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Emilio Antonio Tamayo Escorcia - A01352077

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Emilio Antonio Tamayo Escorcia - A01352077

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"Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes son el principal objetivo para la trata, el tráfico y la explotación sexual. Es una realidad que se ha invisibilizado y de la que debemos hacernos cargo"

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"Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes son el principal objetivo para la trata, el tráfico y la explotación sexual. Es una realidad que se ha invisibilizado y de la que debemos hacernos cargo"

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“Existe un discurso de aparente respeto y promoción de los derechos de los indígenas, probablemente porque se perciben como parte esencial de la identidad nacional, incluso en temas estigmatizados como el uso de las lenguas nacionales en las escuelas. Sin embargo, la región es un factor que influye en este tipo de actitudes, lo que se muestra en la experiencia de discriminación y en algunos indicadores sobre desigualdad.”

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“Existe un discurso de aparente respeto y promoción de los derechos de los indígenas, probablemente porque se perciben como parte esencial de la identidad nacional, incluso en temas estigmatizados como el uso de las lenguas nacionales en las escuelas. Sin embargo, la región es un factor que influye en este tipo de actitudes, lo que se muestra en la experiencia de discriminación y en algunos indicadores sobre desigualdad.”

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Con motivo del Día de Cero Discriminación, investigadoras del CIESAS y la UV disertaron sobre esta problemática

No sólo el color de piel o uso de lengua original inciden, también la posición social, educación y hasta edades

05/03/2023, Xalapa, Ver.- Con motivo del Día de Cero Discriminación, que se festeja el 1 de marzo, el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), a través de la Comisión de Ética en la Investigación, ofreció dos conferencias en torno al tema, a cargo de expertas en esta problemática.

Sagrario Cruz Carretero, adscrita al Instituto de Antropología de la UV, ofreció "Midiendo la discriminación en México, revisión de datos estadísticos" y detalló un enorme número de circunstancias que inciden en el proceso discriminatorio: negativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi) para incluir preguntas en torno de la afroascendencia, ausencia de aproximación interseccional entre grupos vulnerables y falta de datos que aportan información básica.

Además, entrecruzamiento que conduce a interpretaciones erróneas y la percepción de motivos (sorprendentemente numerosos), que son las causas más comunes para la discriminación: color de piel, hablar una lengua indígena, preferencias sexuales, nivel educativo, edad avanzada, vestimenta, juventud, presencia de tatuajes, y muchísimos más.

Apuntó también a los confusos conceptos derivados de encuestas sobre los rasgos que conducen a las conductas de esa naturaleza, la autodefinición en los grupos de distintas latitudes en Veracruz y hasta la ignorancia que conduce a los entrevistados a decir que no son afromestizos o afrodescendientes, porque no provienen de una determinada región geográfica.

Por su parte, Regina Martínez Casas, lingüista, antropóloga e investigadora adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), disertó sobre "Diferentes dimensiones de la discriminación en México".

Inició con una gráfica que ilustra la composición étnico-racial de acuerdo a criterios como autoidentificación, lengua materna y antepasados familiares, efectos de la escolaridad en la autoidentificación y la agrupación étnica de los progenitores.

Aludió a los testimonios sobre discriminación debido a las lenguas indígenas, situación económica y color de piel. Respecto a la importancia del proceso histórico del mestizaje, comentó que ha transitado por diferentes etapas que dieron lugar a un concepto polisémico, proceso estudiado desde el siglo XIX y los inicios del Porfiriato.

Después, durante el siglo XX, la Revolución y el surgimiento de instituciones que se han propuesto la integración de los indígenas a la modernidad.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Mexicana de Ciencias, concluyó que el estudio del mestizaje se asocia a la presencia de otros grupos racial y culturalmente diversos.

