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El desempleo es un problema crítico que afecta a las sociedades de todo el mundo, con amplias implicaciones tanto para los individuos como para las economías. Este complejo reto viene derivado de diversas causas y tiene unas profundas consecuencias. He aquí un análisis más detallado del desempleo y de cómo estamos creando soluciones desde Generación impulsando un cambio positivo en comunidades de todo el mundo.

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¿Qué es el DESEMPLEO? | Explicado FÁCIL 🎓

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¿Cuáles son las consecuencias de la crisis de empleo que sufre América Lat

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efecto en la sociedad de la falta de empleo 

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efecto en la sociedad de la falta de empleo 

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El desempleo tiene efectos profundos y trascendentales a muchos niveles. Para las personas, la pérdida del empleo suele conducir a la inestabilidad financiera y puede tener graves efectos psicológicos, como estrés, ansiedad y una menor sensación de autoestima. La falta de ingresos regulares dificulta la satisfacción de las necesidades diarias básicas y puede contribuir a un deterioro de la calidad de vida en general.

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efecto en la sociedad de la falta de empleo

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¿Cuáles son las consecuencias de la crisis de empleo que sufre América Latina?

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Conozca cómo acceder al subsidio de desempleo y los requisitos que se deben cumplir - Ministerio del trabajo

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Conozca cómo acceder al subsidio de desempleo y qué requisitos se deben cumplir

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Datos y cifras

El trabajo decente es bueno para la salud mental.

Los entornos laborales deficientes que, por ejemplo, dan cabida a la discriminación y la desigualdad, las cargas de trabajo excesivas, el control insuficiente del trabajo y la inseguridad laboral, representan un riesgo para la salud mental.

En 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental.

A nivel mundial, se estima que cada año se pierden 12 000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, a un costo de US$ 1 billón por año en pérdida de productividad.

Hay medidas efectivas que pueden prevenir los riesgos de salud mental en el trabajo, proteger y promover la salud mental en el trabajo y apoyar a los trabajadores con trastornos mentales.

El trabajo puede proteger la salud mental

Cerca del 60% de la población mundial trabaja (1). Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral seguro y sano. El trabajo decente apoya la buena salud mental y proporciona lo siguiente:

un medio de vida;

un sentido de confianza, propósito y logro;

una oportunidad para las relaciones positivas y la inclusión en una comunidad; y

una base para establecer rutinas estructuradas, entre muchos otros beneficios.

Para las personas con problemas de salud mental, el trabajo decente puede contribuir a la recuperación y a la inclusión, y mejorar la confianza y el funcionamiento en la sociedad.

Los entornos de trabajo seguros y sanos no solo son un derecho fundamental, sino que también tienen más probabilidades de minimizar la tensión y los conflictos en ese ámbito y mejorar la fidelización del personal, así como el rendimiento y la productividad laborales. Por el contrario, la falta de estructuras efectivas y apoyo en el trabajo, especialmente para quienes viven con trastornos mentales, puede afectar la capacidad de las personas para ser eficaces y disfrutar con su trabajo, menoscabar la asistencia de las personas al trabajo e incluso impedir que, para empezar, obtengan un trabajo.

Riesgos para la salud mental en el trabajo

Los riesgos para la salud mental en el trabajo, también denominados riesgos psicosociales, pueden estar relacionados con el contenido o el horario del trabajo, las características específicas del lugar de trabajo o las oportunidades de desarrollo profesional, entre otras cosas.

