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Si hay un movimiento nacional que será recordado a lo largo de toda la historia panameña, sin duda alguna, es el de la Cruzada Civilista. Esta multigremial nació la noche del 9 de junio de 1987, luego de las denuncias realizadas por el entonces Coronel Roberto Díaz Herrera.

El movimiento civilista siempre existió en el subconsciente colectivo de nuestro país cuando apelaba a sus ideales. Los antecedentes más inmediatos a la organización de la Cruzada, fueron la Coordinadora Civilista Nacional (COCINA) y las grandes manifestaciones que se suscitaron con motivo del asesinato de Hugo Spadafora por la dictadura militar.

En un principio, muchas personas confundidas creyeron que la Cruzada Civilista era una reedición de la Coordinadora Civilista (COCINA), ya que veían allí a los mismos gremios docentes y médicos que integraron el movimiento de 1984. Pero se equivocaban porque COCINA, por su composición, por sus dirigentes y por su programa era un organismo eminentemente de capas medias, profesionales (médicos, docentes y estudiantes) y asalariados.

Mientras que la Cruzada, por el contrario, fue desde sus inicios, una organización controlada por la burguesía, sus gremios y sus partidos, en la que marchaban como furgón de cola los gremios de capas medias y asalariados.

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¿QUIÉNES CONFORMABAN LA CRUZADA CIVILISTA?

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¿QUIÉNES CONFORMABAN LA CRUZADA CIVILISTA?

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La Cámara de Comercio inició la Cruzada Civilista Nacional de 1987. Fue una gran alianza entre organizaciones cívicas, productivas, profesionales y comerciales del país, además de contar con el apoyo de la Iglesia Católica. Gremios empresariales, como  (SIP, CONEP, etc.),  partidos políticos de oposición (Panameñista, Democracia Cristiana, PAPO, etc.) y algunos gremios laborales (Maestros Independientes, Asoc. de profesores, médicos, etc.) crean la Cruzada Civilista Nacional. La Cruzada Civilista se organiza con el objetivo central de: "Rescatar y reconstruir las instituciones que garanticen la justicia y una verdadera democracia en nuestro país".

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LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA EN PANAMÁ

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LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA EN PANAMÁ

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DESAPARICIONES

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Que se conformó para investigar.
Panamá crea una comisión de la verdad para investigar la invasión estadounidense.

Más de un cuarto de siglo después de la invasión sigue siendo desconocida la cifra exacta de muertos. La comisión intentará desclasificar documentos estadounidenses.
La comisión tiene la tarea de descubrir con exactitud cuántas personas murieron durante la operación e identificarlas. También evaluará si los familiares de las víctimas merecen compensación.

"Panamá está intentando curar sus heridas", dijo la vicepresidenta del país y ministra de Asuntos Exteriores, Isabel de Saint Malo. "No puede haber reconciliación si no se conoce la verdad", agregó, señalando que nunca ha habido un informe oficial sobre la invasión del 20 de diciembre de 1989.

Las cifras estimadas del número de muertos han variado ampliamente, desde 200 hasta varios miles. La investigación más completa hasta el momento, realizada por el grupo estadounidense Médicos por los Derechos Humanos, dijo que hubo al menos 302 civiles muertos, y hasta 3,000 heridos.

La invasión, cuyo nombre en clave era "Operación Causa Justa", fue elogiada durante años por las autoridades panameñas como el fin de la dictadura militar, en lugar de una tragedia sangrienta. Pero el año pasado el presidente Juan Carlos Varela firmó una orden ejecutiva declarando el 20 de diciembre como Día de Reflexión Nacional y ordenó que la Bandera Nacional ondee a media asta.

A pesar de los esfuerzos legales, muy pocos panameños recibieron una compensación por la pérdida de sus seres queridos.

"Estas comisiones pueden ser una forma productiva de sanar viejas heridas y permitirle a la sociedad avanzar segura de la verdad y tal vez incluso de que se hizo justicia sobre el pasado", dijo Gabriel Marcella, exdirector de Estudios Americanos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, y exasesor del Comandante en Jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Panamá.