"Existe un discurso de aparente respeto y promoción de los derechos de los indígenas, probablemente porque se perciben como parte esencial de la identidad nacional, incluso en temas estigmatizados como el uso de las lenguas nacionales en las escuelas. Sin embargo, la región es un factor que influye en este tipo de actitudes, lo que se muestra en la experiencia de discriminación y en algunos indicadores sobre desigualdad."

La moderación del evento, que se llevó a cabo de manera virtual, fue de Yuribia Velázquez Galindo, investigadora del Instituto de Antropología UV.

Categorías: Eventos, General, Inclusión

Etiquetas: Academia Mexicana de Ciencias, Afrodescendientes, antropóloga, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Comisión de Ética en la Investigación, desigualdad, Día de Cero Discriminación, discriminación, etnia, INEGI, Instituto de Antropología, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, investigadora, Jorge Vázquez Pacheco, lingüista, racismo, Regina Martínez Casas, Sagrario Cruz Carretero, Sistema Nacional de Investigadores

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Especialistas analizaron la discriminación en México y sus facetas

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Con motivo del Día de Cero Discriminación, investigadoras del CIESAS y la UV disertaron sobre esta problemática No sólo el color de piel o uso de lengua original inciden, también la posición social, educación y hasta edades 05/03/2023, Xalapa, Ver.- Con motivo del Día de Cero Discriminación, que se festeja el 1 de marzo, el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), a través de la Comisión de Ética en la Investigación, ofreció dos conferencias en torno al tema, a cargo de expertas en esta problemática.

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"Antes, las personas con discapacidad y las personas mayores cuyos derechos fueron violados y que fueron explotadas como resultado de la interdicción ni siquiera podían participar en el proceso legal que las declaraba legalmente incapaces"

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"Antes, las personas con discapacidad y las personas mayores cuyos derechos fueron violados y que fueron explotadas como resultado de la interdicción ni siquiera podían participar en el proceso legal que las declaraba legalmente incapaces"

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En una victoria histórica para las personas con discapacidad y las personas mayores, este verano el presidente mexicano Manuel López Obrador promulgó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que reconoce plena capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones con apoyos a todas las personas de 18 años o más. Este es un logro fundamental para las personas con discapacidad y las personas mayores en México, que a menudo se ven despojadas de su capacidad jurídica. En la primera línea de este éxito estuvo Decidir Es Mi Derecho, una coalición de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de personas mayores, otras organizaciones de derechos humanos y representantes del sector académico.

Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, conversa con una de las líderes de la coalición, a quien considera una de las máximas autoridades del movimiento por la reforma de la capacidad jurídica en México, una fuente de inspiración personal y una amiga, María Teresa Fernández (conocida afectuosamente como Marité), acerca de su pasión por este trabajo, el impacto del proyecto de reforma y el camino a seguir con respecto a los derechos de las personas con discapacidad en México.
¿Cómo fue ver que el Congreso aprobara la reforma sobre capacidad jurídica?
La coalición entera Decidir Es Mi Derecho estaba viendo el canal del Congreso mexicano por televisión para saber qué sucedía. No queríamos perdernos ni un segundo de las deliberaciones. Y cuando se llegó a la decisión unánime, nos conmovimos hasta las lágrimas y no podíamos creerlo. Todo fue muy conmovedor, un momento muy emotivo.
¿Cómo cambiará esta reforma la vida de las personas con discapacidad y las personas mayores en México?
Confiamos y esperamos que logre cambiar vidas para mejor, al empoderar a las personas con discapacidad y a las personas mayores para que tomen decisiones por sí mismas, con apoyos si así lo desean. Hasta ahora, las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo eran consideradas incapaces de decidir las cuestiones más elementales, como dónde vivir o con quiénes. Entonces muchas de ellas eran puestas en interdicción, lo que implica que un tercero podía tomar todas las decisiones por ellas, incluso en lo relativo a tratamientos de salud.

Antes, las personas con discapacidad y las personas mayores cuyos derechos fueron violados y que fueron explotadas como resultado de la interdicción ni siquiera podían participar en el proceso legal que las declaraba legalmente incapaces. Y sus hijos o familiares a veces se aprovechaban de esto, y usaban sus bienes en forma abusiva y limitaban sus decisiones.

