensión

Una democracia procedimental es lo que verdaderamente existe en Costa Rica. Gobernada históricamente por un bipartidismo enfocado en la concentración de bienes comunes, riqueza y derechos a través de la construcción de un imaginario que define a la población costarricense como "igualitica", homogénea, gobernada por una élite benevolente (Jiménez, 2009).[ii] Sin embargo, los hechos muestran lo contrario.

Tras las elecciones presidenciales de 2014, algo pareció cambiar en Costa Rica. La victoria electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC) dejaba atrás, en teoría, al bipartidismo histórico que caracterizó al país centroamericano y, con ello, generaba una ruptura en la cultura política del país. Sin embargo, los partidos tradicionales -Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC)- permanecieron cooptando las demás instituciones y consiguieron representación política en la Asamblea Legislativa.

Finalizando el periodo de gobierno, en 2018, el PAC llegó muy debilitado a las elecciones presidenciales tras el avance de los partidos tradicionales y diversas denuncias de corrupción. Sin embargo, la retórica del miedo y odio que asumió un relativamente nuevo y empoderado Partido Restauración Nacional (PRN), de corte neopentecostal, tras la publicación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instaba a los gobiernos latinoamericanos a aprobar el matrimonio igualitario y aplicar el derecho al nombre para las personas trans, llevó al PAC a tener mejores chances electorales.[iii] La estrategia fue sencilla: el PAC izó la bandera de los derechos humanos -simbólicos- y la defensa de un presunto Estado de Derecho. Esta coyuntura polarizó a la población entre personas que se posicionaban en el plano del no retroceso a derechos humanos básicos y quienes denunciaban el presunto avance de la "ideología de género".

En la primera ronda de esas elecciones la victoria fue del PRN, encabezado por el candidato Fabricio Alvarado, que alcanzó un 24,91%[iv] de los votos, sumando así a Costa Rica a la lista de los países en los que el avance neopentecostal es más evidente. En el segundo lugar se colocó Carlos Alvarado, del oficialista Acción Ciudadana. En la segunda ronda ninguno de los candidatos obtuvo el 40% mínimo para asumir la Presidencia, pero el ejercicio electoral ya se había llevado en medio de la polaridad entre la defensa de un presunto Estado de Derecho -ya de por sí, debilitado- y la llegada del neopentecostalismo a Casa Presidencial. Fueron organizaciones de distinta índole -de mujeres, feministas, LGTBIQ- las movilizadas al voto pro PAC y las que, además, llevaron en sus cuerpos distintas manifestaciones de violencia. [v]

El cierre de filas con el PAC dejó un amplio margen electoral para la victoria de Carlos Alvarado.[vi] Se trató de un triunfo que, muy apresuradamente, se denominó por un sector afín al oficialismo como la "Revolución de las Crayolas", concepto que daría cuenta de una supuesta Costa Rica pacífica que dialoga y vota en lugar de recurrir a la violencia y a las armas. Sin embargo, el país del diálogo y la estabilidad tiene un 21,1% de personas en situación de pobreza, un 6,3% de los hogares está en la pobreza extrema[vii] y la desigualdad aumenta sostenidamente.[viii]

Así, el 2018 trajo consigo una serie de actores que parecían nuevos o, más bien, adormecidos. El repunte de Restauración Nacional dejó una bancada de 14 diputados, mientras el Frente Amplio -de izquierda- apenas logró 1 diputado. La mayoría quedó para el tradicional PLN, con 17 diputados; la tercera fuerza correspondió al PAC, con 10 escaños y en cuarto lugar quedó el PUSC (9 escaños). Los bloques minoritarios fueron compuestos por el ya mencionado Frente Amplio, el Partido Integración Nacional (4 escaños) y el Social Republicano (2 bancas).[ix] La Asamblea, por tanto, quedó concentrada en los partidos de corte político conservador -PLN, PRN, PUSC- y con mayoría plena inclinada hacia la derecha.

La polarización social y el vaciamiento de los DD. HH.

La segunda administración del PAC, denominada como "Unidad Nacional", inició su mandato con una agresiva agenda neoliberal. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como el "Combo Fiscal", dejó en claro que Carlos Alvarado gobernaba para una minoría. En términos generales, el Combo Fiscal se caracteriza por su regresión: i) grava la canasta básica; ii) grava los medicamentos al 4%; iii) establece el IVA al 13% sin exoneración; iv) grava los insumos agrícolas; v) deja el presupuesto a instituciones sociales a la voluntad política; vi) modifica el presupuesto de la educación pública al incluir redes de cuidado de menores y la educación técnica en el mismo rubro y; vii) establece límites a la negociación de convenios colectivos. Frente a la agenda fiscal regresiva, el sector público llevó a cabo una huelga que duró tres meses, mientras recibía una fuerte retórica que criminalizaba y judicializaba a los movimientos políticos que estaban contra el Combo Fiscal. El PAC hizo alarde de su prepotencia y autoritarismo al restringir los espacios para el diálogo, así como el emprendimiento de una campaña del miedo sobre las consecuencias desastrosas de la no implementación de la medida y la asimilación de los sectores sindicales con enemigos políticos.

Sin ningún diálogo, a principios de diciembre, el Combo Fiscal fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Posteriormente, a inicios de 2019, se inició la discusión del Proyecto de Ley del Empleo Público, el cual pretende la prohibición de la huelga a través de mecanismos que aceleran el proceso para declararlas ilegales y la retención del salario desde el primer día de huelga. Así, el Gobierno que pretende conmemorar el bicentenario de la supuesta democracia más sólida de América Latina intentando prohibir el disenso político en público.

El movimiento sindical respondió con un llamado a una huelga intermitente desde el mes de junio, y aún hoy se sostiene. La resistencia contra el proyecto antihuelgas -como se le conoce popularmente- se ha sumado a las molestias generadas a partir de la implementación del IVA, lo cual ha ampliado el movimiento. Asimismo, una serie de cambios en el Ministerio de Educación Pública provocó que estudiantes de secundaria se movilizaran y, previsiblemente, fueran acusados por el oficialismo de ser manipulados por los sectores sindicales y neopentecostales (una de las medidas tenía que ver con el establecimiento de baños neutrales en un sistema educativo que, de por sí, cuenta con pésimas condiciones de infraestructura).[x] En esta coyuntura el PAC capitalizó, nuevamente, para sí la polarización generada a partir de una especie de confrontación entre la apuesta a Derechos Humanos y el supuesto avance de la ideología de género. En definitiva, es la polarización social lo que ha permitido un mínimo de gobernanza para el PAC en una sociedad que aún apela por la mítica democracia pacífica, educada y excepcional de la conflictiva región centroamericana.[xi]

En ese sentido, el discurso de Derechos Humanos pregonado por el PAC está vaciado de contenido en casi todas sus dimensiones. El disfrute pleno de Derechos Humanos es incompatible con el neoliberalismo imperante pues la dimensión material queda entregada a quienes concentran la riqueza, los bienes comunes y, por tanto, el acceso a los derechos efectivos.

Otro aspecto a señalar -y que retrata no sólo el vacío de contenido de Derechos Humanos sino la violencia en sus condiciones más extremas- corresponde al asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Dicho asesinato corresponde al proceso de "recuperación" de territorios por parte de personas no indígenas, acción legítima y legal (de acuerdo a los convenios internacionales firmados por Costa Rica) realizada tras la postergación de la discusión y aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. Sergio es un compañero más asesinado por la defensa del territorio, tal y como lo fueron compañeros y compañeras de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años '90 y Jairo Mora, durante el Gobierno de Laura Chinchilla.