Los esfuerzos para garantizar la compensación para las víctimas en Panamá no tuvieron éxito, en gran medida debido a los estrechos vínculos entre Washington y el gobierno panameño instaurado después de la invasión. Poco después de la invasión, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda de 500 millones de dólares para Panamá, pero gran parte del mismo estaba destinada a ayudar a reestructurar su deuda externa.

Se reservó el dinero para darles hogar a 2,500 panameños que perdieron sus casas en el incendio que se extendió por el céntrico vecindario de El Chorrillo, que colindaba con el cuartel general de Noriega.

"Éste ha sido un tema políticamente sensible que ya tiene algunos años".

Panamá ha dicho que le pediría al gobierno estadounidense desclasificar los archivos relacionados con la invasión.

" Cualquier cosa que ayude a las familias de las víctimas a superar la situación es buena y probablemente esto se debió haber hecho hace mucho tiempo.
Es abrumadora la evidencia de que el número de muertes fue más cercano a la cifra de 500 que a la de miles que algunos han alegado. En cuanto a las compensaciones, dudo mucho que Estados Unidos vaya a ofrecerlas y por lo tanto tendrán que venir del gobierno de Panamá".
La invasión involucró a 27,000 soldados estadounidenses y más de 300 aviones y tuvo un rápido éxito en la captura de todos los objetivos estratégicos en Panamá. A Noriega no le quedó más remedio que ocultarse, mientras que un gobierno civil tomaba el poder. Algunos han cuestionado si el uso excesivo de la fuerza contra el débil ejército de Noriega contribuyó al número de muertos. También hay dudas sobre las acciones de algunos soldados estadounidenses que abrieron fuego contra víctimas inocentes en la confusión ocurrida durante el ataque a gran escala antes del amanecer dirigido por la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

"Hallamos que la conducta de las fuerzas estadounidenses durante los combates no respetó importantes compromisos consagrados en la Convención de Ginebra en lo que respecta al tratamiento de civiles", concluyó un informe de mayo de 1990 del grupo de derechos humanos Americas Watch. "En especial, las fuerzas estadounidenses violaron su deber siempre presente de minimizar el daño a la población civil en algunos de los campos de batalla más importantes", afirmaba.

El gobierno de Estados Unidos defendió la actuación de sus tropas en Panamá, diciendo que la operación militar se "limitaba a lo que era necesario y proporcionado, y se diseñó específicamente para minimizar (en lo posible) las lesiones y la pérdida de civiles y de propiedades civiles."

En virtud de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, está prohibida la compensación por daños "derivados directa o indirectamente de un acto del ejército de Estados Unidos en combate."

Después de refugiarse en la embajada del Vaticano, Noriega finalmente se rindió a las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 1990 y fue juzgado en Miami por delitos relacionados con las drogas.

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Luego de años de espera de una respuesta, ante petición presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «CIDH», por las víctimas de la invasión militar de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, este organismo falló a favor del Estado panameño, luego que el gobierno norteamericano no acatara tal decisión del 6 de diciembre de 2017, en donde se señalaban las recomendaciones pertinentes al caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de panameños que presentaron en 1990 peticiones para que se reconocieran las violaciones a Derechos Humanos y víctimas por la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. La corte recomienda a Estados Unidos que debe reconocer su responsabilidad en la muerte de civiles no combatientes, reparar a las víctimas y sus familiares y colaborar para esclarecer todos los hechos de la intervención militar.
La Corte, lo que ha hecho prácticamente, es especificar la naturaleza del fallo, el primero quizás fue un poco hibrido, pero ahora si está indicando cuales son las acciones que le corresponden prácticamente a Panamá, en el efecto que tendrá que hacer lobby, ayuda de países cercanos, buscar un equipo legal, para que se haga efectivo ese fallo, es la única forma que los países poderosos indudablemente pueden entender de qué avasallar nuestros países es malo, bajo ninguna circunstancia.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de panameños que presentaron en 1990 peticiones para que se reconocieran las violaciones a Derechos Humanos y víctimas por la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. La corte recomienda a Estados Unidos que debe reconocer su responsabilidad en la muerte de civiles no combatientes, reparar a las víctimas y sus familiares y colaborar para esclarecer todos los hechos de la intervención militar. teleSUR

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CIDH falla a favor de panameños víctimas de invasión de EEUU en 1989

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de panameños que presentaron en 1990 peticiones para que se reconocieran las violaciones a Derechos Humanos y víctimas por la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989.