Esta ley elimina la interdicción por completo y dispone en su lugar la creación de un modelo de toma de decisiones con apoyos, mediante el cual alguien podría nombrar a una tercera persona para facilitar el ejercicio de su capacidad jurídica, proporcionándole apoyos para la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la expresión de su voluntad. Ahora, cabría esperar que las personas puedan ser verdaderamente dueñas de sus propias vidas.
¿Por qué es tan importante la capacidad jurídica?
La capacidad jurídica es un derecho instrumental que permite el ejercicio de muchos otros derechos, como el derecho a la salud. Por cierto, también está el impacto en la institucionalización. Hasta ahora, los directores de instituciones a menudo actuaban como tutores de las personas que estaban institucionalizadas y decidían qué tratamiento debían recibir, encerraban a esas personas y les imponían tratamientos coercitivos. Ahora, para todo se requiere el consentimiento informado de la persona afectada.

Por último, en cuanto a derechos políticos, la capacidad jurídica es fundamental para que las personas con discapacidad se representen a sí mismas dentro de los partidos políticos, participen en tales partidos, voten y sean elegidas como representantes.
¿Cuál sería el paso siguiente para implementar la reforma sobre capacidad jurídica?
Los próximos pasos implican acciones importantes por parte de todos los actores de la sociedad civil y los tres poderes de gobierno.

En primer lugar, los congresos federal y de las entidades federativas deberían aprobar enmiendas a su legislación civil y reconocer la capacidad jurídica de todas las personas de 18 años y mayores, armonizando estas enmiendas con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya tenemos una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México.

Los jueces deben familiarizarse con la reforma, incluso a través de la capacitación sobre el tema.

Y el poder ejecutivo debería adoptar políticas públicas, en particular en lo que respecta a los sistemas de apoyo y su regulación. También debería crear una entidad pública que proporcione directrices para establecer servicios de toma de decisiones con apoyos destinados a las personas que no tengan los medios económicos para procurarse tales apoyos.

A su vez, es preciso que se capacite a las personas con discapacidad y a sus familias. Muchas tienen dificultades para entender qué significa esta reforma, sus implicaciones, cómo hacer propias estas implicaciones y cómo promover y defender sus derechos. Las familias precisarán recibir capacitación de la sociedad civil, de nosotros, para que puedan explorarse y resolverse sus temores en relación con la toma de decisiones con apoyos, y para que ya no teman que sus hijos e hijas queden desprotegidos cuando termine la interdicción. Y ese es apenas uno de muchos aspectos.

Entonces, la sociedad en general debe trabajar para materializar este cambio cultural, para abrirse a la diversidad y, en particular, para aceptar la discapacidad. En términos más generales, se trata de convertirse en una sociedad cada vez más igualitaria e inclusiva.

A nivel internacional, las principales organizaciones, como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben seguir promoviendo el tema y, a través de sus diversos organismos, dar mayor preponderancia y apoyar en la mayor medida posible a las organizaciones que se dedican a brindar capacitación.

Creo que todos tienen trabajo por hacer con respecto a esta reforma. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad en México, creo que la lucha continuará.
La reforma protege la capacidad jurídica de todas las personas. ¿Qué llevó a la coalición Decidir Es Mi Derecho a enfocarse en todas las personas, en lugar de únicamente en las personas con discapacidad?
Necesitamos ver un panorama más completo: que el reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad jurídica es un derecho humano, tiene carácter universal y no debe vincularse a grupos específicos. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene derecho a ejercer dicha capacidad y a tomar decisiones en forma autónoma. Si se precisa apoyo, sin duda este puede brindarse. Pero la decisión corresponde a la persona. No hay ninguna razón para reemplazarlo con una toma de decisiones por representantes.
¿Cuáles son los principales obstáculos a la posibilidad de poner fin a la tutela y reconocer la capacidad jurídica?
La cultura mexicana es muy proteccionista y paternalista; existe esta idea arraigada de que la interdicción protege a las personas con discapacidad. Sin embargo, lejos de brindar protección, la interdicción hace que las personas sean más vulnerables y estén sujetas a la voluntad de terceros. Creo que esta cultura es uno de los principales desafíos.

