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La expropiación pudo haber surgido desde la Edad Media donde el gobernante no podía intervenir sobre los derechos  adquiridos. Cualquier intervención sobre ellos era ilícita y daba paso a una indemnización

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Esto se mantuvo hasta el siglo XVIII donde la doctrina del contrato social exigió una concepción nueva de los derechos adquiridos a fin de evitar su intervención por el Príncipe, permitiendo la vigencia absoluta de la teoría indemnizatoria.

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Acta de nacimiento del constitucionalismo moderno

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Acta de nacimiento del constitucionalismo moderno

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En el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, precisamente al mismo tiempo en el que el derecho de propiedad se configuraba también como “sagrado e inviolable”.  se estableció la posibilidad de que el Estado pueda privar de ella a los particulares.

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El régimen de expropiación forzosa en el Perú republicano de 1823 a 1964 A diferencia del derecho de propiedad que fue
recogido a nivel constitucional en todas las cartas fundamentales del Perú, tanto en las de corte liberal como en las de corte conservador, la expropiación forzosa no fue claramente definida, sino a partir de la Constitución de 1826 las siguientes constituciones del país garantizaron un régimen de expropiaciones como garantía del derecho de
propiedad.

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Bajo la Constitución de 1860, restituida el 6 de enero de 1868 en reemplazo de la Constitución de 1867, se dictó tal vez la primera norma general que reguló el régimen de expropiaciones en el Perú

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La Ley de 12 de noviembre de 1900, este régimen sostuvo expresamente en su artículo 1 que resultaba de aplicación para la expropiación forzosa de bienes inmuebles.

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La Ley 9125 el 4 de junio de 1940, que aquella norma fue derogada.se dio en el marco del texto inicial del artículo 29 de la Constitución de 1933

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Se mantuvo así hasta las modificaciones que se introdujeron con ocasión de la reforma agraria y la reforma constitucional de 1964 aprobada mediante Ley 15242.
Esto permitió expresamente como causa expropiación el “interés social”

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Bajo este nuevo orden constitucional, y una vez
instaurado el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas a partir de 1968, se promulgó un conjunto de Decretos Ley que concretaron significativas reformas en pos de la reestructuración del ordenamiento agrario y del interés social.

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Bajo la constitución de 1979 se rescataron nuevamente las garantías básicas del justiprecio en efectivo y del pago previo, pero se mantuvo como justificación al interés social. Bajo la vigencia de la Constitución de 1979, fue promulgado el Código Civil de 1984 (actualmente vigente), cuyo artículo 928 mencionó brevemente a la expropiación

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Con la Constitución de 1993 se establece que el pago del justiprecio debe incluir el pago por el valor del bien expropiado, así como la compensación integral por el eventual perjuicio –lo que debe entenderse incluye el daño emergente y el lucro cesante

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En el año 2002, mediante la Ley 27628 –Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales–, se introdujo un procedimiento de trato directo especial al regulado por la Ley 27117, aplicable para la adquisición de bienes inmuebles afectados por trazos en vías públicas.

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En el año 2007, se publicó la Ley 29171  mediante la cual se aprobaron normas excepcionales dirigidas a agilizar el procedimiento de expropiación, respecto de los inmuebles afectados por la ejecución de obras públicas de infraestructura hidráulica, energética, de transportes y de saneamiento, de gran envergadura.

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En 2013, se dictó la Ley 30025. Esta Ley introdujo la necesidad de ordenar la anotación preventiva ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la posibilidad de iniciar un procedimiento de ejecución coactiva contra el sujeto pasivo que no cumpla con entregar el bien materia de expropiación conllevando la ejecución del lanzamiento y el descerraje, de ser necesario, y la opción de iniciar la etapa de expropiación en la vía arbitral a iniciativa del sujeto activo.

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Finalmente, en el año 2015, mediante la Ley 30327. Esta ley  reguló los plazos abreviados en los cuales debía transcurrir el procedimiento de expropiación para estos proyectos.