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La inestabilidad política amenaza los Presupuestos del Estado y de siete comunidades

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La inestabilidad política amenaza los Presupuestos del Estado y de siete comunidades

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Las prórrogas complican la puesta en marcha de nuevos proyectos y los deja en manos de continuas negociaciones entre partidos. El Ejecutivo ve cada vez más difícil sacar adelante las cuentas y seis regiones del PP tampoco logran armar mayorías

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, se cruza con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno de enero de 2025 en el que se rechazó la ley ómnibus. Claudio Álvarez

La precaria mayoría que respalda al Gobierno de Pedro Sánchez derivó la semana pasada en uno de los capítulos más dramáticos de la legislatura. Después de que el Ejecutivo se viera obligado este año a prorrogar de nuevo sus cuentas, la negativa del PP, Vox y Junts a aprobar un decreto ómnibus destapó los riesgos de gobernar sin Presupuestos. Tras ese rechazo del Congreso, alrededor de 12 millones de pensionistas ven peligrar la integridad de su nómina, miles de usuarios de transporte público deben volver a sacar la cartera para viajar en un tren de Cercanías y los damnificados por la dana de Valencia sufren una demora en la nueva partida de ayudas. Con las cuentas prorrogadas por sexta vez en una década, el Gobierno volverá a intentar salvar la subida de pensiones y el escudo social, entre otras medidas.

La Administración central, sin embargo, no es la única que carece de cuentas en vigor. Siete comunidades, entre ellas las seis gobernadas por el PP sin mayoría absoluta, tampoco han logrado aprobar su ley presupuestaria para 2025. No tienen cuentas Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y tampoco ciudades como Barcelona. Nunca antes un año había arrancado con tantos territorios sin las normas que permiten una planificación de ingresos y gastos, lo cual dificulta a los ejecutivos cumplir con compromisos con sus socios y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Tampoco España es el único país sin cuentas: el Banco Central Europeo ha expresado ya su preocupación porque varios países -entre ellos Francia y una Alemania en crisis- no cuenten con esa ley y eleven la incertidumbre sobre la reducción de deuda y déficit en Europa.

Salvador Illa accedió al Govern el pasado mes de agosto con varias promesas bajo el brazo para reforzar el Estado de bienestar. Entre ellas, estaba el propósito de hacer gratuita toda la educación en la primera etapa, es decir, hasta los 3 años. El president, sin embargo, prácticamente ha renunciado a aprobar unas cuentas para este año después de las reticencias de ERC a negociarlas. "¿Se acaba el mundo o cae Cataluña sin presupuestos? No", afirmó recientemente la consejera de Economía y Hacienda catalana, Alícia Romero. La responsable de las finanzas catalanas admitió que el Govern tendrá "más dificultades en la gestión administrativa", pero explicó que puede sacar adelante sus proyectos si los republicanos se avienen a respaldar los decretos que le permitan disponer de 4.000 millones de euros más.

Esa situación se ha reproducido en el Gobierno central, que confiaba en que sus socios de investidura iban a respaldar los decretos necesarios para mantener las grandes medidas de política social una vez que Junts y Podemos sigan alejando la posibilidad de sacar adelante unas cuentas para 2025. Los independentistas han decidido congelar todas las negociaciones con Sánchez al considerar que no se están cumpliendo sus acuerdos de investidura -a pesar de que algunos, como la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o las inversiones para Cataluña se habrían blindado con unos Presupuestos-, mientras que Podemos exige un impuesto a las eléctricas que la derecha vasca y catalana rechazan de plano. Una vez prorrogadas las cuentas de 2023 (en 2024 ni se presentaron), el Ejecutivo se ha encontrado con que Junts tampoco ha respaldado los decretos que garantizaban la subida de las pensiones o la fijación de un salario mínimo, entre otras cosas.