También se cae el mito en la política exterior

La imagen internacional de Costa Rica se encuentra íntimamente relacionada con las nociones de democracia, pacifismo, Derechos Humanos y Estado de Derecho, gracias al relato de las élites político-económicas costarricenses encausados por la diplomacia y los medios de comunicación concentrados. Esta imagen ha permitido al país posicionarse como referente del diálogo e, incluso, como un mediador idóneo al contar con una presunta neutralidad como principio rector de su política exterior.

Es este último aspecto el que ha dado vía libre para que Costa Rica fuese designada como mediadora en el conflicto desatado tras el Golpe de Estado en Honduras en 2009, y le ha permitido formar parte de los países que señalan a la Venezuela bolivariana como Estado dictatorial; también ha sido uno de los países que respaldó la invasión a Irak. En ese sentido, Costa Rica forma parte del bloque hegemónico a nivel internacional, a pesar de que ello contradiga el principio de neutralidad.

Esta condición queda muy bien retratada en los hechos recientes: i) Costa Rica se alineó al Grupo Lima, que confronta directamente a Venezuela; ii) está valorando una dupla con Brasil para lograr los asientos en representación de América Latina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -esto como una acción contra Venezuela, que también se postula-[xii] y; iii) Carlos Alvarado se solidariza y respalda las acciones emprendidas por Lenín Moreno en Ecuador.[xiii]

Así, la neutralidad en materia de política exterior es otra de las condiciones míticas de la democracia centenaria de América Latina. Costa Rica, lejos de izar la bandera de los Derechos Humanos -a lo interno y a lo externo- se alinea al bloque hegemónico de la región y al crisol político del neoliberalismo. Esta condición resulta evidente al repasar los datos socioeconómicos mencionados anteriormente, así como las acciones emprendidas a nivel internacional en apoyo al status quo sostenido en base a la desigualdad.

[i] https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/

[ii] Jiménez, A. (2009). "La vida en otra parte. Migraciones y cambios culturales en Costa Rica". Editorial Alerkín.

[iii] https://www.nacion.com/el-pais/politica/corte-interamericana-notifica-a-costa-rica/LRJBJF6DWNHOFGBXSDNIVYSEDA/story/

[iv] https://www.celag.org/alvarado-proximo-presidente-costa-rica/

[v] https://www.celag.org/informe-pre-electoral-de-costa-rica/

[vi] https://www.celag.org/informe-post-electoral-de-costa-rica-el-triunfo-de-carlos-alvarado/

[vii] Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/11/22/voz-experta-pobreza-en-costa-rica-entre-el-2017-y-el-2018-un-nuevo-incremento-puesto-en-perspectiva.html

[viii] Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. https://www.undp.org/content/dam/costa_rica/docs/undp_cr_contribucion_debate_cr.pdf

[ix] https://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2018/elecciones_presidenciales/diputados/los57.html

[x] Baños sin identificación de sexo y/o género. Medida planteada para las personas que lo desearan.

[xi] https://www.celag.org/costa-rica-polarizacion-social-como-estrategia-electoral/https://www.celag.org/costa-rica-polarizacion-social-como-estrategia-electoral/

[xii] https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/costa-rica-valora-dupla-con-brasil-para-integrar-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/

[xiii] https://elperiodicocr.com/pese-a-protestas-y-violencia-costa-rica-respalda-a-lenin-moreno-y-gobierno-de-ecuador/

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El mito de la democracia en Costa Rica - CELAG

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Única, pacífica, educada y de iguales son algunas de las características que se atribuyen a Costa Rica en el exterior, principalmente por no contar con un ejército como institución permanente y una supuesta política ambiental sostenible[i].

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El dinero cambia la suerte de sentenciados en Costa Rica

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El dinero cambia la suerte de sentenciados en Costa Rica

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Escuchar esta noticia

(Editorial) Cuando Daniel Mora Monge salió por el pequeño portón de la Unidad de Monitoreo para su casa, se rompió un hilo más de la confianza del costarricense sobre el Sistema Judicial costarricense. El dinero gritó yo puedo más.

El Ministerio Público y su investigación que sólo concluyó en una sentencia leve así como el Tecnicismo a favor de Abogados Onerosos lo tienen fuera de prisión.

SI ES CULPABLE

Algunos intentaron confundir a la opinión pública al decir que el juicio no había terminado, ignorando la sentencia del 26 de febrero cuando lo condenaron a siete años de cárcel.

Un comunicado de la Oficina de Prensa explica bien el alcance de la resolución del Tribunal de Apelación del 10 de Julio. "En lo demás, se rechazó el recurso de la defensa y permanece incólume lo resuelto, tanto sobre la autoría de Mora en el atropello de la ciclista Lucía del Carmen Mata Durán (cuyos familiares no conciliaron), como en la indemnización civil fijada a favor de estos".

HABILIDAD DE ABOGADOS

El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial, integrado por los jueces Rosaura Chinchilla, Norberto Garay, y Gustavo Adolfo Rojas tomaron la decisión unánime.

Los jueces dijeron el 10 de julio que si en un plazo de una semana no presentan un recurso ante la Sala de Casación el caso volverá a juicio para revisar únicamente si la pena se baja o se aumenta según la resolución 2019 1181.

Los jueces no anularon la responsabilidad de Daniel Mora, su culpabilidad se mantiene. Él es responsable por la muerte de los ciclistas, sólo que tres familias decidieron dinero como forma de reparación, y aquí nos preguntamos cuánto vale no una sino cuatro vidas. Solo los papás de Lucía decidieron seguir adelante con el proceso hasta llevarlo a sentencia condenatoria.

Rápidamente la Defensa de Daniel Mora, comandada por el Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, acudió a pedir un cambio de medida para liberarlo de permanecer recluido dentro de la cárcel de San Sebastián por un brazalete electrónico.

A Daniel Mora le permiten ahora viajar de su casa al trabajo, y además habrá que esperar si los jueces le restauran el permiso para volver a manejar.

La Defensa utilizó la falta de pericia en la investigación para dejar dudas sobre si Mora venía bajo los efectos de algo, cuando el sentido común apunta a preguntar si estaba drogado, si hablaba por teléfono, o simplemente no se dió cuenta de que arrolló a cuatro ciclistas y se marchó para descubrir kilómetros más tarde que su vehículo estaba destrozado.

SOLO 144 DÍAS PRESO

Daniel Mora permaneció 144 días preso, ese mismo que el 29 de enero del 2017 atropelló a cuatro ciclistas y se marchó sin detenerse como lo permite la ley por el principio de presunción de inocencia.

A Daniel Mora lo localizaron seis horas más tarde, cuando la Fuerza Pública encontró su Mustang afuera de su casa en Curriddabat.

Daniel Mora tuvo seis horas antes de su arresto, seis horas después de la agonía de los tres ciclistas. Lucía Mata Durán, de 38 años, prolongó su agonía hasta el 21 de marzo del 2017.

DINERO LA DIFERENCIA

Desde aquí inició el proceso que recuerda como el tecnicismo jurídico en manos de Abogados muy caros permite destrozar la esperanza del ciudadano de ver como el responsable de un delito recibe una pena para reprochar como sociedad su conducta.

La Defensa de Daniel Mora cobró bien sus honorarios. La pregunta es si todos los presentados ante la justicia costarricense tienen la misma suerte. Un Ex Presidente de la Corte versus cualquier abogado sin cartel de haber formado parte de la cúpula del Poder Judicial.

Daniel Mora Monge No cumplió un tercio de la pena, que ahora podría ser reducida, sólo 144 días por cuatro muertes, eso quiere decir 36 días por cada una de las muertes, si nos olvidamos de la conciliación y nos apegamos a los hechos simples de la madrugada de aquel día de enero .

SIN PLATA TE QUEDÁS PRESO

A los tres señalados policialmente como líderes del Frente Patriótico Siete de Julio los metieron en Máxima Seguridad de La Reforma, tan sólo por amenazar, no ejecutar ningún tipo de acción. El problema no tienen el dinero suficiente para contratar una Defensa Onerosa, si lo tuvieran nos preguntaríamos si no estarían con tobillera.

