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Durante la época colonial, el derecho penal en Panamá estaba regido por las leyes españolas, principalmente las Siete Partidas, la Nueva Recopilación y las Leyes de Indias. Estas normativas se centraban en la protección de los intereses de la Corona española y la Iglesia, estableciendo penas severas para delitos contra la autoridad real y religiosa. Las sanciones incluían penas corporales, trabajos forzados y la pena de muerte.

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Después de la independencia de España en 1821, Panamá se unió a la Gran Colombia y luego a la República de Colombia. Durante este período, se adoptaron las normativas penales colombianas. En 1837, Colombia promulgó su primer Código Penal, que se aplicó en el istmo de Panamá. Este código reflejaba una mezcla de influencias españolas y las nuevas corrientes de derecho penal que surgieron en Europa, como el humanitarismo y el positivismo penal.

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Con la separación de Colombia en 1903 y la creación de la República de Panamá, el país adoptó un nuevo marco jurídico. El primer Código Penal panameño fue promulgado en 1917. Este código estuvo influenciado por los códigos penales de Colombia y España, así como por el modelo napoleónico. El Código Penal de 1917 introdujo principios básicos del derecho penal moderno, como la legalidad de los delitos y las penas, la responsabilidad individual y la presunción de inocencia.

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En 1982, se promulgó un nuevo Código Penal que reflejaba una mayor influencia del derecho penal moderno y buscaba actualizar la legislación a las necesidades y realidades del país. Este código incorporó avances en la criminología y el derecho penal comparado, y estableció penas alternativas a la prisión, como la libertad condicional y las sanciones económicas.

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En los últimos años, el derecho penal panameño ha experimentado varias reformas importantes para modernizar y adaptar su marco jurídico a los estándares internacionales y a las nuevas realidades sociales. Entre las reformas más significativas se encuentran:

Reformas de 2008: En este año se promulgó un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal. Estas reformas introdujeron el sistema penal acusatorio, que reemplazó al sistema inquisitivo. El sistema acusatorio busca garantizar un proceso penal más transparente, ágil y respetuoso de los derechos humanos, con una mayor participación de las partes y un mayor control judicial de las actuaciones procesales.

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Lucha contra el Crimen Organizado: En respuesta al incremento de la criminalidad organizada, el narcotráfico y la corrupción, Panamá ha adoptado legislaciones específicas para combatir estos delitos. Se han establecido unidades especializadas en la persecución del crimen organizado y se han incrementado las penas para estos delitos.

Derechos Humanos y Género: Las reformas recientes también han incorporado una mayor protección de los derechos humanos, con especial atención a los derechos de las víctimas y la protección de grupos vulnerables. Se han introducido normativas específicas para la violencia de género, el abuso infantil y los delitos sexuales.

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La evolución del derecho penal en Panamá refleja una continua adaptación a las realidades históricas y sociales del país. Desde las influencias coloniales hasta las reformas modernas, el derecho penal panameño ha buscado equilibrar la protección de la sociedad con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. La consolidación de un sistema penal justo y eficaz sigue siendo un objetivo central en la evolución jurídica del país.