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¿Qué entendemos por atención a la diversidad según esta normativa de referencia? ¿Qué palabras o conceptos clave señalarías de cada una?

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¿Qué entendemos por atención a la diversidad según esta normativa de referencia? ¿Qué palabras o conceptos clave señalarías de cada una?

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TEXTO CONSOLIDADO: "Última actualización publicada el 30/12/2020"

Téngase en cuenta, sobre la aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264, el calendario de implantación regulado en la disposición final 5 de la citada Ley.

[Bloque 2: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.

Esa preocupación por ofrecer una educación capaz de responder a las cambiantes necesidades y a las demandas que plantean las personas y los grupos sociales no es nueva. Tanto aquéllas como éstos han depositado históricamente en la educación sus esperanzas de progreso y de desarrollo. La concepción de la educación como un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva ha sido una constante, aunque no siempre esa aspiración se haya convertido en realidad.

El interés histórico por la educación se vio reforzado con la aparición de los sistemas educativos contemporáneos. Esas estructuras dedicadas a la formación de los ciudadanos fueron concebidas como instrumentos fundamentales para la construcción de los Estados nacionales, en una época decisiva para su configuración. A partir de entonces, todos los países han prestado una atención creciente a sus sistemas de educación y formación, con el objetivo de adecuarlos a las circunstancias cambiantes y a las expectativas que en ellos se depositaban en cada momento histórico. En consecuencia, su evolución ha sido muy notable, hasta llegar a poseer en la actualidad unas características claramente diferentes de las que tenían en el momento de su constitución.

En cada fase de su evolución, los sistemas educativos han tenido que responder a unos retos prioritarios. En la segunda mitad del siglo XX se enfrentaron a la exigencia de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la educación. La universalización de la enseñanza primaria, que ya se había alcanzado en algunos países a finales del siglo XIX, se iría completando a lo largo del siguiente, incorporando además el acceso generalizado a la etapa secundaria, que pasó así a considerarse parte integrante de la educación básica. El objetivo prioritario consistió en hacer efectiva una escolarización más prolongada y con unas metas más ambiciosas para todos los jóvenes de ambos sexos.

En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que esa educación ampliamente generalizada fuese ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos los ciudadanos. En noviembre de 1990 se reunían en París los Ministros de Educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con objeto de abordar cómo podía hacerse efectiva una educación y una formación de calidad para todos. El desafío era cada vez más apremiante y los responsables educativos de los países con mayor nivel de desarrollo se aprestaron a darle una respuesta satisfactoria.

Catorce años más tarde, en septiembre de 2004, los más de sesenta ministros reunidos en Ginebra, con ocasión de la 47.ª Conferencia Internacional de Educación convocada por la UNESCO, demostraban la misma inquietud, poniendo así de manifiesto la vigencia del desafío planteado en la década precedente. Si en 1990 eran los responsables de los países más desarrollados quienes llamaban la atención acerca de la necesidad de combinar calidad con equidad en la oferta educativa, en 2004 eran los de un número mucho más amplio de Estados, de características y niveles de desarrollo muy diversos, quienes se planteaban la misma cuestión.

Lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad, sin que ese bien quede limitado solamente a algunas personas o sectores sociales, resulta acuciante en el momento actual. Países muy diversos, con sistemas políticos distintos y gobiernos de diferente orientación, se están planteando ese objetivo. España no puede en modo alguno constituir una excepción.

La generalización de la educación básica ha sido tardía en nuestro país. Aunque la obligatoriedad escolar se promulgó en 1857 y en 1964 se extendió desde los seis hasta los catorce años, hubo que esperar hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado para que dicha prescripción se hiciese realidad. La Ley General de Educación de 1970 supuso el inicio de la superación del gran retraso histórico que aquejaba al sistema educativo español. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación proporcionó un nuevo y decidido impulso a ese proceso de modernización educativa, pero la consecución total de ese objetivo tuvo que esperar aún bastantes años.

La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio público. La Ley Orgánica de Educación sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio público de la educación considera a ésta como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza.

En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo estableció en diez años el período de obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y prestigio profesional y social a la formación profesional que permitiría finalmente equiparar a España con los países más avanzados de su entorno. Como consecuencia de esa voluntad expresada en la Ley, a finales del siglo XX se había conseguido que todos los jóvenes españoles de ambos sexos asistiesen a los centros educativos al menos entre los seis y los dieciséis años y que muchos de ellos comenzasen antes su escolarización y la prolongasen después. Se había acortado así una distancia muy importante con los países de la Unión Europea, en la que España se había integrado en 1986.

A pesar de estos logros indudables, desde mediados de la década de los noventa se viene llamando la atención acerca de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes. La realización de diversas evaluaciones acerca de la reforma experimental de las enseñanzas medias que se desarrolló en los años ochenta y la participación española en algunos estudios internacionales a comienzos de los noventa evidenciaron unos niveles insuficientes de rendimiento, sin duda explicables, pero que exigían una actuación decidida. En consecuencia, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y modificar algunas de las disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el año 2002 se quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

En los comienzos del siglo XXI, la sociedad española tiene la convicción de que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también de que ese beneficio debe llegar a todos los jóvenes, sin exclusiones. Como se ha subrayado muchas veces, hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos principios indisociables. Algunas evaluaciones internacionales recientes han puesto claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y que no deben considerarse objetivos contrapuestos.

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada uno de sus ciudadanos, sobre todo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social. Y del reconocimiento de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.

La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos que deban alcanzarse sean asumidos no sólo por las Administraciones educativas y por los componentes de la comunidad escolar, sino por el conjunto de la sociedad. Por ese motivo y con el propósito de estimular un debate social sobre la educación, con carácter previo a promover cualquier iniciativa legislativa, el Ministerio de Educación y Ciencia publicó en septiembre de 2004 el documento que lleva por título "Una educación de calidad para todos y entre todos", en el que se presentaban un conjunto de análisis y diagnósticos sobre la situación educativa actual y se sometían a debate una serie de propuestas de solución. Tanto las Comunidades Autónomas como las organizaciones representadas en los Consejos Escolares del Estado y Autonómicos fueron invitadas formalmente a expresar su opinión y manifestar su postura ante tales propuestas. Además, otras muchas personas, asociaciones y grupos hicieron llegar al Ministerio de Educación y Ciencia sus reflexiones y sus propias propuestas, que fueron difundidas por diversos medios, respondiendo así a la voluntad de transparencia que debe presidir cualquier debate público. Como resultado de ese proceso de debate, se ha publicado un documento de síntesis, que recoge un resumen de las contribuciones realizadas por las distintas organizaciones, asociaciones y colectivos.

El desarrollo de este proceso de debate, que se ha prolongado durante seis meses, ha permitido contrastar posiciones y puntos de vista, debatir acerca de los problemas existentes en el sistema educativo español y buscar el máximo grado de acuerdo en torno a sus posibles soluciones. Este período ha resultado fundamental para identificar los principios que deben regir el sistema educativo y para traducirlos en formulaciones normativas.

Tres son los principios fundamentales que presiden esta Ley. El primero consiste en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. Ya se ha aludido al desafío que esa exigencia implica para los sistemas educativos actuales y en concreto para el español. Tras haber conseguido que todos los jóvenes estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales y en reducir las todavía elevadas tasas de terminación de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de los estudios. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en los que están escolarizados. En suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto.

El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La combinación de calidad y equidad que implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un principio fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo.

El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos.

Una de las consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado. La Constitución española reconoció la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados, y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza. Ese modelo, que respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ha venido funcionando satisfactoriamente, en líneas generales, aunque con el paso del tiempo se han manifestado nuevas necesidades. Una de las principales se refiere a la distribución equitativa del alumnado entre los distintos centros docentes.

Con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos grupos estudiantiles, las condiciones en que los centros desarrollan su tarea se han hecho más complejas. Resulta, pues, necesario atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera. Se trata, en última instancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio público de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.

El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. El proceso de construcción europea está llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, que se ha traducido en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI.

La pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social, se ha plasmado en la formulación de unos objetivos educativos comunes. A la vista de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se derivan.

Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos y aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos. En segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.

El sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecución de estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. En algunos casos, la situación educativa española se encuentra cercana a la fijada como objetivo para el final de esta década. En otros, sin embargo, la distancia es notable. La participación activa de España en la Unión Europea obliga a la mejora de los niveles educativos, hasta lograr situarlos en una posición acorde con su posición en Europa, lo que exige un compromiso y un esfuerzo decidido, que también esta Ley asume.

Para conseguir que estos principios se conviertan en realidad, hay que actuar en varias direcciones complementarias. En primer lugar, se debe concebir la formación como un proceso permanente, que se desarrolla durante toda la vida. Si el aprendizaje se ha concebido tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre todo a la etapa de la niñez y la adolescencia, en la actualidad ese planteamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se sabe que la capacidad de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo en que se aprende y la motivación para seguir formándose. También se sabe que las necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. En consecuencia, la atención hacia la educación de las personas adultas se ha visto incrementada.

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. Además, supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades.

Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, o de éstas a otras actividades, es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo. Aunque el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de su rigidez inicial con el paso del tiempo, no ha favorecido en general la existencia de caminos de ida y vuelta hacia el estudio y la formación. Permitir que los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y completarlos y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida exige concebir el sistema educativo de manera más flexible. Y esa flexibilidad implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales.

La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes. La exigencia que se le plantea de proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales, obliga a reconocerle una capacidad de decisión que afecta tanto a su organización como a su modo de funcionamiento. Aunque las Administraciones deban establecer el marco general en que debe desenvolverse la actividad educativa, los centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Los responsables de la educación deben proporcionar a los centros los recursos y los medios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su cometido del mejor modo posible. Es necesario que la normativa combine ambos aspectos, estableciendo las normas comunes que todos tienen que respetar, así como el espacio de autonomía que se ha de conceder a los centros docentes.

La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. La importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo demanda como contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se hace de los medios y los recursos puestos a su disposición, así como una valoración de los resultados que con ellos se alcanzan. La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, profesorado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las autoridades correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo experimentado en materia de educación.

La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en ellos trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea. Por una parte, los cambios que se han producido en el sistema educativo y en el funcionamiento de los centros docentes obligan a revisar el modelo de la formación inicial del profesorado y adecuarlo al entorno europeo. Por otra parte, el desarrollo profesional exige un compromiso por parte de las Administraciones educativas por la formación continua del profesorado ligada a la práctica educativa. Y todo ello resulta imposible sin el necesario reconocimiento social de la función que los profesores desempeñan y de la tarea que desarrollan.

Una última condición que debe cumplirse para permitir el logro de unos objetivos educativos tan ambiciosos como los propuestos consiste en acometer una simplificación y una clarificación normativas, en un marco de pleno respeto al reparto de competencias que en materia de educación establecen la Constitución española y las leyes que la desarrollan.

A partir de 1990 se ha producido una proliferación de leyes educativas y de sus correspondientes desarrollos reglamentarios, que han ido derogando parcialmente las anteriores, provocando una falta de claridad en cuanto a las normas aplicables a la ordenación académica y al funcionamiento del sistema educativo. En consecuencia, conviene simplificar la normativa vigente, con el propósito de hacerla más clara, comprensible y sencilla.

Además, la finalización en el año 2000 del proceso de transferencias en materia de educación ha creado unas nuevas condiciones, muy diferentes de las existentes en 1990, que aconsejan revisar el conjunto de la normativa vigente para las enseñanzas distintas de las universitarias. Cuando ya se ha desarrollado plenamente el marco de reparto de competencias, que en materia de educación estableció la Constitución española, las nuevas leyes que se aprueben deben conciliar el respeto a dicho reparto competencial con la necesaria vertebración territorial del sistema educativo. La normativa básica estatal, de carácter común, y la normativa autonómica, aplicable al territorio correspondiente, deben combinarse con nuevos mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo concertado de políticas educativas de ámbito supracomunitario. Con esta Ley se asegura la necesaria homogeneidad básica y la unidad del sistema educativo y se resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen estatutariamente las Comunidades Autónomas para cumplir los fines del sistema educativo. La Ley contiene una propuesta de cooperación territorial y entre Administraciones para desarrollar proyectos y programas de interés general, para compartir información y aprender de las mejores prácticas.

Los principios anteriormente enunciados y las vías de actuación señaladas constituyen el fundamento en que se asienta la presente Ley. Su objetivo último consiste en sentar las bases que permitan hacer frente a los importantes desafíos que la educación española tiene ante sí y lograr las ambiciosas metas que se ha propuesto para los próximos años. Para ello, la Ley parte de los avances que el sistema educativo ha realizado en las últimas décadas, incorporando todos aquellos aspectos estructurales y de ordenación que han demostrado su pertinencia y su eficacia y proponiendo cambios en aquellos otros que requieren revisión. Se ha huido de la tentación de pretender cambiar todo el sistema educativo, como si se partiese de cero, y se ha optado, en cambio, por tener en cuenta la experiencia adquirida y los avances registrados. En última instancia, la Ley se asienta en la convicción de que las reformas educativas deben ser continuas y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los responsables de la educación no es otro que el de favorecer la mejora continua y progresiva de la educación que reciben los ciudadanos.

De acuerdo con tales supuestos de base, la Ley se estructura en un título preliminar, ocho títulos, treinta y una disposiciones adicionales, dieciocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.

El título Preliminar comienza con un capítulo dedicado a los principios y los fines de la educación, que constituyen los elementos centrales en torno a los cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo. En un lugar destacado aparece formulado el principio fundamental de la calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades. La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad.

También ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la educación, la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable. La relación completa de principios y fines permitirá asentar sobre bases firmes el conjunto de la actividad educativa.

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la Ley, la educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. La Ley concede al aprendizaje permanente tal importancia que le dedica, junto a la organización de las enseñanzas, un capítulo específico del título Preliminar.

En ese mismo capítulo se establece la estructura de las enseñanzas, recuperando la educación infantil como una etapa única y consolidando el resto de las enseñanzas actualmente existentes, por entender que el sistema educativo ha encontrado en esa organización una base sólida para su desarrollo. También se regula la educación básica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, tiene carácter obligatorio y gratuito para todos los niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se establece en diez cursos, comprendiendo la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.

La definición y la organización del currículo constituye uno de los elementos centrales del sistema educativo. El título Preliminar dedica un capítulo a este asunto, estableciendo sus componentes y la distribución de competencias en su definición y su proceso de desarrollo. Especial interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la homologación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas. Además se hace referencia a la posibilidad de establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, conducentes a los títulos respectivos.

Se aborda en el título Preliminar, finalmente, la cooperación territorial y entre Administraciones, con el fin, por una parte, de lograr la mayor eficacia de los recursos destinados a la educación, y por otra, de alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, favorecer el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de las desigualdades. Asimismo, se dispone la puesta a disposición del alumnado de los recursos educativos necesarios para asegurar la consecución de los fines establecidos en la Ley y la mejora permanente de la educación en España.

En el título I se establece la ordenación de las enseñanzas y sus etapas. Concebida como una etapa única, la educación infantil está organizada en dos ciclos que responden ambos a una intencionalidad educativa, no necesariamente escolar, y que obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica específica. En el segundo ciclo se fomentará una primera aproximación a la lecto-escritura, a la iniciación en habilidades lógico-matemáticas, a una lengua extranjera, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y al conocimiento de los diferentes lenguajes artísticos. Se insta a las Administraciones públicas a que desarrollen progresivamente una oferta suficiente de plazas en el primer ciclo y se dispone que puedan establecer conciertos para garantizar la gratuidad del segundo ciclo.