Wálter Fischer Reich y el caso CCSS - Fischel otro ejemplo más de que el dinero libera culpables.

Aquí queda demostrado que no importa si participaste en el Chorizo ICE-Alcatel, El Cementazo, o el atropello de cuatro ciclistas, asegúrate de tener dinero porque te va a costar.

La lentitud de los procesos no puede seguirse escudando en rigurosidad de estudio porque es falso y lo demuestra este caso.

Nos preguntamos cuántos condenados son liberados mientras se establece un cambio en la cantidad de años. En adelante el que pida lo mismo lo podrá obtener.

Daniel Mora Monge podría incluso volver a manejar su ruidoso Ford Mustang por las calles costarricenses. La recomendación sería abra paso, no vaya hacer que lo atropelle la impunidad.

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El dinero cambia la suerte de sentenciados en Costa Rica - El Guardián CR

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Escuchar esta noticia (Editorial) Cuando Daniel Mora Monge salió por el pequeño portón de la Unidad de Monitoreo para su casa, se rompió un hilo más de la confianza del costarricense sobre el Sistema Judicial costarricense. El dinero gritó yo puedo más.

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Conductor que atropelló y mató a cuatro ciclistas queda en libertad

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Conductor que atropelló y mató a cuatro ciclistas queda en libertad

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Conductor que atropelló y mató a cuatro ciclistas queda en libertad

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Este viernes, el Tribunal del Juicio Segundo Circuito Judicial de San José, dejó en libertad a Daniel Alberto Mora Monge, acusado de atropellar y matar a la ciclista Lucía del Carmen Mata Durán en el 2017, cuando ella transitaba junto [...]

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Santo Fraude (detrás del TLC, Costa Rica)

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Santo Fraude (detrás del TLC, Costa Rica)

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Documental que narra el miedo, la mentira y el chantaje que se
esconde detrás del triunfo del Si al TLC, ocurrido el 7 de octubre del 2007.

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Santo Fraude (detrás del TLC, Costa Rica)

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El Hilo de la Historia #59: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas I parte

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El Hilo de la Historia #59: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas I parte

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El Hilo de la Historia #59: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas. I Parte

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Listen to this episode from El Hilo de la Historia - 101.5 Costa Rica Radio on Spotify. Hoy nos puede parecer que trabajar 8 horas, con tiempo para el almuerzo y derecho a pedir que se consideren como extras las horas trabajadas de más es algo justo y normal.

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MEDIOS DE COMUNICACIÓN MANIPULAN INFORMACIÓN 

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MEDIOS DE COMUNICACIÓN MANIPULAN INFORMACIÓN 

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EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS MANIFESTANTES.

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Carlos Alvarado presidente de Costa Rica acusado de agresión a EMBARAZADA

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El Hilo de la Historia #60: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas II parte

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El Hilo de la Historia #60: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas II parte

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El Hilo de la Historia #60: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas. II Parte

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Listen to this episode from El Hilo de la Historia - 101.5 Costa Rica Radio on Spotify. Continuamos conversando sobre las luchas de los trabajadores y trabajadoras por asegurar su derecho a una jornada laboral máxima, escuchando a la Dra Marielos Aguilar, en su intervención en el conversatorio 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas.

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El Hilo de la Historia #60: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas III parte

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El Hilo de la Historia #60: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas III parte

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El Hilo de la Historia #61: 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas. III Parte

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Listen to this episode from El Hilo de la Historia - 101.5 Costa Rica Radio on Spotify. Con la presentación de hoy, a cargo del Dr. Mauricio Castro Méndez, damos cierre al ciclo de programas elaborados a partir del conversatorio "La jucha por la jornada de 8 horas en Costa Rica", organizada por el CIHAC en el mes de junio de 2020.

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Diputados regulan huelgas en Costa Rica y las prohíben en seguridad y salud

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Diputados regulan huelgas en Costa Rica y las prohíben en seguridad y salud

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San José, 3 Sep (Elpaís.cr).- Con 40 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en Primer Debate la Ley que regula las huelgas (Expediente 21.193), y las declara totalmente ilegales en seguridad y salud, entre otras.

Los diputados realizaron cambios significativos a la legislación costarricense como la segmentación de servicios en tres categorías: servicios esenciales, servicios de trascendental importancia y servicios estratégicos para la Nación (educación).

La huelga en servicios esenciales tales como los servicios de salud y seguridad pública entre otros, se considerará totalmente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en el Código laboral.

En el caso de los servicios de importancia trascendental, que incluye servicios como la recolección de basura en las comunidades y la carga y descarga en muelles y atracaderos, las personas trabajadoras que vayan a huelga deben organizarse para mantener un mínimo de labores en marcha, de manera que se garantice la continuidad del servicio. La huelga no podrá sobrepasar los 10 días naturales.

La huelga en educación, como servicio estratégico para la nación, no podrá provocar cierres o paralizaciones completas de centros educativos, y se deberá contar con un plan de atención inmediata que garantice que el servicio de seguridad, aseo y alimentación para la población estudiantil se siga brindando. Este tipo de huelgas sólo se podrán prolongar por un plazo de 21 días naturales consecutivos o de 10 días naturales discontinuos.

Respecto a las huelgas por políticas públicas, se estipula que serán ilegales aquellas huelgas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales por parte del patrono, sin embargo, serán permitidas las huelgas por políticas públicas cuando dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de las y los trabajadores.

Además, no se considerará pacífica la huelga que provoquen bloqueos en vías públicas, impida el acceso a sitios públicos, realice sabotajes a bienes públicos o impida trabajar a personas que no están en huelga. Cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de estas conductas deberá poner la denuncia ante el Ministerio Público.

Si la huelga continúa después del plazo legal permitido para su realización, las y los trabajadores podrán plantear y llegar a acuerdos en los puntos de controversias, recurriendo a un arbitraje de derecho al Poder Judicial, Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Colegio de Abogados y Abogadas, o a un Arbitraje ad hoc.

La parte patronal podrá solicitar al Juez la suspensión de la huelga cuando se compruebe que la misma está causando daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.

Todas estas son disposiciones que no se encuentran claramente definidas en la legislación actual y que representan un avance importante en la consolidación del papel del Estado como garante de los derechos de las personas y de los servicios básicos para la reactivación económica que el país requiere, informó la Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez.

Añadió que la nueva ley pretende garantizar la prestación de servicios de cara a la ciudadanía, ajustar plazos excesivos, brindar seguridad jurídica a todas las partes involucradas y regular el proceso para calificar una huelga legal o ilegal, son los principales objetivos del proyecto de Ley que regula las huelgas (Expediente 21.049).

Resaltó que este proyecto llena un vacío importante en la legislación actual que ha dado pie a huelgas abusivas, que han lesionado derechos fundamentales de la ciudadanía y acarreado repercusiones negativas en la estabilidad macroeconómica de los sectores productivos, las comunidades, las familias y la estabilidad laboral de muchas personas.

"Este es un paso de suma importancia hacia una democracia más fuerte y madura, donde un derecho no tiene por qué anteponerse a otros igualmente fundamentales. Este proyecto crea un marco que clasifica los servicios en función de los derechos de la ciudadanía, sin hacer a un lado el derecho de las y los trabajadores a defender sus intereses mediante un movimiento de huelga; lo que hace en su lugar es establecer plazos y mecanismo definidos de manera que no se vuelvan a presentar huelgas que se prolonguen por meses sin mayores responsabilidades", señaló la diputada Nielsen Pérez.

