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UTPL JURISDICCIÓN [(ABOGACÍA)(DERECHO PROCESAL CIVIL I)]

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Artículo 249 - Jurisdicción y Competencia:
En las parroquias rurales que lo soliciten, habrá juezas y jueces de paz. En barrios, recintos, anejos, comunidades y áreas rurales, existirán jueces de paz si lo demandan conforme a regulaciones establecidas por el Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura determinará la zona geográfica donde las juezas y jueces de paz ejercerán sus funciones y definirá su estructura organizativa.

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Contravenciones de Tránsito:
En el caso de infracciones de tráfico sin pena de prisión, la competencia recae en el juez del domicilio del presunto infractor.

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Artículo 401 - Jurisdicción universal:
Los delitos de lesa humanidad pueden ser objeto de investigación y juicio en Ecuador, siempre y cuando no hayan sido enjuiciados en otro país o por tribunales penales internacionales, conforme a lo dispuesto en este Código y en los tratados internacionales suscritos y ratificados.

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El Código Orgánico de la Función Judicial establece un marco normativo esencial en relación con la jurisdicción y la competencia en el sistema judicial.

En virtud de estas disposiciones, se establece que tanto la jurisdicción como la competencia se originan en la Constitución y la ley.

La potestad jurisdiccional recae en juezas y jueces designados de acuerdo con estos preceptos, y se complementa con la participación activa de fiscales y defensores públicos en sus funciones correspondientes.

Se reconoce también que las comunidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los jueces de paz desempeñan un papel fundamental resolviendo conflictos individuales, comunitarios y contravencionales en un enfoque equitativo y obligatorio. Los árbitros también tienen una función jurisdiccional en el marco de las regulaciones legales.

La distribución de la facultad jurisdiccional entre cortes, tribunales y juzgados se basa en aspectos como las personas, el territorio, la materia y los niveles judiciales, como se estipula en el artículo 156.

Además, se promueve la inclusión de juezas y jueces de paz en parroquias rurales y áreas similares, atendiendo a las demandas y regulaciones establecidas por el Consejo de la Judicatura.

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La Constitución de la República establece disposiciones fundamentales que resguardan los principios del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Estas normas influyen de manera notoria en la conducción y resolución de variados procesos judiciales, examinando los ámbitos de la jurisdicción y la competencia. Los aspectos cruciales son los siguientes:

El Artículo 76 garantiza el debido proceso, asegurando un conjunto de garantías esenciales en todo proceso que determine derechos y obligaciones. Entre ellas, destaca la obligación de las autoridades administrativas y judiciales de salvaguardar las normas y los derechos de las partes involucradas.

Dentro del derecho a la defensa, resaltan:
- La prohibición de privar a alguien del derecho a defenderse en cualquier etapa del procedimiento.
- La asignación de tiempo y recursos adecuados para la preparación de la defensa.
- El derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones y en el momento oportuno.
- La posibilidad de asistencia legal mediante un abogado de elección o defensor público en procedimientos judiciales, sin restricciones al acceso o comunicación con el defensor.
- La comparecencia obligatoria de testigos o peritos para responder al interrogatorio respectivo.
- La garantía de ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, con la prohibición de ser juzgado por tribunales especiales.
- El derecho a apelar el fallo o resolución en cualquier procedimiento que determine derechos.

Estas disposiciones aseguran que los procesos judiciales y administrativos se desarrollen de manera equitativa, transparente y justa.

Juntas, establecen una estructura de protección a los derechos de las partes involucradas, configurando un sistema de justicia en Ecuador que respeta y aplica los principios esenciales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

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Los conceptos de jurisdicción y competencia son fundamentales para el ejercicio de la justicia en el ámbito legal.

La jurisdicción representa el poder esencial de los jueces y magistrados para administrar la justicia, y su regulación es crucial para distribuir este poder de manera efectiva entre las diversas áreas jurisdiccionales.

La competencia entra en juego como el medio a través del cual se lleva a cabo esta distribución, otorgando a cada juez o magistrado la autoridad para ejercer la justicia en casos específicos y dentro de límites territoriales precisos.