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"Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA / Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, COFADEPAHG"

Esta organización nace en septiembre de 1999, ante la necesidad de familiares de víctimas de violación de derechos humanos, crímenes, torturas y desapariciones forzadas durante la dictadura militar en Panama (1968 – 1989), de unir esfuerzos para la búsqueda de la Verdad y la Justicia y la lucha contra la Impunidad.

Durante el tiempo transcurrido, las familias reclamantes de la suerte o el paradero de las víctimas, fueron objeto de intimidaciones, amenazas y denegación de justicia e impunidad. La Comisión de la Verdad de Panamá, creada en febrero de 2001, quince meses después, registró en su Informe ciento dieciséis, 116, entre asesinatos y desapariciones forzadas. El Ministerio Público no ha asumido responsablemente  la atención de los casos. Casos a los que se les dio seguimiento fueron archivados, sobreseído o prescritos en la razón de la ley panameña que señala que pasado veinte años, pierden vigencia, contrario a la norma internacional que en materia de violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de Lesa Humanidad indica la imprescriptibilidad de los mencionados casos.

La situación del caso.  De los 116 casos registrados por la Comisión de la Verdad, el Ministerio Público hizo un filtro aduciendo diferentes razones, quedando sólo 38. De esos, varios fueron sobreseídos, otros permanecen abiertos pero en evidente demora de procesamiento y otros sin atención. Los familiares de las víctimas, organizados en comités, con el apoyo de la Comisión de la Verdad, vigente hasta cierto momento, presentaron el caso de los asesinatos y desapariciones forzadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, quedando registrado con el código P-882-3, a fin de ser considerados de manera colectiva. Tomando en cuenta la cantidad de casos, la época común en que se registraron los lamentables hechos y las circunstancias similares, la Comisión sugirió pedir al gobierno un avenimiento, para lo cual habría de abrirse una mesa de entendimiento entre las partes. Este acuerdo nunca se cumplió por parte del gobierno de la Señora Mireya Moscoso, en ese tiempo, Presidenta de la República, ni tampoco del gobierno posterior, presidido por Martín Torrijos Espino. Desde entonces los familiares han estado reclamando respuestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha guardado silencio a lo largo de estos años sobre esta situación, a pesar de los abordajes que en diferentes momentos y formas se le ha hecho para conocer su opinión sobre el caso.

Denuncia.

Crímenes de Lesa Humanidad durante la dictadura militar (1968-1989): persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas.

Denegación sistemática de la justicia ante hechos de violación del derecho a la vida, la seguridad, la integridad personal física y sicológica, las amenazas e intimidación a familiares de las víctimas.

La negación del derecho a la Verdad que le asiste a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía en general.

Peticiones.

Al Consejo de Derechos Humanos.

Declarar al Estado panameño violador de los derechos humanos en materia de Verdad, Justicia y Reparación por la tortura, asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante la dictadura militar.

Declarar al Estado panameño violador al derecho a la justicia que asiste a todos los ciudadanos por negarse a investigar, esclarecer, deslindar responsabilidades intelectuales y materiales en los casos de asesinato y desapariciones forzadas.

Instar al Estado panameño a cumplir con las normas internacionales de no prescripción de violación de los derechos humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.

Pedir al Estado panameño atender los reclamos de los familiares de las víctimas en esclarecimiento, ejercicio de la justicia y reparación.

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Antecedentes

La operación “Causa Justa”, como fue denominada por el ejército norteamericano, tuvo una serie de antecedentes que llevaron a ella, y como pretexto sacar del poder al Gobierno del general Manuel Antonio Noriega, para preservar la vida de los estadounidenses en el país. Significó, según expertos, un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento. Para muchos panameños la verdadera causa de la intervención fue que este general se había convertido en un "estorbo" para los planes políticos estadounidenses.

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Panamá vs USA. invasion a Panamá  guerra