"Esta es una propuesta que además responde a un proceso de análisis ampliamente participativo, en el que 128 sindicatos, confederaciones y asociaciones, entre otras organizaciones laborales fueron consultadas y con las que se llegó a varios acuerdos incorporados en el texto aprobado esta noche", agregó la legisladora Pérez.Sindicatos de Costa Rica se manifiestan este martes en las calles de San José y en las afueras del Congreso para expresar su rechazo a un proyecto de ley que pretende regular las huelgas y que los gremios califican como "autoritario".

Este martes, trabajadores de los servicios públicos (Estado), de sindicatos de educadores, del sector salud y de otras instituciones públicas, marcharon para oponerse al proyecto de "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos".

Dirigentes sindicales dijeron que se oponen a que se les elimine el derecho a la protesta social.

El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, rechazo críticas de que los movimientos se huelga han perjudicado a los estudiantes, "pero estamos educando en la calle y defendiendo al pueblo de Costa Rica".

Además, la nueva ley que tendrá segundo debate este jueves, es calificada por los sindicatos como "autoritaria" y una "mordaza", pues según líderes como Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contradice el Código de Trabajo, el Código Procesal Laboral, la Constitución Política y convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica.

La nueva legislación contempla el rebajo de salarios retroactivos en caso de que la huelga sea declarada ilegal por un juzgado. Históricamente, los trabajadores estatales costarricenses reciben su salario normalmente como ocurrió el año anterior en que el movimiento de protesta se prolongó durante tres meses en contra de una reforma fiscal, aprobada en diciembre.

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró que "este proyecto garantiza el derecho a la huelga sin afectar los servicios que se brindan a la ciudadanía y apega nuestra legislación a los estándares internacionales. Es nuestra prioridad buscar el bienestar general de la ciudadanía".

"Agradezco a la Asamblea Legislativa, República de Costa Rica el avance de esta iniciativa. El Gobierno reafirma su fuerte vocación de diálogo, de paz y sobretodo de desatar los nudos que no han permitido el avance de nuestro país", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

Entre tanto, como reacción inmediata las organizaciones de educadores, APSE y ANDE hicieron un llamado a toda su afiliación a continuar el movimiento de huelga contra el proyecto de lo que llaman "ley antihuelgas 21049", que acaba de ser votado en primer debate y recibirá segundo debate el próximo jueves 5 de setiembre de 2019.

La Presidenta de APSE, Mélida Cedeño Castro, llamó a toda la afiliación a continuar la lucha mañana miércoles 4 de setiembre con acciones de huelga regionalizadas y el próximo jueves 5 de setiembre con ocasión del segundo debate del proyecto.

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Diputados regulan huelgas en Costa Rica y las prohíben en seguridad y salud

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San José, 3 Sep (Elpaís.cr).- Con 40 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en Primer Debate la Ley que regula las huelgas (Expediente 21.193), y las declara totalmente ilegales en seguridad y salud, entre otras.

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Así quedó el texto final del proyecto de Ley de Regulación de Huelgas

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Así quedó el texto final del proyecto de Ley de Regulación de Huelgas

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Texto actualizado por Delfino.cr con la resolución de la Sala Constitucional 2019-020596 y las modificaciones hechas por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad en sesión del 17 de diciembre del 2019.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
ARTÍCULO 1- REFORMAS PARA LA AGILIZACIÓN DE PROCESOS

Para que se reformen los artículos 81, 349, 350, 371, 373, 376, 377, 378, 379, 385, 661, 663, 664, 666, 667, 668 y 707 del Código de Trabajo, Ley N.°2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas.

Artículo 81.- Son causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo:

a. ...; / b. ...; / c. ...; / d. ...; / e. ...; / f. ...; / g. ...; / h. ...; / i. ...; / j. ...; / k. ...; / l. ...; / Inciso nuevo- Cuando el trabajador o trabajadora incumpla con el plan de servicios mínimos durante un período de huelga .

Artículo 349.- Los sindicatos están obligados:

d) A enviar cada año al mismo Departamento una nómina completa de sus miembros, y señalar un medio electrónico para atender notificaciones. Dicha dirección electrónica debe estar debidamente registrada y actualizada ante el Ministerio de Trabajo, y será utilizada exclusivamente para recibir notificaciones en los trámites de calificación de movimientos huelguísticos regulados en este código y para los efectos del trámite del artículo 375 bis de este código. El Ministerio de Trabajo brindará acceso público y en línea a la lista de medios electrónicos establecidos por cada una de las organizaciones sindicales registradas. En caso de incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas de forma automática.

Transitorio- Para el cumplimiento de la obligación establecida en el inciso d) de este artículo se establece el plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Por unanimidad en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional concluyó que este artículo no es inconstitucional, siempre y cuando el tratamiento de los datos ahí contenidos respete lo establecido en la Ley N° 8968 "Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales".
(**) Artículo 350.- A instancia del respectivo Ministerio, los Tribunales de Trabajo ordenarán la disolución de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio:
En caso de que la autoridad judicial emita sentencia condenatoria contra el representante legal de un sindicato o contra alguno de los miembros de su órgano directivo por acciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, por los delitos señalados en los artículos 128, 144, 229, 263, 263 bis, 264, 339 y 340 del Código Penal, en calidad de autor, instigador o cómplice, enviará copia de la misma al Ministro / Ministra de Trabajo para los efectos correspondientes al presente artículo.
(*) Por unanimidad en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la inclusión de los artículos 128, 263 bis y 264 del Código Penal en el párrafo introducido en el párrafo consultado por violación a los artículos 28, 39, y 60 de la Constitución Política y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en cuanto se refiere a la actuación del sindicato. En cuanto a los artículos 144, 229, 339 y 340 se interpreta que es constitucional su aplicación únicamente en aquellos casos en que como consecuencia del delito exista pérdida de vidas humanas o afectaciones graves a la salud, al orden público o a la economía del país. En relación con el artículo 263 del Código Penal, se estima constitucional su aplicación. Asimismo, a los efectos específicos de la disolución de un sindicato se declara inconstitucional el traslado de la responsabilidad penal y personalísima de uno o varios de los dirigentes sindicales o integrantes del sindicato en su actuación individual, al sindicato como tal por violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
(**) Esta reforma fue eliminada del proyecto por disposición de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad en sesión del 17 de diciembre del 2019.

Artículo 371.- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:

a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales.

b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386.

Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono.

Además de la huelga contractual se permitirá también la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores. En este caso deberán cumplirse los requisitos del artículo 377 de este Código, con excepción de la conciliación previa. Este tipo de huelgas no podrá tener una duración superior a 48 horas, ni podrán reiterarse por el mismo motivo.

La regulación del párrafo anterior no afectará el derecho a realizar marchas, concentraciones, mítines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurídico que se realicen en horas no laborales, sin restricción alguna de duración.

Las anteriores disposiciones tampoco afectarán el derecho a manifestarse de los trabajadores independientes, o de aquellas personas que no se encuentren vinculadas a una relación laboral.

Aparte de los casos indicados en este artículo, no se permitirán huelgas atípicas ni serán consideradas como legales ningún otro tipo de huelgas.

No se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impida el acceso a las instalaciones o servicios públicos, la realización de sabotaje sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal, o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga.
(*) Por unanimidad en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que no es inconstitucional la ilegalidad de la huelga política establecida en el artículo 371 consultado. También concluyó que no es inconstitucional el plazo de cuarenta y ocho horas para la huelga que tenga como finalidad protestar contra políticas públicas que afecten de forma directa los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Respecto de la prohibición de la reiteración, por unanimidad se dispone que es constitucional, siempre y cuando se interprete que sí es posible realizar una nueva huelga cuando exista un cambio en las circunstancias.
Artículo 373.- El derecho de huelga comprende la participación en las actividades preparatorias que no interfieran en el desenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de convocatoria, de elección de su modalidad, de adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, de participación en su desarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada la propia participación en la huelga.