Los riesgos para la salud mental en el trabajo pueden incluir los siguientes:

insuficiencia de capacidades o su empleo insuficiente en el trabajo;

cargas o ritmo de trabajo excesivos, falta de personal;

horarios excesivamente prolongados, antisociales o inflexibles;

falta de control sobre el diseño o la carga del trabajo;

condiciones físicas de trabajo inseguras o deficientes;

cultura institucional que permite los comportamientos negativos;

apoyo limitado por parte de colegas o supervisión autoritaria;

violencia, acoso u hostigamiento;

discriminación y exclusión;

funciones laborales poco definidas;

promoción insuficiente o excesiva;

inseguridad laboral, remuneración inadecuada o escasa inversión en el desarrollo profesional; y

demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Más de la mitad de la fuerza laboral mundial trabaja en la economía informal (2), donde no hay protección regulatoria en materia de salud y seguridad. Con frecuencia, estos trabajadores operan en entornos laborales inseguros, durante largas horas, con escaso o nulo acceso a protecciones sociales o financieras, y se enfrentan a la discriminación, todo lo cual puede redundar en detrimento de la salud mental.

Aunque pueden los riesgos psicosociales pueden encontrarse en todos los sectores, algunos trabajadores tienen más probabilidades de estar expuestos a esos riesgos que otros, por la labor que realizan o los entornos en que se desempeñan y la manera de hacerlo. Los trabajadores de la salud, humanitarios o en situaciones de emergencia a menudo tienen que realizar tareas que conllevan riesgos elevados de exposición a eventos adversos, lo que puede afectar negativamente a su salud mental.

Las recesiones económicas o las emergencias humanitarias y de salud pública provocan riesgos como la pérdida de empleos, la inestabilidad financiera, la reducción de las oportunidades de empleo o el aumento del desempleo.

El lugar de trabajo puede constituir un entorno que amplifique problemas generales que afectan negativamente a la salud mental, incluidas la discriminación y la desigualdad basadas en factores como la raza, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la discapacidad, el origen social, la condición de migrante, la religión o la edad.

Las personas con trastornos mentales graves tienen más probabilidades de ser excluidas del empleo, y de ser objeto de trato desigual cuando están empleadas. Permanecer sin trabajo también representa un riesgo para la salud mental. El desempleo, la inseguridad laboral y financiera y la pérdida reciente del empleo son factores de riesgo de intento de suicidio.

Riesgos para la salud mental en el trabajo

Los gobiernos, los empleadores y las organizaciones que representan a los trabajadores y empleadores, así como otras partes interesadas responsables de la salud y la seguridad de los trabajadores, pueden ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo mediante la adopción de medidas encaminadas a lo siguiente:

prevenir los problemas de salud mental relacionados con el trabajo mediante una labor de prevención de los riesgos para la salud mental en el trabajo;

proteger y promover la salud mental en el trabajo;

apoyar a los trabajadores con problemas de salud mental para que participen y prosperen en el trabajo; y

crear un entorno propicio al cambio.

Las medidas para abordar la salud mental en el trabajo deben aplicarse con la participación significativa de los trabajadores, sus representantes y las personas que han tenido experiencia directa con problemas de salud mental.

Prevención de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo

Para prevenir los problemas de salud mental en el trabajo hay que gestionar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. La OMS recomienda que los empleadores lo hagan mediante la implementación de intervenciones institucionales directamente dirigidas a las condiciones y los entornos de trabajo. Se entiende por intervención institucional la que evalúa y luego mitiga, modifica o elimina los riesgos para la salud mental en el lugar de trabajo. Entre esas intervenciones figuran, por ejemplo, la facilitación de modalidades de trabajo flexibles o la implementación de marcos para hacer frente a la violencia y el acoso en el trabajo.

Protección y promoción de la salud mental en el trabajo

Para proteger y promover la salud mental en el trabajo hay que fortalecer las competencias encaminadas a que se reconozcan los problemas de salud mental en el trabajo y a que se tomen medidas al respecto, en particular de las personas responsables de supervisar a otras, como los administradores.