Lamentablemente, los gobiernos han implementado políticas proteccionistas y asistencialistas, y la administración actual cree que al otorgar pensiones a las personas con discapacidad es suficiente para cumplir con sus obligaciones. Además, creo que el nivel de polarización política que existe actualmente afecta a nuestra causa. El tema de la discapacidad nunca ha ocupado un lugar destacado en ninguna agenda política. En cambio, solo se ha tratado como una cuestión de asistencia social.
Tú has sido una líder del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad durante décadas. De hecho, nos conocimos en 2007, cuando yo era miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y tú habías sido coautora de un informe especial México ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [CDPD] en 2007. Entonces, ¿por qué no se estaban respetando plenamente los derechos de las personas con discapacidad? sobre los derechos de las personas con discapacidad para la Comisión. Aprendí mucho de ese informe y me alentaste a involucrarme en el tema de la capacidad jurídica. Quince años después y tras haber instado de manera continua a México a que cambie su legislación, esta victoria finalmente ha ocurrido. Luego de todo este tiempo, ¿qué te impulsa a seguir con este trabajo?
Mi participación en el movimiento se remonta al año 1995, cuando conocí a Piña Palmera, una organización de Oaxaca que trabaja con poblaciones rurales indígenas, familias y personas con discapacidad. Me conmovió profundamente el trabajo que hacen.
Cuénteme sobre la coalición Decidir Es Mi Derecho.
Lo que me mantiene activa es, por un lado, ver cuántas cosas todavía se precisa impulsar para lograr realmente la igualdad para las personas con discapacidad y el ejercicio pleno de sus derechos, y por otro lado, ver que se están logrando avances. No habrá ningún progreso a menos que la sociedad civil promueva la agenda. Eso es lo que me impulsa en la vida. Ya tengo 71 años, y desde el comienzo de la pandemia en 2020, he tenido una pérdida muscular significativa debido a que tuve polio durante la infancia. Cada vez tengo más dificultad para hacer las cosas y me muevo mucho menos. Hago todo lo que puedo con apoyos.

Si bien México ratificó la CDPD, también hizo lo que se denomina una declaración interpretativa al artículo 12 sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Básicamente, México sostuvo que la interdicción cumple con la CDPD, lo cual es completamente falso. Este fue un gran golpe para las personas con discapacidad en México.

La declaración interpretativa del gobierno tuvo un lado positivo: impulsó al movimiento por los derechos de las personas con discapacidad a unirse, a aprender más sobre la CDPD y a sumar fuerzas para acabar con la interdicción. Esto contribuyó sustancialmente a la fortaleza del movimiento. Una de las manifestaciones más memorables que organizamos fue con un grupo de teatro de personas sordas llamado "Seña y Verbo", que actuaron con cadenas frente al Senado mostrándose como personas "encadenadas" por la interdicción. Ese fue el comienzo.

Afortunadamente, como resultado de la reforma constitucional sobre derechos humanos que tuvo lugar en México en 2011, se retiró la declaración interpretativa a la CDPD. Pero esto dejó intacta la legislación interna de México. Sin embargo, eso ahora cambió.

