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Procesos Constituyentes.

Desde el término de las monarquías absolutas y el emerger del constitucionalismo, el derecho de autodeterminación de los pueblos surge como base de todo sistema político, plasmado en un ejercicio constituyente, que dota a esa sociedad política de su propio estatuto de poder político. En dicho magno precepto, plasma el modelo de sociedad que elige darse, establece los derechos que a todo ciudadano y toda ciudadana corresponden, la forma de gobierno y los deberes del gobernante, en un texto elaborado, a través de sus representantes directos, idealmente electos para la conformación de una asamblea constituyente plural y deliberativa, que, finalmente, concluye su labor en una propuesta constitucional sometida a referéndum.
En pocas palabras, por cierto sin pretender agotar un concepto tan rico, eso es el poder constituyente para la teoría democrática y se traduce nada menos que en el sustento de legitimidad de la estructura jurídica, social y política de un país, fundado en el irrenunciable y primario derecho de autodeterminación de la sociedad política.
La necesidad de realizar este ejercicio resurge en el siglo XX, en el marco de la descolonización, a causa de la recuperación de la democracia tras largas y profundas dictaduras o bien tras aparecer síntomas de agotamiento o descontento ciudadano hacia las instituciones que los rigen.
En Chile, tras el plebiscito de 1988 se inicia la llamada transición pactada a la democracia, que permitió prudentemente eludir los riesgos de una seria confrontación civil y de regresiones autocráticas, echando a andar las instituciones representativas y volver a generar el tejido cívico en nuestro país. A cambio de ello, el pacto consistió en la aceptación, no exenta de malestar, de la Constitución de 1980, cuestionada desde sus orígenes, con la esperanza de reformarla pacíficamente, a pesar de su rigidez. Con aproximadamente 2 decenas de reformas constitucionales, la primera de las cuales en 1989 introdujo 54 enmiendas, se mantienen, salvo pequeñas pero significativas modificaciones, los capítulos I y III de la Constitución, y comienza a desprenderse, por medio de interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias un estatuto de protección de los derechos fundamentales, colocando a la persona humana como su centro, lo que ha generado que el derecho privado no pueda entenderse como una esfera separada sino que debe estar inserta en esta fuerte corriente de constitucionalización de todo el derecho.
Es por ello que gran parte de Chile pensó que el ciclo se cerraba con la gran reforma del año 2005, al parecer no es así.
Concluida la llamada transición pactada, renace la sociedad civil en Chile, con una ciudadanía crecientemente empoderada y que observa cómo su sistema político debe ponerse a tono y responder a las nuevas demandas sociales, cuestionando al modelo de sociedad que nos rige y al origen de nuestro estatuto constitucional que lo consagra.
Así, nos damos cuenta que nuestra larga y rica historia constitucional no ha conocido un ejercicio constituyente duradero de carácter pacífico y democrático, nuestras grandes constituciones son el resultado del vencedor, tras duros episodios de fuerza: los vencedores de Lircay redactan la carta de 1833, los vencedores de la guerra de 1891 imponen su visión del parlamentarismo, derrocada por golpes militares que devendrán en la carta de 1925, extinguida por otro golpe militar en 1973 que testará su legado político en la carta de 1980, reformada siempre bajo sus propias reglas por los poderes constituidos.
Hoy se discute en Chile la necesidad y posibilidad de un ejercicio constituyente originario y democrático, no exento de controversias y sujeto a críticas de todo tipo: conceptuales algunas y destempladamente pasionales otras.
A esta discusión concurren, quienes asumiendo las trabas y limitaciones de la carta del 80, lo ven como un imposible y algunos como una suerte de atentado al orden establecido; por otra parte quienes, entendiendo que el derecho de autodeterminación de los pueblos es la fuente del poder constituyente, entienden que esas trabas y limitaciones no son obstáculos válidos para impedir un ejercicio de soberanía popular directo por parte del propio soberano.
La discusión es siempre política, aún en el apego más estricto a la formulación técnica de cada actor, pues este tendrá su posición en función de lo que profese: el concepto de constitución en el que crea, el concepto de democracia que se asuma y la confianza o desconfianza en la ciudadanía, marcarán el miedo o la valoración de un proceso de este tipo.
La discusión constituyente ha llegado, si se examinan las propuestas de los pre candidatos a la Presidencia de la República de nuestro país, se observará un tema común: reformas constitucionales. Lo que varía: cuáles, cuán profundas y, sobre todo, la forma de hacerlas.
Por ello, tanto los procesos constituyentes colombiano y ecuatoriano constituyen evidencias necesarias de analizar y conocer, como el proceso de transición en la España posfranquista y el rol de la Constitución de 1978 serán un objeto de estudio paradigmático sobre la materia por mucho tiempo.
Así, el proceso brasileño de 1988 y el proceso argentino de 1994, poco estudiados en nuestro medio, aportan luces acerca de cómo se puede reformular un sistema democrático en pleno funcionamiento, pacífica y consensuadamente.