La inestabilidad de las alianzas, sin embargo, no es patrimonio del bloque que apoyó la investidura de Sánchez. A la derecha, el PP tampoco ha podido sacar rédito de sus alianzas con Vox para sacar adelante presupuestos en varias comunidades después de que la formación ultra decidiera bloquear todas sus negociaciones por los pactos de mínimos de la formación de Alberto Núñez Feijóo en materia migratoria. Ni siquiera los ha validado en la Comunidad Valenciana, donde la emergencia de la dana los hace más urgentes y a pesar de que el presidente, Carlos Mazón, asegura querer sacarlos adelante. "El aumento de la polarización hace que se tienda a poner más líneas rojas y a tolerar poco. Y eso ha dificultado los pactos y ha llevado a varios gobiernos a no poder funcionar con presupuestos", afirma Oriol Amat, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Los Presupuestos son una de las principales leyes de los gobiernos. Tanto es así que, pese a su obligación de presentarlos, los Ejecutivos prefieren no hacerlo por el coste político que conlleva un rechazo de la Cámara, como ha ocurrido en Francia. El Gobierno recoge ahí sus principales proyectos para el año siguiente, así como las medidas e inversiones pactadas con sus socios. Amat explica que, con una prórroga, el Ejecutivo puede mantener cómodamente sus gastos corrientes y sus planes plurianuales, pero no ampliar plantillas, empezar nuevos proyectos o actualizar impuestos. Todo eso deberá irlo aprobando y llevándolo al Parlamento, con el coste político que pueda tener cada una de las negociaciones.

La normativa establece una prórroga automática de las cuentas si no hay unas nuevas el 1 de enero del ejercicio correspondiente, excluyendo las partidas ya ejecutadas, aquellas que dependen de ingresos específicos no recurrentes y las inversiones que no sean plurianuales, detalla la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela María Cadaval, aunque en este último apartado los fondos europeos ofrecen un nuevo margen de maniobra del que antes no se disponía. En el caso de las comunidades, el funcionamiento es parecido, pero con un inconveniente adicional: si el Estado no aprueba sus cuentas, las comunidades no saben qué objetivos de estabilidad tendrán que cumplir para elaborar las suyas. "En definitiva, el impacto real y directo de la falta de Presupuestos Generales del Estado es limitado", concluye la docente, pues existen fórmulas e instrumentos legales compensatorios. "Sin embargo, transmite una imagen negativa. Refleja una falta de hoja de ruta clara para la política económica presente y futura, genera una percepción de parálisis institucional, y envía un mensaje desfavorable a nivel internacional", añade.

Consecuencias políticas

Las principales consecuencias de las prórrogas son, pues, políticas. En especial si estas se convierten en algo normal. Para Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, el primer problema es el mensaje que se traslada a los ciudadanos. Mas lamenta que mientras la Generalitat valenciana arranca 2025 sin presupuestos y el Congreso tumba las ayudas a la dana, la población percibe que las soluciones eficientes provienen del sector privado, como las ayudas puestas en marcha por el empresario Juan Roig. "El principal daño es de descrédito de las instituciones y se extiende la sensación de que son ineficientes", expone.

Xoaquín Fernández Leiceaga, profesor de Economía Aplicada y senador por el PSOE entre 2019 y 2023, coincide en que la mayor dificultad "no es técnica, sino política: que el Parlamento lo apruebe". Que todo se haga de manera fragmentada, además, dilata los tiempos, aumenta la posibilidad de fracaso y supone "elevados costes" de negociación. "En la anterior legislatura había una mayoría progresista, en Congreso y Senado, que funcionaba. Y se aprobaron tres Presupuestos. Ahora, la mayoría en el Congreso se cuartea en asuntos fiscales o de modelo económico. El impulso reformista efectivo es mucho menor", analiza.

Avanzar a través de parches, además, impide al Parlamento tener una visión única de todos los gastos y la acción del Ejecutivo, alerta Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. "Eventualmente, se podría recurrir ante el Constitucional como infracción del principio de universalidad", argumenta. "Una segunda derivada es que, aunque no se mande el Presupuesto a las Cortes, el Gobierno sí envía a las instituciones europeas un proyecto de Presupuesto. Es una práctica que se ha consolidado, no solo con este Gobierno, y me parece muy peligroso. Es menos democracia y empobrece la vida parlamentaria", agrega.