Las enseñanzas que tienen carácter obligatorio son la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. En la etapa primaria se pone el énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de las dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como éstas se detecten. Una de las novedades de la Ley consiste en la realización de una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, que tendrá carácter formativo y orientador, proporcionará información sobre la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y permitirá adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias. Otra evaluación similar se llevará a cabo al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Para favorecer la transición entre la primaria y la secundaria, el alumnado recibirá un informe personalizado de su evolución al finalizar la educación primaria e incorporarse a la etapa siguiente.

La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una concepción de las enseñanzas de carácter más común en los tres primeros cursos, con programas de refuerzo de las capacidades básicas para el alumnado que lo requiera, y un cuarto curso de carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. En los dos primeros cursos se establece una limitación del número máximo de materias que deben cursarse y se ofrecen posibilidades para reducir el número de profesores que dan clase a un mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe con una organización flexible de las materias comunes y optativas, ofreciendo mayores posibilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de sus intereses.

Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa. Además, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se establecen programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.

El bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes, organizadas de modo flexible, en distintas vías que serán el resultado de la libre elección por los alumnos de materias de modalidad y optativas. Los alumnos con evaluación positiva en todas las materias obtendrán el título de Bachiller. Tras la obtención del título, podrán incorporarse a la vida laboral, matricularse en la formación profesional de grado superior o acceder a los estudios superiores. Para acceder a la universidad será necesaria la superación de una única prueba homologada a la que podrán presentarse quienes estén en posesión del título de Bachiller.

En lo que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos.

La formación profesional comprende un conjunto de ciclos formativos de grado medio y de grado superior que tienen como finalidad preparar a las alumnas y alumnos para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. La Ley introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones entre los distintos subsistemas de la formación profesional. Con objeto de aumentar la flexibilidad del sistema educativo y favorecer la formación permanente, se establecen diversas conexiones entre la educación general y la formación profesional.

Especial mención merecen las enseñanzas artísticas, que tienen como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y cuya ordenación no había sido revisada desde 1990. La Ley regula, por una parte, las enseñanzas artísticas profesionales, que agrupan las enseñanzas de música y danza de grado medio, así como las de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior. Por otro lado, establece las denominadas enseñanzas artísticas superiores, que agrupan los estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y los estudios superiores de artes plásticas y diseño. Estas últimas enseñanzas tienen carácter de educación superior y su organización se adecua a las exigencias correspondientes, lo que implica algunas peculiaridades en lo que se refiere al establecimiento de su currículo y la organización de los centros que las imparten.

La Ley también regula las enseñanzas de idiomas, disponiendo que serán organizadas por las escuelas oficiales de idiomas y se adecuarán a los niveles recomendados por el Consejo de Europa y las enseñanzas deportivas, que por primera vez se ordenan en una Ley de educación.

Por último, el título I dedica una especial atención a la educación de personas adultas, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Para ello, regula las condiciones en que deben impartirse las enseñanzas conducentes a títulos oficiales, al tiempo que establece un marco abierto y flexible para realizar otros aprendizajes y prevé la posibilidad de validar la experiencia adquirida por otras vías.

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. Se incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. El sistema educativo español ha realizado grandes avances en este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario continuar impulsando. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.

La Ley trata asimismo de la compensación de las desigualdades a través de programas específicos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio, que tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables. La programación de la escolarización en centros públicos y privados concertados debe garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo educativo.

El protagonismo que debe adquirir el profesorado se desarrolla en el título III de la Ley. En él se presta una atención prioritaria a su formación inicial y permanente, cuya reforma debe llevarse a cabo en los próximos años, en el contexto del nuevo espacio europeo de educación superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas que recibe el sistema educativo. La formación inicial debe incluir, además de la adecuada preparación científica, una formación pedagógica y didáctica que se completará con la tutoría y asesoramiento a los nuevos profesores por parte de compañeros experimentados. Por otra parte, el título aborda la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente.

El título IV trata de los centros docentes, su tipología y su régimen jurídico, así como de la programación de la red de centros desde la consideración de la educación como servicio público. Asimismo, se establece la posibilidad de que los titulares de los centros privados definan el carácter propio de los mismos respetando el marco constitucional. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas podrán acogerse al régimen de conciertos, estableciéndose los requisitos que deben cumplir los centros privados concertados.

La Ley concibe la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, tal como establece el título V. Se presta particular atención a la autonomía de los centros docentes, tanto en lo pedagógico, a través de la elaboración de sus proyectos educativos, como en lo que respecta a la gestión económica de los recursos y a la elaboración de sus normas de organización y funcionamiento. La Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno de los centros, que son el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación docente, y aborda las competencias de la dirección de los centros públicos, el procedimiento de selección de los directores y el reconocimiento de la función directiva.

El título VI se dedica a la evaluación del sistema educativo, que se considera un elemento fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la transparencia del sistema educativo. La importancia concedida a la evaluación se pone de manifiesto en el tratamiento de los distintos ámbitos en que debe aplicarse, que abarcan los procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias Administraciones educativas. La evaluación general del sistema educativo se atribuye al Instituto de Evaluación, que trabajará en colaboración con los organismos correspondientes que establezcan las Comunidades Autónomas. Con el propósito de rendir cuentas acerca del funcionamiento del sistema educativo, se dispone la presentación de un informe anual al Parlamento, que sintetice los resultados que arrojan las evaluaciones generales de diagnóstico, los de otras pruebas de evaluación que se realicen, los principales indicadores de la educación española y los aspectos más destacados del informe anual del Consejo Escolar del Estado.

En el título VII se encomienda a la inspección educativa el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los centros escolares, como pieza clave para la mejora del sistema educativo. Al Estado le corresponde la Alta Inspección. Se recogen las funciones de la inspección educativa y su organización, así como las atribuciones de los inspectores.

El título VIII aborda la dotación de recursos económicos y el incremento del gasto público en educación para cumplir los objetivos de esta Ley cuyo detalle se recoge en la Memoria económica que la acompaña. Dicha Memoria recoge los compromisos de gasto para el período de implantación de la Ley, incrementados en el trámite parlamentario.

Las disposiciones adicionales se refieren al calendario de aplicación de la Ley, a la enseñanza de religión, a los libros de texto y materiales curriculares y al calendario escolar. Una parte importante de las disposiciones adicionales tiene que ver con el personal docente, estableciéndose las bases del régimen estatutario de la función pública docente, las funciones de los cuerpos docentes, los requisitos de ingreso y acceso a los respectivos cuerpos, la carrera docente y el desempeño de la función inspectora.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la cooperación de los municipios con las Administraciones educativas y los posibles convenios de cooperación que se pueden establecer entre aquéllas y las Corporaciones locales, así como al procedimiento de consulta a las Comunidades Autónomas.

En relación con los centros se prorroga el régimen actual aplicable a los requisitos que deben cumplir los centros privados de bachillerato que impartan la modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud y la modalidad de tecnología, se establecen las funciones del claustro de profesores en los centros concertados y se contempla la agrupación de centros públicos de un ámbito territorial determinado, la denominación específica del Consejo Escolar, los convenios con los que impartan ciclos de formación profesional, así como otros aspectos relativos a los centros concertados.

Finalmente, se hace referencia al alumnado extranjero, a las víctimas del terrorismo y de actos de violencia de género, al régimen de los datos personales de los alumnos, a la incorporación de créditos para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil y al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En las disposiciones transitorias se aborda, entre otras cuestiones, la jubilación voluntaria anticipada del profesorado, la movilidad de los funcionarios de los cuerpos docentes, la duración del mandato de los órganos de gobierno y el ejercicio de la dirección en los centros docentes públicos, la formación pedagógica y didáctica, la adaptación de los centros para impartir la educación infantil, la modificación de los conciertos y el acceso de las enseñanzas de idiomas a menores de dieciséis años.

Se recoge una disposición derogatoria única. Las disposiciones finales abordan, entre otros aspectos, la modificación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la competencia que corresponde al Estado al amparo de la Constitución para dictar esta Ley, la competencia para su desarrollo y su carácter orgánico.

[Bloque 3: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

[Bloque 11: #a5]

Artículo 5. El aprendizaje a lo largo de la vida.

1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.

2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.

3. Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las diferentes Administraciones públicas identificarán nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición.

4. Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas promover, ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación.

5. El sistema educativo debe facilitar y las Administraciones públicas deben promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente.

6. Corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.

[Bloque 12: #a5-2]

Artículo 5 bis. La educación no formal.

La educación no formal en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación que se desarrollan fuera de la educación formal y que se dirigen a personas de cualquier edad con especial interés en la infancia y la juventud, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social tales como la capacitación personal, promoción de valores comunitarios, animación sociocultural, participación social, mejora de las condiciones de vida, artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros. Se promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que esta contribuya a la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la personalidad.

Se añade por el art. único.3 bis de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

Texto añadido, publicado el 30/12/2020, en vigor a partir del 19/01/2021.

[Bloque 13: #ciii]

CAPÍTULO III

Currículo y distribución de competencias

Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

[Bloque 34: #a2-2]

Artículo 20 bis. Atención a las diferencias individuales.

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. En dichos entornos las Administraciones procederán a un ajuste de las ratios alumno/unidad como elemento favorecedor de estas estrategias pedagógicas.

Se añade por el art. único.12 bis de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

Texto añadido, publicado el 30/12/2020, en vigor a partir del 19/01/2021.

[Bloque 35: #a21]

Artículo 21. Evaluación de diagnóstico.

En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de referencia el establecido en el artículo 144.1 de esta Ley.

En el marco de los planes de mejora a los que se refiere el artículo 121 y a partir del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las Administraciones educativas promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan adoptar medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la práctica docente.

[Bloque 42: #a26]

Artículo 26. Principios pedagógicos.

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

Las Administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos.

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.

5. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad.

6. La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión y la expresión oral.

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de las lenguas extranjeras para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y expresión.

[Bloque 45: #a29]

Artículo 29. Evaluación de diagnóstico.

En el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias alcanzadas por su alumnado. Esta evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de referencia el establecido en el artículo 144.1 de esta Ley.

En el marco de los planes de mejora a los que se refiere el artículo 121 y a partir del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las Administraciones educativas promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan adoptar medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la práctica docente.

[Bloque 47: #a31]

Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la educación secundaria obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Esta certificación será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida.

Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna.

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la formación profesional de grado medio y, superando, en su caso, la prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso al mundo laboral.

3. Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales más convenientes. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro formativo.

4. Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán las partes de la prueba que tiene superadas cada uno de los aspirantes de acuerdo con su historia académica previa.

[Bloque 57: #a37]

Artículo 37. Título de Bachiller.

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.

2. No obstante lo anterior, el alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica en Formación Profesional podrá obtener el título de Bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno en los términos recogidos en el artículo 44 de la presente Ley.

3. Asimismo, podrán obtener el título de Bachiller quienes tengan el título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño y superen las materias necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno, de acuerdo con el régimen de convalidaciones regulado para cada una de las citadas enseñanzas.

4. También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes quienes hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y las materias comunes del bachillerato.

5. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5.

[Bloque 58: #a38]

Artículo 38. Prueba de acceso a la universidad

1. Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

2. Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad quienes estén en posesión del título de Bachiller, con independencia de la modalidad y de la vía cursadas. La prueba tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado.

4. Las Administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de acceso y garantizarán la adecuación de la misma a las competencias vinculadas al currículo del bachillerato, así como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten bachillerato para su organización y realización.

5. La prueba de acceso a la universidad se realizará adoptando las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se presenten.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y el apartado 1 de este artículo, el Gobierno establecerá la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso. Podrá participar en estos procedimientos, en igualdad de condiciones, todo el alumnado que cumpla las condiciones para el acceso, con independencia de donde haya realizado sus estudios previos, de la matriculación e incorporación de los mismos a la universidad de su elección, así como de si presentan necesidad específica de apoyo educativo o discapacidad.

[Bloque 66: #a44]

Artículo 44. Títulos y convalidaciones.

1. Los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Aquellos que obtengan este título tras superar un ciclo formativo de grado básico recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.

2. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado medio de la formación profesional recibirán el título de Técnico o Técnica del perfil profesional correspondiente.

El título de Técnico o Técnica de Formación Profesional permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado superior de la formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

3. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado superior de la formación profesional obtendrán el título de Técnico o Técnica Superior.

El título de Técnico o Técnica Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado.

4. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado básico, medio o superior, o cursos de especialización, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y de las competencias adquiridas y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias adquiridas en relación con el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por la Administración competente del certificado o acreditaciones profesionales correspondientes.

5. El Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre los ciclos formativos de grado medio y superior de la formación profesional y el resto de enseñanzas y estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos colegiados. En todo caso, se respetará lo establecido en la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria.

6. El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado, así como a las convalidaciones de los créditos universitarios que correspondan.

[Bloque 68: #a45]

Artículo 45. Principios.

1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.

2. Son enseñanzas artísticas las siguientes:

a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.

b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y danza, así como los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio.

3. Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, como órgano consultivo del Estado y de participación en relación con estas enseñanzas.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará la composición y funciones de dicho Consejo.

[Bloque 71: #sprimera]

Sección primera. Enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza

[Bloque 75: #ssegunda]

Sección segunda. Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño

[Bloque 79: #stercera]

Sección tercera. Enseñanzas artísticas superiores

[Bloque 86: #a59]

Artículo 59. Organización.

1. Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas determinen.

2. Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acceder asimismo los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.47 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

[Bloque 87: #a60]

Artículo 60. Escuelas oficiales de idiomas.

1. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a los niveles intermedio y avanzado a las que se refiere el artículo anterior serán impartidas en las escuelas oficiales de idiomas. Las Administraciones educativas regularán los requisitos que hayan de cumplir las escuelas oficiales de idiomas, relativos a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares.

2. Las escuelas oficiales de idiomas fomentarán especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, de las lenguas cooficiales existentes en España y del español como lengua extranjera. Asimismo, se facilitará el estudio de otras lenguas que por razones culturales, sociales o económicas presenten un interés especial.

3. Las Administraciones educativas podrán integrar en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de idiomas a distancia.

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, las escuelas oficiales de idiomas podrán impartir cursos para la actualización de conocimientos de idiomas y para la formación del profesorado y de otros colectivos profesionales.

[Bloque 89: #a62]

Artículo 62. Correspondencia con otras enseñanzas.

1. El Gobierno determinará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, las equivalencias entre los títulos de las Enseñanzas de Idiomas y el resto de los títulos de las enseñanzas del sistema educativo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por los alumnos de educación secundaria y formación profesional.

Se modifica por el art. único.48 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

[Bloque 92: #a64]

Artículo 64. Organización.

1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2. Para acceder a las enseñanzas de grado medio será necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para acceder al grado superior será necesario estar en posesión del título de Técnico Deportivo, en la modalidad o especialidad deportiva que se determine por vía reglamentaria, y además de, al menos, uno de los siguientes títulos:

a) título de Bachiller.

b) título de Técnico Superior.

c) título universitario.

También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas quienes, careciendo de los títulos o certificados indicados en el párrafo anterior, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años y diecinueve para el grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba, siempre que se acredite estar en posesión del título de Técnico Deportivo de la correspondiente modalidad o especialidad deportiva.

Las pruebas a las que se refiere el párrafo anterior deberán permitir acreditar para el grado medio los conocimientos y habilidades suficientes y para el grado superior la madurez en relación con los objetivos del bachillerato, para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas, de acuerdo con los criterios que establezca el Gobierno.