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Procesos Constituyentes. - Diario Constitucional

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En pocas palabras, por cierto sin pretender agotar un concepto tan rico, eso es el poder constituyente para la teoría democrática y se traduce nada menos que en el sustento de legitimidad de la estructura jurídica, social y política de un país, fundado en el irrenunciable y primario derecho de autodeterminación de la sociedad política.

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Pueblos Indigenas. Análisis de la propuesta de nueva Constitución

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Pueblos Indigenas. Análisis de la propuesta de nueva Constitución

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Conceptos fundamentales para el debate Constitucional

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Conceptos fundamentales para el debate Constitucional

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Uno de los aspectos centrales del proyecto constitucional es la idea de que Chile es plurinacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué problemas puede plantear?

Para saberlo hay que esclarecer el concepto de nación. La palabra nación (natio) es un sustantivo derivado del verbo nascere (nacer). Ella denotaba originalmente el vínculo con el lugar donde se había nacido. En el medioevo la palabra se usó (como recuerda Huizinga) para designar a los estudiantes universitarios que compartían un origen o una religión. En el siglo XIV, la palabra comenzó a adquirir un sentido político y se usó para designar a quienes compartían el poder con el rey (los nobles o notables).

Es recién en el siglo XVIII cuando la palabra adquiere el alcance que hoy día la hace problemática.

Entonces surgen dos significados de la palabra nación. En uno de ellos (el uso francés tal como aparece en el discurso del Abate Sieyès) se la usa para designar a un conjunto de personas formalmente iguales unidas por la ley. En el otro (la concepción romántica, uno de cuyos impulsores fue Herder) se designa con esa palabra a una entidad sustantiva con una lengua propia y una misma conciencia colectiva, un mismo espíritu. En la concepción francesa, la nación la constituye la ley; en la romántica o alemana, la nación se constituye por la lengua y la cultura. En la primera, el Estado coincide con la nación; en la segunda, esa coincidencia puede no existir, puesto que puede haber varias naciones al interior de un Estado o una de ellas extenderse por varios.

Las consecuencias de cada una de esas concepciones son radicalmente distintas. Mientras la concepción francesa favorece la unidad política entre culturas distintas, la concepción romántica provee razones para abandonar esa unidad.

¿Qué ha ocurrido en el caso de Chile? En el caso de Chile, durante el siglo XIX se llevó adelante (con la fuerza del Estado y de la iglesia, mediante la violencia y la oración) un amplio proceso de aculturación para expandir el uso de una sola lengua e imponer un sistema jurídico uniforme. El éxito de ese proceso fue la construcción del Estado nacional: la idea de que Chile era una comunidad de memoria y de origen. Esa imagen (esa comprensión que Chile tenía de sí mismo) es la que hoy ha entrado en crisis. Existe hoy en Chile una conciencia de que debajo de ese proceso de aculturación o de mestizaje casi siempre forzado, subsiste y resiste el paso del tiempo un conjunto de pueblos con identidad lingüística y cultural propia.

Y se ha extendido el propósito de reconocerlos y conferirles un conjunto de derechos colectivos.

Parece imprescindible hacerlo. El problema es que el concepto de plurinacionalidad que aparece en el proyecto va más allá de ese reconocimiento.