Decidir es Mi Derecho se formó hace poco, en 2020, e incluye a muchas organizaciones mexicanas que representan a personas con discapacidad, como la Asociación Mexicana de Síndrome de Costello, el Centro de Autonomía Personal y Social A.C. (CAPYS), Colectivo Chuhcan, A.C, Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A. C. (CONFE), Documenta A.C, Entropía Social, Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A.C, Human Rights Watch, Movimiento de Personas con Discapacidad, Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad, A.C. (Madijal, A.C.), Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH-UNAM), Red Orgullo Loco y Yo También. Nuestra iniciativa no se limita a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; abogamos por el reconocimiento universal de la capacidad jurídica, que también beneficiaría a las personas mayores, que a menudo son víctimas de la interdicción. La organización de personas mayores que forma parte de nuestro colectivo es el Comité Ajusco A.C. También contamos con abogadas expertas que están interesadas en el tema, y algunas de ellas incluso trabajan en la Suprema Corte.

En el colectivo hay además personas con diferentes tipos de discapacidad y se han realizado ajustes para promover o facilitar su participación en las distintas actividades. Hay, por ejemplo, una persona ciega, Ernesto Rosas y entonces usamos documentos en formatos que pueda leer su lector de pantalla. También nos autodescribimos al inicio de las reuniones.

Está Fernanda Castro Maya, un activista con discapacidad intelectual, y Ricardo Adaír, una persona con autismo. Precisan formatos de lectura fácil, y entonces usamos un lenguaje sencillo. Además hay personas con discapacidad psicosocial, que han pedido que las reuniones no comiencen demasiado temprano o que se asigne más tiempo a ciertas actividades, y siempre intentamos atender esos pedidos. Por último, hay personas con discapacidad física, como Cristian Mendoza del Movimiento de Personas con Discapacidad, y yo misma, quienes preferimos las reuniones virtuales más que las presenciales.

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Entrevista: Victoria para las personas con discapacidad y las personas mayores en México

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En una victoria histórica para las personas con discapacidad y las personas mayores, este verano el presidente mexicano Manuel López Obrador promulgó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que reconoce plena capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones con apoyos a todas las personas de 18 años o más.

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“De acuerdo con datos del INEGI, 8 de cada 10 de nuestras hijas, madres y hermanas han sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial en el Estado de México..."

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“De acuerdo con datos del INEGI, 8 de cada 10 de nuestras hijas, madres y hermanas han sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial en el Estado de México..."

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“Aunque en el nombre se menciona como una convocatoria incluyente, no lo era, era algo ficticio”, dice Alán. Asegura que no se garantizaban los derechos políticos electorales de la comunidad LGBT+ ni de ninguna persona en situación de vulnerabilidad.

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“Aunque en el nombre se menciona como una convocatoria incluyente, no lo era, era algo ficticio”, dice Alán. Asegura que no se garantizaban los derechos políticos electorales de la comunidad LGBT+ ni de ninguna persona en situación de vulnerabilidad.

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El Tribunal Estatal Electoral resolvió a favor de la impugnación presentada por Alán Sariñana y obligó al IEE de Chihuahua a reeditar la convocatoria para la integración de las 67 asambleas municipales del estado
Por Rocío Gallegos / La Verdad

Aún antes graduarse como abogado, Sergio Alán Sariñana Ochoa comenzó la defensa por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y transexual (LGBTT+), una lucha con la que hace unos días logró tumbar al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua la convocatoria para la integración de las asambleas municipales para el proceso electoral 2023-2024.

"Aunque en el nombre se menciona como una convocatoria incluyente, no lo era, era algo ficticio", dice Alán. Asegura que no se garantizaban los derechos políticos electorales de la comunidad LGBT+ ni de ninguna persona en situación de vulnerabilidad.

Ante ese escenario, el activista y excandidato a regidor en las elecciones del 2018 por el PRI, decidió impugnar la convocatoria del IEE ante el Tribunal Estatal Electoral, que el pasado 14 de septiembre resolvió a favor de su juicio de amparo y ordenó emitir una nueva versión con elementos de inclusión.

Con esa resolución se garantizan los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTT+, pero también de personas con discapacidad, adultos mayores, de pueblos indígenas, de todas las personas en situación de vulnerabilidad, señala Alán, con emoción por el logro de su lucha.