3. En el caso de determinadas modalidades o especialidades deportivas, podrá requerirse además la superación de una prueba específica realizada por las Administraciones educativas, acreditar méritos deportivos, experiencia profesional o deportiva, o las tres condiciones de forma conjunta. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, regulará las características de la prueba, de los méritos deportivos y de la experiencia profesional o deportiva, de tal manera que se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes, así como la convalidación de los mismos por experiencia profesional, deportiva o formación acreditada.

4. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los diversos campos profesionales y deportivos.

5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de los centros en los que podrán impartirse las enseñanzas respectivas.

6. Aquellos aspectos del currículo, regulados por normativa básica, de los títulos de enseñanzas deportivas que requieran revisión y actualización podrán ser modificados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, previo informe del Consejo Superior de Deportes y del Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el carácter básico del currículo resultante de dicha actualización.

[Bloque 100: #a7-2]

Artículo 70 bis. Tecnologías digitales y formación de adultos

1. Con el fin de lograr, en las enseñanzas de adultos, una mejor adaptación a las necesidades personales de formación y a los ritmos individuales de aprendizaje con garantías de calidad, los poderes públicos impulsarán el desarrollo de formas de enseñanza que resulten de la aplicación preferente de las tecnologías digitales a la educación.

2. En concordancia con lo anterior, se potenciará el desarrollo de iniciativas formativas y la elaboración de materiales didácticos en soporte electrónico. Se facilitarán la extensión de las enseñanzas a distancia y su acceso a través de las tecnologías digitales.

Se añade por el art. único.49 bis de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

Texto añadido, publicado el 30/12/2020, en vigor a partir del 19/01/2021.

[Bloque 105: #sprimera-2]

Sección primera. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales

[Bloque 109: #ssegunda-2]

Sección segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales

[Bloque 112: #stercera-2]

Sección tercera. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español

[Bloque 115: #scuaa]

Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje

Se añade por el art. único.59 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

Texto añadido, publicado el 10/12/2013, en vigor a partir del 30/12/2013.

[Bloque 116: #a79bis]

Artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención.

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades.

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones educativas.

Se añade por el art. único.59 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

Texto añadido, publicado el 10/12/2013, en vigor a partir del 30/12/2013.

[Bloque 117: #cii-3]

CAPÍTULO II

Equidad y compensación de las desigualdades en educación

Se modifica la denominación por el art. único.50 ter de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

[Bloque 126: #a87]

Artículo 87. Equilibrio en la admisión de alumnos.

1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo, que irán dirigidas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraordinaria, una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados concertados. Dicha reserva podrá mantenerse hasta el inicio del curso escolar.

Asimismo, autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas de escolarización previstas en los apartados anteriores atendiendo a las condiciones socioeconómicas y demográficas del área respectiva, así como a las de índole personal o familiar del alumnado que supongan una necesidad específica de apoyo educativo.

4. Los centros públicos y privados concertados están obligados a mantener escolarizados a todos sus alumnos, hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de centro producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos.

[Bloque 150: #a105]

Artículo 105. Medidas para el profesorado de centros públicos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

2. Las Administraciones educativas, respecto al profesorado de los centros públicos, favorecerán:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.

b) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales correspondientes.

c) El reconocimiento del trabajo de los profesores que impartan clases de su materia en una lengua extranjera en los centros bilingües.

d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas que reviertan en beneficio directo del propio sistema educativo.

e) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones. Podrán, asimismo, favorecer la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin reducción de sus retribuciones.

[Bloque 155: #a108]

Artículo 108. Clasificación de los centros.

1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados.

2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública.

3. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado y son centros privados concertados los centros privados acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende por titular de un centro privado la persona física o jurídica que conste como tal en el Registro de centros de la correspondiente Administración educativa.

4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados.

5. Los centros docentes orientarán su actividad a la consecución de los principios y fines de la educación establecidos en la presente Ley.

6. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

[Bloque 160: #a111bis]

Artículo 111 bis. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

1. El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en el Sistema Educativo Español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Para ello, se identificarán los tipos básicos de sistemas de información utilizados por las Administraciones educativas, tanto para la gestión académica y administrativa como para el soporte al aprendizaje, y se determinarán las especificaciones técnicas básicas de los mismos y los distintos niveles de compatibilidad y seguridad en el tratamiento de los datos que deben alcanzar. Dentro de estas especificaciones, se considerarán especialmente relevantes las definiciones de los protocolos y formatos para el intercambio de datos entre sistemas de información de las Administraciones educativas.

Estas medidas también irán encaminadas a potenciar y a facilitar el aprovechamiento de los registros administrativos en el marco de las estadísticas educativas estatales, para posibilitar la ampliación de la información estadística referida al alumnado, el profesorado, los centros y las gestiones educativas, lo que redundará en la mejora de las herramientas de análisis y de seguimiento de la actividad educativa y de las medidas de mejora de la calidad del Sistema Educativo Español.

En el marco de la implantación de las citadas medidas, dentro de los sistemas de información propios de la gestión académica y administrativa se regulará un número identificativo para cada alumno o alumna, a fin de facilitar el intercambio de la información relevante, el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas, incluyendo las medidas educativas que en su caso se hubieran podido aplicar, y atender demandas de la estadística estatal e internacional y de las estrategias europeas para los sistemas de educación y formación. En cualquier caso, dicha regulación atenderá a la normativa relativa a la privacidad y protección de datos personales.

2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. Por ello deberán, respetando los estándares de interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio y en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien, con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales. Así mismo promoverán los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, tanto en formatos y contenidos como en herramientas y entornos virtuales de aprendizaje.

3. El Ministerio de Educación y Formación Profesional impulsará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, la compatibilidad de los formatos que puedan ser soportados por las herramientas y entornos virtuales de aprendizaje en el ámbito de los contenidos educativos digitales públicos, con el objeto de facilitar su uso con independencia de la plataforma tecnológica en la que se alberguen.

4. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá plataformas digitales y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa, que podrán incorporar recursos didácticos aportados por las Administraciones educativas y otros agentes para su uso compartido. Los recursos deberán ser seleccionados de acuerdo con parámetros de calidad metodológica, adopción de estándares abiertos y disponibilidad de fuentes que faciliten su difusión, adaptación, reutilización y redistribución y serán reconocidos como tales.

5. Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad.

6.El Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los marcos de referencia de la competencia digital que orienten la formación inicial y permanente del profesorado y faciliten el desarrollo de una cultura digital en los centros y en las aulas.

7. Las Administraciones públicas velarán por el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales necesarios, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños y niñas en igualdad de condiciones.

En todo caso, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los recursos didácticos que se empleen, se ajustarán a la normativa reguladora de los servicios y sociedad de la información y de los derechos de propiedad intelectual, concienciando en el respeto de los derechos de terceros.

Se modifica por el art. único.57 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

Se modifica por el art. único.69 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

Texto añadido, publicado el 10/12/2013, en vigor a partir del 30/12/2013.

[Bloque 162: #a113]

Artículo 113. Bibliotecas escolares.

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.

2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley.

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos.

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo.

[Bloque 171: #a118]

Artículo 118. Principios generales.

1. La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución.

2. La participación, autonomía y gobierno de los centros que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en las normas que se dicten en desarrollo de las mismas.

3. Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos.

4. A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela.

5. En relación con los centros integrados y de referencia nacional de formación profesional se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que la desarrollen.

6. Corresponde a las Administraciones educativas regular la participación en los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno.

7. Corresponde a las Administraciones educativas adaptar lo establecido en este Título a las características de los centros que imparten únicamente el primer ciclo de educación infantil. Esta adaptación deberá respetar, en todo caso, los principios de autonomía y participación de la comunidad educativa recogidos en el mismo.

[Bloque 177: #a122bis]

Artículo 122 bis. Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes.

1. Se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes, mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva, según establezcan el Gobierno y las Administraciones educativas.

Dichas acciones comprenderán medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los centros.

2. Las Administraciones educativas fomentarán acciones de calidad educativa que podrán dirigirse, de manera específica, a aspectos de una etapa o enseñanza de las impartidas por el centro o, de manera general, a aspectos asociados a una consideración integral del centro y podrán tomar como referencia diversos modelos de análisis y gestión. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones deberán presentar una planificación estratégica que incluirá los objetivos perseguidos, los resultados que se pretenden obtener, la gestión que se ha de desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el marco temporal y la programación de actividades.

La realización de las acciones de calidad educativa estará sometida a rendición de cuentas por el centro docente.

Texto añadido, publicado el 10/12/2013, en vigor a partir del 30/12/2013.

[Bloque 182: #sprimera-3]

Sección primera. Consejo Escolar

[Bloque 185: #ssegunda-3]

Sección segunda. Claustro de profesores

[Bloque 188: #stercera-3]

Sección tercera. Otros órganos de coordinación docente

[Bloque 194: #a134]

Artículo 134. Requisitos para ser candidato a director.

1. Serán requisitos para poder participar en el concurso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente.

b) Haber ejercido funciones docentes como funcionario de carrera, durante un período de al menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro al que se opta.

c) Las Administraciones Educativas podrán considerar como requisito la formación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 135.

d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

2. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación primaria, en los de educación secundaria con menos de ocho unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, las Administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Se modifica el apartado 1.b) y c) por el art. único.71 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

Se modifica el apartado 1 por el art. único.83 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886.

Téngase en cuenta, para acreditaciones expedidas con anterioridad, lo dispuesto en la disposición adicional 2 y en la transitoria 1.

[Bloque 198: #a138]

Artículo 138. Cese del director.

El cese del director se producirá en los siguientes supuestos:

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga del mismo.

b) Renuncia motivada aceptada por la Administración educativa.

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d) Revocación motivada, por la Administración educativa competente, a iniciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar.

[Bloque 199: #a139]

Artículo 139. Reconocimiento de la función directiva.

1. El ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de director, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente.

3. Los directores serán evaluados al final de su mandato. Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán un reconocimiento personal y profesional en los términos que establezcan las Administraciones educativas.

4. Los directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el periodo de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción de una parte del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas.

[Bloque 218: #a1-2]

Artículo 153 bis. Principios de actuación de la inspección educativa.

a) Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de origen, género, orientación sexual, religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

b) Profesionalidad e independencia de criterio técnico.

c) Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.

d) Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados.

Se añade por el art. único.77 septies de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264

Texto añadido, publicado el 30/12/2020, en vigor a partir del 19/01/2021.

[Bloque 223: #a157]

Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado.

1. Corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley:

a) Un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria obligatoria.

b) La puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura.

c) El establecimiento de programas de refuerzo y apoyo educativo y de mejora de los aprendizajes.

d) El establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras.

e) La atención a la diversidad de los alumnos y en especial la atención a aquellos que presentan necesidad específica de apoyo educativo.

f) El establecimiento de programas de refuerzo del aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación.

g) Medidas de apoyo al profesorado.

h) La existencia de servicios o profesionales especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

2. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra la financiación de los recursos a los que hace referencia este título se regirán por el sistema del Concierto Económico y del Convenio respectivamente.

[Bloque 224: #daprimera]

Disposición adicional primera. Calendario de aplicación de la Ley.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la implantación de los currículos de las enseñanzas correspondientes.

[Bloque 225: #dasegunda]

Disposición adicional segunda. Enseñanza de la Religión.

1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.

A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas.

2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.

3. En el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.

[Bloque 228: #daquinta]

Disposición adicional quinta. Calendario escolar.

El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.

[Bloque 229: #dasexta]

Disposición adicional sexta. Bases del régimen estatutario de la función pública docente.

1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas, con tal carácter, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas por esta Ley y la normativa que la desarrolle, para el ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la provisión de plazas mediante concursos de traslados de ámbito estatal. El Gobierno desarrollará reglamentariamente dichas bases en aquellos aspectos básicos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando, en todo caso, las normas básicas a que se hace referencia en el apartado anterior.

3. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán concursos de traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquéllas, así como para garantizar la posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de otras Administraciones educativas y, en su caso, si procede, la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas plantillas o relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Estas convocatorias se harán públicas a través del Boletín Oficial del Estado y de los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos, entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad, la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos y la evaluación voluntaria de la función docente.

A los efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio nacional.

4. Durante los cursos escolares en los que no se celebren los concursos de ámbito estatal a los que se refiere esta disposición, las diferentes Administraciones educativas podrán organizar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya gestión les corresponda y destinados a la cobertura de sus plazas, todo ello sin perjuicio de que en cualquier momento puedan realizar procesos de redistribución o de recolocación de sus efectivos.

5. La provisión de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de enseñanzas artísticas se realizará por concurso específico, de acuerdo con lo que determinen las Administraciones educativas.

6. Los funcionarios docentes que obtengan una plaza por concurso deberán permanecer en la misma un mínimo de dos años para poder participar en sucesivos concursos de provisión de puestos de trabajo.

[Bloque 231: #daoctava]

Disposición adicional octava. Cuerpos de catedráticos.

1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas, de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño realizarán las funciones que se les encomiendan en la presente Ley y las que reglamentariamente se determinen.

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos citados en el apartado anterior, las siguientes funciones:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así como, en su caso, del departamento de orientación.

c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al departamento.

d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se desarrollen dentro del departamento.

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos cuerpos de catedráticos.

3. En el momento de hacerse efectiva la integración en los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de catedráticos de artes plásticas y diseño, los funcionarios de los respectivos cuerpos con la condición de catedrático se incorporarán con la antigüedad que tuvieran en dicha condición y se les respetarán los derechos de que vinieran disfrutando en el momento de hacerse efectiva la integración, incluidos los derechos económicos reconocidos a los funcionarios provenientes del cuerpo de catedráticos numerarios de bachillerato. La integración en los distintos cuerpos de catedráticos se hará efectiva en los mismos puestos que tuvieran asignados en el momento de la misma.

4. La habilitación prevista en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional, se extenderá a los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha Ley.

5. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y diseño participarán en los concursos de provisión de puestos conjuntamente con los funcionarios de los cuerpos de profesores de los niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio de los méritos específicos que les sean de aplicación por su pertenencia a los mencionados cuerpos de catedráticos.

6. La pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos se valorará, a todos los efectos, como mérito docente específico.

[Bloque 254: #datrigesimaprimera]

Disposición adicional trigésima primera. Vigencias de titulaciones.

1. El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el título de Graduado en Educación Secundaria de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria establecido en la presente Ley.

2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales que el nuevo título de Bachiller establecido en la presente Ley.

3. El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos efectos académicos que el título de Graduado en Educación Secundaria y los mismos efectos profesionales que el título de Técnico de la correspondiente profesión.

4. El título de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos efectos académicos y profesionales que el nuevo título de Técnico Superior en la correspondiente especialidad.

[Bloque 256: #datrigesimatercera]

Disposición adicional trigésima tercera. Exención de la prueba de acceso a la universidad.

1. Podrán acceder a la universidad sin necesidad de realizar la prueba de acceso regulada en el artículo 38 de esta Ley:

a) Los alumnos y alumnas que hayan obtenido un título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior, a que se refieren los artículos 44, 53 y 65.

b) Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables en materia de acceso a la universidad, en régimen de reciprocidad, siempre que dicho alumnado cumpla los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.

c) En virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, los estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo.

d) Quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza).

2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional regulará la equivalencia de calificaciones que se utilizará en el acceso a la uni

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BOE.es - BOE-A-2006-7899 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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Téngase en cuenta, sobre la aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-17264, el calendario de implantación regulado en la disposición final 5 de la citada Ley. [Bloque 2: #preambulo] JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren.