Con el fin de proteger la salud mental, la OMS recomienda lo siguiente:

capacitar a los administradores en la esfera de la salud mental para ayudarles a que reconozcan y respondan a las dificultades de las personas con angustia emocional a quienes supervisan; desarrollen competencias interpersonales como la comunicación abierta y la escucha activa; y comprendan mejor de qué manera los factores estresantes en el trabajo pueden afectar a la salud mental, y cómo pueden gestionarlos;

capacitar a los trabajadores en las cuestiones y la sensibilización respecto de la salud mental, para mejorar el conocimiento en ese ámbito y reducir la estigmatización respecto de los trastornos mentales en el trabajo; e

intervenciones dirigidas a las personas para quedesarrollen aptitudes que les permitan gestionar el estrés y reducir los síntomas relacionados con la salud mental, incluidas intervenciones psicosociales y oportunidades de actividad física recreativa.

Apoyo a los trabajadores con problemas de salud mental para que participen y prosperen en el trabajo

Las personas que viven con problemas de salud mental tienen derecho a participar en el trabajo de forma plena y equitativa. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad proporciona un acuerdo internacional para promover los derechos de las personas con discapacidad (incluida la discapacidad psicosocial), también en el entorno laboral. La OMS recomienda tres intervenciones para apoyar a las personas con problemas de salud mental que quieren obtener y mantener un trabajo y participar en él, a saber:

Los ajustes razonables en el trabajo adaptan los entornos de trabajo a las capacidades, necesidades y preferencias de los trabajadores con problemas de salud mental, y pueden consistir en facilitar a determinados trabajadores horarios flexibles, tiempo adicional para completar las tareas, asignaciones modificadas a fin de reducir el estrés, tiempo libre para citas de salud, o reuniones regulares de apoyo con los supervisores.

Los programas de reincorporación al trabajo combinan la atención dirigida al trabajo (por ejemplo, mediante ajustes razonables o el regreso gradual) con la atención clínica continua para apoyar la reincorporación significativa después de una ausencia relacionada con problemas de salud mental, y al mismo tiempo reducen los síntomas de trastorno mental.

Las iniciativas de empleo con apoyo ayudan a las personas con graves problemas de salud mental a obtener trabajo remunerado y mantenerse empleadas mediante un apoyo continuo en materia profesional y de salud mental.

Creación de un entorno propicio al cambio

El liderazgo y el compromiso con la salud mental en el trabajo, por ejemplo a través de la integración de la salud mental en las políticas laborales pertinentes.

La inversión de fondos y recursos suficientes, por ejemplo estableciendo presupuestos específicos para las medidas destinadas a mejorar la salud mental en el trabajo, y poniendo los servicios de salud mental y empleo a disposición de las empresas con menos recursos.

El derecho a participar en el trabajo, por ejemplo armonizando las leyes y reglamentos laborales con los instrumentos internacionales de derechos humanos e implementando políticas de no discriminación en el trabajo.

La integración de la salud mental en el trabajo en todos los sectores, por ejemplo incorporándola a los sistemas existentes de seguridad y salud ocupacionales.

La participación de los trabajadores en la adopción de decisiones, por ejemplo mediante la celebración de consultas significativas y oportunas con los trabajadores, sus representantes y las personas que han tenido experiencia directa con problemas de salud mental.

Las pruebas sobre los riesgos psicosociales y la efectividad de las intervenciones, por ejemplo comprobando que todas las orientaciones y medidas en materia de salud mental en el trabajo se han basado en los datos probatorios más recientes.

El cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las recomendaciones, por ejemplo integrando la salud mental en el ámbito de responsabilidades de las inspecciones nacionales del trabajo y otros mecanismos de cumplimiento.

Tanto gobiernos como empleadores, en consulta con las principales partes interesadas, pueden ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo estableciendo un entorno propicio al cambio. En la práctica, esto significa fortalecer los siguientes elementos:

Respuesta de la OMS

La OMS está decidida a mejorar la salud mental en el trabajo. El Proyecto de e strategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio climático y el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 de la OMS ponen de relieve los principios, los objetivos y las estrategias de implementación relevantes para permitir una buena salud mental en el lugar de trabajo, lo que incluye, en particular, responder a determinantes sociales de la salud mental tales como las condiciones de vida y de trabajo, la reducción de la estigmatización y la discriminación, y el aumento del acceso a una atención basada en datos probatorios mediante el desarrollo de servicios de salud, incluido el acceso a los servicios de salud ocupacional. En 2022, elInforme mundial sobre salud mundial: Transformar la salud mental para todos, publicado por la OMS, destacó el lugar de trabajo como ejemplo clave de un entorno en el que se necesitan medidas que transformen la situación de la salud mental.

1. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2022. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2022 (https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/WCMS_848464/lang--es/index.htm, consultado el 26 de agosto de 2022)

2. Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico. Tercera Edición Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2018 (https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_635149/lang--es/index.htm, consultado el 26 de agosto de 2022).

Las Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo proporcionan recomendaciones basadas en datos probatorios para promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y permitir que las personas que viven con esos problemas participen y prosperen en el trabajo. Las recomendaciones abarcan intervenciones institucionales, la capacitación de los gestores y trabajadores, las intervenciones caso por caso, la reincorporación al trabajo y la obtención de empleo. La reseña normativa que acompaña a esta publicación,Mental health at work: policy brief, elaborada por la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), proporciona un marco pragmático para la aplicación de las recomendaciones formuladas por la OMS. Establece específicamente lo que gobiernos, empleadores, organizaciones que representan a los empleadores y trabajadores, y demás partes interesadas, pueden llevar a cabo con el fin de mejorar la salud mental en el trabajo.

Referencias

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En 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental. Hay medidas efectivas que pueden prevenir los riesgos de salud mental en el trabajo, proteger y promover la salud mental en el trabajo y apoyar a los trabajadores con trastornos mentales.

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Un porcentaje no menor de personas mayores continúa ligado al mercado laboral a pesar de haber superado el límite establecido de la edad de jubilación. En América Latina, este tema cobró relevancia en el debate a partir de dos perspectivas: el enfoque de derechos, que llevó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a nombrar una Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, que ha analizado, entre otros aspectos, el acceso al derecho al trabajo y a la protección social (Naciones Unidas, 2016); y el análisis de los acelerados procesos de envejecimiento que se están registrando en muchos países de la región y su impacto en los mercados laborales y los sistemas de protección social.[1]

Los motivos de una mayor permanencia o (re)inserción de las personas mayores son variados y pueden diferenciarse entre subgrupos etarios y entre países con mercados laborales y sistemas de jubilación de diferentes niveles de desarrollo y los cambios correspondientes. Entre las causas que influyen en la participación de las personas mayores en el mercado laboral se pueden destacar las siguientes:

La falta de ingresos de las personas mayores, en el contexto de la menor presencia de hogares multigeneracionales y la debilidad de los sistemas de pensiones, puede obligarlas a seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación para generar ingresos para su subsistencia.

Las tendencias de envejecimiento pueden tener consecuencias en los mercados laborales -entre ellas la escasez de oferta laboral- y en los sistemas de pensiones, cuya sostenibilidad puede peligrar. Esto vale tanto para los sistemas de solidaridad intergeneracional como para los sistemas de ahorro individual y puede fomentar el diseño de medidas que incentiven o, como en el caso del aumento de la edad legal de jubilación, impongan una actividad laboral más extendida.

Los mejores niveles de salud, el interés en el contenido y los aspectos sociales y económicos del trabajo y la expectativa de una vida más larga pueden estimular el interés de las personas mayores en seguir vinculadas con el mercado laboral.

Específicamente, la evolución de la participación laboral de las mujeres de 60 años y más debe considerarse en el contexto del incremento gradual de la inserción de las mujeres en general en los mercados de trabajo, que determinaría una reducción de las brechas de participación y ocupación entre hombres y mujeres en todos los grupos etarios. Además, pueden influir aspectos como la mayor esperanza de vida de las mujeres y los niveles correspondientes de viudez, en un contexto de baja autonomía económica de muchas mujeres mayores.