En el fallo del TEE de Chihuahua se señaló la obligación de que en la integración de las 67 asambleas municipales en el estado se otorgue cuando menos una de esas consejerías a una persona de los grupos de vulnerabilidad, explicó a su vez Yuri Zapata, consejero del IEE.

Debido a esto, el Consejo del IEE acordó este 21 de septiembre lanzar una nueva versión de la convocatoria para integrar a las asambleas municipales que se encargarán de las elecciones locales del 2024, con los términos reclamados en la impugnación ciudadana y, además de hacerlo en seis lenguas nativas de Chihuahua, deberá tener una versión audible, de lectura fácil y en braille, es decir de lectura y escritura táctil.

La convocatoria impugnada se emitió el pasado 24 de agosto.

Durante la sesión de este jueves, el consejero Zapata explica que los registros presentados del 24 de agosto a la fecha se mantienen, pero bajo el reclamo de la impugnación van a consultar si entre los interesados en participar en el proceso de selección hay personas que pertenecen a los grupos vulnerables.

Con la revocación de la convocatoria, y la emisión de la nueva versión, no modifica los plazos para entrevistas y valoración curricular de los inscritos, se informó.

Las asambleas municipales, para quedar instaladas entre el 6 al 11 de diciembre de 2023.

"Es una satisfacción demostrar al Instituto que ciudadanos estamos despiertos y vigilantes de que respeten nuestros derechos", dice Alán, egresado de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Comenta que al revisar la convocatoria emitida en agosto por el IEE detectó irregularidades, lo externó al Instituto y buscó asesoramiento con Nasho Díaz, coordinador del Movimiento de Integración de la Diversidad en Ciudad Juárez. Luego decidió impugnar y ganó.

"Fue una gran noticia, es un hecho histórico", dice el activista en entrevista sobre la revocación que obligó al Instituto electoral ha reeditar la convocatoria a menos de un mes de su emisión.

El defensor de los derechos LGBT+ asegura que su lucha no fue por garantizar un lugar para él en la asamblea municipal, porque la ley es clara al establecer que los consejeros no pueden tener afiliación partidista y él forma parte del Partido Revolucionario Institucional.

"Esto lo hice por mis compañeros de la comunidad y por las personas de grupos vulnerables que tradicionalmente son marginados", afirma.

Ahora, agrega, espera la nueva convocatoria para revisar el cumplimiento de la resolución del tribunal electoral y que realmente sea incluyente.

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Alán Sariñana, el activista de derechos LGBT que tumbó al IEE la convocatoria para las asambleas municipales

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El Tribunal Estatal Electoral resolvió a favor de la impugnación presentada por Alán Sariñana y obligó al IEE de Chihuahua a reeditar la convocatoria para la integración de las 67 asambleas municipales del estado Por Rocío Gallegos / La Verdad Aún antes graduarse como abogado, Sergio Alán Sariñana Ochoa comenzó la defensa por los derechos [...]

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“Se fueron en contra mía y publicaron que van a buscar mi expulsión (del partido). Sin duda esto es un acto de homofobia”

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“Se fueron en contra mía y publicaron que van a buscar mi expulsión (del partido). Sin duda esto es un acto de homofobia”

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Ricardo Verdi, militante del PAN, asesor legislativo, abogado y activista LGBTIQ+, denuncia que ha sufrido la hostilidad de algunos panistas que buscan su expulsión por apoyar a la comunidad de la diversidad sexual. "Se fueron en contra mía y publicaron que van a buscar mi expulsión (del partido). Sin duda esto es un acto de homofobia", señala en entrevista.

Acusa que lo quieren sacar del partido por discriminación. Foto: Cortesía.

¿El PAN se ha pluralizado? En los últimos años, el Partido Acción Nacional ha experimentado una transformación que ha llevado a su dirigencia y militantes a aceptar en su agenda temas como la diversidad sexual, el feminismo y la protección de grupos vulnerables.

