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La presente ley tiene por objeto
asegurar el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas, y el pleno goce
de los derechos humanos de aquellas con padecimiento
mental que se encuentran en el territorio
nacional, reconocidos en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, con jerarquía
constitucional, sin perjuicio de las regulaciones
más beneficiosas que para la protección
de estos derechos puedan establecer las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta ley adopta una postura de respeto por los derechos de todas las personas, lo cual hasta no hace mucho no era asi, queda reflejado en  los siguientes acontecimientos:

Pinel cortó las cadenas con que se aprisionaba a los alienados. Se dejan de utilizar, paulatinamente, los métodos denominados por el autor como carcelarios. Comienzan a considerar los derechos de los enfermos y comienza una nueva especialidad en medicina para su tratamiento.

En Argentina a principios del siglo xx, se inauguran los actuales hospitales Borda y Moyano. Bajo la idea de cura moral por el trabajo y el contacto con la naturaleza, cambiando el enfoque médico científico, donde no existían los derechos sociales como tales.
1929 Liga Argentina de Higiene Mental Criticando a los manicomios, el hacinamiento y maltrato ejercido en tales instituciones.
2007 Un informe del CELS y el MDRI develó graves violaciones de derechos, y se proponía crear una legislación que se enmarcara en el enfoque de derechos en políticas públicas.

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Se consideran parte integrante
de la presente ley los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales
y para el Mejoramiento de la Atención de
Salud Mental, adoptado por la Asamblea General
en su resolución 46/119 del 17 de diciembre
de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas
de la Organización Panamericana de la Salud y
de la Organización Mundial de la Salud, para la
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica
dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14
de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia
Rectores para el Desarrollo de la Atención
en Salud Mental en las Américas, del 9 de noviembre
de 1990, se consideran instrumentos de
orientación para la planificación de políticas públicas.

El enfermo mental era considerado un mero receptor pasivo de técnicas y métodos represivos que iban en contra de su libertad. Eran aislados de la sociedad por ser considerados potencialmente peligrosos.
El modelo asilar era predominante.

En el 2001 se produce la redefinición de la relación Estado, mercado y sociedad, se da una tendencia a la generación de empleo, aparecen políticas sociales con enfoque de derechos.

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En el marco de la presente ley
se reconoce a la salud mental como un proceso
determinado por componentes históricos,
socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos,
cuya preservación y mejoramiento implica
una dinámica de construcción social vinculada
a la concreción de los derechos humanos
y sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de
capacidad de todas las personas. En ningún caso
puede hacerse diagnóstico en el campo de la
salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Status político, socioeconómico, pertenencia
a un grupo cultural, racial o religioso.
b) Demandas familiares, laborales, falta
de conformidad o adecuación con valores morales,
sociales, culturales, políticos o creencias
religiosas prevalecientes en la comunidad donde
vive la persona.
c) Elección o identidad sexual.
d) La mera existencia de antecedentes
de tratamiento u hospitalización.

Ferrari (1996) Incorpora a la concepción de "salud" aspectos de la vida social y emocional de la persona. La define como estado de relativo equilibrio e integración de los elementos conflictivos constitutivos del sujeto, la cultura y de los grupos. Con crisis previsibles e imprevisibles, registrables subjetiva u objetivamente, en los que las personas o los grupos participan activamente en sus propios cambios o en los que su entorno social.

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Las adicciones deben ser abordadas
como parte integrante de las políticas de
salud mental. Las personas con uso problemático
de drogas, legales e ilegales, tienen todos
los derechos y garantías que se establecen en
la presente ley en su relación con los servicios
de salud.
Salud mental es un área muy compleja y extensa en su conocimiento, no se la debe reducir solamente al estudio y tratamiento de enfermedades mentales.  Deben implicar nuevos actores sociales, con nuevos intereses, conflictos y elementos, como un modelo abierto, no cerrado.
Salud Mental es un conjunto de estrategias y actividades que apuntan al cuidado de la vida mental, a crear condiciones de bienestar, posibilitar la salud y reducir el riesgo de enfermar.

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La existencia de diagnóstico en
el campo de la salud mental no autoriza en ningún
caso a presumir riesgo de daño o incapacidad,
lo que sólo puede deducirse a partir de
una evaluación interdisciplinaria de cada situación
particular en un momento determinado.
Se tiene en cuenta una práctica integral, que incorpora una dimensión subjetiva, histórica y social, la cual es aplicada tanto en el abordaje de sujetos singulares como poblaciones. Esto requiere de la presencia de una nueva gestión de trabajo en salud, la horizontalización y la articulación entre especialización e interdiciplinariedad.

