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El Pacto de San José hasta el momento ha sido ratificado por 24 de los 35 países americanos. Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Guayana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, no lo han suscrito.
Frente a la incertidumbre que aún existe por estos cambios, el Gobierno mantiene un plan b. Este es dejar el Sistema Interamericano de DD.HH.
Si ello sucede los afectados serían los ciudadanos, porque "se estaría eliminando la posibilidad de que exista un sistema que los proteja",
"Si eso pasa, seríamos los únicos fuera del bloque regional, porque incluso Cuba forma parte del él aunque no participe -por decisión propia- en las citas del grupo", señala Pablo Albán, especialista en DD.HH.
Además, el jurista advierte que no hay mecanismos legales para dejar la OEA, porque la Constitución de Montecristi reconoce, respeta y se somete a los tratados internacionales. Además, la Carta de esa organización no establece esa opción.

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Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño dijo que en la reunión "quedó claro que sí es posible hacer el cambio de sede ya que jurídicamente es viable". Según explicó, las discusiones van hacia un consenso".
La CIDH es uno de los dos pilares del Sistema Interamericano, el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, (9 de enero del 2013) que los derechos humanos en la región se ven expuestos a amenazas e incoherencias como que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "esté en un país (Estados Unidos) que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
La situación actual de la sede de la CIDH fue calificada por el canciller ecuatoriano como un tema "de incoherencia conceptual y política que creemos importante poder superar".
Patiño pidió a los embajadores en Quito que representan los estados parte de la Convención que, a través de un grupo de trabajo ya creado, se identifiquen "los desafíos presupuestarios, reglamentarios y funcionales" para trasladar la sede desde Washington a un estado suscriptor del denominado Pacto de San José.

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Los riesgos de una salida El Sistema Interamericano de DD.HH. ha sido importante en el continente y en el Ecuador desde los años 40, porque ha vigilado que no se cometan violaciones a los derechos de los ciudadanos. Además, se ha constituido en la última instancia a la cual han acudido personas que han visto perjudicados sus derechos y no han obtenido respuesta en la justicia interna. Por otro lado, la advertencia del Régimen implicaría dejar de lado una compleja arquitectura institucional, en donde una eventual salida de la CIDH, comprometería la presencia misma del Ecuador en la OEA.

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Finalmente, es importante mencionar que las violaciones a derechos humanos mencionados, han sido en gran medida atribuibles a la ausencia de independencia en la  función judicial, y el progresivo  deterioro de las garantías constitucionales de tutela de derechos humanos. En especial de la acción de protección que, en muchos casos, terminó siendo usada por el propio Estado para tutelar supuestos derechos que no posee, pues éstos son exclusivamente atribuibles a las personas y grupos humanos. Como cuando en 2012, Diario La Hora fue obligado a rectificar una información publicada desde una tercera fuente, después de que la Secretaría de la Presidencia presentara en su contra una acción de protección por presuntas afectaciones al derecho a la honra, cuando La Hora quiso protestar públicamente ante este contrasentido legal, fue objeto de una segunda sanción, donde se le impedía habla sobre el proceso o la sentencia. Igualmente, ciudadanos han activado la acción de protección en casos donde su derecho a la honra se ha visto conculcado en el contexto de un Enlace Ciudadano, sus peticiones han sido sistemáticamente negadas, argumentando, que no son la vía idónea para la tutela de esos derechos.

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Con respecto al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Ecuador ha demostrado una posición menos confrontativa. Durante el 27mo Examen Periódico Universal, la delegación ecuatoriana presentó su versión sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, donde mostraron al país como un paraíso en materia de su ejercicio y observancia, y resaltaron los avances en materia de beneficios sociales. No obstante, persistieron las descalificaciones a los miembros de la sociedad civil que presentamos informes al Comité de Derechos Humanos, y rechazaron las recomendaciones que, de manera concreta, criticaban al Estado en asuntos como independencia de la justicia y libertad de expresión.