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BOC Nº 124. Jueves 21 de Junio de 2007 - 1001

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Educación, Cultura y Deportes

1001 - ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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El Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias reconocen como uno de los principios fundamentales en la intervención educativa el de atención a la diversidad del alumnado; ambas normas constituyen el marco general de la regulación en esta materia, que requiere un desarrollo complementario mediante una orden que defina y describa las características de las medidas de atención a la diversidad que los centros educativos plasmarán en un plan que se adapte a sus peculiaridades y necesidades. En un tercer nivel se dictará anualmente una resolución que concrete aquellos aspectos que, siendo susceptibles de modificación, no procede que sean objeto de esta regulación de carácter más permanente en el tiempo.

La finalidad de las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica se centra en armonizar una respuesta a necesidades educativas concretas del alumnado con el desarrollo y la consecución de las competencias básicas y del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Constituye una novedad respecto a la regulación precedente la extensión del ámbito de aplicación a los centros privados concertados en las condiciones que determinen sus conciertos, para hacer efectivo el principio de equidad en la educación que preside el desarrollo reglamentario del nuevo sistema educativo.

En el capítulo primero de la orden se establece el catálogo de medidas de atención a la diversidad en una enumeración abierta respetuosa con la autonomía organizativa y curricular de los centros docentes, si bien se describen en cada una de ellas todos los aspectos necesarios para lograr su efectiva aplicación con criterios objetivos. La última sección permite a los centros el ejercicio de su autonomía al disponer de una asignación horaria que podrán destinar al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad diferentes a las planteadas en los artículos anteriores.

En cuanto al segundo capítulo, contiene en un primer nivel de desarrollo aquellas disposiciones de carácter procedimental relacionadas con la autorización de las medidas de atención a la diversidad de los centros escolares; estas disposiciones serán objeto de concreción en la convocatoria anual que al efecto dicte la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 30 de mayo), en el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. de 20 de agosto), en los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en su redacción actual (B.O.C. de 1 de agosto), y en uso de la habilitación prevista en la Disposición Final Primera del Decreto 126/2007, de 24 de mayo y del Decreto 127/2007, de 24 de mayo,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica y su incorporación al plan de atención a la diversidad de los centros escolares.

2. Será de aplicación a los centros públicos y a los centros privados concertados, en las condiciones que se establezcan.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Artículo 2.- Las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica.

La enseñanza básica viene definida por los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo o curricular, deben permitir a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. Estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de las etapas que conforman la enseñanza básica, de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 3.- Catálogo de medidas de atención a la diversidad.

Los centros educativos podrán desarrollar a lo largo de la enseñanza básica las siguientes medidas de atención a la diversidad:

- Programas de refuerzo.

- Apoyo idiomático.

- Programas de diversificación curricular.

- Programas para la mejora de la convivencia (PROMECO).

- Otras medidas de atención a la diversidad.

Sección 1ª

Programas de refuerzo

Artículo 4.- Características y organización de los programas de refuerzo.

1. En el tercer ciclo de Educación Primaria o durante los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, los centros educativos podrán establecer programas de refuerzo destinados a favorecer el desarrollo y adquisición de las competencias básicas, así como a alcanzar los objetivos de las dos etapas y, en consecuencia, obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Las programaciones didácticas de estos programas tendrán como referente las orientaciones curriculares que esta Consejería establezca.

3. Esta medida se aplicará en la franja horaria destinada a la Segunda Lengua Extranjera y sustituirá a esta área o materia en las condiciones que se determinen.

Artículo 5.- Alumnado.

1. Podrá incorporarse a un programa de refuerzo en el tercer ciclo de Educación Primaria el alumnado que promocione del ciclo anterior sin haber superado la totalidad de las áreas. Asimismo, y siempre que el equipo docente lo considere necesario, un alumno o alumna podrá incorporarse al programa en el sexto curso. Los criterios de selección serán determinados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa, teniendo en cuenta que la eficacia de la medida exige la permanencia del alumnado propuesto hasta la finalización de la etapa.

2. Podrá incorporarse a un programa de refuerzo en la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que promocione de la etapa anterior o de curso sin haber superado la totalidad de las áreas o materias, así como el alumnado que deba permanecer un año más en el mismo curso. Los criterios de selección serán determinados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y por el Departamento de Orientación del centro, teniendo en cuenta que la eficacia de la medida exige la permanencia del alumnado propuesto en el programa hasta finalizar el tercer curso de la etapa.

Artículo 6.- Profesorado.

1. En la Educación Primaria los programas de refuerzo serán impartidos, con carácter general, por el profesorado tutor del grupo.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria el profesorado deberá abordar los programas de refuerzo desde una perspectiva instrumental que apoye el aprendizaje del conjunto de las materias y serán impartidos de modo preferente por el profesorado coordinador de ámbito o por el profesorado que tenga atribución docente para impartir las materias de Lengua Castellana y Literatura o de Matemáticas.

Artículo 7.- Evaluación.

El alumnado de los programas de refuerzo será objeto de evaluación y calificación. Su evaluación positiva será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las áreas o materias no superadas, así como de promoción.

Sección 2ª

Apoyo idiomático

Artículo 8.- Características de la medida de apoyo idiomático.

1. Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario.

2. El alumnado propuesto debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

- Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con los niveles establecidos en el marco de referencia europeo.

- Incorporación tardía al sistema educativo español.

Artículo 9.- Profesorado.

1. El profesorado que imparta el apoyo idiomático deberá acreditar cualificación en didáctica del español como lengua extranjera o experiencia previa en la aplicación de esta medida y, en la Educación Secundaria Obligatoria, pertenecer preferentemente a las especialidades de Lenguas Extranjeras o Lengua Castellana y Literatura.

Artículo 10.- Organización del apoyo idiomático.

1. Corresponde al profesorado responsable de la medida la elaboración de una propuesta de intervención individualizada con el asesoramiento del orientador u orientadora en los colegios de Educación Primaria y del Departamento de Orientación en los institutos de Educación Secundaria; esta propuesta se trasladará al equipo docente a fin de prever la necesaria adaptación curricular en el conjunto de las áreas o materias. Asimismo, deberá especificarse el tiempo aproximado de la aplicación de esta medida y los criterios para la incorporación del alumnado al grupo ordinario.

2. En cualquier caso, la adscripción del alumnado al aula será revisada como mínimo una vez al trimestre, coincidiendo con las sesiones de evaluación. La familia del alumno o alumna será informada de todo el proceso.

3. Las horas previstas de apoyo idiomático en la ESO se dedicarán a la impartición de español como Segunda Lengua en contexto escolar, cuyo currículo se establece en la Resolución de 15 de octubre de 2004 (B.O.C. de 3 de noviembre). Se detraerán de las materias que integran el currículo de la etapa, manteniendo una vinculación suficiente con todas ellas de manera que se garantice su adecuado seguimiento, de acuerdo con lo que se determine.

Artículo 11.- Evaluación.

1. El alumnado que asista al apoyo idiomático será objeto de evaluación, pero no de calificación. La evaluación se regirá por las condiciones generales establecidas para el resto del alumnado.

2. En la evaluación se valorará la repercusión de la medida de apoyo idiomático en los resultados académicos del alumno o alumna, así como en su proceso de integración en el centro.

Sección 3ª

Programas de diversificación curricular

Artículo 12.- Características de los programas.

1. Los programas de diversificación curricular se conciben como una medida de atención a la diversidad que favorece la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias básicas, así como el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Los programas serán de dos años de duración y su estructura y distribución horaria se ajustará a lo establecido en el anexo I de esta Orden.

3. Las programaciones de los ámbitos, de la materia optativa y de la Lengua Extranjera (inglés), concretadas en objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, tendrán como referente los currículos específicos que esta Consejería establezca.

4. Los ámbitos, la lengua extranjera y la materia optativa deberán ser cursados por todo el alumnado integrado en el programa. Las materias del currículo ordinario serán cursadas, preferentemente, junto con el resto del alumnado del nivel correspondiente.

Artículo 13.- Alumnado.

1. Podrán participar en estos programas los alumnos y alumnas que, a juicio del equipo docente, precisen de una organización de los contenidos diferente mediante una metodología adaptada a sus características, a sus ritmos de aprendizaje y a sus necesidades, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Estar en condiciones de cursar tercero de la ESO y haber repetido una vez en la etapa o en la Educación Primaria.

b) Haber cursado segundo, no estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido ya una vez en la etapa.

2. Asimismo se podrán incorporar al segundo año del programa alumnos y alumnas que, una vez cursado tercero o cuarto, no cumplan los requisitos de promoción o de titulación y hayan repetido en la enseñanza básica.

3. Con carácter general, la incorporación a un programa de diversificación curricular deberá tener en cuenta los límites de edad para la permanencia en la etapa establecidos en el artículo 1.1 del Decreto 127/2007, de 24 de mayo, salvo lo dispuesto en los artículos 11.6, 13.3 y 14.6 del citado decreto en relación con la posibilidad de prolongar un año más la escolarización en la ESO.

Artículo 14.- Tutoría.

1. El grupo de alumnos o alumnas que siga un programa de diversificación tendrá asignado un tutor o tutora entre el profesorado que imparte enseñanza en los ámbitos o materias específicas del programa.

2. El tutor o tutora tendrá, desde el comienzo hasta el final del programa, la responsabilidad de coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y la orientación. Se ocupará, de igual modo, de la información a las familias y del seguimiento del absentismo escolar del alumnado del programa.

Artículo 15.- Profesorado.

1. Los ámbitos Lingüístico y Social y Científico-Tecnológico serán impartidos de modo preferencial por el profesorado coordinador del ámbito, integrado en el Departamento de Orientación. En su defecto, podrán ser impartidos por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos del programa.

2. En el supuesto de que existan varios profesores o profesoras que manifiesten su voluntad de impartir clase de diversificación curricular, tendrá preferencia el profesorado que haya desarrollado previamente estos programas, siempre que tenga tres años de experiencia docente y al menos uno de antigüedad en el centro.

3. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa podrá autorizar excepcionalmente la impartición de dichos programas a profesorado diferente a los citados con anterioridad.

4. Con carácter general, el profesorado que inicie un programa deberá concluirlo en el segundo año, pero sólo de forma excepcional podrá impartir dos programas en el mismo curso escolar.

5. El profesorado que imparta docencia en los programas se reunirá, según la periodicidad que establezca el centro, con el Departamento de Orientación para las tareas de coordinación que se establezcan, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de estos programas y la aplicación de los ajustes o modificaciones que se consideren oportunos.

Artículo 16.- Incorporación a un programa de diversificación curricular.

1. La incorporación de un alumno o alumna que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 13 a un programa de diversificación curricular, requerirá los siguientes trámites:

a) Propuesta razonada del equipo docente constituido por el profesorado del grupo al que pertenezca el alumno o alumna, expresada por medio de un informe firmado por el tutor o tutora, y dirigido a la Jefatura de Estudios. La propuesta ha de indicar los motivos por los que se recomienda la adscripción al programa de diversificación curricular.

b) Cada una de estas propuestas será evaluada en una sesión presidida por la Jefatura de Estudios y en la que participarán el Departamento de Orientación y los tutores o tutoras de los grupos de los que se proponga algún alumno o alumna para un programa de diversificación.

c) Informe del Departamento de Orientación que incluya como mínimo:

- Las medidas de apoyo y refuerzo, y las adaptaciones curriculares seguidas con el alumno o alumna.

- La delimitación del nivel competencial alcanzado por el alumno o alumna en las distintas materias, en función de los datos aportados por el equipo docente.

d) Entrevista con el alumno o alumna y sus padres o tutores legales para informarles de la propuesta del equipo docente y del programa.

2. Cuando procediera que una alumna o alumno se incorporara a un programa de diversificación curricular en un centro diferente al que ha estado escolarizado el curso anterior, el centro de procedencia remitirá a la Inspección de Educación la propuesta de integración en el programa realizada por el equipo docente y adjuntará la documentación señalada en los apartados a) y c) del apartado 1 de este artículo. La Inspección de Educación, una vez supervisada la documentación, notificará a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa las propuestas para asignar al alumnado un nuevo centro de destino, al que se remitirá la documentación señalada con anterioridad.

3. Excepcionalmente, durante el primer trimestre del curso escolar y una vez realizada la evaluación inicial, se podrá incorporar a los programas alumnado que cumpla las condiciones establecidas en esta Orden.

Artículo 17.- Evaluación.

1. Del alumnado.

1.1. La evaluación de los alumnos y alumnas que sigan programas de diversificación será continua y tendrá como referente las competencias básicas, los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación establecidos para cada ámbito y materia. Cuando el progreso del alumno o alumna no responda a los objetivos previstos en el programa de diversificación, se tomarán las medidas educativas oportunas para su recuperación.

1.2. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores y profesoras que imparten enseñanzas al alumnado del grupo de diversificación y coordinada por la tutora o tutor del grupo específico.

1.3. Los alumnos y alumnas que cursen programas de diversificación curricular obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria si superan todos los ámbitos y materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que habiendo superado los dos ámbitos tengan evaluación negativa en una o dos materias, y, de manera excepcional, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

2. Del programa.

2.1. El desarrollo de los programas de diversificación será objeto de seguimiento y evaluación específicos. A tal efecto, el Departamento de Orientación elaborará al final de cada curso, junto con el equipo docente del grupo de diversificación, una memoria que incluya:

a) Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un programa de diversificación.

b) Informe sobre el desarrollo del programa, que incluya, en su caso, propuestas de modificación.

2.2. La Comisión de Coordinación Pedagógica, teniendo en cuenta esta memoria y cuantos otros informes se considere oportuno solicitar, evaluará el programa y, con la colaboración de los diferentes departamentos didácticos, aprobará las propuestas de modificación que se estimen pertinentes.

Sección 4ª

Programas para la mejora de la convivencia

Artículo 18.- Características de los programas.

1. Los programas para la mejora de la convivencia tienen como finalidad favorecer la reincorporación a un régimen normalizado de enseñanza de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que presente dificultades de aprendizaje asociadas a desajustes de conducta o que pueda manifestar, a juicio del equipo docente, un grave riesgo de abandono del sistema escolar.

2. Los programas adecuarán los objetivos de la etapa a las necesidades de los alumnos y alumnas propuestos, y deberán integrar los contenidos de las distintas materias con la intervención en la mejora de la adaptación personal (autoconcepto, autoestima, autorregulación ...), de la adaptación social (aceptación de normas, respeto personal ...) y de la adaptación escolar (aceptación de tareas, valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje ...). Con este fin, se articularán las medidas organizativas y metodológicas que permitan una intervención específica que se adapte a las necesidades de cada alumno o alumna.

Artículo 19.- Alumnado.

1. Podrán participar en estos programas los alumnos y alumnas que cumplan catorce o quince años durante el año natural de su incorporación. De forma excepcional, y con informe del Departamento de Orientación, podrá proponerse alumnado de trece años, siempre que se ajuste al perfil descrito.

2. Con carácter general, el alumnado propuesto deberá permanecer, al menos, la mitad del horario lectivo semanal con su grupo de referencia.

Artículo 20.- Tutoría.

El alumno o alumna que siga un programa para la mejora de la convivencia tendrá asignado un tutor o tutora entre el profesorado del programa, que asumirá la responsabilidad de coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y la orientación, así como la información a las familias y el seguimiento del absentismo escolar del alumnado.

Artículo 21.- Profesorado.

1. El profesorado de este programa debe poseer formación específica y conocer el centro educativo, y aceptar voluntariamente el desarrollo del programa. En su defecto, podrá ser impartido por profesorado que haya desarrollado en otros centros programas o proyectos relacionados con la mejora de la convivencia.

2. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa podrá autorizar excepcionalmente la impartición de dichos programas a profesorado diferente a los citados con anterioridad.

3. El profesorado que imparta docencia en los programas se reunirá, según la periodicidad que establezca el centro, con el Departamento de Orientación para las tareas de coordinación, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de estos programas y la aplicación de los ajustes o modificaciones que se consideren oportunos.

Artículo 22.- Organización de un programa para la mejora de la convivencia.

La propuesta de organización de un programa para la mejora de la convivencia deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

a) Objetivos generales del programa, tanto en su vertiente preventiva, orientada a mejorar el clima de convivencia general del centro, como en su vertiente de medida específica, orientada a la atención de alumnado con problemas de adaptación al trabajo y al entorno escolar.

b) Planificación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, y que puedan implicar al conjunto de la comunidad educativa.

c) Organización básica del programa en ámbitos o módulos de intervención, estableciendo su asignación horaria y la relación de profesorado que los desarrollará, departamento al que se adscriben y especialidad a la que pertenecen. Asimismo, se especificarán los criterios para la organización de los espacios y de los horarios del alumnado.

d) Programaciones elaboradas por el profesorado que voluntariamente haya decidido asumir el desarrollo del programa, para lo cual se requerirá la colaboración de los departamentos responsables de las materias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

e) Criterios y procedimientos para la selección del alumnado que, en cualquier caso, deberán incluir:

- La propuesta razonada del equipo docente que atiende al alumno o alumna en el presente curso escolar, en la cual deberá figurar el historial de conflictos de convivencia en los que se ha visto implicado, así como un resumen de sus índices de absentismo, en su caso.

- Entrevista con el alumno o alumna y sus padres o tutores legales para informarles de la propuesta del equipo docente y del programa.

f) Plan de acción tutorial específico del programa.

g) Procedimientos de coordinación entre el profesorado implicado en el desarrollo del programa.

h) Criterios y procedimientos para la evaluación y revisión del programa.

Artículo 23.- Evaluación.

1. Del alumnado.

1.1. La toma de decisiones vinculadas al proceso de evaluación se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre evaluación.

1.2. El desarrollo del programa tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación, que tomará como referente el currículo de todas las materias del nivel en que el alumno o alumna se encuentre matriculado.

2. Del programa.

2.1. Durante el tercer trimestre del curso escolar, el equipo docente del programa, en colaboración con el Departamento de Orientación, elaborará una memoria que incluirá al menos los siguientes aspectos:

- Informe individual del alumnado que cursa el programa, en el que se especifique el grado de consecución de los objetivos y el consejo orientador para el próximo curso escolar.

- Informe cuantitativo y cualitativo de la mejora en el clima escolar, tomando como referencia, entre otros indicadores, el número de conflictos disciplinarios registrados en el curso escolar y el inmediatamente anterior a la instauración del programa, y el grado de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad educativa.

- Valoración del desarrollo de las coordinaciones entre los diferentes profesores y profesoras implicados en el desarrollo del programa.

2.2. A partir de dicha memoria y de cuantos otros informes se considere oportuno solicitar, la Comisión de Coordinación Pedagógica evaluará el programa para la mejora de la convivencia, y aprobará las propuestas de modificación que estime pertinentes.

Sección 5ª

Otras medidas de atención a la diversidad

Artículo 24.- Desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad.

1. Los centros educativos que imparten enseñanza básica podrán disponer de una asignación horaria que, en el ejercicio de su autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad distintas de las establecidas en las secciones anteriores, que se adecuen a las características de su alumnado.

2. Entre las medidas que pueden adoptarse figuran los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la integración de materias en ámbitos y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

3. Podrán incluirse dentro estas medidas los programas de enriquecimiento curricular para alumnado de aprendizaje rápido o de altas capacidades intelectuales. Si se llevan a cabo en horario lectivo, deberán utilizar la franja horaria destinada a la Segunda Lengua Extranjera y, a efectos de evaluación, tendrán la consideración de programas de refuerzo; en otro caso, deberán efectuarse en horario extraescolar.

INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS

AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Artículo 25.- El plan de atención a la diversidad.

1. El plan de atención a la diversidad es el documento que contiene las medidas de intervención desarrolladas por los centros educativos, incluidas las previstas en la presente Orden, y deberá formar parte del proyecto educativo del centro.

2. Este documento se actualizará anualmente para incorporar nuevas medidas de atención a la diversidad o modificar las existentes. En todo caso, la actualización deberá incluir las programaciones de todas las medidas que se planteen, así como la documentación relacionada en la resolución que dicte al efecto la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

Artículo 26.- Autorización de las medidas de atención a la diversidad.

1. Los centros educativos tramitarán las solicitudes de medidas por vía telemática en los plazos que figuren en la correspondiente resolución anual.

2. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa dictará una resolución de autorización que incluirá las medidas y el alumnado propuesto para cursarlas, cuyo contenido formará parte del plan de atención a la diversidad de los centros públicos para el curso siguiente.

3. Las medidas de atención a la diversidad de los centros privados concertados serán autorizadas por la Dirección General de Promoción Educativa, en las condiciones que se establezcan, previo informe vinculante de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aplicación de la nueva duración de las sesiones en la Educación Primaria.

El Decreto126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria determina en su Disposición Transitoria Única que, no obstante la implantación en el año 2007-2008 de los cursos 1º y 2º del primer ciclo de Educación Primaria, la duración de las sesiones que se establece en el anexo II de ese Decreto se aplicará a toda la etapa.

En el anexo II de esta Orden se contiene el horario que regirá durante el período de implantación de la Educación Primaria, con la adaptación de las enseñanzas vigentes del segundo y tercer ciclo de la etapa a las sesiones de cuarenta y cinco minutos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A medida que se aplique el calendario de implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), en la redacción dada por la Disposición Transitoria del Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria y la Disposición Transitoria del Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias, quedarán sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a los centros directivos de esta Consejería y, en especial, a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, dicten las instrucciones necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de la presente Orden.

Segunda.- Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2007.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTES

en funciones,

Isaac Cristóbal Godoy Delgado.
Ver anexos - página 15408

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Decreto 89/2014, currículo. Artículos 12 y 13

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Decreto 89/2014, currículo. Artículos 12 y 13

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BOC Nº 156. Miércoles 13 de Agosto de 2014 - 3616

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I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

3616 DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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PREÁMBULO

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las competencias legislativas y de ejecución de la enseñanza en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en su artículo 6 bis que las Administraciones educativas podrán completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales y a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica y, en relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicos, y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.

Es competencia de esta Comunidad establecer la ordenación específica y el currículo para su ámbito de actuación, una vez se han fijado la ordenación general y el currículo básico correspondientes a la Educación Primaria, por el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE nº 52, de 1 de marzo).

La Educación Primaria es la primera etapa del sistema educativo con carácter obligatorio e integra, junto con la Educación Secundaria Obligatoria, la enseñanza básica. En este tramo educativo el alumnado desarrolla las competencias cuya adquisición deberá alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. El pleno desarrollo del alumnado es la finalidad fundamental de la actividad educativa, que habrá de construirse a través de aprendizajes que incidan en la adquisición de las competencias y en el tratamiento transversal de los valores dentro de un modelo de escuela inclusiva.

En este Decreto se concretan los elementos constitutivos del currículo básico atendiendo a las premisas de funcionalidad, competencialidad, inclusividad, equidad, calidad e integración curricular.

En este sentido, los principios que han guiado la concreción del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se materializan en este Decreto en un currículo competencial, centrado en que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para continuar desarrollándose como ciudadanía activa, crítica y responsable en el plano individual, social y académico-profesional; un currículo que facilita y orienta el desempeño docente, fomentando la integración de las áreas en situaciones de aprendizaje funcionales y contextualizadas a través de la participación activa en entornos socialmente relevantes y significativas que se puedan desarrollar o simular en el contexto educativo; un currículo que visibiliza los principios pedagógicos de una escuela que persigue el éxito de todo el alumnado, que supera factores generadores de desigualdad y el riesgo de exclusión social; que facilita las relaciones entre áreas y que cuida la coherencia y el tránsito entre etapas y niveles, todo ello con el fin de garantizar, desde los primeros años de escolarización, la continuidad en la formación del alumnado y la prevención del abandono escolar temprano.

Entre los componentes del currículo que se definen en el artículo 4 del presente Decreto, los criterios de evaluación desempeñan una función nuclear, dado que facilitan la conexión de dichos elementos, de manera que describen de manera explícita el resultado global del aprendizaje que se pretende evaluar en el alumnado, al mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para facilitar una práctica docente que garantice la adquisición de los aprendizajes competenciales referidos a procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, todos ellos necesarios para alcanzar los objetivos de la etapa y superar los estándares de aprendizaje evaluables. Dichos estándares se han integrado, con un sentido globalizado y funcional, en el propio texto de los criterios de evaluación. Estos quieren potenciar, además, una práctica de aula que integra los currículos de las diferentes áreas y que hace hincapié en los aprendizajes comunes.

El currículo contribuye, así, a la consecución del fin fundamental de proporcionar a todos los niños y las niñas una educación de calidad, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades; una educación de calidad que propicie el éxito escolar de todo el alumnado a través de una escuela que sea capaz de adaptar su respuesta educativa a un alumnado diverso, favoreciendo así el acceso, la continuidad y la participación de este en el sistema educativo.

La metodología didáctica empleada en el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje debe fomentar que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente más adecuado es el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y significativa las competencias.

Se establece una nueva configuración curricular en la que destaca el establecimiento de tres bloques de asignaturas en función de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

Los centros educativos juegan un papel activo en la aplicación del currículo, desde el principio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, con la finalidad de avanzar en una mejora de los aprendizajes del alumnado anclada en el liderazgo pedagógico y compartido, y que apunte a la incorporación de medidas de mejora del sistema educativo y el desarrollo de prácticas docentes de éxito, innovadoras y de investigación, que potencien la continuidad escolar y la sostenibilidad del sistema.

De esta manera, en los centros educativos se desarrollarán y se completarán los currículos en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa, de forma que estos se conviertan en instrumentos útiles, adaptados a la realidad y a la sociedad en la que viven y se desenvuelven los niños y las niñas. Los centros han de trabajar entonces para convertirse en espacios atractivos, que inviten a la permanencia y motiven el aprendizaje, atendiendo al desarrollo integral de la persona, todo ello desde la corresponsabilidad de alumnado, profesorado y familias.

La adecuada progresión de todos los elementos curriculares en los diferentes cursos de la etapa prestará especial atención a la transición desde la Educación Infantil y a la continuidad hacia la Educación Secundaria Obligatoria, teniendo siempre presentes los elementos cognitivos, los afectivos y los psicomotrices como fundamentales del currículo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, previo informe del Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del día 1 de agosto de 2014,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer el currículo de la Educación Primaria y regular su implantación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y con lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.

2. Este Decreto será de aplicación a los centros docentes que impartan las enseñanzas de esta etapa en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Principios generales.

1. La Educación Primaria proporcionará a todos los niños y las niñas una educación de calidad, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades.

Para ello, la acción educativa de esta etapa integrará aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, el aprendizaje de una convivencia positiva, así como los hábitos de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad, la identificación, aceptación y expresión de las emociones y los afectos con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad biopsicosocial de cada alumno o alumna, desde una perspectiva inclusiva e integradora de los aprendizajes de las distintas áreas de la etapa.

2. El conjunto de la actividad educativa, que implica la participación de toda la comunidad, contribuirá al desarrollo pleno del alumnado a través de la integración curricular de los valores y los aprendizajes que incidan en el desarrollo de competencias que le permitan el ejercicio de una ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades fundamentales, de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y de la diversidad afectivo sexual; una ciudadanía crítica con las desigualdades, los comportamientos sexistas y todas clase de discriminaciones por razón de sexo, edad, religión, cultura, opción afectivo-sexual, capacidad ...

3. Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y donde la convivencia positiva, la prevención de conflictos y su resolución pacífica sean los principios rectores insertados, de manera transversal, en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4. La educación que se ofrece a los alumnos y a las alumnas propiciará el éxito escolar a través de una escuela que es capaz de adaptar su respuesta educativa a un alumnado diverso; una escuela que promueve más y mejores oportunidades para todo el conjunto del alumnado, favoreciendo, con ello, el acceso, la continuidad y la participación de este en el sistema educativo, para lo que se contará con los recursos materiales y humanos necesarios y adecuados.

Artículo 3.- Objetivos y fines de la Educación Primaria.

1. Serán objetivos de la Educación Primaria los previstos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, que establece el currículo básico de la Educación Primaria.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes áreas, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines:

a) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual, religión o cultura.

b) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la orientación sexual, la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

c) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y valores solidarios y de equidad.

d) El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.

e) El desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

Artículo 4.- Currículo.

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entiende por currículo de la Educación Primaria el conjunto de los objetivos, las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos, y los estándares de aprendizaje evaluables. Todo ello ha de regular la práctica docente, de forma que se desarrollen de manera integral las capacidades del alumnado.

2. El currículo de la Educación Primaria se organiza en áreas, que garantizarán un tratamiento global e integrador de los aprendizajes, vertebrados estos con el tratamiento de los elementos transversales, para asegurar que el alumnado desarrolle las competencias y alcance los objetivos de la etapa. Estas áreas integrarán las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades, adaptándose a sus ritmos y estilos de aprendizaje.

3. En base a lo dispuesto en el artículo 6.bis.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las áreas se agruparán en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

4. Los anexos 1º, 2º y 3º de este Decreto -que determinan respectivamente los currículos de las asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica- establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la contribución de las diferentes áreas a la adquisición de las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada área en los diferentes cursos, de acuerdo con los aspectos que constituyen el currículo básico de la Educación Primaria.

5. En los centros docentes se desarrollará y completará el currículo de la Educación Primaria establecido en el presente Decreto, concreción que se hará en las programaciones didácticas y que tendrá como referencia el propio proyecto educativo del centro y la programación general anual.

6. Los contenidos referidos al conocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias se trabajarán de manera sistemática y gradual en las diferentes áreas en la medida que lo requieran sus respectivos currículos.

Artículo 5.- Competencias.

1. A través del currículo se garantizará el desarrollo de las siguientes competencias:

1º) Comunicación lingüística.

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3º) Competencia digital.

4º) Aprender a aprender.

5º) Competencias sociales y cívicas.

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7º) Conciencia y expresiones culturales.

La adecuada adquisición de las competencias y su tratamiento integrado en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se garantizará por medio de una organización y un funcionamiento de los centros educativos que -haciendo ejercicio de su autonomía- favorezca una metodología didáctica inclusiva, que vertebre la actividad docente y las actividades complementarias y extraescolares; y que permita la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo del alumnado, dada la importancia de los aprendizajes formales y no formales. Asimismo, se favorecerá el desarrollo personal, emocional y psicomotriz del alumnado.

Se fomentará el desarrollo de la dimensión moral, la dimensión de desarrollo personal y resiliencia, la dimensión socioemocional y la motivación intrínseca como factores determinantes para favorecer la continuidad escolar.

2. El carácter global e integrador de la etapa pone el énfasis en el hecho de que todas las áreas de conocimiento del currículo contribuyen a que el alumnado alcance las competencias referidas en este artículo.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los centros educativos velarán por el desarrollo de la Comunicación lingüística y de la Competencia matemática, referente de la evaluación individualizada de 3er curso; y por el desarrollo de la Comunicación lingüística y de la Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología, que son referente de la evaluación final de la Educación Primaria en 6º curso.

Artículo 6.- Elementos transversales.