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El Estado reconoce a las personas
con padecimiento mental los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir atención sanitaria
y social integral y humanizada, a partir del acceso
gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones
e insumos necesarios, con el objeto de asegurar
la recuperación y preservación de su
salud.
b) Derecho a conocer y preservar su identidad,
sus grupos de pertenencia, su genealogía
y su historia.
c) Derecho a recibir una atención basada
en fundamentos científicos ajustados a principios
éticos.
d) Derecho a recibir tratamiento y a ser
tratado con la alternativa terapéutica más conveniente,
que menos restrinja sus derechos y
libertades, promoviendo la integración familiar,
laboral y comunitaria.
e) Derecho a ser acompañado antes,durante y luego del tratamiento por sus familiares,
otros afectos o a quien la persona con padecimiento
mental designe.
f) Derecho a recibir o rechazar asistencia
o auxilio espiritual o religioso.
g) Derecho del asistido, su abogado,
un familiar o allegado que éste designe, a acceder
a sus antecedentes familiares, fichas e historias
clínicas.
h) Derecho a que en el caso de internación
involuntaria o voluntaria prolongada, las
condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente
por el órgano de revisión.
i) Derecho a no ser identificado ni discriminado
por un padecimiento mental actual
o pasado.
j) Derecho a ser informado de manera
adecuada y comprensible de los derechos que lo
asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento,
según las normas del consentimiento
informado, incluyendo las alternativas para su
atención, que en el caso de no ser comprendidas
por el paciente se comunicarán a los familiares,
tutores o representantes legales.
k) Derecho a poder tomar decisiones
relacionadas con su atención y su tratamiento dentro
de sus posibilidades.
l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado
en un ambiente apto con resguardo
de su intimidad, siendo reconocido siempre como
sujeto de derecho, con el pleno respeto de su
vida privada y libertad de comunicación.
m) Derecho a no ser objeto de investigaciones
clínicas ni tratamientos experimentales
sin un consentimiento fehaciente.
n) Derecho a que el padecimiento mental
no sea considerado un estado inmodificable.
o) Derecho a no ser sometido a trabajos
forzados.
p) Derecho a recibir una justa compensación
por su tarea en caso de participar de actividades
encuadradas como laborterapia o trabajos
comunitarios, que impliquen producción
de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.
El desplazamiento del eje fundamental al sujeto, llevó a introducir el concepto de sufrimiento psíquico o padecimiento subjetivo.
El reconocimiento del derecho a la salud requiere políticas de integral de derechos, donde se fundamenten sistemas de acceso universal.

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Los servicios y efectores de salud
públicos y privados, cualquiera sea la forma
jurídica que tengan, deben adecuarse a los
principios establecidos en la presente ley.

Para Foucault, el hospital fue perdiendo
poco a poco la función de caridad y control social de sus
orígenes, fue medicalizado y trasformado en una institución
médica por excelencia. Pasó a asumir la nueva finalidad de
tratar a los enfermos, “(…) se tornó, en un solo movimiento,
espacio de examen (un laboratorio de investigación que permitió
un nuevo contacto empírico con las enfermedades y los
enfermos), espacio de tratamiento (encuadre de las
enfermedades y enfermos, disciplina del cuerpo terapéutico y de
las tecnologías terapéuticas) y espacio de reproducción del
saber médico (hospital-escuela, residencia médica, lugar
privilegiado de enseñanza y aprendizaje).

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Debe promoverse que la atención
en salud mental esté a cargo de un equipo
interdisciplinario integrado por profesionales,
técnicos y otros trabajadores capacitados con
la debida acreditación de la autoridad competente.
Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría,
trabajo social, enfermería, terapia ocupacional
y otras disciplinas o campos pertinentes.
Al incorporarse la dimensión subjetiva, histórica y social se vuelve indispensable la necesidad de una articulación entre especialización e interdiciplinariedad.

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El proceso de atención debe
realizarse preferentemente fuera del ámbito
de internación hospitalario y en el marco de un
abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de
la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución
o promoción de los lazos sociales.
Este artículo rompe con lo existente, que fue sustitución de la sociedad absolutista por la sociedad disciplinaria confirió un  nuevo papel a las instituciones; la disciplina de los cuerpos, la normalización de los ciudadanos y de la propia noción de ciudadanía. Marcaron fuertemente la naturaleza del modelo biomédico de la medicina occidental, que se caracterizó por ser hospitalaria, centrada en la enfermedad y no en los sujetos que tienen enfermedades.

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Por principio rige el consentimiento
informado para todo tipo de intervenciones,
con las únicas excepciones y garantías establecidas
en la presente ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a
recibir la información a través de medios y tecnologías
adecuadas para su comprensión.

Foucault (1973-1974) adopta una mirada de las instituciones manicomiales o “asilos” como productos de los desequilibrios de poder que en ella suceden, ésta asimetría lo hace funcionar.

Como observamos, hay un cambio de paradigma donde se aspira que el paciente haya comprendido, entendido y aceptado las intervenciones que sobre él, se llevarían a cabo.