En analogía, la jurisdicción abarca la capacidad global de administrar justicia, mientras que la competencia delimita la porción de casos en la que cada juez puede ejercer esta capacidad.

La jurisdicción es como un concepto general, mientras que la competencia es la manifestación más particular y aplicada de ese concepto.

Además, se exploran dos aspectos de la competencia: el objetivo, que define los tipos de casos que un juez puede manejar según la ley, y el subjetivo, que establece la extensión de la autoridad de cada juez dentro de los límites asignados.

En conjunto, estos conceptos aseguran que el poder judicial se ejerza de manera equitativa y organizada.

La jurisdicción permite la administración de justicia, mientras que la competencia garantiza que esta administración sea adecuada y precisa.

En última instancia, la interacción entre jurisdicción y competencia da lugar a un sistema legal que busca mantener la justicia y el orden en la sociedad.

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Los artículos presentados delinean de manera precisa y detallada las pautas que rigen la competencia en el ámbito de la justicia penal en Ecuador.

La autoridad para ejercer el poder judicial se subdivide de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, resaltando la importancia de un sistema estructurado y equitativo.

La improrrogabilidad de la competencia, tal como se establece en el artículo 403, refuerza la rigurosidad del proceso judicial, permitiendo excepciones solo cuando la ley lo autoriza de manera explícita. Las reglas de competencia establecidas en el artículo 404 establecen un marco claro para la asignación de casos a jueces específicos.

Estas reglas abarcan una amplia gama de situaciones, desde la ubicación geográfica de la infracción hasta el lugar de arresto o detención de la persona involucrada. Asimismo, se abordan los casos de delitos transfronterizos, la preeminencia del fuero y la excepción para los casos de violencia de género o intrafamiliar.

El enfoque en la justa distribución de responsabilidades y la adaptabilidad a diversas circunstancias garantizan un proceso legal equitativo y confiable en Ecuador. Además, las directrices para las contravenciones de tránsito subrayan la importancia de la proximidad territorial al asignar la competencia al juez del domicilio del presunto infractor.

En conjunto, estos artículos y sus disposiciones destacan el compromiso de Ecuador por establecer un sistema de justicia penal justo, transparente y efectivo, asegurando que la autoridad judicial se ejerza de manera apropiada y conforme a las reglas establecidas en el marco legal.

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Los artículos presentados establecen los fundamentos de la jurisdicción penal en Ecuador. La jurisdicción es la facultad del poder público para juzgar y ejecutar sentencias, siendo ejercida exclusivamente por jueces designados en la Constitución y en las leyes pertinentes.

Los órganos jurisdiccionales penales, con sus respectivas funciones y competencias, están definidos por el Código Orgánico de la Función Judicial. Además, se establece el alcance de la autoridad jurisdiccional en diversos escenarios, desde infracciones en el territorio nacional hasta casos internacionales que involucran a diplomáticos y aeronaves o embarcaciones ecuatorianas.

También se reconoce la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, siempre que no hayan sido enjuiciados en otro país o por cortes penales internacionales. Estos artículos constituyen los pilares que guían la aplicación de la justicia penal en Ecuador, respetando tanto el ámbito nacional como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y justicia universal.

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Artículo 150 - Jurisdicción:
La jurisdicción comprende la facultad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Esta potestad recae en juezas y jueces designados por la Constitución y las leyes, y se ejerce siguiendo las reglas de competencia.

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Artículo 156 - Competencia:
La competencia es el alcance en el cual se distribuye la facultad jurisdiccional entre las distintas cortes, tribunales y juzgados, basándose en aspectos como las personas, el territorio, la materia y los niveles judiciales.