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, con carácter general, se trabajarán los elementos transversales recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, con una especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y producción oral y escrita y a la formación para la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión, interacción y tratamiento de la información, que serán objeto de aprendizaje en algunas de las áreas de la etapa, y además deben ser utilizadas como recurso en todas las áreas, en aras de la adquisición de la autonomía del alumnado.

2. Para alcanzar este objetivo de transversalidad, en los centros educativos se promoverán diariamente prácticas sociales en las que la lectura, la escritura y la interacción oral sean un componente fundamental para facilitar de manera progresiva la adquisición de las competencias y la expresión personal y colectiva solidaria en el ámbito social.

3. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la alimentación equilibrada formen parte de la vida cotidiana de los niños y de las niñas. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte del alumnado durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, la coordinación y la supervisión de las medidas que, a estos efectos, se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

Artículo 7.- Organización.

1. La etapa de la Educación Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito, e integra, junto con la Educación Secundaria Obligatoria, la enseñanza básica. Con carácter general, el alumnado se incorporará al primer curso de la Educación Primaria en el año natural en el que cumpla seis años.

2. La Educación Primaria comprende seis cursos académicos que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.

3. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos:

a) Ciencias de la Naturaleza.

b) Ciencias Sociales.

c) Lengua Castellana y Literatura.

d) Matemáticas.

e) Primera Lengua Extranjera.

4. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:

a) Educación Física.

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, las madres o los representantes legales del alumnado.

c) Educación Artística.

5. El alumnado deberá cursar el área específica de Segunda Lengua Extranjera, al menos, en los cursos quinto y sexto.

6. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la definición de las áreas de libre configuración autonómica y el establecimiento de su currículo, así como la determinación de las condiciones para su autorización e impartición incluida, en su caso, la oferta de los centros docentes. En todo caso, la finalidad de la o las áreas de libre configuración autonómica para Canarias será garantizar la respuesta educativa a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, sus intereses y sus necesidades.

7. Se impartirá un área de libre configuración, según se recoge en el anexo 3º. En todo caso, se habilita a la Consejería competente en materia de educación para realizar las modificaciones que se consideren pertinentes en el área de libre configuración establecida en dicho anexo, para establecer un área distinta a la contemplada en el mismo, así como para regular las condiciones de autorización e impartición de las asignaturas de libre configuración autonómica.

8. Los centros podrán aumentar en una sesión la carga horaria de un área de la etapa en cada nivel para profundizar en su currículo. Corresponderá a la Consejería competente en materia de educación regular las condiciones para su autorización e impartición.

Artículo 8.- Principios metodológicos.

1. Los principios metodológicos que han de regir la práctica docente de los centros educativos han de estar basados en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, de manera que, en esta etapa se pondrá especial énfasis en el tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado, en la atención a las necesidades individuales, en la prevención de las dificultades de aprendizaje a través de la detección y la atención temprana de las barreras que lo dificultan, y en la respuesta inmediata y ajustada a estas en función de las características y los estilos de aprendizaje del alumnado.

2. De manera general, se pondrá especial atención en el empleo de estrategias didácticas que permitan una organización flexible; la prevención y puesta en práctica de medidas desde que se detecten las dificultades; el apoyo al alumnado en el grupo ordinario y la combinación de diferentes tipos de agrupamientos, siempre que se respete el principio básico de inclusividad; la atención individualizada y las adaptaciones del currículo cuando sean necesarias -tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias áreas-, y sistemas de refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular, así como la intervención de otros agentes de la comunidad educativa u otros externos que puedan colaborar en la implementación del currículo y contribuir a la mejora de la atención inclusiva al alumnado, y consecuentemente, a la integración de los aprendizajes.

3. La práctica docente favorecerá la integración curricular, de manera que se trabaje desde la interrelación de las áreas de la etapa, y la permeabilidad con el entorno del que procede el alumnado.

4. La metodología didáctica empleada en el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje debe fomentar que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y significativa las competencias.

5. Se favorecerá el tratamiento integrado de valores en los currículos, de manera que su inclusión en estos sea transversal y vertebren el proceso de enseñanza.

Artículo 9.- Calendario escolar y horario semanal.

1. El calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. En cualquier caso, en el cómputo del calendario escolar se incluirán los días dedicados a las evaluaciones de tercer curso y final de la Educación Primaria.

2. En el anexo 4º de este Decreto se establece, para las diferentes áreas de la Educación Primaria, el horario escolar semanal correspondiente a cada curso. El horario semanal total para el alumnado y para cada uno de los cursos de la Educación Primaria se distribuirá de lunes a viernes, siendo un mínimo de veinticinco horas por semana en cada uno de los cursos, incluido el tiempo de recreo de treinta minutos diarios, distribuidos a lo largo de la jornada escolar.

3. Los centros docentes organizarán con carácter ordinario para cada curso de la Educación Primaria el horario semanal establecido en el apartado anterior, excluidas las horas de recreo, en sesiones de duración de 45 minutos, según se establece en el anexo 4º. Si bien los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer o combinar sesiones lectivas de distinta duración dentro de la misma jornada escolar, siempre que estén comprendidas entre los 30 y los 60 minutos, y no se modifique el tiempo total semanal mínimo de cada curso y área establecido en el mencionado anexo 4º.

4. Se faculta a la Consejería competente en materia de educación para modificar el horario establecido en el anexo 4º del presente Decreto atendiendo a necesidades organizativas de las distintas áreas y respetando lo establecido en el currículo y, en todo caso, el límite previsto en el artículo 8.5 del Real Decreto 126/2014.

Artículo 10.- Acción tutorial.

1. La acción tutorial formará parte de la actividad docente de todo el profesorado y consistirá en la atención tanto personalizada como grupal al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las mejores opciones para el desarrollo personal de los niños y las niñas, como individuos y como parte de una comunidad.

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, prestando especial atención, en el primer y sexto curso, a la orientación de este y de las familias para el tránsito entre etapas.

3. El profesorado tutor de cada grupo, como pieza clave del liderazgo pedagógico del centro, coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado que incide sobre su grupo.

4. Los centros docentes velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su proyecto educativo en relación con la acción tutorial.

5. Con objeto de facilitar las labores de tutoría y orientación del alumnado, los centros dispondrán de recursos de orientación educativa y psicopedagógica.

Artículo 11.- Participación.

1. En los centros se fomentará la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en aquellos procesos que favorezcan la corresponsabilidad para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará el ejercicio efectivo de la participación de las familias en las decisiones que afecten a los procesos educativos de sus hijos e hijas, constituyéndose en agentes fundamentales para la construcción de una escuela inclusiva y participativa, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014.

3. El proyecto educativo incluirá acciones para la coordinación con las familias y, en todo caso, favorecerá la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del plan de convivencia, en los términos que se recogen en el artículo 43 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. A partir de este eje fundamental para la participación de la comunidad educativa en el proceso educativo del alumnado, se facilitará la apertura del centro al entorno.

Artículo 12.- Atención a la diversidad.

1. La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión que habrá de guiar la práctica docente y la orientación, y que se fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus características y necesidades.

2. La atención temprana al alumnado regirá la intervención educativa cuando se detecten e identifiquen barreras que dificulten su aprendizaje y su participación en la acción educativa.

3. Los centros favorecerán el trabajo cooperativo que permita valorar y aprender de las diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la autonomía y la generación de expectativas positivas en el alumnado, en el profesorado y en su entorno social y familiar.

4. La Consejería competente en materia de educación regulará y facilitará los recursos necesarios para las diferentes medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas flexible, adecuada a las características de su alumnado, garantizando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso, la permanencia y la continuidad escolar para alcanzar el éxito educativo.

Artículo 13.- Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

1. Se considera que un alumno o una alumna requiere una atención educativa específica por alguna de las siguientes circunstancias:

- Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta o trastornos del espectro autista.

- Dificultades específicas de aprendizaje.

- Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.

- Condiciones personales o de historia escolar.

- Altas capacidades intelectuales.

- Incorporación tardía al sistema educativo.

- Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.

2. La atención temprana cobra especial relevancia para la respuesta a las necesidades de este alumnado como estrategia para prevenir y evitar la consolidación de las dificultades en el aprendizaje.

3. Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo grado de desarrollo personal, adquirir las competencias y alcanzar los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuada atención y progreso, facilitando la Administración educativa los recursos necesarios.

4. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los elementos prescriptivos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen. En este caso, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

Para la promoción se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de este Decreto. No obstante, sin perjuicio de lo establecido en su apartado 4, la escolarización del alumnado de necesidades educativas especiales en la etapa de la Educación Primaria, en centros ordinarios, podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa y que esa permanencia no se haya realizado con anterioridad en la etapa de Educación Infantil.

5. La escolarización de las alumnas y los alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Con carácter general, cuando un alumno o una alumna no tenga dominio suficiente de la lengua castellana, recibirá atención específica para ello, preferentemente, en el grupo ordinario y en el nivel que le corresponde por edad.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos cursos podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase, y que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, el alumno o la alumna se incorporará al grupo correspondiente a su edad.

6. El alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal en los términos que determine la Consejería competente en materia de educación, deberá recibir una respuesta educativa ajustada a las medidas previstas en la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse su duración, cuando se prevea que son estas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización, todo ello sin perjuicio de lo que establece el Real Decreto 126/2014 en el artículo 14.4.

Artículo 14.- Aprendizaje de lenguas extranjeras.

1. En el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras, estas se utilizarán en el aula desde un enfoque comunicativo y orientado a la acción, priorizando la comprensión y la expresión orales en situaciones de comunicación social. La lengua castellana solo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.

2. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer que una parte de las áreas del currículo se imparta, total o parcialmente, en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en el presente Decreto, y establecerá las condiciones para su organización y desarrollo en los centros educativos. Los centros que ya desarrollan la modalidad de aprendizaje integrado de lengua inglesa y contenidos de otras áreas podrán continuar con el desarrollo de dichas enseñanzas en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación.

3. Los centros que impartan las áreas del currículo o parte de ellas en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Entre tales criterios no se incluirán requisitos lingüísticos.

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de las lenguas extranjeras para el alumnado con discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en la expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Artículo 15.- Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será global, teniendo en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, y continua o formativa.

2. En el proceso de evaluación continua o formativa, cuando el alumnado presente dificultades de aprendizaje, se establecerán las medidas de atención necesarias desde el momento en que se detecten, con la finalidad de mejorar el aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias para continuar su proceso educativo.

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de la etapa en la evaluación continua y final de las áreas de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, serán los criterios de evaluación y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables, que figuran en los anexos 1º, 2º y 3º de este Decreto. Las matrices de evaluación o rúbricas constituyen un nivel de concreción curricular que integra los elementos anteriores para la evaluación del alumnado y su establecimiento corresponderá a la Consejería competente en materia de educación.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en el artículo 12.1, párrafo 5, del Real Decreto 126/2014.

Artículo 16.- Evaluaciones individualizadas.

1. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según disponga la Consejería competente en materia de educación, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia lingüística y de la competencia matemática.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de esta evaluación se adapten al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas de intervención educativa más adecuadas. Estas medidas se fijarán en los planes específicos de mejora de resultados colectivos e individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.

2. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria se realizará una evaluación final individualizada a todo el alumnado en los términos en los que se establece en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.

3. Para la evaluación se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos 1º y 2º de este Decreto.

4. El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.

5. El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será entregado a las madres, los padres o a los representantes legales, y tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que el alumnado haya cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar, así como para los equipos docentes, los padres, las madres o los representantes legales, y el alumnado. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de programas dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o de otras medidas, todas respetando el carácter inclusivo de la atención a la diversidad, tal y como se recoge en el artículo 12 del presente Decreto.

6. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto, se hayan establecido. En relación con los centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto correspondiente.

Artículo 17.- Promoción.

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes a la promoción, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesorado tutor, así como el resultado de la evaluación final de cada curso y las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º curso.

2. El alumno o la alumna promocionará al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.

3. Cuando no se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado anterior, de manera excepcional, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Esta decisión se tomará cuando se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. El tutor o la tutora deberá acreditar la adopción y realización de estas medidas, y el equipo directivo velará porque se hayan cumplido. A tal efecto, los centros docentes establecerán un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo en las condiciones que determine la Consejería competente en materia de educación.

4. Antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a los padres, las madres o a los representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo que se determine por la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 18.- Documentos oficiales e informes de evaluación.

1. Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado.

La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos recogidos en los mismos y su supervisión y custodia.

Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la directora del centro y llevarán las firmas autógrafas de las personas que correspondan en cada caso. Junto a las mismas constará el nombre y los apellidos de la persona firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente.

El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por el territorio nacional.

Los documentos oficiales de evaluación deberán recoger siempre la norma de la Consejería competente en materia de educación que establece el currículo correspondiente.

2. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.

Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 o 10.

La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

El alumnado podrá obtener una Matrícula de Honor en el área en que obtengan un sobresaliente al finalizar la Educación Primaria, si a juicio del equipo docente han demostrado un rendimiento académico excelente.

3. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y, en su caso, en la convocatoria de las pruebas extraordinarias. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación de las áreas y las decisiones sobre promoción y permanencia.

Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor o la tutora del grupo y llevarán el visto bueno del director o la directora del centro.

4. El historial académico será extendido en impreso oficial, llevará el visto bueno del director o la directora, y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo recogerá los datos identificativos del alumnado, las asignaturas cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la evaluación en cada curso, las decisiones sobre promoción y permanencia, la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en la evaluación final de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en que se han producido los diferentes hitos.

5. Cuando el alumno o la alumna se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el centro de origen remitirá al de destino, y a petición de este, copia del historial académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico.

El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o la alumna.

6. Tras finalizar la etapa, el historial académico de la Educación Primaria se entregará a las madres, los padres, o representantes legales del alumnado, y se enviará una copia de este historial y del informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa al centro de Educación Secundaria en el que se prosigan los estudios, a petición de dicho centro de Educación Secundaria.

Artículo 19.- Tramitación electrónica, archivo y custodia de expedientes académicos.

1. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. El archivo y custodia de los expedientes académicos corresponde a los centros escolares. La cumplimentación y custodia del expediente académico será supervisada por la Inspección Educativa.

La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad de los datos reflejados en el expediente académico y su custodia.

3. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en el artículo anterior podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación, y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y por la normativa que las desarrolla.

El expediente electrónico estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación, y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

4. La estructura y formato de, al menos, los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación del expediente electrónico del alumnado se ajustará a lo establecido por la normativa estatal.

Artículo 20.- Autonomía de los centros.

1. La Consejería competente en materia de educación fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de los centros para que estos estimulen la actividad investigadora del profesorado a partir de la práctica docente y favorezcan su trabajo en equipo, propiciando una actuación coherente y coordinada entre el profesorado que imparta la Educación Primaria en los distintos cursos, así como con el profesorado de Educación Infantil y de Educación Secundaria Obligatoria que corresponda, con el objeto de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado.

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por la Consejería competente en materia de educación, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todos los niños y las niñas. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y fomenten el trabajo en equipo.

3. Los centros promoverán compromisos con las familias en los que se especifiquen las actividades que unos y otras desarrollarán para facilitar el progreso educativo del alumnado.

4. Los centros podrán acometer estrategias de innovación, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezca el marco legal correspondiente, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones económicas a las familias ni exigencias para la Administración educativa.

5. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos tendrán autonomía para elegir los materiales curriculares que hayan de usarse en cada curso y en cada área de este nivel educativo. En todo caso, estos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del alumnado y al currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los materiales educativos utilizados en el centro deben partir de supuestos no discriminatorios para las mujeres, reconociendo el igual valor de hombres y mujeres, y fomentando el respeto en la igualdad de derechos y obligaciones.