Porque ese concepto (una vez que se descarta su empleo arcaico y la concepción francesa que nada tiene que ver con lo que el proyecto dice) denota la existencia de varias naciones en el sentido romántico: entidades colectivas con identidad cultural y lingüística y una memoria compartida. Entidades que por estar animadas por el mismo "espíritu del pueblo" exceden al Estado o forman parte de varios Estados y que poseen una vocación de autonomía política. Hay en ese concepto de nación una idea de autonomía que debilita al Estado y un colectivismo que ahoga al individuo.

Por supuesto, el proyecto no dice explícitamente eso; pero si se piensa dos veces, ¿de qué otra forma podría entenderse el uso reiterado del concepto de plurinacionalidad y la forma en que aparece en el texto? Por eso, luego del 4, y gane quien gane, será mejor emplear el concepto de multiculturalidad o de pueblos y derechos colectivos, y despejar así de una vez por todas ese fantasma amenazante.

Un fantasma -la verdad sea dicha- con hartos visos de verosimilitud si se atiende, como ejemplo, y no es el único, a las declaraciones de Héctor Llaitul formuladas esta semana, cuando, respondiendo a la invitación a una tregua, declaró que no, que ni tregua ni nada, porque la CAM estaba en una lucha política y militar por la recuperación territorial, la autonomía política y la reconstrucción cultural.

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Columna de Carlos Peña: El problema de la plurinacionalidad | Emol.com

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Uno de los aspectos centrales del proyecto constitucional es la idea de que Chile es plurinacional. ¿Qué significa esto? ¿Qué problemas puede plantear? Para saberlo hay que esclarecer el concepto de nación. La palabra nación (natio) es un sustantivo derivado del verbo nascere (nacer). Ella denotaba originalmente el vínculo con el lugar donde se había nacido.

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El principio de plurinacionalidad. - Diario Constitucional

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Chile ha sido plurinacional, al menos, a lo largo de toda su vida independiente. Esta es una realidad innegable que supera la idea decimonónica del Estado-Nación. La propuesta de nueva Constitución simplemente viene a explicitar una realidad solapada, porque por primera vez los pueblos indígenas –a…

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Según el rector de la UDP, Carlos Peña, el texto constitucional vigente habilitaría a un nuevo proceso en caso de ganar el Rechazo.

Aton

Si la Convención Constitucional se repetirá en caso de que gane el Rechazo es parte del debate de estos días a propósito de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y de las interpretaciones que han hecho distintos académicos sobre lo que dice la actual Constitución.

Boric aseguró que un nuevo proceso constituyente en ese escenario debería darse "a través del Parlamento", dando a entender que se requeriría una nueva tramitación legal, pero el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, afirmó que la misma Carta Magna habilitaría la creación de una nueva Convención en caso de una derrota del Apruebo en septiembre.

"La respuesta se encuentra, si no se le modifica, en el inciso final del artículo 142 de la actual Constitución (...) donde se prevé la elección de una Convención y luego un plebiscito para el cambio constitucional. Y estas reglas son permanentes, no transitorias. No son reglas de una sola vez, sino reglas vigentes en tanto no se las derogue", aseveró Peña en su columna dominical en El Mercurio.

Otros académicos, en cambio, han señalado en la misma línea que el Mandatario que se requeriría un nuevo acuerdo político que derive en una reforma constitucional. O que al menos es necesaria una ley interpretativa de la Constitución para dejar claro que el mandato que entregó la ciudadanía en el plebiscito de entrada sigue vigente.

Los artículos que regulan el proceso

En total son 14 los artículos que regulan el proceso constituyente en el texto permanente de la Constitución vigente, más algunas disposiciones transitorias. La mayoría de ellos habla de plazos, no de fechas, a pesar de que hay tres fechas específicas fijadas.

El primer artículo sobre el proceso es el 130, que fija un plebiscito nacional para el 25 de octubre de 2020 y señala las características que tendrán las cédulas electorales: Apruebo, Rechazo, Convención Constitucional y Constitución Mixta.

Además establece la obligación de una franja y estipula que, de aprobarse el plebiscito de entrada, el Mandatario tendrá que convocar a elecciones de los constituyentes el 15 y 16 de mayo 2021. Este artículo fue modificado para cambiar la fecha del plebiscito de entrada y la elección de convencionales, a propósito de la pandemia.