Queda prohibido a los trabajadores que participan de la huelga, ausentarse o separarse injustificadamente para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento. Una vez que haya terminado la huelga, el patrono tendrá el plazo de un mes para proceder conforme a lo establecido en el artículo 414 de este código.

Artículo 376.- Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos esenciales aquellos cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública. Por su carácter esencial, estará prohibida absolutamente la huelga, en los siguientes servicios:

1) Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, que brinden asistencia de forma directa e integral al usuario incluyendo los servicios de hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, servicios de alimentación a pacientes, vigilancia, registros médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de usuarios, y en general todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la salud de las personas.

2) Servicios de seguridad pública incluyendo servicios de policía, policía judicial, cuido de instalaciones públicas, vigilancia, investigación, policía de tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanecieren.

3) Controladores aéreos y control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos.

4) Servicios de transporte ferroviario, marítimo, carga y descarga en muelles y atracaderos de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, barcos tanqueros o naves de combustible u otras fuentes de energía y los servicios de transporte público remunerado de personas en la modalidad de autobús y tren, mientras el viaje no termine.

5) Bomberos, servicios de búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas y servicios de atención de desastres y/o emergencias, así como llamadas de emergencias.

6) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

7) Los servicios necesarios para asegurar el suministro de energía eléctrica a los consumidores, incluyendo la atención de averías, así como aquellos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

8) Los servicios indispensables para la importación, transporte, distribución y suministro de combustible, la atención de averías que afecten los servicios descritos y el suministro en plantel a comercializadores o consumidores finales.

9) Servicio de comedores escolares, así como los servicios de protección, cuido y/o albergue, de niñez y adolescencia y adultos mayores, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad.
10) Los servicios judiciales en materia laboral, derechos fundamentales, derecho de familia, pensiones alimentarias, violencia intrafamiliar, contravenciones y flagrancia, el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios médico forense que impliquen atención urgente, incluyendo en todos los casos los servicios auxiliares necesarios para su efectiva prestación . (*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que no se encuentra vicio de inconstitucionalidad en relación con la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales y que no hay vicio de inconstitucionalidad en cuanto a la prohibición de huelga de los servicios judiciales y auxiliares contemplada en el artículo 376 inciso 10 consultado. Sin embargo, por mayoría, se declara que hay un vicio de inconstitucionalidad en relación con la falta de consulta a la Corte Suprema de Justicia del artículo 376 inciso 10 del proyecto, por violación al artículo 167 de la Constitución Política. Por unanimidad, no se encontró vicio de inconstitucionalidad alguno en cuanto a la alegada falta de consulta a las organizaciones de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Además, por mayoría se dispone que es constitucional la inclusión de los servicios de transporte ferroviario, marítimo, carga y descarga en muelles y atracaderos de bienes perecederos, dentro de la noción de servicios esenciales, en los que se prohíbe la huelga, según el artículo 376 inciso 4 consultado.
(**) Esta reforma fue eliminada del proyecto por disposición de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad en sesión del 17 de diciembre del 2019.

Artículo 377- Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben:

a) Observar los extremos preceptuados en el artículo 371.

b) Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en el artículo 618. En los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den lugar a la huelga legal, este requisito se entenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato, sindicatos o en su caso la coalición de personas trabajadoras, hagan al empleador o la empleadora, otorgándole un plazo de por lo menos un mes para resolver el conflicto.

c) En el caso de servicios públicos, deberán también haber entregado al patrono, con copia al Ministerio de Trabajo, una nota escrita de "aviso de huelga" que incluya: fecha de inicio del movimiento, los días y horas en que se llevará a cabo la huelga, las organizaciones sindicales o coaliciones que representan a los trabajadores, el patrono y centros de trabajo afectados, la modalidad de huelga y demás detalles que señala el artículo 378. El aviso de huelga necesariamente deberá entregarse por escrito al menos cinco días hábiles antes de ejecutar el movimiento. Si se tratara de uno o varios sindicatos que individual o colectivamente, reúnan la afiliación del cincuenta por ciento (50%) de las personas trabajadoras, de conformidad con el artículo 346 inciso e), se deberá aportar copia certificada del acta de asamblea general del sindicato o sindicatos convocantes a la huelga. En caso de una coalición temporal de trabajadores, el "aviso de huelga" deberá necesariamente contener una dirección de correo electrónico donde atender notificación que será utilizada para comunicaciones y notificaciones por parte del patrono, la autoridad administrativa y las instancias judiciales en el procedimiento de calificación de huelga. La omisión de señalar un medio electrónico para atender notificaciones conllevará necesariamente la aplicación de la notificación automática por parte de la autoridad administrativa o judicial. En el caso de un sindicato, a efectos de notificación, se estará a lo señalado en el artículo 349 inciso d) de este código.

En toda huelga, sin excepción, se deberán cumplir los requisitos señalados en el presente Código, caso contrario no podrá ser declarada legal.

Artículo 378.- La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos, casos los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En ningún caso se podrá reiterar una huelga por los mismos motivos de una anteriormente realizada.
(*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que no se encontró inconstitucional la reforma introducida al artículo 378 consultado, siempre y cuando se interprete que la expresión "por los mismos motivos" no impide la realización de una nueva huelga cuando haya un cambio en las circunstancias o un incumplimiento patronal. La magistrada Picado Brenes salva el voto y declara inconstitucional la prohibición de la reiteración.
Artículo 379.- La terminación de los contratos de trabajo o cualquier otra sanción disciplinaria que correspondiere, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga.

En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista en el artículo 375 bis de este Código.

La huelga suspende los contratos de trabajo respecto de los trabajadores que se encuentren participando del movimiento; en consecuencia, dichos trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni el empleador al pago de las remuneraciones.

Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga.

En ningún caso será condenado el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales.

La amortización de los salarios sujetos a reembolso se efectuará en los plazos establecidos en el segundo párrafo del artículo 173 de este código. En caso de que el jerarca determine que resulta más conveniente para satisfacer el fin público, se podrá acordar la reposición parcial o total del tiempo no laborado, para cuyo efecto dicho jerarca emitirá una resolución razonada que especificará la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisión de dicha reposición. De esta resolución remitirá copia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes.
(*) Por unanimidad en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que no es inconstitucional el artículo 379 consultado que exonera al patrono del pago de las remuneraciones a los trabajadores que se encuentren participando del movimiento de huelga. En cuanto a la violación del principio de no regresión de los derechos laborales, contenido en el artículo 379 consultado, por unanimidad se dispone que no hay vicio de inconstitucionalidad. Por unanimidad, se interpreta que el artículo 379 consultado en cuanto reconoce el pago de los salarios correspondientes a los días de una huelga declarada legal, delimitándolo únicamente "por incumplimientos graves del contrato de trabajo", es conforme con el Derecho de la Constitución en el tanto su reconocimiento no excluya los demás supuestos establecidos en el artículo 386 del Código de Trabajo.
Artículo 385.- Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora podrá ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas, si estos no se reintegraran al trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la respectiva resolución; previo cumplimiento del debido proceso en el caso de los trabajadores del sector público.

Además de la respectiva notificación a las partes del procedimiento de calificación de huelga, para efectos de publicidad, la autoridad judicial ordenará la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en un medio digital a cargo del gestionante.

No obstante lo anterior, en los nuevos contratos que celebre el patrono no podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.

Artículo 661.- La calificación podrá solicitarse en cualquier tiempo mientras subsista la huelga o el paro, salvo lo dispuesto en el artículo 384. En el caso de servicios públicos, la calificación podrá solicitarse hasta tres días después de su finalización.