Disposición Adicional Primera.- Enseñanzas de Religión.

1. Las enseñanzas de Religión se incluirán en la Educación Primaria, debiendo manifestar los padres, las madres o los representantes legales del alumnado, al inicio de cada curso, su voluntad de que estos reciban o no reciban esas enseñanzas.

2. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión se realizará de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, numeral 3 del Real Decreto 126/2014.

3. La evaluación de las enseñanzas de religión se efectuará de acuerdo con lo indicado en el artículo 15 del presente Decreto.

Disposición Adicional Segunda.- Centros incompletos.

La Consejería competente en materia de educación desarrollará criterios específicos para la adecuación de lo establecido en este decreto a los centros incompletos en atención a sus características.

Disposición Adicional Tercera.- Centros específicos de Educación Especial.

La Consejería competente en materia de educación publicará una concreción curricular específica para el alumnado escolarizado en los Centros de Educación Especial, que, por la singularidad de la atención educativa requerida, no puede ajustarse al currículo ordinario de la etapa de Educación Primaria.

Disposición Transitoria Única.- Implantación de las enseñanzas.

La implantación de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias responderá al siguiente calendario:

Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016.

Disposición Derogatoria Única.- Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. En cuanto al contenido del Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, quedará sin efecto conforme se produzca la implantación de la nueva ordenación de la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única de este Decreto.

Disposición Final Primera.- Desarrollo reglamentario.

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2014.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD,

José Miguel Pérez García.

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BOC Nº 46. Martes 6 de Marzo de 2018 - 1008

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I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Educación y Universidades

1008 DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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PREÁMBULO

La educación es un derecho ineludible de todas las personas que debe garantizarse en igualdad de condiciones, sin distinción alguna por motivos personales, sociales, culturales, religiosos o de cualquier otra índole. Además, la educación, como una condición que dignifica a la persona, debe orientarse a favorecer el éxito y la excelencia de todos sus alumnos y alumnas, ofreciéndoles un entorno común de aprendizaje en el que se formen y convivan en la diversidad requerida en la sociedad actual y venidera. Todo ello, teniendo en cuenta la participación de la familia como las primeras responsables de la educación de sus hijos e hijas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), recoge en el Título Preliminar los principios y los fines de la educación, entre los que se destaca la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias; así como la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación, la accesibilidad universal a la educación y la flexibilidad para adecuar la intervención educativa a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado.

Igualmente, en el artículo 71 de la LOE se hace referencia a que las Administraciones educativas dispondrán los medios y asegurarán los recursos necesarios para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la Ley. Asimismo, establecerán los procedimientos y los recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas del alumnado.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en el artículo 3 los principios rectores que regirán el sistema educativo canario, entre los que figura un sistema educativo de calidad, entendido como un sistema que garantice la equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que necesita, garantizar una amplia igualdad de oportunidades, facilitar la participación social, promover la eficacia en todos los centros para atender a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los mejores resultados de aprendizaje en este. Asimismo, en el artículo 4 se recoge que el sistema educativo de Canarias se configurará como un sistema inclusivo, orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias.

La inclusión supone, entonces, un marco de referencia amplio sobre los derechos de las personas y especialmente de aquellas que, por distintas razones puedan encontrarse en mayor riesgo de exclusión y de abandono escolar, orientada a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad de alumnado, profesorado, familias y comunidad que se encuentra en los centros educativos. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en el referente desde el que promover las políticas e intervenciones educativas de carácter inclusivo, planteadas como un derecho en condiciones de justicia y equidad social.

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación de calidad, adecuada a sus características y necesidades. Una educación de calidad es aquella capaz de promover el éxito escolar y la excelencia en todo el alumnado, de acuerdo a sus potencialidades, desde un enfoque inclusivo y competencial.

La educación inclusiva consiste en mantener altas expectativas con respecto a todos los alumnos y las alumnas, y en establecer las diferentes formas en que estas se pueden alcanzar. Significa trasladar el foco de atención del alumnado al contexto, en el sentido de que no son tan determinantes las condiciones y las características del alumnado como la capacidad que tenga el centro educativo para acoger, valorar y responder a la diversidad de necesidades que estos plantean.

Dentro de este marco general, cobra especial relevancia la actitud y las expectativas que mantiene el profesorado hacia la diversidad del alumnado, las prácticas educativas que se desarrollen y la disponibilidad y utilización de los recursos disponibles.

Muchos han sido los avances que, en los últimos años, se han experimentado en relación a las culturas, prácticas y políticas educativas en el ámbito de la atención a la diversidad en esta Comunidad Autónoma. De esta manera, se han venido desarrollando diversas acciones dirigidas a la formación y coordinación entre el profesorado, con el objeto de promover y facilitar la integración del enfoque competencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje como un elemento más que favorezca la atención inclusiva del alumnado. Es por ello que, en estos momentos, se hace necesario marcar líneas de actuación que amplíen y mejoren estas estrategias, y que profundicen en el reto establecido en el marco de la Comunidad Europea, recogido en la actual Ley Orgánica de Educación, que aboga por un cambio curricular centrado en la adquisición de las competencias a través de propuestas metodológicas inclusivas y de la asunción de modelos de enseñanza cooperativos. Asimismo, las recientes recomendaciones que la Defensora del Pueblo realiza a las Administraciones educativas abogan por el impulso de actuaciones que aseguren una atención educativa que se nutra de los principios de inclusividad y no segregación, como elementos ineludibles que deben regir la escolarización de todas las personas, de manera que esta se produzca en un entorno común y con los apoyos educativos necesarios.

Asimismo, el artículo 28.9 de la citada Ley 6/2014, de 25 de julio, establece que: "La Administración educativa canaria regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios rectores del sistema educativo."

El presente Decreto traza el marco general para desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas para atender a la diversidad, que los centros educativos han de realizar dentro de un enfoque inclusivo. No obstante, los centros educativos, en el ámbito de su autonomía y partiendo de su propia realidad, han de ajustarlas a sus circunstancias concretas, a su contexto y a la rica diversidad de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar y, por ende, una educación de calidad, garantizando siempre el interés superior del menor.

El Decreto da cumplimiento a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la disposición es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, básicamente, la regulación de atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, el Decreto ha sido puesto a disposición de la ciudadanía mediante la publicación en el portal web de la Consejería de Educación y Universidades, posibilitando así su participación activa en la elaboración; la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, creando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre para toda la comunidad educativa, evitando las cargas administrativas innecesarias o accesorias y procurando racionalizar la gestión de los recursos públicos; y su objetivo se encuentra claramente definido, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, previo informe del Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 26 de febrero de 2018,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular la atención a la diversidad en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en la etapa de Educación Infantil, en la educación básica, así como en el Bachillerato en los términos previstos en esta norma. Para el resto de enseñanzas no universitarias previstas en artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se estará a lo previsto en su normativa específica y, supletoriamente, a lo establecido en este Decreto.

2. Se establecen medidas para favorecer el desarrollo de una atención a la diversidad, desde un enfoque inclusivo, que dé respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado y, en especial, a aquel que pueda encontrarse en situación de riesgo de abandono escolar temprano y, por ende, de exclusión social.

3. Será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en los que les afecte, en los privados, que imparten enseñanza no universitaria del sistema educativo español en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Principios de actuación.

El contenido del presente Decreto se sustenta en los principios que a continuación se exponen:

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.

2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado, de forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo.

4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo más tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno.

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles.

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el alumnado y en su entorno sociofamiliar.

CAPÍTULO II

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Artículo 3.- Actuación y atención educativa temprana.

1. La Consejería competente en materia de educación propiciará la identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado con el fin de favorecer su avance curricular, desarrollando programas preventivos dirigidos al éxito desde la Educación Infantil y la Educación Primaria, de forma que le permita superar las barreras detectadas y desarrollar medidas educativas de carácter inclusivo, para aquellos que no las superen.

2. La detección temprana abarcará cualquier momento de la vida escolar del alumnado, atendiendo a los cambios, las transiciones o las barreras contextuales que le puedan suponer una dificultad para alcanzar el pleno desarrollo de sus competencias y, por ende, el éxito y la continuidad escolar.

3. La identificación temprana tendrá como objeto la intervención y respuesta inmediata a las dificultades detectadas y a las ayudas que es preciso ofrecer. Para ello, los centros educativos realizarán los ajustes y cambios organizativos, metodológicos o de cualquier otra índole, necesarios para dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado.

4. La identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumnado se realizará por los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos dependientes de la Consejería competente en materia de educación. Podrá recabarse la información necesaria a través de la colaboración con otros agentes y Administraciones con atribuciones para la prevención, detección e intervención con la población escolar, fomentándose planes de actuación con los servicios sanitarios y sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia de la zona para dar una respuesta coordinada a las necesidades detectadas, cada uno dentro de su ámbito de competencias.

En este proceso colaborará el profesorado, la familia y cuantos profesionales intervengan, en los términos que establezca la Consejería con competencias en materia educativa.

5. Cuando en los primeros años de escolarización se detecte alumnado que presente limitaciones en las habilidades académico-funcionales que, sin llegar a presentar una discapacidad u otro tipo de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), afecten a su desarrollo curricular y a la adquisición de aprendizajes básicos, y requiera de una atención especializada por parte de los profesionales de apoyo a las NEAE, se realizará la propuesta de intervención preferente de estos en el entorno de su grupo-clase. Esta prioridad se establecerá tomando en consideración las necesidades de atención especializada para el alumnado con NEAE del centro y la opinión de los profesionales de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos.

Artículo 4.- Respuesta educativa.

1. La atención a la diversidad se centrará en la identificación y eliminación de barreras al aprendizaje, y a la participación de todo el alumnado, con el objeto de planificar mejoras en las culturas, las prácticas y las políticas educativas.

2. Será la Consejería competente en materia de educación la que establecerá los procedimientos y mecanismos adecuados para alcanzar los objetivos reseñados. Asimismo, es de su competencia regular las diferentes medidas de atención a la diversidad, que pueden abarcar desde la atención personalizada hasta la puesta en práctica de programas o medidas organizativas más amplias que favorezcan la equidad y la excelencia.

3. En el uso de los recursos personales y específicos para la atención a las necesidades educativas, los centros deberán tender a nuevas formas de organización e integración en el aula ordinaria mediante una actuación colaborativa con el profesorado de aula responsable del área o materia, de manera que las intervenciones especializadas fuera del grupo-clase se realicen solo para los casos absolutamente necesarios.

4. Las medidas para atender a la diversidad del alumnado serán principalmente las siguientes:

a) Medidas ordinarias: las destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las competencias explícitas en los objetivos de cada una de las etapas, a través de las modificaciones en el contexto educativo referidas a cambios en la organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en dicho contexto.

b) Las medidas extraordinarias: están referidas a las adaptaciones de los medios de acceso al currículo, las adaptaciones en los diferentes elementos del currículo o a las adaptaciones que requieran de ampliación o enriquecimiento del mismo.

c) Cuando las medidas ordinarias y extraordinarias reseñadas en los apartados anteriores no hayan sido suficientes para garantizar el avance y la respuesta adecuada a las necesidades del alumnado, se podrán establecer medidas excepcionales que pueden incluir fórmulas de escolarización mixtas para el alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante, NEE), como la escolarización en centros ordinarios de atención educativa preferente o en aulas enclave, o cualquier otra que se proponga por la Dirección General competente en materia de ordenación, con la aprobación de la Consejería competente en materia educativa. La escolarización excepcional de este alumnado en los centros de educación especial deberá estar fundamentada en razones que justifiquen la imposibilidad de poner en práctica su escolarización en centros ordinarios.

5. El alcance de la respuesta educativa a la diversidad afectará al alumnado de todas las enseñanzas no universitarias de régimen general y de régimen especial que así lo precisen.

Artículo 5.- Medidas para atender a la diversidad en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.

1. En las etapas de la Educación Infantil y la Educación Primaria, se pondrá especial atención en el empleo de estrategias didácticas que permitan una organización flexible, así como la prevención y la puesta en práctica de medidas desde que se detecten las barreras que dificulten el aprendizaje y la participación.

2. Estas medidas serán principalmente las siguientes:

a) Apoyo al alumnado en el grupo ordinario, procurando que el alumnado que presenta dificultades esté equitativamente repartido entre los distintos grupos del mismo nivel.

b) La flexibilidad y la combinación de diferentes tipos de agrupamientos.

c) La atención individualizada.

d) Los sistemas de refuerzo que permitan la recuperación curricular.

e) El apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante.

f) La intervención de otros agentes de la comunidad educativa que puedan colaborar en la implementación del currículo y contribuir a la mejora de la atención inclusiva al alumnado y a la integración de los aprendizajes.

3. En aquellos casos en que sea necesario, se realizarán adaptaciones del currículo tanto para el alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje como para aquellos que requieren de profundización o enriquecimiento en una o varias áreas del currículo, en los términos establecidos en la normativa vigente o en desarrollos normativos posteriores.

Artículo 6.- Medidas para atender a la diversidad en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

1. Las medidas de atención a la diversidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrán como finalidad alcanzar los objetivos de la etapa, reducir las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los índices de continuidad escolar del alumnado.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación regular las diferentes medidas de atención a la diversidad, entre las que se priorizarán en esta etapa, además de las mencionadas para la Educación Infantil y la Educación Primaria, las siguientes:

a) Los desdoblamientos de grupo.

b) La integración de materias en ámbitos.

c) Los programas para la mejora de la convivencia.

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento para el alumnado que reúna los requisitos establecidos por la normativa que los desarrolla.

3. Los equipos docentes, con la colaboración y el asesoramiento de los departamentos de orientación y con el consentimiento familiar o de las personas representantes legales del alumnado, podrán proponer al alumnado escolarizado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria para su incorporación a los ciclos de Formación Profesional Básica cuando reúnan las condiciones de acceso y admisión establecidas en la normativa vigente. Además, podrán proponer al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) para cursar programas de formación profesional adaptados, de acuerdo a lo recogido en la normativa al efecto. Estos programas también podrán impartirse en los centros de educación especial.

Artículo 7.- Plan de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad que proponga el centro formarán parte de su proyecto educativo, y seguirán un modelo inclusivo de actuación.

2. Dichas medidas conformarán su plan de atención a la diversidad, el cual ha de recoger las medidas organizativas, metodológicas y de intervención que adopta el centro para dar la mejor respuesta posible a la diversidad de su alumnado. Todas estas medidas quedarán reflejadas en el documento del plan de atención a la diversidad, que deberá establecer mecanismos de revisión que permitan la evaluación del impacto en la aplicación de estas y la realización de propuestas de mejora.

Artículo 8.- Participación.

1. La Consejería competente en materia de educación fomentará el ejercicio efectivo de la participación de las familias o las personas representantes legales del alumnado como agentes fundamentales en la construcción de una escuela inclusiva y que permanentemente estimule la participación en las decisiones que afecten a los procesos educativos de sus hijos e hijas.

2. Los centros docentes promoverán la formación de padres y madres o las personas representantes legales del alumnado mediante la puesta en marcha de programas familia-escuela que favorezcan su colaboración en la vida de los centros y donde puedan interaccionar docentes y familias en una red de enriquecimiento mutuo que favorecerá la mejora en la vida de los centros y el éxito, la promoción, la permanencia y la continuidad escolar del alumnado.

3. También se podrán establecer convenios de colaboración con organizaciones, instituciones u organismos implicados en la educación del alumnado para su participación en los centros educativos.

