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A pesar de la situación en que se encontraba el país, el 9 de octubre de 1812 se logró expedir el Decreto sobre Arreglo de Tribunales y sus Atribuciones, el cual concedió a las audiencias algunas facultades en materia de exámenes y arancel para escribanos.

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El 23 de mayo de 1837 se estableció la aprobación de un examen teórico- practico como forma de ingreso de la escribanía.
En esta época el notario formaba parte de la judicatura. El cobro de honorarios por la prestación del servicio estaba sujeto al arancel que se expidió el 12 de febrero de 1840 y en el cual existían tres clases de escribanos: nacionales, públicos y de diligencia.

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En 1856 se autorizó a los escribanos actuarios de los juzgados del ramo criminal abrir un despacho público en el que ejercieran su profesión.
Se creó una Junta Superior de Gobierno, con un Poder Ejecutivo y una Asamblea de Notables; esta última acordó que el Poder Ejecutivo se denominaría Regencia, la cual, en ejercicio de sus facultades, dictó el decreto de 1864 que regulaba las actividades del notariado, y por primera vez se habló de notario para referirse al escribano.

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En 1856 Maximiliano de Habsburgo expidió la Ley Orgánica del Notariado y del Oﬁcio de Escribano en 1865 y deﬁnió al notario público como funcionario que el soberano investía con la fe pública para redactar y autorizar con su ﬁrma las escrituras de las últimas voluntades, actos y contratos que se celebraran entre las partes.

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Podían ser notarios quienes tuvieran título profesional de abogado y también quienes carecieran de él. Todos debían cursar los estudios comunes de todas las profesiones; dichos estudios y la práctica de la función debían hacerse de manera simultánea durante cuatro años. Sin embargo, para comenzar los estudios profesionales era necesario obtener la matrícula en el Colegio de Notarios Públicos  y presentar documentos.

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La Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal de 1867 trajo consigo avances notables, como la conﬁrmación del término de la venta de notarías, reconociendo, sin embargo, las ya adquiridas, la separación de los actos del notario y del secretario del juzgado y la sustitución del signo por el sello notarial.

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Los notarios sólo podían ejercer su profesión dentro del Distrito Federal; fuera de él no tenían fe pública y los instrumentos carecían de validez. Mientras no se les designara un local en el Palacio de Justicia, se les permitía instalar sus despachos fuera de sus casas, en un paraje céntrico.

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El 28 de mayo de 1875, Sebastián Lerdo de Tejada promulgó un decreto del Congreso de la Unión, el cual disponía: “[...] la profesión de escribano es libre en el Distrito Federal y territorio de Baja California para poderse ejercer separada o simultáneamente en el notariado y en las actuaciones judiciales