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la decisión de los tribunales ecuatorianos de imponer una condena penal y una multa exorbitante por la publicación de un artículo de opinión donde se cuestionaba las decisiones del Presidente en el marco del 30-s, violaba de manera burda estándares  importantes que durante dos décadas había venido desarrollando el SIDH en materia de libre expresión. Estándares como que los funcionarios estatales están sometidos a un mayor escritorio público, y que por tanto, procesar penalmente a quien cuestione o critique estas gestiones, viola el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público. Correa, consideró particularmente ofensivo que la CIDH hubiera respaldado a los periodistas. El gobierno ecuatoriano arremetió contra la CIDH, la RELE, el Universo y Fundamedios, llegando incluso a solicitarle a la Comisión,  que explicara las razones para adoptar esa medida cautelar. Ese fue el principio del fin de las relaciones entre la CIDH y el gobierno correísta.

El contexto regional sirvió, desafortunadamente, para fortalecer la arremetida del correísmo contra la CIDH, pues por aquel entonces, también otros países estaban molestos por los efectos que a nivel interno tenía el trabajo de la Comisión. Ya desde 2011, se había formado en la OEA un grupo de trabajo para “reflexionar” sobre las mejoras que requería el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Siempre lo pongo entre comillas, pues tuvo como propósito encubierto mermar y reducir la posibilidad de la CIDH de denunciar de manera pública los actos de ciertos Estados de la región que violaban derechos humanos, y de exigirles frenarlos o enmendarlos.

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Una década de antagonismo con los órganos de protección de Derechos Humanos, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Una década de antagonismo con los órganos de protección de Derechos Humanos, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Al comienzo del gobierno de Correa, Ecuador parecía tener una excelente disposición para cumplir, incluso más allá de lo convencionalmente exigible, con sus deberes de respeto y garantía de derechos humanos. Una prueba de esto fue la emisión de un acuerdo Interministerial para el cumplimiento de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH en favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, y la posterior emisión  el Decreto Ejecutivo 1317, donde se dotaba al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con facultades amplias para cumplir las sentencias y recomendaciones de los órganos del SIDH. En 2010 fue la célebre audiencia pública —solicitada por el propio Estado de Ecuador a la CIDH— durante el 140 período de sesiones de la CIDH donde se presentaron algunos resultados del Informe de la Comisión de la Verdad. Esto demuestra que al menos en un comienzo hubo la intención del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos desde el 1980 hasta 2008, cometidas especialmente por las administraciones socialcristianas, y de reparar integralmente a las víctimas y familiares por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. En ese mismo período de sesiones,  acudieron por primera vez Fundamedios y otros representantes de la prensa local para denunciar, ya en ese entonces, de una situación de deterioro en el ejercicio del derecho a la libre expresión.

El quiebre con la CIDH, y especialmente con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) fue en 2011, a partir del seguimiento que hizo la RELE al caso “El Universo”. Se agravó más tarde en 2012, cuando ese órgano otorgó medidas cautelares para evitar la ejecución de la sentencia contra Emilio Palacio y los hermanos Pérez.

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El deterioro de los derechos fundamentales, especialmente, aquellos de naturaleza civil y política ha sido uno de las características de los 10 años del mandato de Rafael Correa. Es verdad que este gobierno hizo una significativa inversión en educación, salud e infraestructura.
Pero es igualmente cierto que, en estos diez años, Ecuador se convirtió progresivamente en objeto de preocupación internacional por las repetidas violaciones a derechos fundamentales cometidas desde las más altas esferas del poder.
Esto es evidente a través de varias situaciones y que pueden resumirse en el antagonismo del gobierno de Correa con los órganos de protección de derechos humanos, especialmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la inobservancia sistemática de los estándares jurisprudenciales en la materia por parte de los jueces y otros órganos con facultades adjudicativas; y la falta de independencia judicial que propició y permitió la mayoría de los atropellos contra los derechos  que el Ecuador se obligó a respetar y garantizar mediante la ratificación de decenas de instrumentos internacionales tanto a nivel de NNUU, como en el sistema de la  OEA.

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El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos tiene su origen en 1948 cuando en Bogotá se adopta la Declaración Americana de Derechos y Debe res del Hombre. Si bien dicho instrumento careció en su inicio de fuerza vinculante en la actualidad es plenamente exigible’. Posteriormente, en 1959 durante la Quinta Reunión de Cancilleres de los Estados Americanos se estable ció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos