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Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021

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Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021

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(HUGO INGA): Plan Nacional que forma parte de la política institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el Perú. Es de aplicación en los tres niveles de gobierno (nacional, regional, local) y en los distintos sectores y entidades involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Tiene por objetivo Desde el Estado, se adoptan e implementan políticas públicas integrales para la prevención, atención, protección, rehabilitación de las personas afectadas y la sanción, reeducación de las personas agresoras, que transversalizan los enfoques de género, derechos humanos, intercultural, de integralidad, de interseccionalidad y generacional, en el sistema educativo formal y en las familias, para la prevención de la violencia de género; en la prestación de servicios públicos de calidad, a nivel intersectorial, interinstitucional e intergubernamental y en el sistema de justicia, para facilitar el acceso oportuno a una justicia efectiva que garantice el derecho a una vida libre de violencia. Este Plan se aprobó en junio de 2016, su aprobación cobró mucho más fuerza debido a escándolos de violencia de género y que a raíz de ello se generó uns marcha de NiUnaMenos.

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Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019).En esta política pública la escala de intervención es nacional, y  la dimensión temporal asignada en la planificación es plurianual.

El problema dimensionado es la violencia contra las mujeres, “La trascendencia pública de las distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres, como expresión extrema de la discriminación de género y de las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, se ha tornado una preocupación pública y, en esta medida, ha generado la obligación de los Estados de asegurar las condiciones para una vida sin violencia”.Esta problemática  es compleja y multidimensional lo cual demanda una respuesta institucional integral, se les debe garantizar a todas las mujeres de Argentina el acceso a servicios públicos de calidad.

Si hablamos de necesidad, citando a Bustelo se podría decir que la necesidad es una vida libre de violencia, la cual es una necesidad normativa, sentida,  y expresada, por ello el Plan incrementa  los servicios integrales a las víctimas de violencia, y refuerza  los mecanismos de prevención.

Las metas  apuntan a dar cumplimiento  efectivo a las disposiciones de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485, 2009),  y dar observancia y acatamiento a los compromisos asumidos por nuestro país en la Agenda 2030.

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Política de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armando Interno

Esta Política tiene por objeto, dar la  atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Es una Política a escala Nacional, se reglamenta a partir del año 2011, aunque su formulación es anterior a esta fecha, deviene de un proceso de construcción colectiva, con una fuerte participación de organizaciones de mujeres víctimas, ONGS feministas; y ha sido un avance en tanto se reconoce que las mujeres pueden ser víctimas directas o indirectas de múltiples hechos en el marco del conflicto interno armado, por ser mujeres, por su liderazgo comunitario, por sus relaciones de familia o afectivas.

La dimensión de esta política es plurianual.

Algunas de las necesidades que se reconocen en esta política: derecho de las víctimas y familiares a conocer la verdad de los hechos, motivos y circunstancias en las que se cometieron las violaciones  de derechos humanos. Esclarecimiento e identificación de los responsables de las violaciones de derechos humanos. Protección a las víctimas y sus familiares. Restablecimiento del derecho de las víctimas. Reparación de manera integral alas víctimas y sus familias.

Esta política pública, ha desarrollado importantes avances en atención psicológica hasta la asesoría en la inversión de los recursos de la reparación en las diversas comunidades, especialmente mujeres, actualmente se cuenta con un Programa de Reparación en el que se ha dado atención a más de 1.600 mujeres (Centro de Memoria Histórica, 2016). Así mismo con relación de la violencia sexual, en el año 2011 hubo una condena por un crimen de género en el marco del conflicto armado, en contra de las Autodefensas Unidas de Colombia. (Centro de Memoria Histórica, 2016). Se logra así mismo el reconocimiento de la reparación colectiva a 366 grupos y comunidades de los cuales 192 son grupos étnicos. (Centro de Memoria Histórica, 2016).

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(Catalina Herrera) PP TRABAJO DECENTE EN BOGOTÁ 

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(Catalina Herrera) PP TRABAJO DECENTE EN BOGOTÁ 

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La Planificación de esta política es plurianual, el problema dimensionado, es la ausencia de trabajo decente en la ciudad lo que implica violación de derechos fundamentales, ausencia de dialogo social, no seguridad social y no generación de empleo, lo que tiene como propósito promover la generación de trabajo decente se supone en hombres y mujeres pero la PP no cuenta con un eje transversal de género pese a ser un mandato de la OIT .

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Silvia Hernández
Política pública: Igualdad de género

Escala de intervención: institucional/estatal

Dimensión temporal: sexenal

Problema: Existe una posición de desventaja de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo humano, no obstante los logros alcanzados en el reconocimiento de sus derechos. Esta situación es observable en términos de violencia, discriminación, salarios, acceso al empleo, seguridad social, mecanismos de protección laboral y posiciones de liderazgo.