La situación en algunos países de América Latina:

A continuación, se presentan algunos resultados de un procesamiento especial de las encuestas de hogares de ocho países latinoamericanos sobre la inserción laboral de las personas mayores (60 años y más )[2].

Del cuadro 1 se desprende que entre 2002 y 2016, la tasa de ocupación del conjunto de personas mayores de 60 años y más registra un leve aumento (de 34,2% a 35,4%). Este incremento se debe a la creciente inserción laboral de las mujeres, mientras que la tasa de ocupación de los hombres disminuyó levemente. Sin embargo, en 2016 la tasa de los hombres duplicaba con creces la de las mujeres. Estas tendencias opuestas pueden estar relacionadas con el aumento de la proporción de jefas de hogar entre las mujeres mayores, mientras que esta proporción tiende a disminuir entre los hombres mayores (CEPAL, 2017, pág. 40).
Cuadro 1: América Latina (países seleccionados): tasas de ocupación por sexo y grupo de edad, alrededor de 2002, 2012 y 2016 (En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2018.

Como era de esperar, las tasas de ocupación disminuyen con la edad, y las variaciones en el agregado que se observan en el cuadro 1 obedecen al considerable aumento de la tasa en el grupo de 60 a 64 años para ambos sexos, si bien mucho más marcado para las mujeres. El fuerte aumento de la tasa de ocupación de hombres y mujeres en este grupo etario debe analizarse en el marco del crecimiento de la ocupación que caracterizó a la región entre 2004 e inicios de la década de 2010, pues este grupo etario es el más estrechamente vinculado con el mercado laboral.

En contraste, la tasa de ocupación del grupo de 65 a 69 años aumentó solo levemente, como resultado de una modesta reducción de la tasa de los hombres y un aumento algo mayor de la tasa de las mujeres. Por último, la tasa de ocupación correspondiente al grupo de 70 años y más disminuyó como resultado de la contracción de la tasa de los hombres y el estancamiento de la tasa de las mujeres.

Un segundo fenómeno que se observa en el período examinado, es el aumento en la proporción de personas mayores que cobran pensiones provenientes de sistemas contributivos como resultado de una dinámica generación de empleo formal y políticas de formalización laboral. Esta cobertura se incrementó en el promedio de los ocho países, tanto para los hombres (del 41,6% en 2002 al 43,8% en 2016) como -en mayor magnitud- para las mujeres (del 29,1% al 37,1%). El aumento de la cobertura de pensiones se concentró en las personas mayores de 65 años y más, con aumentos de entre 8 y 10 puntos porcentuales entre las mujeres y de alrededor de 4 puntos entre los hombres.
Gráfico 1: América Latina (países seleccionados): proporción de personas mayores que perciben una pensión contributiva y tasa de ocupación, 60 años o más, por sexo, alrededor de 2016 60 años o más Hombres, 60 años o más Mujeres, 60 años o más (En porcentajes)
Al comparar los países según la tasa de ocupación de las personas mayores y la cobertura de los sistemas de pensiones contributivas, se observa una clara relación negativa, lo que confirma los resultados a nivel global (Scheil-Adlung, 2013). Este resultado subraya la predominancia en la región del primer grupo de motivaciones para la inserción laboral de las personas mayores mencionado en la introducción, a saber, la falta de otras fuentes de ingresos, especialmente de pensiones, que obliga a muchas de ellas -probablemente en la mayoría de los casos en contra de sus preferencias- a trabajar más allá de la edad legal de jubilación.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2018.

Al analizar esta relación por separado para hombres y mujeres se observa que se mantiene negativa para ambos sexos. Sin embargo, la relación es sumamente estrecha para los hombres, mientras que en el caso de las mujeres hay una dispersión mayor. Esto indica que entre las personas mayores persiste la pauta cultural del proveedor hombre que, aun en la vejez, estaría a cargo de asegurar la subsistencia de los miembros del hogar. También entre las mujeres se observa esta correlación negativa y la falta de ingresos por jubilación obliga igualmente a muchas de ellas a seguir trabajando en edad avanzada, fenómeno que podría relacionarse con la creciente proporción de jefas de hogar entre las mujeres mayores.