Los jerarcas de las entidades públicas están obligados a solicitar la calificación de la huelga dentro de las 24 horas a partir de la suspensión de las labores, caso contrario, incurrirán de forma personal en las distintas responsabilidades que la ley señala.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 668, solo podrá intentarse un único proceso de calificación por el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador o empleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas regiones, sin perjuicio de que si se produjera únicamente en un centro de trabajo se circunscribirá la calificación a ese centro.

Artículo 663.- Presentada la solicitud de calificación de huelga, el juez de trabajo correspondiente tendrá un plazo improrrogable de 24 horas para resolver la solicitud. Si la solicitud no estuviera en forma se prevendrá la subsanación en un plazo de 24 horas, bajo el apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la gestión. Una vez recibida la solicitud en forma, el juez dictará en el plazo de 24 horas una resolución con el siguiente contenido:

1) Admisión del proceso para su trámite, la cual tendrá como contradictor a las organizaciones sindicales o las coaliciones temporales de trabajadores, las que serán notificadas de conformidad con el artículo 349 ó 377, respectivamente. También se considerarán contradictores el empleador o empleadores.

2) Intimación a la parte contraria e indicación en forma puntual de los hechos por los cuales se solicita la declaratoria de ilegalidad y el fundamento jurídico de la solicitud planteada, concediendo un plazo de 24 horas para que hagan valer sus derechos.

3) En los conflictos de carácter económico y social, se le prevendrá a la parte contraría que aporte, a más tardar el día de la audiencia preliminar, una copia del pliego de peticiones presentado en los términos del artículo 619.

4) Convocatoria a las partes a una audiencia oral sumarísima y privada, que se deberá llevar a cabo en las 72 horas siguientes al vencimiento del emplazamiento. A las partes se les advertirá́ de su derecho a apersonarse al proceso para alegar lo que sea de su interés, ofrecer la prueba pertinente y presenciar y participar en la recepción de las pruebas ofrecidas.

La audiencia oral sumarísima se desarrollará en dos fases: la fase preliminar y la fase complementaria.

En la fase preliminar se realizarán las siguientes actuaciones:

1) Informe a las partes sobre objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.

2) Aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juez sean oscuras, imprecisas u omisas. Si se estimare que hay deficiencias, se le dará a las partes la palabra para que manifiesten lo que sea de su interés.

3) Se procederá a recibir la prueba sobre nulidades y vicios de procedimiento invocados por las partes en la audiencia. De seguido se discutirá y resolverá sobre todas esas cuestiones. De existir vicios u omisiones, en un único pronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se ordenará a la parte subsanarla en ese mismo acto o, de ser necesario, se le dará un plazo prudencial para cumplirlas que nunca será mayor a 24 horas.

4) Admisión y rechazo de las pruebas sobre la calificación del movimiento. En caso de presentarse recurso de apelación por rechazo de prueba, el misma se tramitará como apelación diferida conforme al numeral 524 de este Código.

5) Se dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hubieren dispuesto al cursarse este proceso de calificación, y en su caso, se ordenarán las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer a indicación de las partes o de propia iniciativa.

En la fase complementaria:

1) Se leerán las pruebas anticipadas o irrepetibles, las cuales se incorporarán por esa vía al debate.

2) Se recibirán las pruebas admitidas.

3) Se procederá a la formulación de conclusiones de las partes, por el tiempo que fije el juez.

4) Excepcionalmente el juez podrá ordenar prueba adicional en cuyo caso deberá hacer un nuevo señalamiento de la hora y fecha para la audiencia complementaria, la cual tendrá que llevarse a cabo dentro de las 72 horas siguientes, en caso contrario, de inmediato se dictará de forma oral la parte dispositiva de la sentencia. Previo a finalizar la audiencia, el juez señalará hora y fecha dentro de los dos días siguientes para la incorporación al expediente y la entrega a las partes de la sentencia integral, la cual deberá ser leída, quedando notificadas las partes en el acto, bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer a la lectura de la sentencia integral quedaran notificadas automáticamente de la misma.

5) Al finalizar la lectura de la sentencia será el momento procesal para que las partes que no estén conformes presenten recurso de apelación, expresando únicamente su deseo de recurrir. De no apelarse en el momento indicado la sentencia quedará firme. En caso de existir apelación, el juez, de manera inmediata, antes de dar por finalizada la audiencia y previa coordinación con el órgano jurisdiccional de alzada, informará la hora, la fecha y lugar dentro de tercero día en que el Tribunal escuchará los agravios de las partes, quedando debidamente notificadas de la audiencia indicada. De no apelarse en el momento indicado la sentencia quedará firme.

6) El órgano jurisdiccional que conozca el recurso de apelación tendrá un plazo de 3 días hábiles para resolver. Si estima pertinente alguna nulidad procedimental, devolverá el asunto al órgano de origen, el que asumirá el proceso y sustanciará las actuaciones necesarias para corregir la actividad viciada, retrotrayendo el procedimiento hasta la etapa procesal que se requiera, sin mayor dilación. Cuando proceda una nulidad por el fondo, en la misma sentencia se fallará y resolverá en definitiva.

Bajo ninguna circunstancia se podrán ampliar los plazos establecidos en la presente norma.
(*) Por unanimidad en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que este artículo no tiene las inconstitucionalidades alegadas.
Artículo 664.- Las pruebas deben referirse únicamente a los requisitos legales necesarios para la calificación y a los hechos relacionados con ellos y deberán rendirse en la audiencia complementaria indicada en el artículo anterior.

En el caso de la calificación previa, la constatación del apoyo se hará mediante la certificación del resultado de la asamblea general del sindicato o sindicatos respectivos, o bien, por medio de las actas de votación, en cuyo caso se seguirá el procedimiento que al efecto determine el Ministerio de Trabajo vía reglamentaria.

La constatación de otros hechos relevantes en el sitio lo hará el juez sumariamente de manera inmediata, una vez recibida la solicitud de calificación de la huelga y dentro del plazo de 72 horas previsto para el señalamiento de la audiencia oral de carácter sumarísima, posterior al emplazamiento.

Si fuere necesario, en casos muy calificados, podrá auxiliarlo en la práctica otro juez o jueza del mismo despacho o el que se designe.

Para efectos de la constatación del apoyo se tendrán como trabajadores o trabajadoras de la empresa las personas que hubieran sido despedidas del trabajo sin autorización después de iniciado el procedimiento de conciliación y no se computarán como tales los trabajadores indicados en el artículo 382.

Artículo 666.- El órgano jurisdiccional solo admitirá las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazará las que resulten repetidas, abundantes o impertinentes así como toda probanza que no conduzca a la comprobación de los requisitos para la legalidad del movimiento.

La persona titular del juzgado tomará todas las providencias para que el proceso no sufra atraso, le dará total prioridad y asumirá personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que la integran.

El incumplimiento de los plazos indicados o de los deberes señalados en este capítulo, serán motivo de sanción disciplinaria contra el juez responsable.

Artículo 667.- Cuando no hubiera prueba que deba recibirse en audiencia, se prescindirá de la audiencia complementaria indicada en el artículo 663, y se procederá al dictado de la sentencia en el plazo improrrogable de 48 horas a la substanciación de los autos.

Artículo 668.- Durante la tramitación del proceso no será admisible ninguna apelación. Únicamente la sentencia de calificación del movimiento será recurrible en los términos señalados en el artículo 663.

Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la apelación reservada contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen pruebas, las cuales podrán ser alegadas únicamente en la audiencia preliminar y no de forma interlocutoria.

Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos discutidos en el proceso, según las causas o los motivos que sirvieron de base. El cambio de esas causas o motivos que posteriormente pueda llegarse a operar podrá ser objeto de un nuevo proceso de calificación si en ello hubiera interés. De toda sentencia de calificación se enviará copia a la oficina de estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 707.- Cuando exista impedimento para acudir a la huelga por tratarse de servicios esenciales, fracasada la conciliación, deberá someterse la solución del conflicto económico y social a arbitraje, en la forma, los términos y las condiciones indicadas en esta normativa. El arbitraje obligatorio también se aplicará cuando se alcance el plazo máximo de huelga en servicios de importancia trascendental.