Necesidades que atenderá: Búsqueda de la equidad y justicia para las mujeres; disminuir la brecha de desigualdad de género existente en Chiapas y  propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.

Logros:

El más visible es la implementación de un programa de entrega de apoyos económicos mensuales a madres solteras, sin ninguna perspectiva de género.

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Política Institucional de Igualdad de Género de la Defensoría del Pueblo de Ecuador:

La escala de esta política es institucional. La Defensoría actúa a través de sus diferentes oficinas a nivel nacional. La política es plurianual: 2016-2019. El problema que se dimensiona en esta política es, por un lado, la existencia de prácticas institucionales y sociales que reproducen una cultura sexista y machista y, por otro, la “ausencia de estrategias y acciones que promuevan la igualdad de género y la no discriminación dentro de la institucionalidad y en el marco del servicio a la comunidad” (2016, p.6) que presta esta entidad. Correspondientemente con lo señalado, sus objetivos son: a. Transversalizar el enfoque de igualdad de género en la cultura organizacional y b. Proporcionar servicios a la población desde un enfoque de igualdad de género. Incluyen metas hacia el interior de la institución, relacionadas con el fortalecimiento de capacidades de sus funcionarios/as sobre el enfoque de género y la transversalidad del enfoque de género en el Plan Estratégico, protocolo y normas institucionales. En cuanto a servicios se proponen incluir el enfoque de género en los protocolos de atención al usuario/a y metas para promover la igualdad de género a nivel de otras entidades del Estado.

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Política de Igualdad de Género de la Defensoría del Pueblo de Ecuador

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Política pública contra la violencia a la mujer “Vidas Dignas, Mujeres Libres de Violencia”, para la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia.
Escala de intervención: Nivel nacional, comprometiendo a los Órganos de Estado, Entidades Territoriales Autónomas, Entidades Públicas y Privadas y a la sociedad.

Dimensión temporal: Promulgada el 9 de agosto de 2013,  planificada de manera plurianual,  en función de la Agenda Patriótica (2015-2020).

Problema: Violencia hacia la mujer. Sin embargo a la hora de implementar las políticas, la efectividad resulta un gran problema. Sus enfoques interseccionales e interculturales presentan choques metodológicos y teóricos; la coordinación entre diferentes instituciones no se realiza de manera eficiente y el reconocimiento a lo plurinacional no considera los choques culturales que esto representa.

Necesidades: Incrementar servicios de atención integral mediante el acceso a la justicia, garantía y protección de sus derechos, sanción a los agresores y el acceso a los servicios y mecanismos de prevención.

Metas: Lograr hasta el 2020 la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención y protección a las mujeres en situación de violencia.

Logros: Incremento de unidades estatales y privadas en defensa de los derechos a las mujeres, aumento presupuestario en los POAs para solucionar problemas de violencia a la mujer.

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Programa Nacional de Formación Permanente, aprobado por el Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución 103/13, en el marco de la Ley 26.206 de Educación Nacional.

Dimensión temporal plurianual: Se trata de una iniciativa federal que se propone la formación gratuita, universal y en ejercicio, de todos los docentes del país a lo largo de tres cohortes consecutivas de tres años cada una.

Objetivos: Instalar una cultura de formación permanente y de evaluación participativa como instancia necesaria para la producción de estrategias de mejora en las instituciones educativas.

Propiciar la profundización de la formación disciplinar y didáctica de los docentes. Apoyar la creación de redes de maestros y profesores, además de integración de la integración de nuevos sectores del campo socioeducativo.

El Programa, como herramienta que liga políticas, derechos y demandas históricas, tiene un objetivo central: una escuela mejor para todos y todas.

Problema dimensionado- necesidades reconocidas: el programa busca diferenciarse de otras propuestas antecesoras fundadas en modos pedagógicos inamovibles, incuestionables y homogéneos, visibles en los recorridos de formación propuestos, especialmente en los debates en espacios institucionales.

Gira en torno al reconocimiento de la necesidad de revisión de ciertas culturas de conducción, de cara a nuevas formas en las tomas de decisiones institucionales. Es preciso resignificar el sentido social y político de lo educativo y el sentido de la realidad local y la cohesión al sentido federal del mismo. Sin, embargo, no se advierte a lo largo del programa la transversalidad del enfoque de género y la igualdad en materia socio educativa.