El 131 fija normas sobre la Convención, el nombre de sus integrantes y el proceso de calificación de la elección y el 132 habla de las inhabilidades y requisitos de los candidatos. En tanto, el 133 refiere al funcionamiento del órgano constituyente, la elección de la mesa directiva en su primera sesión, el quórum de 2/3 para la aprobación de normas y el reglamento de votación de las mismas, la existencia de la secretaría técnica y el deber del Presidente y otros órganos de prestar apoyo técnico, administrativo y financiero para el funcionamiento e instalación de la Convención.

El 134 es el estatuto de los convencionales y sus sueldos; en el 135 se formulan disposiciones especiales, como que mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la Carta Magna actual seguirá vigente o que la soberanía reside en la Nación y es ejercida por el pueblo. En esta norma, además, está la expresa obligación del nuevo texto de respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El 136 es el que aborda la reclamación ante la Corte Suprema y el 137 es el que fija el plazo de trabajo del órgano, más la posibilidad de la prórroga de tres meses. Asimismo, en el 138 se abordan las normas transitorias que podrá establecer la Convención.

Imposibilidad de ser candidatos por un año

El 139 habla de la integración de la Convención Mixta Constitucional y el 140 del sistema electoral de ese órgano; mientras que el 141 se refiere a la Convención Constitucional y a la forma de elección que tendrían esos convencionales.

Ese artículo es relevante también porque se consagra allí que los integrantes de la Convención "no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención". Ese plazo concluiría a principios de julio 2023.

El 142, que es el artículo que cita Peña, es el que establece el procedimiento y los plazos para que el Presidente convoque el plebiscito de salida una vez entregada la propuesta de texto constitucional. Su último inciso dice que "si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución".

El artículo final, 143, es uno titulado "Remisión" y estipula la fecha de celebración del plebiscito ratificatorio.

Las transitorias: paridad, independientes y escaños

Las normas de paridad, escaños reservados y participación de los independientes no están en el cuerpo permanente de la Carta Magna, sino que sea agregaron después, en las disposiciones transitorias.

Una de esas es la disposición transitoria 43°, que permite la participación de los pueblos indígenas en la elección de convencionales constituyentes;la 29° hace lo mismo con las listas de candidatos independientes o independientes fuera de lista, y nombra las reglas necesarias para esa elección; y la 31° está titulada como "Del equilibro entre mujeres y hombres en la elección de Convencionales Constituyentes", y apunta a generar la paridad en la conformación del órgano.

La paridad fue el primer elemento que se añadió al proceso, en marzo 2020. Posterior al plebiscito de entrada se agregó la reforma que habilita la participación de independientes, y la que consagra los escaños reservados, ambas en diciembre 2020.

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Ex constituyentes no podrían participar: Los artículos que sustentarían tesis de nueva Convención si gana el Rechazo | Emol.com

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Según el rector de la UDP, Carlos Peña, el texto constitucional vigente habilitaría a un nuevo proceso en caso de ganar el Rechazo. Aton Si la Convención Constitucional se repetirá en caso de que gane el Rechazo es parte del debate de estos días a propósito de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y de las interpretaciones que han hecho distintos académicos sobre lo que dice la actual Constitución.

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Observatorio Nueva Constitución - Alianza entre diversas instituciones académicas de educación superior observadoras del desarrollo del proceso constituyente

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Plataforma Contexto - Unidos para promover la participación activa e informada en el proceso constituyente

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Quiénes Somos Contexto Factual Temas Constitucionales Lupa Electoral

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Información y recursos de educación constituyente

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Ahora puede entenderse cabalmente porque es un tema basal que a los proveedores de servicios de cloud no operen deslocalizadamente y almacenando la información gestionada de los chilenos en cualquier lugar del mundo. O que al menos las exigencias de seguridad deben ser siempre altísimas.

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Portal de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

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Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

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La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) es un servicio común del Senado y la Cámara de Diputados, cuya misión es apoyar a la comunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones constitucionales a través de la generación y provisión de productos y servicios de calidad, accesibles, oportunos, pertinentes y políticamente neutrales; asimismo, contribuir a la vinculación del Congreso Nacional de Chile con la ciudadanía, dando acceso a su acervo jurídico e histórico, y promoviendo instancias de diálogo y reflexión entre los parlamentarios y la sociedad civil.