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Juez de Cumplimiento nos habla de la Resocialización en las Cárceles

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Juez de Cumplimiento  - Sistema Penal Acusatorio de la República de Panamá.

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Audiencia 2: Formulación de imputación. Parte1.mov

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Juicios Orales - Robo a mano armada (09/11/2017)

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El Juicio es Oral y se realiza a través de la argumentación

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El Juicio es Oral y se realiza a través de la argumentación

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El juicio oral constituye, sin duda alguna, la etapa esencial en el llamado sistema acusatorio, de corte garantista, ya que, a diferencia del sistema inquisitivo, es el mejor escenario judicial para producir todo cuanto interesa al caso. Es en esta etapa en la que se va a practicar la prueba -a mi juicio en donde nacerá la prueba en su estricto sentido procesal- , de forma pública, con la inmediación del juez, quien deberá estar atento a lo que suceda en juicio al no contar con un "engorroso expediente" que le permita llegar a una conclusión.

En este sentido, tenemos que el artículo 358 del Nuevo Código preceptúa que el juicio es la fase esencial del proceso y éste debe realizarse sobre la base de la acusación en forma oral, pública, contradictoria y concentrada, es decir, en unidad de acto. No se puede llegar al juicio oral que prescribe el artículo 364 del Código sin la previa existencia de una resolución de apertura de juicio oral la cual debe emanar de la fase intermedia guiada o presidida por el Juez de Garantías.

Todo cuanto ocurra en la audiencia será oral, ello incluye a los jueces quienes deberán producir sus decisiones -adopción de resoluciones- por la vía oral.

El Presidente del Tribunal respetará el ejercicio de la acusación y la amplitud de la defensa sin que ello sea óbice para que ejerza su poder de disciplina y de moderación de la discusión o debate y de los interrogatorios por lo cual debe impedir las intervenciones impertinentes.

Constituido el Tribunal del Juicio, el Presidente verificará la presencia de las partes y comunicará al acusado la importancia del juicio y que esté atento a lo que va a oír. El acusado puede declarar ante el Tribunal si así lo solicitare. Concluida su declaración puede ser interrogado por las partes, primeramente el defensor. Puede preguntar el Presidente de la audiencia pero tan solo para requerir del acusado aclare sus propios dichos, es decir, solamente para que esclarecer aquello que no haya quedado bien entendido o clarificado en el Tribunal. Ampara al acusado, téngase presente, su derecho constitucional a no declarar en contra de sí mismo. También el artículo 93, numeral 6 del Código, lo prohíbe.

Programa el artículo 367 del Código que inmediatamente el Presidente del Tribunal le ordenará al Fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante y por ultimo al defensor. De existir intervinientes se les dará el mismo derecho. El Juez puede limitar el tiempo de las intervenciones atendiendo a la complejidad del juicio. El artículo 369 también hace referencia expresa a este concepto de la teoría del caso.

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El juicio oral constituye, sin duda alguna, la etapa esencial en el llamado sistema acusatorio, de corte garantista, ya que, a diferencia del sistema inquisitivo, es el mejor escenario judicial para producir todo cuanto interesa al caso.

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Vencido el plazo debe haber una imputación o un archivo

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Vencido el plazo debe haber una imputación o un archivo

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Es una forma de reconstruir bajo nuestra óptica, qué pasó, cómo pasó, quien intervino, dónde y cuándo

Agotada la fase de investigación dentro del proceso penal, el fiscal se enfrenta a varias vertientes sobre las cuales vuelca su juicio de valor respecto al caso particular. Encontrándose ante un proceso bien construido y con fortaleza probatoria, se inclinará por avanzar hacia una formal acusación.

En este escenario el fiscal concreta los presupuestos formales que demanda nuestro Código Procesal Penal, haciéndolo de conocimiento de los intervinientes y con ello allana o prepara el camino para el eventual juicio; de allí el nombre de audiencia preparatoria. Debe consignar la acusación del fiscal en lo medular, la individualización del o los acusados, los hechos jurídicamente relevantes, enumerar los elementos de prueba, sean testimoniales, documentales o periciales resaltando su pertinencia o utilidad en el debate del juicio oral, la participación criminal, pena solicitada, cerrando con la solicitud de apertura de juicio oral.