Si bien, en la comparación entre los países se registra una fuerte correlación negativa entre la cobertura de pensiones y la tasa de ocupación, esto no significa que el acceso a una pensión necesariamente conlleva la salida de la fuerza de trabajo. En efecto, la proporción de hombres y mujeres que trabajan a pesar de percibir una pensión no ha disminuido en el tiempo e incluso aumentó levemente (de 6,7% a 7,2%). Esto puede deberse, básicamente, a dos situaciones: la primera tendría que ver con el monto de las pensiones, que puede ser insuficiente para la subsistencia del hogar, de manera que las personas necesitan generar ingresos adicionales por medio del trabajo remunerado; la segunda, que se verá más adelante, puede estar relacionada con las preferencias de las personas mayores.
Cuadro 2: América Latina (países seleccionados): tasas de ocupación y de percepción de una pensión entre las personas mayores, según años de estudio, sexo y situación jubilatoria, alrededor de 2016 (En porcentajes)
A raíz de las tendencias resumidas hasta ahora, se redujo la proporción de personas mayores que no trabajan ni perciben una pensión de 37,6% en 2002 a 31,7% en 2016. Sin embargo, alrededor de 2016, la proporción de este segmento especialmente vulnerable sigue siendo alta, sobre todo, para las mujeres (44,3%). Esto es obviamente resultado de la desigualdad de género con respecto a la división del trabajo, que excluye a una gran proporción de mujeres del mercado laboral, en particular del empleo formal que les permitiría acceder a una pensión basada en un sistema contributivo. De esta manera, la desigualdad que caracteriza la edad activa se reproduce en la edad de jubilación.

En el cuadro 2 se muestran la tasa de ocupación y la tasa de percepción de una pensión de las personas mayores según su nivel educativo. Estos datos indican que el segundo grupo de motivaciones para la actividad laboral de las personas mayores (el interés personal en una vida activa), también es relevante para la inserción laboral de dicho grupo etario. Allí se observa -en cierto sentido contrario a la correlación negativa establecida a nivel agregado entre el acceso a una pensión y la inserción laboral- que entre las personas mayores las con mayor nivel de estudios (13 años y más) cuentan con la mayor proporción que perciben una pensión (el 61,5% de las personas de 60 años y más en 2016, en comparación con el 35,6%-49% para los otros grupos educativos) y a la vez tienen la tasa de ocupación más alta (el 41,4% en comparación con el 33,4%-38,7% para los otros grupos educativos).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2018).

Nota: TO= tasa de ocupación, TPP= tasa de percepción de una pensión.

El hecho de que los máximos valores para ambos indicadores coincidan en el grupo con niveles educativos más elevados, mostraría la presencia de un segmento (minoritario en el conjunto de las personas mayores que trabajan) en que la motivación para trabajar a edad avanzada se relaciona más con las preferencias, que con las necesidades de esas personas.
Cuadro 3: América Latina (países seleccionados): personas mayores (60 años y más) ocupadas, según categoría de ocupación, por sexo, 2002, 2012 y 2016 (En porcentajes)
Por último, la tasa de desempleo abierto de las personas mayores suele ser relativamente baja. Por ejemplo, en el último trimestre de 2017, la tasa de desocupación en Chile fue del 6,4% (6% para los hombres, 6,8% para las mujeres). En contraste, la tasa de desempleo abierto de las personas de 60 años y más fue del 2,7% (3% para los hombres, 2,1% para las mujeres)[3]. A este bajo nivel contribuirían los siguientes factores:

Las personas mayores que tienen una inserción laboral involuntaria necesitan ingresos laborales y no pueden darse el lujo de quedar desempleadas.