Este arbitraje obligatorio podrá realizarse en las siguientes sedes:

1) Poder Judicial.

2) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3) Colegio de Abogados y Abogadas.

4) Arbitraje ad hoc.

En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto a la sede del arbitraje, éste se llevará a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El arbitraje obligatorio será un arbitraje de derecho. En caso de que alguno de los miembros del tribunal arbitral se encuentre bajo una causal de impedimento o alguna de las partes presente una solicitud de inhibitoria o recusación contra alguno de dichos miembros, dicha situación solo afectará únicamente al miembro cuestionado y no a la totalidad del tribunal, por lo que no será de aplicación el inciso 3° del numeral 12 del Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 2- ADICIONES

Para que se adicionen según su numeración los artículos 375 bis, 376 bis, 376 ter, 376 quater, 376 quinquies y 661 bis, 664 bis al Código de Trabajo, Ley N.° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas.

Artículo 375 bis.- La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trámite de calificación previsto en este Código. En este caso, dentro de las 24 horas siguientes a la suspensión de labores, la parte patronal estará obligada a solicitar al Juzgado de Trabajo la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores. Con la solicitud se aportará la prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio esencial.

La Procuraduría General de la República también estará legitimada para promover directamente la gestión indicada.

Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud indicada en el primer párrafo de este artículo, la autoridad judicial dará audiencia por 24 horas a las contrapartes, que serán notificadas de conformidad con el artículo 349 en el caso de los sindicatos, o de acuerdo al artículo 377 en el caso de las coaliciones temporales de trabajadores.

Transcurrido el plazo del párrafo anterior, la autoridad judicial contará con 24 horas para resolver la solicitud planteada. Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar que no se trata de un servicio esencial, en la misma resolución, el Juez ordenará la tramitación del caso bajo el procedimiento de calificación de la huelga. Si la solicitud fuera admitida el juez ordenará a los trabajadores que se reincorporen de forma inmediata a sus labores.

Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrán ser objeto de apelación. La misma deberá formularse en el plazo máximo de dos días naturales y será admitida únicamente en el efecto devolutivo.

En cualquiera de los casos, la apelación deberá presentarse ante el mismo Juzgado de Trabajo, el cual lo remitirá al superior correspondiente. Esta última autoridad convocará a las partes a una audiencia oral dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a efecto de que las mismas expresen los agravios correspondientes, y emitirán la resolución definitiva, en forma oral, al finalizar la diligencia.

Bajo ninguna circunstancia podrán ampliarse los plazos establecidos en la presente norma.
(*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que este artículo no tiene las inconstitucionalidades alegadas. Por unanimidad se declara que no es inconstitucional prescindir del trámite de calificación previa según el artículo 375 bis consultado.

Artículo 376 quinquies.- Los servicios de educación pública son de carácter estratégico para la nación, por lo que la huelga en los mismos tendrá las regulaciones que se establecen en el presente artículo.

Durante toda la duración de la huelga deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de educación especial deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas en consideración a la condición de discapacidad de las personas.
(*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que este artículo no tiene las inconstitucionalidades alegadas.
Artículo 376 ter.- Los servicios de importancia trascendental son aquellos que, por su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la población.

Quedando a salvo los servicios reservados en el artículo 376, se catalogarán como servicios de importancia trascendental los siguientes:

1) La recolección y tratamiento de desechos y residuos.

2) Los servicios que desempeñen los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos.

3) La anotación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los permisos de salida del país para personas menores de edad.

4) Los procesos de preparación para la celebración de elecciones nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares, en los plazos indispensables para no impedir su celebración.

5) Los servicios bancarios de depósito y retiro de dineros.

6) Los servicios de Administración de Justicia.

7) Los Servicios de Aduanas y servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos.

La ejecución de la huelga en este tipo de servicios estará condicionada a la prestación continua de un plan de servicios mínimos.

Artículo 376 quater.- La huelga en servicios de importancia trascendental deberá garantizar su continuidad mediante el esquema de prestación de servicios mínimos de atención a las personas usuarias.

La fijación de los servicios mínimos se definirá mediante acuerdo de partes, sobre la base de criterios técnicos, considerando la extensión personal y territorial de la huelga, su duración, modalidad de ejecución, la entidad del servicio y cualquier otro factor relevante, conforme los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Este acuerdo debe formalizarse en un documento que las partes deberán depositar previo a la suspensión de labores en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social para su custodia.

De no haber acuerdo en la fijación de los servicios mínimos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de Trabajo que defina el plan de servicio mínimo. Esta fijación la realizará el juez en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resolución será recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las 24 horas siguientes. El tribunal resolverá la apelación en un plazo máximo de tres días.

Una vez definido el esquema de servicios mínimos el patrono determinará los trabajadores que deberán cumplir con las labores respectivas.

La fijación del plan o esquema de servicios mínimos y la prestación de labores conforme al mismo, no prejuzga la condición legalidad o ilegalidad de la huelga que en definitiva se ejecute. Sin embargo, la no prestación de los servicios mínimos fijados determinará por sí sola la ilegalidad del movimiento de huelga .

El abandono o la desatención injustificada en el desempeño de las labores por parte de los servidores designados para la prestación mínima de servicios del presente artículo o de los servicios del artículo 376 quinquies, se reputará como falta grave a la relación laboral.

El plazo máximo de una huelga en servicios de importancia transcendental es de 10 días naturales; si llegado este plazo no existe acuerdo para la solución del conflicto, se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 707 de este Código.
(*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que este artículo no tiene las inconstitucionalidades alegadas.
Artículo 376 quinquies.- Los servicios de educación pública son de carácter estratégico para la nación, por lo que la huelga en los mismos tendrá las regulaciones que se establecen en el presente artículo.

Durante toda la duración de la huelga deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de educación especial deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas en consideración a sus circunstancias especiales.

El plan de prestación de servicios básicos de aseo, seguridad, los servicios requeridos en educación especial, así como el funcionario o funcionaria que durante la huelga será responsable de la coordinación, supervisión y fiscalización de cada centro educativo, se definirá previamente mediante acuerdo general de partes que estará fundamentado en criterios técnicos y se formalizará en un documento que las mismas deberán depositar en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su custodia.

De no existir acuerdo en la fijación del plan de prestación de dichos servicios, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juzgado de Trabajo que lo establezca, aportando la información y criterios técnicos correspondientes. Esta fijación la realizará el juzgado en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resolución será recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las 24 horas siguientes. El tribunal resolverá la apelación en un plazo máximo de tres días.

En atención al acuerdo general entre partes o en su defecto a la resolución judicial, el director o directora del centro educativo en conjunto con el Supervisor del Circuito Escolar correspondiente ó en su defecto con el Director Regional, se encargarán de precisar las personas que prestarán los servicios. Adicionalmente el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisión y fiscalización del centro educativo podrá coordinar con la Junta de Educación y/o Administrativa para que la misma coadyuve en todas las funciones que por ley le correspondan.

La huelga en los servicios de educación se podrá ejercer hasta por un plazo de 21 días naturales consecutivos ó de 10 días naturales discontinuos, vencidos estos plazos los trabajadores deberán regresar a sus labores, y en caso de no existir un acuerdo entre las partes, éstas deberán dirimir sus controversias de conformidad con los procedimientos de solución de conflictos señalados en el artículo 707.
(*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que este artículo no tiene las inconstitucionalidades alegadas.
Artículo 661 bis.- Declarada la legalidad de la huelga en servicios públicos no esenciales y transcurridos ocho días naturales a partir de la firmeza de dicha declaratoria sin que las partes hubiesen alcanzado una solución al conflicto, o al menos un acuerdo para deponerla mientras continúan las negociaciones, la parte patronal podrá solicitar al Juez la suspensión de la huelga cuando compruebe de manera fehaciente que la misma está causando graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.