Alejándonos de sus estructuras formales, lo que de inicio pareció un ejercicio pacífico, en la práctica se ha elevado a estadios casuísticos de profunda riqueza para el litigante en el contexto del sistema adversarial de corte acusatorio que ya rige en todo nuestro territorio.

La importancia de esta fase procesal se evidencia al ser el momento oportuno para mostrar los elementos probatorios que pretendemos utilizar en el juicio oral y solicitar la exclusión de los del oponente o contrario.

Por otro lado concentra el debate sobre los posibles vicios en los que se ha podido incurrir en el curso del procedimiento y que han debido advertirse en fases anteriores y al no ser convalidadas por la parte que la alega, al tiempo que se discuten entre otros, temas procesales como impedimentos y recusaciones y convenciones probatorias.

El carácter concentrado, oral, contradictorio y de economía procesal sobre el cual descansa el sistema penal acusatorio, da la posibilidad de ahorrar argumentación o debate sobre aquellos elementos sobre los cuales no hay contradicción, es decir los litigantes los aceptan como ciertos, dando paso a las llamadas convenciones probatorias.

Una vez las pruebas han sido decantadas en la audiencia intermedia, serán practicadas en la fase de juicio oral, con total inmediación del tribunal de Juicio, situación impensable en el antiguo sistema mixto inquisitivo que fue abandonado en reciente data en el primer distrito judicial.

Bien pudiéramos afirmar que a estas alturas se consolida nuestra teoría del caso, trilogía compuesta por el cuadro fáctico (hechos), teoría jurídica (derecho) y cuadro probatorio (pruebas).

Consolida nuestra visión del proceso desde la perspectiva de cada litigante.

Es una forma de reconstruir bajo nuestra óptica, qué pasó, cómo pasó, quien intervino, dónde y cuándo.

Esta construcción se le muestra al juez y se devela materialmente en el juicio oral, sin embargo se anticipa en fase intermedia. Además es la coyuntura procesal para que la víctima convertida en querellante, bien se adhiera a la acusación del fiscal o presente acusación autónoma, pudiendo ejercitar acción resarcitoria.

Para el tratadista colombiano Heliodoro Fierro-Méndez, 'El acto de formulación de acusación, como requisito estructural procesal-sustancial del debido proceso penal es insalvable, pues se constituye en el referente fáctico y jurídico en orden a la correspondencia o congruencia entre lo imputado en la acusación y lo declarado en la sentencia' (La imputación y la acusación en el sistema acusatorio, editorial Leyer, 2005, pag.159).

Dicho de otro modo ha de haber correspondencia entre el cuadro fáctico bajo el cual se estructuró la formulación de cargos y aquellos que sirven para la acusación.

Podríamos resumir que la solvencia de la fase intermedia deviene de los controles que se ejercen en ella sobre el descubrimiento probatorio de cada litigante. Dicho de otro modo, es la pizarra donde anotamos nuestras armas probatorias, de las cuales podemos ser despojados mediante su exclusión. Siendo elementos estructuralmente importantes para nuestra teoría del caso, ante su exclusión, quedaríamos seriamente expuestos en el posterior debate.

ABOGADO Y FISCAL DE CIRCUITO

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Es una forma de reconstruir bajo nuestra óptica, qué pasó, cómo pasó, quien intervino, dónde y cuándo Agotada la fase de investigación dentro del proceso penal, el fiscal se enfrenta a varias vertientes sobre las cuales vuelca su juicio de valor respecto al caso particular.

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LA FASE DE INVESTIGACIÓN, EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Publicado por: Licdo. Patricio Jordan, Abogado - Attorney At Law

La Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el nuevo Código Procesal Penal, no es más que el conjunto de normas de procedimiento que regula todo proceso penal que se siga en contra de cualquier persona bajo de la jurisdicción nacional. En este sentido, este cuerpo normativo dispone las reglas que se conjugan en lo que hoy denominamos El Sistema Penal Acusatorio.