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Artículo 7 - Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia:
La jurisdicción y competencia se originan en la Constitución y la ley. Solo las juezas y jueces designados conforme a estos preceptos, junto con la participación directa de fiscales y defensores públicos en sus roles, pueden ejercer la potestad jurisdiccional. Las autoridades de comunidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales según la Constitución y la ley. Los jueces de paz resuelven de manera equitativa en conflictos individuales, comunitarios y contravencionales dentro de su competencia exclusiva y obligatoria, tal como lo establece la ley. Los árbitros también tienen funciones jurisdiccionales conforme a la Constitución y la ley. No pueden ejercer la potestad jurisdiccional jueces, tribunales o comisiones especiales de excepción.

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Explorando las disposiciones clave de la Constitución de la República sobre el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, resaltaremos aquellas que influyen de manera prominente en la tramitación y conclusión de diversos procesos, desde las perspectivas de la jurisdicción y la competencia. A continuación, destacamos las disposiciones relevantes:

Artículo 76 - Derecho al Debido Proceso:
En todos los procesos que determinen derechos y obligaciones de cualquier naturaleza, se asegurará el derecho al debido proceso, que implica las siguientes garantías fundamentales:

1. Cada autoridad administrativa o judicial tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes involucradas.

2. El derecho a la defensa de las personas incluye las siguientes garantías:
a. Nadie puede ser privado del derecho a defenderse en ninguna etapa o nivel del procedimiento.
b. Se debe brindar el tiempo y los recursos adecuados para la preparación de la defensa.
c. Se debe escuchar a la persona en el momento apropiado y en igualdad de condiciones.
g. En procesos judiciales, se permite la asistencia de un abogado elegido por la persona o un defensor público; no se puede limitar el acceso ni la comunicación privada con el defensor.
j. Las personas que actúan como testigos o peritos deben comparecer ante la autoridad y responder al interrogatorio correspondiente.
k. El juicio debe ser realizado por un juez independiente, imparcial y competente. No se permitirá ser juzgado por tribunales especiales creados para ese fin.
m. En todos los procedimientos que decidan sobre los derechos de una persona, se permite apelar el fallo o la resolución.

Estas disposiciones de la Constitución aseguran que los procesos judiciales y administrativos sean justos, transparentes y equitativos.

En su conjunto, estas garantías protegen los derechos de las partes involucradas, asegurando un sistema de justicia en el que se respeten los principios fundamentales del debido proceso y la tutela judicial efectiva en Ecuador.

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COMPETENCIA: La competencia se refiere a la autoridad y poder que un juez o magistrado tiene en una rama jurisdiccional específica para ejercer su función de administrar justicia en casos particulares y dentro de un territorio determinado.

Podemos considerar la jurisdicción como una categoría general, mientras que la competencia sería una categoría más específica. La competencia define la porción de casos o asuntos en los que un juez puede aplicar su jurisdicción legalmente. Por otro lado, la jurisdicción engloba a todos los jueces de una rama en conjunto y abarca todos los asuntos que caen bajo su autoridad (como asuntos civiles, penales, laborales, contencioso-administrativos, fiscales, militares y eclesiásticos).

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ASPECTOS DE LA COMPETENCIA: La competencia puede ser examinada desde dos perspectivas:

1. Objetivo: Representa el conjunto de casos o causas en los que un juez puede ejercer su jurisdicción según la ley.

2. Subjetivo: Se refiere a la facultad otorgada a cada juez para ejercer su jurisdicción dentro de los límites específicos que le han sido atribuidos.

Aunque estos límites pueden variar en importancia, todos comparten el propósito de distribuir la jurisdicción entre los jueces de la misma rama jurisdiccional.

En esencia, la jurisdicción es la esencia misma del poder judicial, mientras que la competencia define cómo se aplica y distribuye ese poder entre los jueces para asegurar un proceso legal justo y ordenado.

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JURISDICCIÓN: En el contexto legal, la jurisdicción es el poder fundamental que todos los jueces y magistrados poseen para administrar justicia.

Es esencial regular su ejercicio para distribuirlo eficazmente en las distintas áreas jurisdiccionales, y esta distribución se logra a través de lo que llamamos competencia.

En otras palabras, la jurisdicción es el amplio término que engloba la capacidad general de administrar justicia, mientras que la competencia entra en juego para determinar cómo se distribuye esa capacidad entre los distintos jueces en áreas específicas.

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Artículo 404 - Reglas de Competencia:
Para establecer la autoridad competente, se aplican las siguientes directrices:

1. La competencia recae en un juez cuando la infracción ocurre en la zona geográfica donde ejerce sus funciones. Si hay varios jueces, se asigna competencia según procedimientos legales.

2. Si una infracción se planea y comienza en un lugar pero se completa en otro, el juez del último lugar es competente.

3. Si no se puede determinar el sitio de la infracción o esta ocurre en áreas territoriales diferentes o desconocidas, la competencia se asigna a:
a) El lugar donde se arresta o detiene a la persona.
b) El lugar del domicilio del acusado, aun si está prófugo.
c) La capital del país si el domicilio no se puede establecer.

4. Si se descubre posteriormente el lugar de la infracción, el proceso se traslada al juez de ese lugar sin anular el proceso. Si el proceso inicia en una zona pero el arresto ocurre en otra, la competencia se traspasa al juez que inició el proceso.

5. Si la infracción ocurre en la línea limítrofe de dos zonas, el juez que previno en el proceso es competente según la ley.

6. Si la infracción ocurre en el extranjero, el acusado se juzgará en la región donde se arreste o en la capital del país.

7. Si hay procesados con fuero de Corte Provincial, esa corte juzgará a todos.

8. Si hay procesados con fuero de Corte Nacional, esa corte juzgará a todos.

9. Si hay procesados con fuero de Corte Nacional y otros con fuero de Corte Provincial, la Corte Nacional tiene jurisdicción.

10. Si los procesados están bajo distintas cortes provinciales, prevalecerá la que previno en el proceso.

11. La violencia contra la mujer o miembros familiares no dará lugar a fuero.

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Artículo 403 - Improrrogabilidad:
La jurisdicción en asuntos penales no se puede transferir, a menos que la ley lo permita explícitamente.

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Artículo 402 - Naturaleza de la Competencia:
La autoridad de ejercer justicia penal se desglosa de acuerdo a las reglas de competencia establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

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Artículo 400 - Alcance de la autoridad jurisdiccional:
Están sometidos a la autoridad judicial penal de Ecuador:

1. Ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que cometen infracciones en territorio nacional.

2. El jefe de Estado, representantes diplomáticos ecuatorianos, sus familias y comitivas, que cometen infracciones en el extranjero, así como los cónsules ecuatorianos en casos similares mientras desempeñan funciones consulares.

3. Personas ecuatorianas o extranjeras que cometen infracciones a bordo de naves aéreas o marítimas registradas en Ecuador, ya sea en el espacio aéreo o las aguas territoriales del país o de otro Estado.

4. Individuos ecuatorianos o extranjeros que cometen infracciones contra el derecho internacional o los derechos consagrados en tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido enjuiciados en otro país.
Excepciones aplican a líderes de otros Estados presentes en el país, diplomáticos acreditados y residentes, y a representantes diplomáticos de otros Estados en tránsito ocasional. Esta exención se extiende a sus cónyuges, hijos, empleados extranjeros y comitivas, siempre que informen oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el personal de la misión.

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Artículo 399 - Órganos jurisdiccionales penales:
La configuración, tareas y competencias de los órganos que conforman la jurisdicción penal se establecen en el Código Orgánico de la Función Judicial.

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Artículo 398 - Jurisdicción:
El ejercicio de la autoridad estatal para juzgar y aplicar lo juzgado se define como jurisdicción. Exclusivamente, los jueces designados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y este Código son los responsables de ejercer la jurisdicción en asuntos penales para enjuiciar las violaciones penales ocurridas tanto en el país como en el extranjero, en los casos estipulados por acuerdos internacionales ratificados por el Estado.

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Sbte. Cuzco Danny.
Sbte. Coca Carlos.
Sbte. Chulta Edison.
Sbte. Criollo Alex.
Sbte. Cauja Cristhian.