4. La Consejería competente en materia de educación podrá conceder subvenciones o cualquier otra ayuda legalmente prevista a las familias o a las personas representantes legales del alumnado, a los centros docentes o a las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres, destinadas a facilitar un proceso educativo inclusivo del alumnado en las condiciones y requisitos que esta determine.

Artículo 9.- Formación y actualización del profesorado.

La Consejería con competencias en materia de educación facilitará la formación y actualización de sus docentes. Para ello promoverá la formación continua y la actualización permanente de todo el profesorado como eje de mejora de la calidad educativa, del éxito escolar del alumnado, y de la reducción del abandono escolar. En el plan canario de formación del profesorado deberá contemplarse la atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo, que se centrará en la formación en actitudes y valores, además de en conocimientos y en habilidades, y proporcionará también al profesorado orientaciones metodológicas que le permitan ofrecer una respuesta educativa más ajustada.

Artículo 10.- Evaluación de las medidas.

1. Corresponde a la Consejería con competencias en materia de educación establecer y desarrollar la evaluación coordinada de las actuaciones que se reflejan en este Decreto, tomando como referencia la evolución del alumnado y la valoración del impacto de las medidas que se pongan en funcionamiento.

2. Se establecerá, por dicha Consejería, los cauces de participación para las familias o personas representantes legales del alumnado y sus organizaciones, así como la de otros sectores implicados, en la valoración de los resultados alcanzados y de las propuestas de mejora realizadas.

CAPÍTULO III

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Artículo 11.- Necesidades específicas de apoyo educativo.

1. A los efectos del presente Decreto se entiende por necesidades específicas de apoyo educativo las siguientes:

a) Necesidades educativas especiales.

Aquellas que presenta el alumnado que requiere, durante un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad intelectual, motora, auditiva o visual, trastorno grave de la conducta o trastorno del espectro del autismo.

b) Dificultades específicas de aprendizaje.

Las que presenta el alumnado que tiene dificultades en los procesos implicados en la lectura, la escritura o el cálculo aritmético con implicación relevante en su aprendizaje escolar.

c) Trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad.

Cuando el alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo caracterizado a una persistente desatención, hiperactividad o impulsividad, o por la combinación de ellas, que repercute negativamente en su participación en las actividades escolares y en su relación con los demás.

d) Incorporación tardía al sistema educativo.

Aquellas que presenta el alumnado que se ha incorporado tardíamente al sistema educativo por cualquier motivo y presenta dificultades para seguir el currículo respecto a sus coetáneos o coetáneas.

e) Especiales condiciones personales o de historia escolar.

Cuando el alumnado manifiesta dificultades en la adquisición de los objetivos y las competencias previstos para su grupo de referencia por una escolarización desajustada o insuficiente, por limitaciones socioculturales, por razones de enfermedad o problemas de salud temporales o crónicos, o por dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo o neuropsicológico, que, sin llegar a ser un trastorno o discapacidad, influyen en el rendimiento escolar y crean dificultades en el avance curricular. Este alumnado puede presentar dificultades en la comunicación, el lenguaje o el habla derivadas de alguno o de la combinación de varios de los motivos señalados.

f) Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.

Aquellas dificultades, adquiridas o congénitas, que presenta el alumnado en el ámbito de la comunicación y el lenguaje y que resultan relevantes en su desarrollo o aprendizaje escolar.

g) Altas capacidades intelectuales.

Cuando el alumnado maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples y variados recursos cognitivos, o bien destaca de manera excepcional en uno o varios de ellos.

2. A este alumnado se le han de proporcionar, junto a la enseñanza ordinaria, los recursos específicos que requiera, en parte o a lo largo de su escolaridad, para identificar y minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación.

Artículo 12.- Evaluación e identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo.

1. Corresponde a los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, dependientes de la Consejería competente en materia de educación, la evaluación e identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que presenta el alumnado. Para ello se tomarán en consideración las aportaciones que realice el profesorado, la familia o las personas representantes legales del alumnado y cualquier otro profesional implicado en la valoración y respuesta a este alumnado.

2. Constituye el objetivo principal de la evaluación psicopedagógica determinar las ayudas, los recursos y las medidas organizativas y curriculares más adecuadas que posibiliten una atención inclusiva a la diversidad del alumnado.

3. La Consejería competente en materia de educación establecerá, en sus desarrollos normativos, los requisitos y procedimientos para la evaluación, promoción y titulación del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Además, establecerá las condiciones de accesibilidad y las adaptaciones necesarias en los procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una adecuada evaluación de este alumnado. Asimismo, determinará las condiciones que permitan, cuando proceda, la eliminación de determinados elementos del currículo para el alumnado con discapacidad visual, auditiva o motora y para el alumnado con trastorno del espectro del autismo, en las condiciones que se determine.

4. La evaluación de la eficacia de las medidas propuestas para el alumnado será objeto de valoración y seguimiento, según los procedimientos que a este fin establezca la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 13.- Modalidades de escolarización.

1. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará en los centros docentes ordinarios. Cuando esto no sea posible y se justifique de forma razonada en el dictamen de escolarización realizado por los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, el alumnado con necesidades educativas especiales se podrá escolarizar en los centros ordinarios de atención educativa preferente, en aulas enclave o en centros de educación especial. Esta escolarización excepcional tiene carácter temporal y será objeto de revisión periódica, de manera que el alumnado podrá ser propuesto para su reincorporación a una escolarización ordinaria cuando así lo requiera.

2. Se entiende por "centro ordinario de atención educativa preferente" aquel centro escolar de Educación Infantil o enseñanza básica que, de manera excepcional, proporciona respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que precisa de recursos personales o materiales específicos de difícil generalización.

3. Se entiende por "aula enclave" aquella unidad de escolarización ubicada en centros escolares ordinarios, en la que se proporciona respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales que pueda participar en las actividades realizadas por el resto del alumnado del centro educativo, y que requiera de adaptaciones que se aparten significativamente del currículo en la mayor parte o todas las áreas o materias, y que precisa de la utilización de recursos extraordinarios.

4. Se entiende por "centro de educación especial" aquel donde se escolariza exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales que requiera adaptaciones que se apartan significativamente del currículo en la mayor parte o todas las áreas o materias. Este alumnado precisa de la utilización de recursos muy específicos o excepcionales, de difícil generalización, así como un mayor grado de supervisión y ayuda para el desarrollo de las actividades propias para su edad.

Artículo 14.- Escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

1. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en las distintas enseñanzas se regirá por los principios de inclusión y no discriminación, garantizándose su acceso, la permanencia y la igualdad de oportunidades.

2. El alumnado con necesidades educativas especiales que precise de adaptaciones curriculares significativas o que requiera de recursos personales o materiales de difícil generalización se escolarizará en el centro más cercano que cuente con los mencionados recursos. Será preceptivo que el dictamen de escolarización incluya, de manera expresa, la opinión de los padres, las madres o de los tutores o las tutoras legales con la propuesta realizada.

3. La Consejería competente en materia de educación establecerá los criterios para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los distintos niveles y etapas, reconociéndole derecho preferente para su admisión en aquellos centros ordinarios sostenidos con fondos públicos. Con carácter general, se escolarizará en el centro más cercano a su domicilio.

4. La Consejería competente en materia de educación podrá flexibilizar, ampliando o reduciendo según corresponda, la permanencia del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales en cada una de las etapas del sistema educativo, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

5. El alumnado con necesidades educativas especiales podrá escolarizarse en programas de formación profesional adaptados que establezca la Consejería competente en materia de educación con la finalidad de facilitar la integración social y laboral, en los términos que determine.

6. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones de escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en las enseñanzas postobligatorias. Asimismo, establecerá una reserva de plazas para el alumnado con discapacidad en las enseñanzas de Formación Profesional.

7. La Consejería competente en materia de educación favorecerá la incorporación al sistema educativo del alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria. Esta escolarización se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, así como a lo establecido en la normativa autonómica de cada etapa educativa.

Artículo 15.- Permanencia en las distintas etapas educativas.

1. Con carácter excepcional, el alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer un año más en el segundo ciclo de la etapa de la Educación Infantil, tomando en consideración la opinión de la familia o de las personas representantes legales del alumnado y con la autorización previa de la Consejería competente en materia de educación.

2. La escolarización en centros ordinarios del alumnado con necesidades educativas especiales en la etapa de la Educación Primaria podrá prolongarse un año más de lo previsto con carácter general siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, si esta prolongación no se ha realizado en la Educación Infantil. La escolarización de este alumnado en centros ordinarios en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria podrá prolongarse hasta los diecinueve años, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

3. La escolarización en aulas enclave o en centros de educación especial podrá prolongarse hasta los veintiún años, en las condiciones que la Consejería competente en materia de educación determine.

Artículo 16.- Recursos.

1. La Consejería competente en materia de educación proporcionará a los centros sostenidos con fondos públicos, los recursos materiales y el personal especialista necesario para favorecer y cooperar en la puesta en práctica de actuaciones inclusivas que den respuesta a la diversidad de su alumnado, estableciendo las normas de funcionamiento y utilización.

2. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer criterios diferenciados en la planificación, organización y dotación de recursos específicos en centros y zonas educativas determinadas para garantizar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales que no puedan ser atendidas con los medios ordinarios, de forma que se permita una mejora en su racionalización y eficiencia.

3. Se consideran recursos personales especializados el profesorado de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo, el profesorado especialista en audición y lenguaje o logopedia, los profesionales de orientación educativa y psicopedagógica, y otros que, por sus competencias y funciones, puedan ser necesarios para ofrecer una adecuada respuesta al alumnado.

4. La Consejería competente en materia de educación garantizará al alumnado con necesidades educativas especiales que participe en las enseñanzas de Bachillerato, Formación Profesional, en las Enseñanzas Artísticas que se determinen y en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, o en aquellas otras que las sustituyan, la disposición de los recursos de apoyo personales especializados o de ayudas técnicas concretas para el acceso al currículo que, con carácter general, se prevea para este alumnado en la enseñanza obligatoria.

Artículo 17.- Medidas para favorecer la continuidad escolar.

1. La Consejería competente en materia de educación promoverá las actuaciones necesarias para proporcionar atención educativa al alumnado del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la enseñanza básica con internamiento hospitalario o permanencia prolongada en el domicilio, de manera que se posibilite la continuación de los procesos educativos en situación de enfermedad.

2. Podrá recibir la atención prevista en este Decreto en el centro en el que esté internado, el alumnado objeto del mismo que se encuentre escolarizado en la educación obligatoria y que, en cumplimiento de una medida judicial en el ámbito penal, no pueda asistir a un centro educativo.

3. Las Consejerías competentes en materia educativa y sanitaria establecerán acuerdos para garantizar la atención a las necesidades que en el ámbito de la salud y el bienestar pueda presentar el alumnado durante su permanencia en el centro docente.

4. En los términos establecidos en la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, así como en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se promoverá las actuaciones necesarias para la supresión de las barreras físicas y de la comunicación en sus centros y servicios, potenciando las actuaciones que favorezcan la plena accesibilidad a los espacios, la usabilidad y accesibilidad a las nuevas tecnologías y el empleo de cuantos recursos tecnológicos faciliten la supresión de barreras físicas y de la comunicación.

Artículo 18.- Adaptaciones curriculares.

1. La adaptación curricular de un área o materia es una medida extraordinaria para dar respuesta a las necesidades del alumnado. En la medida de lo posible y como garantía de inclusión, el profesorado ha de mantener un marco de aprendizaje común en el que se permita y fomente la participación de todo el alumnado en las actividades programadas para su grupo de referencia.

2. Las adaptaciones curriculares comportan la adecuación de los métodos, procedimientos y recursos, dependiendo del tipo de necesidad que pueda presentar el alumnado. En aquellas ocasiones en las que el currículo ordinario no responda a las necesidades de los mismos, se podrán establecer diversas estrategias que pueden consistir en la adecuación, ampliación, modificación o eliminación de determinados elementos prescriptivos del currículo, partiendo de las situaciones de aprendizaje propuestas para el grupo clase del alumno o la alumna.

3. Las adaptaciones curriculares han de ser propuestas en los correspondientes informes psicopedagógicos elaborados por los equipos de orientación de los centros educativos. Para su elaboración se partirá de las recomendaciones recogidas en el correspondiente informe, fruto de las conclusiones alcanzadas tras el proceso de valoración.

4. La Consejería competente en materia de educación establecerá los requisitos y procedimientos necesarios para la realización, el desarrollo y la evaluación de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEE que se apartan de manera significativa del currículo o que requiera adaptación en el acceso, para las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE y las destinadas al alumnado con NEAE que presenta altas capacidades intelectuales.

5. El alumnado escolarizado en aulas enclave o centros de educación especial dispondrá de una concreción curricular adaptada para la Educación Infantil y la Educación Primaria, o de una propuesta curricular para el Tránsito a la Vida Adulta en el caso de la Educación Secundaria, que servirá de base para la realización y el desarrollo de su propia adaptación.

6. Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías y de aplicaciones informáticas por parte del profesorado y del personal especialista para la programación de su práctica docente, de manera que se utilicen estas aplicaciones para la concreción y el desarrollo de la programación de las áreas o materias objeto de adaptación, tomando como punto de partida las situaciones de aprendizaje propuestas para el grupo de referencia.

Disposición adicional primera.- De la financiación.

Las actuaciones y los programas previstos en este Decreto se financiarán con cargo a los créditos ordinarios del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como con fondos procedentes de entidades públicas o privadas que contribuyan a tal fin, en los términos de los convenios y acuerdos que se suscriban con la Consejería competente en materia de educación.

Disposición adicional segunda.- De los convenios y acuerdos de colaboración.

La Consejería competente en materia de educación, dada la especificidad de algunos de los recursos que precisa la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, promoverá cuantas acciones, convenios y acuerdos de colaboración considere necesarios con las distintas Consejerías, Administraciones públicas y otras organizaciones, instituciones y entidades, públicas o privadas, con el fin de garantizar una respuesta coordinada e integral.

Disposición adicional tercera.- Otras medidas de atención educativa fuera del contexto escolar.

La Consejería competente en materia de educación podrá establecer, de forma excepcional y con carácter temporal, otras medidas de atención educativa fuera del contexto escolar para el alumnado que lo requiera, impulsando una estrecha colaboración con sus familias o las personas representantes legales del alumnado y con los servicios educativos, sanitarios y sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia de su entorno más próximo.

Disposición adicional cuarta.- De las personas adultas.

La educación de las personas adultas con necesidades específicas de apoyo educativo se contemplará dentro de la planificación educativa de la Consejería competente en materia de educación, contando para ello con las aportaciones de las organizaciones que les representen, así como con las de sus padres y madres o personas representantes legales del alumnado, en su caso.

Disposición transitoria primera.- Del acceso a las universidades.

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, en la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Disposición transitoria segunda.- Vigencia de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Mientras no se dicten normas que desarrollen este Decreto, mantienen su vigencia, la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre), y la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 40, de 24 de febrero), así como aquellas otras que tengan relación con el contenido de este Decreto, en tanto no contradigan lo establecido en el mismo.

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

Se deroga el Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.

Disposición final primera.- Desarrollo reglamentario.

Las Consejerías competentes en materia de educación, de sanidad y de políticas sociales dictarán, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y el desarrollo de lo previsto en este Decreto.

Disposición final segunda.- Plan Estratégico de Atención a la Diversidad.

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación aprobar, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad.

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de 2018.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Fernando Clavijo Batlle.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Y UNIVERSIDADES,

Soledad Monzón Cabrera.

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