Ahora bien, el ordenamiento procesal penal que regula el Sistema Penal Acusatorio establece tres fases especificas identificadas como la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio oral. Para los efectos de este aporte, analizaremos la primera fase de este sistema. Así pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, el proceso penal puede iniciarse de tres formas especificas, uno, de oficio, la cual ocurre cuando la "notitia crimini" llega a conocimiento de la autoridad competente y se trata de un tipo penal que se investiga de oficio, es decir, no se necesite denuncia o querella para que actúe el Ministerio Público; la segunda forma es mediante la denuncia, la cual ocurre cuando por medio de una denuncia ciudadana se hace llegar la "notitia crimini" al Ministerio Público a fin de que inicie la acción penal, y el tercero, es mediante la querella, que ocurre cuando la "notitia crimini" llega al Ministerio Público mediante el escrito de constitución de una querella penal, cabe señalar que mediante la querella el Ministerio Público adquiere la competencia para investigar tipos penales que solo pueden ser investigados a partir de una querella, como lo son por ejemplo los Delitos Contra el Honor de la Persona Natural.

La fase de investigación en materia penal puede o no iniciar a partir de la audiencia de imputación de cargos, lo que sí es importante destacar aquí, es que a partir de la audiencia de imputación de cargos, en la mayoría de los casos el Juez de Garantías resuelve un periodo de seis (6) meses para que el Ministerio Público complete la investigación y proceda con la acusación en contra del imputado, la cual efectivamente da inicio a la fase intermedia.

Durante el periodo de seis meses otorgado al Ministerio Público por el Juez de Garantías, para que mediante el ejercicio de la acción penal complete la investigación que arroje los elementos de convicción que acrediten el hecho punible y la respectiva vinculación del imputado, existen algunos actos que el Ministerio Público no pueden ejecutar sin antes contar con la autorización del Juez de garantías. Entre estos actos tenemos el Allanamiento de Residencias, acto que por su naturaleza de inculcar derechos fundamentales como lo es la protección de la privacidad y la propiedad privada bienes jurídicos tutelados a nivel constitucional, requiere que antes que sean ejecutadas el Fiscal de la causa solicite y motive ante el Juez de Garantías los hechos que hacen necesario que él autorice el acto de Allanamiento a Residencia. El sustento legal lo encontramos en lo establecido por el artículo 293, del Código Procesal Penal al disponer que:
"Allanamiento de residencias. En el caso de ser necesario registrar un lugar habitado o sus dependencias inmediatas, el allanamiento será autorizado por el Juez de garantías, previa petición fundamentada del Fiscal."
Efectivamente como observamos la norma Id, obliga al Fiscal a solicitar autorización antes de allanar la residencia o su inmediación. Esto cobra importancia durante la audiencia de fase intermedia en la sección denominada alegaciones previas, donde se debaten las incompetencias, nulidades, impedimentos, y recusaciones, de conformidad con el artículo 345, del Código procesal Penal. En esta fase del proceso se requiere el ojo crítico del Abogado Defensor, toda vez, que durante la audiencia de Fase Intermedia el Fiscal querrá fundamentar tanto el hecho punible como la vinculación del imputado en cosas materiales posiblemente obtenidos como resultado de la diligencia de allanamiento, de forma tal, que la defensa técnica debe tener certeza que todos los objetos materiales son el resultado de allanamientos que se ejecutaron dentro del marco legal. En este sentido, en algunas ocasiones mediante la utilización de tecnicismos jurídicos el Fiscal intenta legalizar un allanamiento con vicios de nulidad. Un ejemplo de esto es cuando se ejecuta un allanamiento y en la residencia solamente se encuentra una persona menor de edad. En estos casos, el Fiscal debe detener la diligencia y poner en conocimiento a las autoridades competentes del menor a fin de salvaguardar su seguridad, y posteriormente proceder con el allanamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, en la praxis lo que sucede es que el Fiscal continua con la diligencia y después pone en conocimiento a las autoridades competentes del menor. En estos caso el Abogado debe de traer este hecho al conocimiento del Juez de Garantías y argumentar la NULIDAD del acto por violaciones al debido proceso.