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Maria Rita Custet.-Programa Salud Sexual y Reproductiva

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Maria Rita Custet.-Programa Salud Sexual y Reproductiva

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Escala Provincial.
El Programa de Salud Reproductiva tiene como misión contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva.
Objetivos
Mejorar la salud de la mujer, asegurar libre acceso, prácticas, oportunidades, posibilidades de desarrollo y ejercicio de sus derechos reproductivos y sexuales; involucrando al hombre y/o pareja.
Promover acciones óptimas para el inicio de la vida y conductas de vida saludables.
Mejorar la calidad y calidez de la asistencia en salud reproductiva.
Disminuir la morbi-mortalidad de la mujer.
Aplicacion de Leyes vigentes
Leyes Provinciales
R Nº3059 ( ex 3450 Creación del Programa, Anticoncepción Quirúrgica y 3999 Anticoncepción Hormonal de Emergencia), su modificatoria, ley Nº 4705 y Ley Nº 4557 (Fertilización asistida)
Leyes Nacionales
Ley N°25.673 Creación del Programa Nacional de Salud Sexual.
Ley N°26.130 Anticoncepción Quirúrgica.
Ley N°26.529 Derechos del Paciente.
Ley N°26.150 Creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley N°25.929 Derechos de toda mujer en relación c/embarazo, parto y post parto.
Ley N°26.061 Protección Integral de los derechos del niño/a y adolescentes.
Ley N°26485 Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Ley N°23.798 Salud Pública.
Declarase de interés nacional la lucha contra el SIDA . Ley N°25.543, obligatoriedad de ofrecer a toda mujer embarazada el Test del VIH.
Ley N°25.584 Garantiza el derecho a la educación de las adolescentes madres o embarazadas. Ley N°23592 Adopción de medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.

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Oficina de Violencia Doméstica, Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina

En el año 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación crea la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas afectadas por hechos de violencia doméstica, y que por ello se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. La OVD trabaja con equipos constituidos interdisciplinariamente y funciona durante las 24 hs de todos los días del año, garantizando atención permanente, con procedimientos expeditos y agilizando el proceso judicial de manera exponencial. En las acordadas de su creación no se menciona el carácter temporal asignado a la PP, pero La OVD funciona ininterrumpidamente desde el año 2006 y hasta la actualidad. Inicialmente se ha implementado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con réplica posterior en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Santa Cruz. 1���P"ɔ~��

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“Sistema Provincial de Casas – Refugio para Víctimas de Violencia Familiar”.

La ley provincial fue aprobada recientemente, el 27/10/2016 y busca dar respuesta a la falta de albergues temporarios para mujeres víctimas de violencia que, una vez que radican la denuncia (ya sea en comisaría de la mujer o a través de la línea 137), se ven imposibilitadas de regresar al hogar que compartían con el agresor por cuestiones de seguridad.

Se plantea como planificación plurianual vigente por lo menos durante este período de gobierno, con escala de intervención en la Provincia de Misiones, buscando como asiento de los refugios las llamadas “ciudades cabeceras” del territorio provincial. Para ello se asignó una partida de 18mill en el presupuesto del año 2017 para consecución de los objetivos técnicos: alquiler de casas refugios para víctimas; políticos – estratégicos: fortalecimiento de políticas de género en la provincia, reinserción de mujer víctima a sus ámbitos laborales, familiares, sociales, libres de violencia.

Estos albergues contarán con un equipo interdisciplinario (abogadxs, psicólogxs, etc.) que se espera den contención integral a las víctimas y a sus hijos si los tuvieren, así como también protección y resguardo para que éstas puedan volver a sus realidades y enfrentarlas preparadas.

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Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. 2017-2019 Ley 26.485

Consejo Nacional de las Mujeres. María Fabiana Tuñez (Presidenta).

Con una escala de intervención Nacional y dimensión bianual con evaluación de medio término.

Problema: violencia hacia las mujeres como problemática estructural.

Metas de igualdad: Dar una respuesta efectiva a los altos índices de femicidio en la Argentina, sumado a otros tipos de violencias hacia las mujeres. Dar cumplimiento a la Ley 26.485 con la implemetación de este plan.

Necesidades: realizar un diagnóstico nacional sobre la situación de las mujeres respecto de la violencia de género.

Metas de igualdad programadas: dos ejes de acción y tres ejes transversales como planificación estratégica, con indicadores para medir el cumplimiento en 3 años programados de acción. Se plantea un modelo de abordaje integral guiado por principios de “multi e interdisciplinariedad, territorialidad y federalismo, intersectoralidad e inter-institucionalidad”.