Presentada la gestión, el juez concederá audiencia a la contraparte dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deberán presentar sus alegatos. Recibidos los alegatos de las partes el juez resolverá la solicitud en un plazo máximo de veinticuatro horas.

Contra el resultado cabrá recurso de apelación la cual se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 668 de este Código.

De acogerse la suspensión de la huelga, se procederá al arbitraje obligatorio.

Artículo 664 bis- En los servicios de importancia transcendental, así como en el caso del artículo 376 quinquies, la constatación por medio de inspección ocular que realice el juez de trabajo, del incumplimiento del plan de servicios mínimos acordado entre las partes o determinado por el juez de trabajo, determinará por si sola la ilegalidad del movimiento.

ARTÍCULO 3- MODIFICACIONES LEGALES

1. Se reforma el artículo 19 inciso a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N.° 8687 de 04 de diciembre de 2008, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 19.- Resoluciones. Las siguientes resoluciones se notificarán a las personas físicas de forma personal. Tendrán ese mismo efecto las realizadas en el domicilio contractual, la casa de habitación, o el domicilio real o registral.

a) El traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de proceso, salvo que la parte demandada o interesada ya haya hecho señalamiento para atender notificaciones en el mismo expediente, o en los procesos de expropiación, cuando exista señalamiento para atender notificaciones en el expediente administrativo, o en los procesos de calificación de los movimientos huelguísticos en que se procederá de conformidad con el Código de Trabajo. [...]
(*) Por mayoría en resolución 2019-20596, la Sala Constitucional declaró que este artículo no tiene las inconstitucionalidades alegadas.
2. Se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 8 de 29 de noviembre de 1937, incluyendo la modificación que sobre esta última norma realizara el artículo 341 de la ley N.° 9609 del 27 de setiembre del 2018 "Código Procesal Agrario", para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 5.- Si los jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones, la parte interesada podrá urgir el pronto despacho ante el funcionario judicial omiso, y si no lo obtiene dentro del término de cinco días naturales podrá interponer la queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia o la inspección judicial, según corresponda. Cuando sea demorado o rechazado el diligenciamiento de una comisión dirigida a otro tribunal o a una autoridad administrativa, el funcionario requirente podrá dirigirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien, si procede, gestionará u ordenará la tramitación. Los funcionarios judiciales podrán ser sancionados disciplinariamente con suspensión o despido, según la magnitud de la falta, cuando la justicia se haya retardado por causa atribuibles a ellos.

Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Los principios generales del derecho y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.

Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del derecho escrito. Al resolver los asuntos propios de su competencia, los tribunales, en cualquier instancia, deberán respetar eficazmente los principios y las normas de cada disciplina jurídica, prioritariamente cuando se trate de las especializadas.

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Así quedó el texto final del proyecto de Ley de Regulación de Huelgas

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Texto actualizado por Delfino.cr con la resolución de la Sala Constitucional 2019-020596 y las modificaciones hechas por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad en sesión del 17 de diciembre del 2019.

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ACTORES SIN ESTRUCTURA

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Actores sin estructura: Partidos políticos en Costa Rica

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¿Regular o prohibir las huelgas en Costa Rica?

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¿Regular o prohibir las huelgas en Costa Rica?

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Por Franggi Nicolás Solano , Diputada

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En un país bien gobernado, las huelgas y protestas suelen ser la excepción y no la regla, esto porque difícilmente los diferentes sectores sociales encuentran motivos de peso para protestar. Sin embargo, en Costa Rica la difícil situación de pobreza, el creciente desempleo y la marcada desigualdad, han desatado lógicamente la natural e instintiva reacción de cientos de costarricenses a alzar su voz ante un Gobierno que ha sido bastante incapaz de mejorar la dura crisis por la que atraviesan muchísimas familias.

Sin embargo, las más de 870 protestas y huelgas que han ocurrido en solo este año de gobierno de Carlos Alvarado han dejado en evidencia que, si bien el manifestarse es un derecho Constitucional, lo cierto es que en nuestro país hace falta que se apruebe una ley que regule el ejercicio de ese derecho. Eso con el fin de que por esas huelgas y manifestaciones no se vuelvan a generar ni abusos ni excesos que afecten la economía o perjudiquen los derechos de los demás costarricenses. Pero teniendo el cuidado de que esta regulación no llegue al extremo de amordazar la libre expresión ciudadana que debe existir también en una democracia.

De esta necesidad regulatoria es que nace el proyecto 21.049, que se vale de la urgencia de regular las huelgas para que, al mejor estilo de un "lobo que se viste de oveja", se aprovechen las circunstancias e introduzcan de manera solapada, abusiva y desmedida, artículos que van más allá del noble intento de ponerle un necesario alto a los excesos que se generen en las huelgas, sino que además introduce artículos que busca adicionalmente acallar las posibilidades de contrapeso que nos da la vida en democracia.

Prohibir las huelgas contra Políticas Públicas, como lo plantea el 21.049, implicaría que ningún trabajador pueda volver a protestar contra algún proyecto de ley que se discuta en la Asamblea Legislativa, aún cuando este atente contra la sana y justa convivencia del pueblo. Es así que, bajo esta lógica, quedarían prohibidas la huelgas que expresen el rechazo popular ante posibles nuevos aumentos en los impuestos, la aprobación de un nuevo Plan Fiscal o hacer gastos excesivos o innecesarios en el Estado, por poner solo tres ejemplos.

De la misma forma, introducir en el proyecto 21.049 la disolución de toda una organización sindical, por los actos vandálicos y delictivos de una sola persona, a quien de manera individual debería caerle todo el peso de la ley, no solamente es socializar la responsabilidad y la culpa de uno en el resto de sus agremiados, sino que además abre peligrosos portillos para que más adelante, por medio de leyes similares, se puedan disolver asociaciones, cooperativas y demás organizaciones civiles, bajo pretexto de los actos de un solo afiliado. Esto es peligroso en un país de derecho como el nuestro.

Estas y otras medidas extremas, incluidas en el 21.049, sobrepasan el regular las huelgas y evitar las afectaciones que ocasionan. Más bien revelan una intención de querer dejar legalizados mecanismos que, en caso de ser necesario, acaben con las voces de oposición que se necesitan en una democracia. Ese ánimo lo develó el mismo señor Presidente en Guanacaste el pasado 25 de julio, cuando dijo: "Me siento orgulloso de un Pueblo que silencioso permite avanzar". Nada más desafortunado que esa afirmación, ya que el país no necesita un pueblo silencioso ni una ley para callarnos; el país requiere de un pueblo que sin dejar de ser crítico cuente con una ley que venga a ponerle un alto a los abusos de las huelgas, pero que al mismo tiempo le permita llamar a cuentas a sus gobernantes cuando es requerido.

Tengo claro que estas mordazas a la ciudadanía solo terminarán de agitar y dividir más a nuestro ya convulso país y provocarán un golpe irreparable a la democracia que tanto les costó a nuestros abuelos forjar.

Seguiré creyendo que las huelgas hay que regularlas, que las afectaciones que estas le generen al resto de ciudadanos no hay que permitirlas; pero que no es bajo los criterios abusivos que contiene el proyecto 21.049.

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¿Regular o prohibir las huelgas en Costa Rica? * Semanario Universidad

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En un país bien gobernado, las huelgas y protestas suelen ser la excepción y no la regla, esto porque difícilmente los diferentes sectores sociales encuentran motivos de peso para protestar.