Por otro lado, existe un numero plural de actos investigativos que el Ministerio Público, puede ejecutar sin la obligación de contar con la autorización del Juez de Garantías. estos acto los encontramos debidamente normados en capítulo IV, del Código procesal Penal. Entre estos actos se encuentra la célebre Inspección Ocular del Lugar de los Hechos. Para estos menesteres el artículo 318, de nuestro ordenamiento procesal dispone que:
"Inspección del lugar de los hechos. Los funcionarios de los organismos de investigación, bajo la dirección de Fiscal encargado, deben custodiar el lugar del hecho y comprobar, mediante la inspección del lugar y de las cosas, los rastros, y otros efectos del hecho punible."
Claro que sí, los agentes de investigación bajo la dirección de Fiscal encargado una vez tengan conocimiento del hecho punible no necesitan la autorización del Juez de Garantías para inspeccionar el lugar del hecho, al igual las cosas que en ella se encuentren vinculadas, también los rastros encontrados y cualquier otro efecto material vinculado al hecho punible.

En nuestra próximo aporte estaremos abordando otros aspectos de importancia que la Fase de Investigación en el Sistema Penal Acusatorio, se destacan, en virtud de su importancia durante la fase du Juicio oral. En el caso de que esté enfrentando un proceso penal, para asesoría, representación profesional y eficaz en el Sistema Pena Acusatorio, también puede llamar o enviar un chat al 6-486-6544, e-mail: medstarbilling@gmail.com

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La Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el nuevo Código Procesal Penal, no es más que el conjunto de normas de procedimiento que regula todo proceso penal que se siga en contra de cualquier persona bajo de la jurisdicción nacional.

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Corresponde al Ministerio --Público iniciar la investigación 

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Corresponde al Ministerio --Público iniciar la investigación 

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Debe reunir elementos que le permitan una imputación

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LA FASE DE INVESTIGACIÓN, EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Publicado por: Licdo. Patricio Jordan, Abogado - Attorney At Law

La Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el nuevo Código Procesal Penal, no es más que el conjunto de normas de procedimiento que regula todo proceso penal que se siga en contra de cualquier persona bajo de la jurisdicción nacional. En este sentido, este cuerpo normativo dispone las reglas que se conjugan en lo que hoy denominamos El Sistema Penal Acusatorio.

Ahora bien, el ordenamiento procesal penal que regula el Sistema Penal Acusatorio establece tres fases especificas identificadas como la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio oral. Para los efectos de este aporte, analizaremos la primera fase de este sistema. Así pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271, el proceso penal puede iniciarse de tres formas especificas, uno, de oficio, la cual ocurre cuando la "notitia crimini" llega a conocimiento de la autoridad competente y se trata de un tipo penal que se investiga de oficio, es decir, no se necesite denuncia o querella para que actúe el Ministerio Público; la segunda forma es mediante la denuncia, la cual ocurre cuando por medio de una denuncia ciudadana se hace llegar la "notitia crimini" al Ministerio Público a fin de que inicie la acción penal, y el tercero, es mediante la querella, que ocurre cuando la "notitia crimini" llega al Ministerio Público mediante el escrito de constitución de una querella penal, cabe señalar que mediante la querella el Ministerio Público adquiere la competencia para investigar tipos penales que solo pueden ser investigados a partir de una querella, como lo son por ejemplo los Delitos Contra el Honor de la Persona Natural.

La fase de investigación en materia penal puede o no iniciar a partir de la audiencia de imputación de cargos, lo que sí es importante destacar aquí, es que a partir de la audiencia de imputación de cargos, en la mayoría de los casos el Juez de Garantías resuelve un periodo de seis (6) meses para que el Ministerio Público complete la investigación y proceda con la acusación en contra del imputado, la cual efectivamente da inicio a la fase intermedia.