Avance económico

La actividad económica, en cambio, no tiene por qué resentirse, al menos en el corto plazo. En estos siete años con Sánchez en La Moncloa, el Gobierno ha sacado adelante solo cuatro Presupuestos, mientras que la actividad ha avanzado con brío todos los ejercicios con la salvedad de 2020, el annus horribilis de la pandemia. Este 2025, de hecho, se espera que España sea la gran economía europea que más crezca, por encima del 2% según todos los organismos, nacionales e internacionales.

Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, asegura que una prórroga presupuestaria no debería dejar huellas "significativas" en la actividad en un momento de crecimiento "sólido" como el actual. "El problema es que nunca sabremos cuál habría sido el crecimiento con unos Presupuestos aprobados, por lo tanto estimar cuál es el impacto es poco menos que imposible", matiza. El director de Coyuntura Económica del centro de estudios Funcas, Raymond Torres, añade que España está mejor preparada que otros vecinos en la misma situación como Francia, Bélgica o Alemania. Los dos primeros tienen problemas de contención del déficit y de la deuda, al que se suma un avance flojo del Producto Interior Bruto (PIB). Berlín, con una actividad que se contrae, se enfrenta además a un desafío estructural: su modelo de crecimiento industrial está cortocircuitado y necesita acuerdos políticos e inversiones ―por ende, unas nuevas cuentas, además de un nuevo Gobierno― para salir del bache. "La necesidad de ajuste estructural es algo menos acuciante en España que en Alemania. Y la prórroga tiende a contener el déficit público", zanja Torres. El entorno económico, pues, esta vez juega a favor de España.

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El déficit de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en noviembre en el 1,85% del PIB

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viernes, 31 de enero de 2025. Descontando el gasto extraordinario producido por la DANA y la ayuda financiera, el déficit se reduciría al 1,62%, lo que supone un 9,6% menos que el alcanzado en noviembre de 2023.

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Subida y revalorización de las pensiones 2025

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Subida y revalorización de las pensiones 2025

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Subida y revalorización de las pensiones 2025

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miércoles, 29 de enero de 2025. Las pensiones contributivas se revalorizarán con carácter general un 2,8% en 2025, así como las pensiones del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado. El Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

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El Ayuntamiento de Mijas plantea para 2025 un presupuesto que supera los 133 millones de euros – Ayuntamiento de Mijas

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Portal web del Ayuntamiento de Mijas. Mijas Pueblo

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El Estado agota hoy todos sus ingresos y vivirá de crédito hasta fin de año

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El Estado agota hoy todos sus ingresos y vivirá de crédito hasta fin de año

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), durante la clausura del 41 Congreso Federal del PSOE | EFE

Hoy es el Día de la Deuda. Esta fecha simbólica representa el día en que los ingresos públicos del Estado se agotan y las Administraciones empiezan a vivir de crédito, lo que significa que los caudales obtenidos solamente cubren los desembolsos realizados hasta el 7 de diciembre, dejando al descubierto todos los dispendios pendientes de pago hasta el 31 de diciembre.

Por comparación, Portugal, DInamarca, Irlanda y Chipre alcanzan superávit y cubren todos sus gastos anuales con su actual nivel de ingresos. Así, sus caudales de 2024 se agotan, respectivamente, los días 3, 18, 19 y 28 de enero de 2025.

La deuda de los países de la UE que alcanzan el Día de la Deuda de 2024 con anterioridad a España alcanza, en promedio, el 65 por ciento del PIB. Por tanto, "aunque sus resultados durante el presente ejercicio hayan sido peores en materia de gestión presupuestaria, las obligaciones acumuladas por sus respectivos gobiernos son casi un 40 por ciento menores que las deudas contraídas hasta la fecha por el Tesoro español".

Este cálculo, publicado por el Instituto Juan de Mariana (IJM), revela el problema de cronificación del déficit público que enfrenta nuestro país: "en las tres últimas décadas España, solamente ha sido capaz de cuadrar sus cuentas públicas en tres ejercicios. Desde 2008, nuestras Administraciones llevan dieciséis años consecutivos en situación de déficit público. Lo peor de todo es que, si damos por buenas las previsiones del gobierno de Pedro Sánchez, las cuentas no entrarán en superávit al menos hasta el año 2032".

