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Análisis de los aspectos socioeconómicos, políticos, sociales y culturales del Catatumbo, respaldado por datos y mapeo de actores.

Dimensión Política

El Catatumbo enfrenta una ausencia histórica de presencia estatal efectiva, lo que ha generado un vacío de poder aprovechado por grupos armados como el ELN y el Frente 33, disidencia de las FARC. Este vacío perpetúa conflictos territoriales y sociales, dificultando cualquier esfuerzo por establecer la paz en la región. Según el Consejo de Seguridad de la ONU, “el Catatumbo aún espera los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016, como una presencia integral del Estado que garantice seguridad, desarrollo y economías legales” (ONU, 2025).

Dimensión Económica

La región depende fuertemente de cultivos ilícitos, principalmente la coca, con 43,867 hectáreas cultivadas, lo que la convierte en la tercera región del país en producción de este cultivo ilícito. Tibú, un municipio estratégico del Catatumbo, reporta la mayor cantidad de hectáreas de coca en Colombia, con 23,030 hectáreas, según un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, 2025). Además, la explotación ilegal de recursos naturales, como el petróleo, y la ausencia de alternativas económicas legales perpetúan el círculo de pobreza.

Dimensión Social

La población del Catatumbo vive en constante riesgo, enfrentándose a desplazamientos masivos, violencia armada y una crisis humanitaria profunda. Más de 53,000 personas se han desplazado hacia núcleos urbanos como Cúcuta, Ocaña y Tibú en busca de refugio (ACNUR, 2025). Niños y jóvenes son especialmente vulnerables, con 46,000 menores afectados por el cierre de escuelas debido a la violencia y los riesgos de minas antipersonales. “Apenas la población confinada pueda salir, seguramente volverá a desplazarse debido a las condiciones de inseguridad” (Diego Andrés García, ACNUR, 2025).

Dimensión Cultural

El conflicto ha afectado profundamente las prácticas culturales locales, generando desarraigo y temor en las comunidades. Además, los migrantes venezolanos que se asentaron en la región carecen de redes de apoyo y oportunidades para integrarse, lo que ha agravado las tensiones sociales. Según ACNUR, “esta población no tiene arraigo ni conocimiento de sus derechos, lo que limita su regularización e inclusión en economías legales” (García, 2025).

Mapeo de Actores Clave

Grupos Armados Ilegales: ELN y Frente 33, quienes luchan por el control territorial y del narcotráfico.

Población Vulnerable: Campesinos, desplazados y niños en riesgo.

Agencias Humanitarias: ACNUR y UNICEF, proporcionando asistencia en refugio, salud y educación.

Gobierno Colombiano: Implementación de medidas como el estado de conmoción y despliegue militar en Ocaña (Presidencia de Colombia, 2025).

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Propuestas para Alternativas Sostenibles y Reducir la Dependencia de Cultivos Ilícitos

Nuestro grupo desarrollo las siguientes 5 alternativas

1. Sustitución de Cultivos Ilícitos por Cultivos Sostenibles

Una de las alternativas más viables es apoyar a los agricultores locales para que pasen de los cultivos ilícitos a productos legales y rentables como el cacao, el café o el aguacate. Esto debe ir acompañado de incentivos financieros, capacitaciones técnicas y acceso a mercados nacionales e internacionales que aseguren precios justos. De esta manera, las familias pueden generar ingresos sostenibles sin depender de actividades ilegales.

2. Infraestructura y Vías de Comunicación

Es fundamental construir y mejorar las carreteras que conectan las áreas rurales del Catatumbo con los mercados urbanos. Las malas condiciones de las vías dificultan el transporte de los productos legales, desincentivando su cultivo. Si los agricultores pueden mover sus productos con mayor facilidad y menores costos, será más atractivo para ellos abandonar los cultivos ilícitos.

3. Educación y Formación Comunitaria

Las comunidades del Catatumbo necesitan programas educativos enfocados en enseñar prácticas agrícolas sostenibles y conocimientos básicos de economía. También es importante implementar escuelas agroecológicas donde se instruya a las nuevas generaciones sobre cómo trabajar la tierra de manera legal y eficiente. La educación es clave para reducir la dependencia de economías ilícitas a largo plazo.