Durante el periodo de seis meses otorgado al Ministerio Público por el Juez de Garantías, para que mediante el ejercicio de la acción penal complete la investigación que arroje los elementos de convicción que acrediten el hecho punible y la respectiva vinculación del imputado, existen algunos actos que el Ministerio Público no pueden ejecutar sin antes contar con la autorización del Juez de garantías. Entre estos actos tenemos el Allanamiento de Residencias, acto que por su naturaleza de inculcar derechos fundamentales como lo es la protección de la privacidad y la propiedad privada bienes jurídicos tutelados a nivel constitucional, requiere que antes que sean ejecutadas el Fiscal de la causa solicite y motive ante el Juez de Garantías los hechos que hacen necesario que él autorice el acto de Allanamiento a Residencia. El sustento legal lo encontramos en lo establecido por el artículo 293, del Código Procesal Penal al disponer que:
"Allanamiento de residencias. En el caso de ser necesario registrar un lugar habitado o sus dependencias inmediatas, el allanamiento será autorizado por el Juez de garantías, previa petición fundamentada del Fiscal."
Efectivamente como observamos la norma Id, obliga al Fiscal a solicitar autorización antes de allanar la residencia o su inmediación. Esto cobra importancia durante la audiencia de fase intermedia en la sección denominada alegaciones previas, donde se debaten las incompetencias, nulidades, impedimentos, y recusaciones, de conformidad con el artículo 345, del Código procesal Penal. En esta fase del proceso se requiere el ojo crítico del Abogado Defensor, toda vez, que durante la audiencia de Fase Intermedia el Fiscal querrá fundamentar tanto el hecho punible como la vinculación del imputado en cosas materiales posiblemente obtenidos como resultado de la diligencia de allanamiento, de forma tal, que la defensa técnica debe tener certeza que todos los objetos materiales son el resultado de allanamientos que se ejecutaron dentro del marco legal. En este sentido, en algunas ocasiones mediante la utilización de tecnicismos jurídicos el Fiscal intenta legalizar un allanamiento con vicios de nulidad. Un ejemplo de esto es cuando se ejecuta un allanamiento y en la residencia solamente se encuentra una persona menor de edad. En estos casos, el Fiscal debe detener la diligencia y poner en conocimiento a las autoridades competentes del menor a fin de salvaguardar su seguridad, y posteriormente proceder con el allanamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, en la praxis lo que sucede es que el Fiscal continua con la diligencia y después pone en conocimiento a las autoridades competentes del menor. En estos caso el Abogado debe de traer este hecho al conocimiento del Juez de Garantías y argumentar la NULIDAD del acto por violaciones al debido proceso.

Por otro lado, existe un numero plural de actos investigativos que el Ministerio Público, puede ejecutar sin la obligación de contar con la autorización del Juez de Garantías. estos acto los encontramos debidamente normados en capítulo IV, del Código procesal Penal. Entre estos actos se encuentra la célebre Inspección Ocular del Lugar de los Hechos. Para estos menesteres el artículo 318, de nuestro ordenamiento procesal dispone que:
"Inspección del lugar de los hechos. Los funcionarios de los organismos de investigación, bajo la dirección de Fiscal encargado, deben custodiar el lugar del hecho y comprobar, mediante la inspección del lugar y de las cosas, los rastros, y otros efectos del hecho punible."
Claro que sí, los agentes de investigación bajo la dirección de Fiscal encargado una vez tengan conocimiento del hecho punible no necesitan la autorización del Juez de Garantías para inspeccionar el lugar del hecho, al igual las cosas que en ella se encuentren vinculadas, también los rastros encontrados y cualquier otro efecto material vinculado al hecho punible.

En nuestra próximo aporte estaremos abordando otros aspectos de importancia que la Fase de Investigación en el Sistema Penal Acusatorio, se destacan, en virtud de su importancia durante la fase du Juicio oral. En el caso de que esté enfrentando un proceso penal, para asesoría, representación profesional y eficaz en el Sistema Pena Acusatorio, también puede llamar o enviar un chat al 6-486-6544, e-mail: medstarbilling@gmail.com

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La Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el nuevo Código Procesal Penal, no es más que el conjunto de normas de procedimiento que regula todo proceso penal que se siga en contra de cualquier persona bajo de la jurisdicción nacional.