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(Nayla) El programa “Las Victimas contra las violencias” fue creado en el 2008 en el marco de la reglamentación de la
ley 24.417 (De protección familiar integral). El mismo se desarrolla desde el
Ministerio de Justicia y DDHH y tiene como objetivo el dar tratamiento a las
personas víctimas de malos tratos con el objetivo de brindar contención, seguridad
y garantía a los derechos. El programa funciona con un equipo
interdisciplinario móvil y un call center donde se recepcionan los brindando
asistencia en el momento. Surge ante la necesidad de que las personas (sobre
todo mujeres) radiquen la denuncia por lo tanto se enfoca en la radicación de
la misma. Estos primeros años el programa se desarrolló en C.A.B.A. siendo el
objetivo de los próximos años federalizarlo. Si bien no había un período
determinado en su institucionalización, el plan es plurianual dado que se
sostiene a pesar de los cambios en las autoridades nacionales, es decir que
iría perfilándose como política de Estado. En cuanto a sus alcances en la igualdad,
es innovador que no plantee la problemática como exclusivamente femenina, sino
que lo hace desde la violencia aunque en la actualidad atiendan mayormente
mujeres y niñxs, siendo un programa con perspectiva de género, pensado y
elaborado desde expertas que no acota su intervención a la atención exclusiva
femenina.

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(Nayla) El programa “Las Victimas contra las violencias” fue creado en el 2008 en el marco de la reglamentación de la
ley 24.417 (De protección familiar integral). El mismo se desarrolla desde el
Ministerio de Justicia y DDHH y tiene como objetivo el dar tratamiento a las
personas víctimas de malos tratos con el objetivo de brindar contención, seguridad
y garantía a los derechos. El programa funciona con un equipo
interdisciplinario móvil y un call center donde se recepcionan los brindando
asistencia en el momento. Surge ante la necesidad de que las personas (sobre
todo mujeres) radiquen la denuncia por lo tanto se enfoca en la radicación de
la misma. Estos primeros años el programa se desarrolló en C.A.B.A. siendo el
objetivo de los próximos años federalizarlo. Si bien no había un período
determinado en su institucionalización, el plan es plurianual dado que se
sostiene a pesar de los cambios en las autoridades nacionales, es decir que
iría perfilándose como política de Estado. En cuanto a sus alcances en la igualdad,
es innovador que no plantee la problemática como exclusivamente femenina, sino
que lo hace desde la violencia aunque en la actualidad atiendan mayormente
mujeres y niñxs, siendo un programa con perspectiva de género, pensado y
elaborado desde expertas que no acota su intervención a la atención exclusiva
femenina.

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(Eunice) Apoyo a la Gestión de la Política
alimentaria y fortalecimiento de Organizaciones  Comunitarias (Abordaje Comunitario): programa
inscrito en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de
Desarrollo Social Argentino. Se ejecuta desde 2002, a escala Nacional (28
aglomerados de 20 provincias).Dimensión temporal plurianual (finalización
prevista: 31/03/2020). Su objetivo: “contribuir a la transformación de la
política social alimentaria en una perspectiva de integración social,
institucional y territorial promoviendo acciones en cada territorio donde las
necesidades sociales y principalmente las alimentarias deban ser atendidas.
Profundizando, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de organizaciones
comunitarias que brindan servicios alimentarios mediante acciones que
posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y condiciones
en que se desarrollan los servicios que ofrecen”. Actualmente brinda
financiamiento para prestaciones alimentarias a 1422 organizaciones con una
cobertura de 212.412 titulares de derecho (no discriminados por sexo ni edad). Centrado
en la asistencia alimentaria frente a condiciones de pobreza y vulnerabilidad. No
ha sido concebido desde una perspectiva de género, la temática se incorpora
discursivamente en 2008, en el marco de un acuerdo de cooperación técnica
financiera con PNUD, sin embargo no se ha revisado ni incluido el enfoque en la
reformulación de la política social.

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(Eunice) Apoyo a la Gestión de la Política
alimentaria y fortalecimiento de Organizaciones  Comunitarias (Abordaje Comunitario): programa
inscrito en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de
Desarrollo Social Argentino. Se ejecuta desde 2002, a escala Nacional (28
aglomerados de 20 provincias).Dimensión temporal plurianual (finalización
prevista: 31/03/2020). Su objetivo: “contribuir a la transformación de la
política social alimentaria en una perspectiva de integración social,
institucional y territorial promoviendo acciones en cada territorio donde las
necesidades sociales y principalmente las alimentarias deban ser atendidas.
Profundizando, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de organizaciones
comunitarias que brindan servicios alimentarios mediante acciones que
posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y condiciones
en que se desarrollan los servicios que ofrecen”. Actualmente brinda
financiamiento para prestaciones alimentarias a 1422 organizaciones con una
cobertura de 212.412 titulares de derecho (no discriminados por sexo ni edad). Centrado
en la asistencia alimentaria frente a condiciones de pobreza y vulnerabilidad. No
ha sido concebido desde una perspectiva de género, la temática se incorpora
discursivamente en 2008, en el marco de un acuerdo de cooperación técnica
financiera con PNUD, sin embargo no se ha revisado ni incluido el enfoque en la
reformulación de la política social.