4. Fomento del Ecoturismo

El Catatumbo tiene un enorme potencial para el desarrollo del ecoturismo gracias a su biodiversidad y paisajes naturales únicos. Invertir en este sector puede generar empleos para las comunidades locales, además de promover la conservación ambiental. Esto incluiría entrenar a los habitantes como guías turísticos y crear alojamientos rurales que permitan a los visitantes experimentar la riqueza natural de la región.

5. Fortalecimiento de Cooperativas Agrícolas

Apoyar la creación y consolidación de cooperativas puede permitir que los agricultores trabajen juntos para negociar mejores precios, compartir recursos y acceder a financiamiento. Estas cooperativas pueden ser el motor para impulsar cultivos sostenibles, ya que les darán a los agricultores una estructura sólida para comercializar sus productos en mercados más competitivos.

Esperamos que estas alternativas sirvan como un aporte pequeño a esta región de nuestro país que ha sufrido bastante.

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Iniciativas para reconstruir la cohesión comunitaria y fomentar el respeto por la diversidad.

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*Escuelas de paz y ciudadanía rural: lideradas por docentes, con enfoque étnico,

ambiental y de género.

son una estrategia pedagógica que, liderada por docentes, promueve la convivencia pacífica y la formación ciudadana en contextos rurales, con un enfoque integral que incluye la perspectiva étnica, ambiental y de género.

*Proyectos culturales comunitarios: como coros, cine comunitario y narrativas locales

para reconstruir memoria

Los proyectos culturales comunitarios como coros, cine comunitario y narrativas locales empoderan a las comunidades al construir memoria colectiva, promover la auto-representación y fortalecer la identidad cultural.

*Redes comunitarias de cuidado: especialmente en salud, infancia y personas en riesgo

de reclutamiento.

*Espacios de participación: consejos veredales y comunitarios articulados con instancias

de planeación.

Los consejos veredales y comunitarios son espacios de participación ciudadana que se articulan con instancias de planeación como los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) para incidir en las decisiones de desarrollo local.

Formulación de Planes de Desarrollo: Los consejos veredales y comunitarios aportan información y propuestas al borrador del Plan de Desarrollo a través de espacios como audiencias públicas y talleres. La administración local debe facilitar estos espacios para garantizar la participación y que las propuestas sean consideradas.

Seguimiento y Evaluación: Una vez formulado, los consejos continúan participando en el seguimiento de los planes, verificando que se cumplan las metas y objetivos aprobados. Esto asegura que la gestión territorial responda a las necesidades de la comunidad.

Articulación con los Consejos Territoriales de Planeación (CTP): Los consejos veredales y comunitarios se articulan con los CTP, los cuales a su vez son instancias clave en la planeación territorial. Los CTP tienen la función de garantizar la participación de la sociedad civil en los procesos de planeación y gestión del desarrollo.

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Recomendaciones para fortalecer la presencia estatal y la participación comunitaria.

*Presencia integral del Estado: no solo con fuerza pública, sino con salud, educación,

justicia y vías.

Componentes de la presencia integral del Estado

Salud y educación: Asegurar el acceso a servicios de salud y educación de calidad para toda la población.

Justicia: Garantizar que el sistema judicial sea accesible y efectivo, protegiendo los derechos de los ciudadanos.

Infraestructura: Desarrollar y mantener vías y otras infraestructuras que conecten a las comunidades y fomenten el desarrollo económico.

Fuerza pública: Mantener la seguridad y el orden público a través de la fuerza pública, pero de manera equilibrada con los demás servicio

*Contratación transparente y local: promover empleo y confianza institucional

Promueve el empleo local: Al priorizar la contratación de proveedores y mano de obra local, se fomenta el desarrollo económico de la comunidad y se generan oportunidades de empleo directas e indirectas para sus habitantes.

Fomenta la confianza institucional:

Transparencia: Los procesos claros y accesibles al público permiten el control ciudadano y reducen los riesgos de fraude y corrupción.

Participación ciudadana: El acceso a la información sobre los procesos de contratación fortalece la democracia y la conexión entre el gobierno y la ciudadanía.

¿Cómo se logra la contratación transparente y local?

Publicidad de los procesos: Las autoridades deben publicar sistemática y permanentemente los actos, contratos y resoluciones, usando tecnologías para difundir la información de manera masiva.

Mecanismos de control: Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que consoliden información contractual

Marco legal: Contar con un marco normativo que impulse la transparencia y la lucha contra la corrupción, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es fundamental.

*Gobernanza con participación: presupuesto participativo rural y veedurías comunitaria

Ayudan a prevenir y luchar contra la corrupción.