Sin embargo, a la par de esta apertura, militantes del partido han intensificado su lucha contra causas progresistas, sobre todo contra las infancias trans, el aborto y el matrimonio igualitario.

En este contexto, Ricardo Verdi, militante del PAN, asesor legislativo, abogado y activista LGBTIQ+, ha sufrido la hostilidad de algunos de los militantes de Acción Nacional que buscan su expulsión por apoyar a la comunidad de la diversidad sexual.

Cuenta que ha estado en varias trincheras del partido "he contribuido y he trabajado en temas de inclusión de derechos humanos, de igualdad y de no discriminación hacia la comunidad LGBTQI+ y en general con respecto a todos los grupos en situación de vulnerabilidad".

El panista señala que es "muy lamentable" la situación que se está viviendo al interior de su partido: "Porque hoy en día no tenemos respaldo de nuestra dirigencia nacional las personas de la diversidad sexual".

Esto aunque dentro del PAN existan miles de militantes LGBTIQ+: "Tenemos a funcionarias, funcionarios LGBTQI+. Tenemos a dirigentes, tenemos a integrantes de comités municipales, estatales, inclusive dentro de la dirigencia nacional".

Verdi señala que hay legisladoras y legisladores del PAN que han promovido activamente "posturas de odio" en contra de la comunidad de la diversidad sexual: "La diputada local América Rangel, la diputada federal del Estado de México Teresa Castell, y hasta el año pasado el diputado Gabriel Quadri".

"Recordemos que el diputado Gabriel Quadri se expresaba con odio, con desprecio, con discriminación hacia las mujeres trans. Y no lo digo yo, están estos tuits en sus redes sociales donde incluso en una ocasión publicó que la Cámara de Diputados estaba integrada por 252 hombres y 248 mujeres, desconociendo o invisibilizando a dos mujeres trans que tenían en la legislatura: la diputada Salma Luévano y la diputada María Clemente".

El caso de Quadri llegó a los tribunales, por lo que el diputado fue sancionado "correctamente por violencia contra las mujeres en razón de género". Verdi explica que estas posturas "no son respaldadas por la dirigencia nacional".

Defiende la diversidad sexual y rechaza salirse del partido.

"El presidente de nuestro partido, Marko Cortés, no ha respaldado a estas legisladoras y justamente no lo ha hecho porque son posturas de odio y discriminación que generan desigualdad".

El propio Verdi ha confrontado a estas legisladoras "en mi calidad de militante y hasta el año pasado como asesor del Poder Legislativo Federal de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados".

Esto ha resultado molesto para algunos militantes: "Ambas legisladoras les incomoda, les molesta que alguien del partido les haga frente".

Para él, dentro de su partido, existen varias incongruencias: "Históricamente legisladoras y legisladores (del PAN) en congresos estatales votaron en contra del matrimonio igualitario, claro, quiero resaltar que no todas las legisladoras y legisladores, pero son un número mínimo que votaron a favor de los derechos humanos, de las personas de la diversidad sexual".

En este sentido, uno de los focos rojos contra los derechos humanos está en el PAN de Puebla. Verdi dice que hay militantes que se han expresado "transfóbicamente con respecto a las mujeres trans. Les han llamado hombres con pelucas y otros tipos de comentarios discriminatorios lamentables. Esto yo lo he denunciado también".

"Hay un joven (Andrés Torres) que capacita a la juventud del PAN de Puebla que tiene expresiones transfóbicas y no es posible que una persona que capacita a la juventud en el PAN de Puebla".

Tras un intercambio de tuits, Torres anunció que iniciaría formalmente ante "la CODICN (Consejo Directivo Central) de @AcciónNacional un escrito para que con la debida aplicación de los estatutos, reglamentos y demás ordenamientos internos, esté sujeto (Verdi) sea sancionado o expulsado del partido. 👇Ya basta de estos zurdos". Esta acción fue respaldada por militantes y simpatizantes del PAN, incluyendo la legisladora Teresa Castell.