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La Autoridad de Aplicación debe
promover que las autoridades de salud de cada
jurisdicción, en coordinación con las áreas de
educación, desarrollo social, trabajo y otras que
correspondan, implementen acciones de inclusión
social, laboral y de atención en salud mental
comunitaria. Se debe promover el desarrollo de
dispositivos tales como: consultas ambulatorias;
servicios de inclusión social y laboral para personas
después del alta institucional; atención domiciliaria
supervisada y apoyo a las personas y
grupos familiares y comunitarios; servicios para
la promoción y prevención en salud mental, así
como otras prestaciones tales como casas de
convivencia, hospitales de día, cooperativas de
trabajo, centros de capacitación socio-laboral,
emprendimientos sociales, hogares y familias
sustitutas.

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La prescripción de medicación
sólo debe responder a las necesidades fundamentales
de la persona con padecimiento mental y se
administrará exclusivamente con fines terapéuticos
y nunca como castigo, por conveniencia de
terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento
terapéutico o cuidados especiales. La
indicación y renovación de prescripción de medicamentos
sólo puede realizarse a partir de las
evaluaciones profesionales pertinentes y nunca
de forma automática. Debe promoverse que los
tratamientos psicofarmacológicos se realicen en
el marco de abordajes interdisciplinarios.

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Los profesionales con título
de grado están en igualdad de condiciones para
ocupar los cargos de conducción y gestión de
los servicios y las instituciones, debiendo valorarse
su idoneidad para el cargo y su capacidad
para integrar los diferentes saberes que atraviesan
el campo de la salud mental. Todos los
trabajadores integrantes de los equipos asistenciales
tienen derecho a la capacitación permanente
y a la protección de su salud integral,
para lo cual se deben desarrollar políticas específicas.

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La internación es considerada como
un recurso terapéutico de carácter restrictivo,
y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte
mayores beneficios terapéuticos que el resto
de las intervenciones realizables en su entorno
familiar, comunitario o social. Debe promoverse
el mantenimiento de vínculos, contactos y
comunicación de las personas internadas con
sus familiares, allegados y con el entorno laboral
y social, salvo en aquellas excepciones que por
razones terapéuticas debidamente fundadas establezca
el equipo de salud interviniente.

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La internación debe ser lo más
breve posible, en función de criterios terapéuticos
interdisciplinarios. Tanto la evolución del
paciente como cada una de las intervenciones
del equipo interdisciplinario deben registrarse
a diario en la historia clínica. En ningún caso la
internación puede ser indicada o prolongada
para resolver problemáticas sociales o de vivienda,
para lo cual el Estado debe proveer los recursos
adecuados a través de los organismos públicos
competentes.

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Toda disposición de internación,
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas,
debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario
e integral y motivos que justifican la
internación, con la firma de al menos dos profesionales
del servicio asistencial donde se realice
la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente
psicólogo o médico psiquiatra.
b) Búsqueda de datos disponibles acerca
de la identidad y el entorno familiar.
c) Consentimiento informado de la persona
o del representante legal cuando corresponda.
Sólo se considera válido el consentimiento
cuando se presta en estado de lucidez y
con comprensión de la situación, y se considerará
invalidado si durante el transcurso de la
internación dicho estado se pierde, ya sea por
el estado de salud de la persona o por efecto
de los medicamentos o terapéuticas aplicadas.
En tal caso deberá procederse como si se tratase
de una internación involuntaria.

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En los casos en que la persona
no estuviese acompañada por familiares o se desconociese
su identidad, la institución que realiza
la internación, en colaboración con los organismos
públicos que correspondan, debe realizar
las averiguaciones tendientes a conseguir datos
de los familiares o lazos afectivos que la personatuviese o indicase, o esclarecer su identidad, a
fin de propiciar su retorno al marco familiar y
comunitario lo antes posible. La institución debe
brindar colaboración a los requerimientos de información
que solicite el órgano de revisión que
se crea en el artículo 38 de la presente ley.

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La persona internada bajo su consentimiento
podrá en cualquier momento decidir
por sí misma el abandono de la internación. En
todos los casos en que las internaciones voluntarias
se prolonguen por más de SESENTA (60)
días corridos, el equipo de salud a cargo debe
comunicarlo al órgano de revisión creado en el
artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un
plazo no mayor de CINCO (5) días de ser notificado,
si la internación continúa teniendo carácter
voluntario o si la misma debe pasar a considerarse
involuntaria, con los requisitos y garantías
establecidos para esta última situación. En
caso de que la prolongación de la internación
fuese por problemáticas de orden social, el juez
deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente
la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la
mayor brevedad posible, comunicando dicha situación
al órgano de revisión creado por esta ley.

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El consentimiento obtenido o
mantenido con dolo, debidamente comprobado
por autoridad judicial, o el incumplimiento de la
obligación de informar establecida en los capítulos
VII y VIII de la presente ley, harán pasible al
profesional responsable y al director de la institución
de las acciones civiles y penales que correspondan.