Como explica el estudio del Día de la Deuda del IJM, "en los veinte últimos años, España ha sido el segundo país de la Unión Europea con peor desempeño en materia de estabilidad presupuestaria, registrando un déficit promedio del 4,9 por ciento del PIB que solamente se ve superado por el 6,3 por ciento de Grecia".

Entre 2018 y 2023, bajo gobierno de Pedro Sánchez, "España ha sido el tercer país de la Unión Europea con mayor déficit (5,4 por ciento del PIB, frente al 3,1 del promedio comunitario). Solamente dos socios de la UE, Rumanía e Italia , presentan un desequilibrio aún mayor", apunta el estudio. Somo, de hecho, el cuarto país de la UE con mayor stock de deuda pública.

El informe recalca que "los ingresos de las Administraciones Públicas han subido con fuerza durante los últimos quince años. De 2019 a 2023, bajo gobierno de Pedro Sánchez, España es el tercer país que más ha incrementado los ingresos públicos, elevándolos en 3,6 puntos del PIB mientras la Unión Europea los reducía, en promedio, en 0,3 puntos. En 2024, de hecho, los ingresos tributarios obtenidos de enero a septiembre fueron superiores a la rúbrica recabada en todo el año 2018, cuando Sánchez llegó a la presidencia. Con todo, y pese a una subida tan acusada en los ingresos del Estado, la estabilidad presupuestaria sigue brillando por su ausencia, lo que pone de manifiesto que el problema de fondo nunca ha sido la insuficiencia de ingresos, sino el gasto excesivo".

Es más: si en 2024 se hubiesen mantenido los niveles récord de gasto alcanzados en 2023, el déficit hubiese sido casi inexistente, del 0,3 por ciento del PIB, y España habría acariciado el superávit fiscal.

Cada hogar 'debe' 81.500 euros

El Instituto Juan de Mariana destaca que "la deuda pública ha crecido con fuerza en España y, en la actualidad, alcanza los 32.320 euros por habitante o, lo que es lo mismo, cerca de 81.500 euros por familia. Bajo gobierno de Pedro Sánchez, la deuda pública ha incrementado por una cifra que equivale a 9.621 euros por persona o 23.723 euros por hogar. Desde el 2 de junio de 2018, cuando el dirigente socialista llegó al poder, hasta la actualidad, esta rúbrica ha crecido a un ritmo de 195,5 millones de euros al día o, lo que es lo mismo, 8,2 millones de euros por hora, 135.775 euros por minuto o 2.262,9 euros por segundo. Solamente en 2024, el Tesoro estima que hará una emisión neta de 55.000 millones de deuda, de modo que la deuda habrá subido en 150 millones cada día, un incremento de 6,3 millones cada hora, 104.652 euros por minuto o 1.744 euros por segundo".

La situación podría haber sido aún peor de no ser por las medidas de expansión cuantitativa que puso en marcha el Banco Central Europeo: "este manguerazo monetario ha hecho que la deuda crezca menos de lo que hubiera hecho si España hubiese tenido que financiarse sin acudir a este tipo de mecanismos. De hecho, los pasivos del Estado serían mayores en 320.000 millones en ausencia de estas medidas no convencionales por parte del BCE".

Eso sí: la contabilidad oficial ayuda a maquillar el peso total de la deuda, puesto que no todas las obligaciones contraídas por las Administraciones figuran en el total calculado según el Protocolo de Déficit Excesivo. Así, la deuda pública per cápita es un 29,8 por ciento mayor si se toman en cuenta todos los pasivos en circulación.

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Bajo gobierno de Pedro Sánchez, la deuda sube a un ritmo de 104.652 euros por minuto. y somos el tercer país de la UE con mayor déficit.

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El Banco de España ha revisado en tres décimas al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español tanto en 2024 como en 2025, hasta el 3,1% y el 2,5%, respectivamente, mientras que ha mantenido sin cambios su perspectiva para 2026, en el 1,9%, y ha advertido sobre una ligera desaceleración en 2027, con un avance del 1,7%. Pero empeora sus perspectivas de déficit público para este año, hasta el 3,4%, por los gastos de la DANA en la Comunidad Valenciana. Pronostica que el paro bajará del 10% en 2027.

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