"Pues después de esa presión social, se fueron en contra mía y publicaron que van a buscar mi expulsión (del partido): Sin razón alguna, sin duda esto es un acto de homofobia, un acto de discriminación, porque les incomoda, les molesta que exista alguien en el partido con congruencia y de la comunidad LGBTQI+, que les haga frente".

Estos ataques han generado cuestionamientos a su persona dentro del partido, ¿por qué no te vas del partido? ¿Por qué no te vas a Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no te vas a Morena? ¿Por qué no te vas al PRD?

"Yo les digo, ¿por qué me voy a ir? Si la doctrina en los estatutos del PAN no rechaza a las personas de la diversidad sexual en México. La doctrina del PAN es muy clara respecto a la dignidad de las personas, la defensa de los derechos humanos, el rechazo a todo tipo de discriminación. O sea, no existe motivo para que yo renuncie al partido".

El hablar sobre la diversidad sexual en el PAN todavía es tabú, explica Verdi, "un temor a hablar de este tema al interior del partido. Hoy por hoy no saben ni siquiera la diferencia entre un concepto como preferencia sexual y orientación sexual".

Dice que si hubiera un verdadero diálogo, si existiera esa apertura para hablar temas de la diversidad, "hoy al interior del partido estuvieran más capacitados, más sensibilizados", a favor de los miembros de la población LGBT+, tanto los de la población general como los que hoy pertenecen al partido Acción Nacional.
@Ciudadelblues
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Militante panista denuncia que lo quieren expulsar del partido por homofobia

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Ricardo Verdi, militante del PAN, asesor legislativo, abogado y activista LGBTIQ+, denuncia que ha sufrido la hostilidad de algunos panistas que buscan su expulsión por apoyar a la comunidad de la diversidad sexual. "Se fueron en contra mía y publicaron que van a buscar mi expulsión (del partido).

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"Se trata de una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo", afirma Alena Douhan, subrayando que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente.

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"Se trata de una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo", afirma Alena Douhan, subrayando que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente.

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"Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal", declara la relatora* especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

"Se trata de una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo", afirma Alena Douhan, subrayando que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado y debe aplicar plenamente.

"Las sanciones se dirigen contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales donde ocurren", añade Douhan, que también señala que las sanciones secundarias ocurren cuando éstas se dirigen contra personas y empresas extranjeras por su presunta interacción con las partes penalizadas o por evadir los regímenes de sanciones.

Libertad de circulación y de propiedad

La relatora especial observó además que las sanciones estadounidenses suelen prohibir la entrada a Estados Unidos y congelar cualquier activo con conexión estadounidense, violando así los derechos a la libertad de circulación y a no ser privado arbitrariamente de la propiedad.

"El temor a las sanciones estadounidenses ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos. Esto no hace sino empeorar el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos", afirma la experta.

Douhan explica que los derechos humanos se vulneran cuando las prohibiciones comerciales de Estados Unidos contra determinados países penalizan a las empresas extranjeras por hacer negocios.

" Estas políticas afectan a los derechos laborales, a la libertad de circulación y a los derechos de las personas que pueden estar asociadas a estas empresas", ha asegurado, citando como ejemplo el daño causado a los individuos que dependen de los bienes o servicios de ciertas compañías, entre ellos, medicamentos y equipos médicos.

Incompatibilidad con las normas internacionales

La experta cuestiona la compatibilidad de este tipo de imposición de jurisdicción extraterritorial con las normas internacionales de derechos humanos, e invitó a las partes interesadas a reflexionar sobre su significado en relación con el principio internacional de no injerencia en los asuntos internos.

* Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU. Se trata de unos mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
**Alena Douhan es relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos humanos.

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Las sanciones de Estados Unidos violan el derecho a la presunción de inocencia, dice experta en derechos humanos

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Estados Unidos está utilizando sanciones para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, lo que puede constituir violaciones de los derechos humanos, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación y el derecho a la propiedad.