Exigen rendición de cuentas a las autoridades y contratistas

Denuncian deficiencias encontradas y proponen mejoras

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Aporte de Lizeth Daniela Barbosa Herrera 

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Aporte de Lizeth Daniela Barbosa Herrera 

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Propuestas para garantizar la protección de la población y prevenir violaciones de derechos

Considero que una forma clave de proteger a la población en la región es fortalecer la presencia institucional y hacer que las autoridades locales respondan más rápido frente a cualquier riesgo.

También es importante que las comunidades participen más en la identificación de amenazas, creando espacios donde puedan reportar situaciones sin miedo, además, sería útil implementar alertas tempranas y rutas seguras en zonas críticas, especialmente para mujeres, jóvenes y comunidades rurales.
Con estas acciones, se puede prevenir mucho antes de que ocurran violaciones de derechos y dar más confianza a la gente de que sí hay protección real.

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Autoridades y entidades locales hicieron presencia en la zona rural de Riohacha, tras el retorno de familias Wiwa

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Propuestas para garantizar la protección de la población y prevenir violaciones de derechos Presencia Integral del Estado y Seguridad Humanitaria.

Fortalecer la presencia institucional civil y no solo militar, mediante la instalación de Centros Integrales de Atención Estatal en zonas rurales, que ofrezcan servicios de salud, educación, justicia y protección.

Implementar corredores humanitarios permanentes, supervisados por organismos internacionales como ACNUR y CICR, para garantizar el tránsito seguro de población desplazada y asistencia.

Acciones de desminado humanitario intensivo y campañas educativas sobre riesgo de minas antipersona en escuelas y comunidades rurales.

Protección inmediata a poblaciones vulnerables

Sistemas de alertas tempranas comunitarias con participación de juntas de acción comunal, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales.

Refugios temporales con garantías de seguridad y atención psicosocial, especialmente para niños, mujeres, líderes sociales y víctimas de violencia sexual.

Protocolos de protección urgente para líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, incluidos esquemas de protección colectiva.

Educación y fortalecimiento social y cultural

Garantizar la reapertura y protección de instituciones educativas, incluyendo transporte escolar protegido.

Programas de educación en derechos humanos y convivencia, con participación de iglesias, ONG y comunidades indígenas y campesinas.

Fortalecer la inclusión cultural de migrantes venezolanos, con redes de apoyo social, asesoría jurídica y oportunidades laborales formales.

Coordinación interinstitucional y participación comunitaria

Mesas de diálogo permanentes entre gobierno nacional, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y cooperación internacional.

Transparencia en acciones y rendición de cuentas públicas sobre inversiones y cumplimiento de acuerdos de paz.

Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) renovados, priorizando infraestructura vial, conectividad digital y acceso a servicios básicos.

Justicia y reparación para víctimas

Acceso efectivo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, reduciendo trámites y ampliando cobertura territorial.

Fortalecer los mecanismos de denuncia segura, con protección de identidad y acompañamiento legal gratuito.

Resultado esperado

La ejecución articulada de estas acciones permitiría:

Reducir desplazamientos forzados y riesgos humanitarios.

Desincentivar la economía ilegal y la coacción armada.

Restablecer la confianza social y fortalecer el tejido comunitario.

Contribuir a la paz territorial sostenible en el Catatumbo.

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La situación del Catatumbo refleja uno de los mayores retos humanitarios y sociales del país, donde la persistente ausencia del Estado y la disputa de control por parte de actores armados han profundizado la crisis económica, social y cultural de sus habitantes. Las cifras de desplazamiento masivo, el cierre de escuelas, el riesgo permanente causado por minas antipersona y la dependencia económica de cultivos ilícitos evidencian una región atrapada entre la violencia y la falta de oportunidades reales de desarrollo.

Sin embargo, también es claro que la solución no puede limitarse a un enfoque militar. La protección de la población y la prevención de violaciones de derechos humanos requieren una presencia estatal integral que articule seguridad, inversión social, oportunidades económicas legales y acompañamiento humanitario. La paz territorial solo será posible cuando las comunidades se sientan respaldadas, puedan vivir sin miedo y cuenten con alternativas que les permitan construir un futuro digno lejos de la ilegalidad y del conflicto armado.

En resumen, el Catatumbo no necesita únicamente más tropas, sino más Estado: más educación, más infraestructura, más empleo, más participación comunitaria y más protección real para quienes han resistido y continúan soñando con la paz.