Entre los adultos ocupados, la agricultura está sobrerrepresentada y en esta rama de actividad la tasa de cesantía habitualmente está por debajo del promedio.

Muchas de las personas mayores que trabajan por preferencia más que por necesidad tienen su propio proyecto económico o trabajan a partir de una oportunidad que se les ofrece, más que después de una búsqueda de empleo.

En comparación con el conjunto de los ocupados, entre las personas mayores destaca la mayor proporción de empleadores y trabajadores por cuenta propia (véase el cuadro 3). En contraste, la proporción de asalariados es menor que entre los ocupados en su conjunto y disminuye gradualmente con la edad.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de encuestas de hogares de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y el Perú.

En términos generales, la elevada proporción del empleo independiente en este grupo de edad estaría relacionada con dos situaciones generales: en primer lugar, la preferencia de los empleadores por personas más jóvenes puede excluir a las personas mayores del empleo asalariado y, en segundo lugar, las personas mayores pueden preferir un trabajo independiente y aprovechar las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida laboral. En el primer caso, la inserción se caracterizaría por condiciones laborales precarias, mientras que en el segundo no necesariamente es así.

Además, en vista de que los sistemas de pensiones contributivas suelen diseñarse en relación con empleos formales y que estos se centran en las zonas urbanas, se puede suponer que existe una relación significativa con la estructura productiva y, específicamente, con el peso del empleo agropecuario. En el promedio de 17 países latinoamericanos, a inicios de la década actual, el 11% de los ocupados en el sector agropecuario tenían 65 años o más de edad, en marcado contraste con las otras ramas de actividad, donde esta proporción oscilaba entre el 1,5% en el sector de electricidad, gas y agua y el 5,1% en el comercio (Weller, 2016).

En consecuencia, el 41,2% de las personas mayores ocupadas de 65 años o más de edad trabajan en el sector agropecuario. Esta permanencia productiva de las personas mayores del sector agropecuario refleja la falta de fuentes de ingreso alternativas a causa de la debilidad de los sistemas de pensiones en las zonas rurales, sobre todo para los trabajadores agropecuarios. También se debe a las características específicas de la economía campesina y la falta de mecanismos de transición intergeneracional en el manejo de las fincas. En consecuencia, el mencionado peso relativo de la agricultura en el trabajo de las personas mayores está relacionado con la marcada presencia de empleadores y trabajadores por cuenta propia en este sector.

En resumen, en América Latina la falta de una pensión surge como factor principal para la inserción laboral de las personas mayores, ilustrado por una correlación negativa muy marcada entre la proporción de personas mayores con acceso a una jubilación y la tasa de ocupación de este grupo etario. Por otra parte, si bien entre 2002 y 2016 aumentó la proporción de personas mayores que perciben una pensión de un sistema contributivo, la tasa de ocupación de este grupo etario no bajó sino aumentó levemente, incluso entre las personas que perciben una pensión. Esto reflejaría, por un lado, los bajos montos de muchas pensiones y, por el otro, sobre todo entre personas de mayor nivel educativo, la preferencia de mantenerse económicamente activas (para seguir haciendo una contribución productiva, mantener relaciones sociales, plantearse objetivos específicos, entre otras cosas). Los aumentos de la tasa de ocupación y de la cobertura de las pensiones contributivas incidieron en una reducción de las personas mayores sin ingreso de ninguna de estas dos fuentes. Sin embargo, sobre todo entre las mujeres, la proporción de personas sin ingresos se mantiene elevada. La futura evolución de la inserción laboral de las personas mayores, se verá influida por los desafíos en la construcción de sistemas de pensiones con montos dignos -en un contexto de acelerado envejecimiento- y las opciones de combinación de trabajo remunerado y pensión para la inserción laboral voluntaria.

Bibliografía

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), Derechos de las personas mayores: retos para la interdependencia y autonomía (LC/CRE.4/3/Rev.1), Santiago, octubre.

Naciones Unidas (2016), Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. Nota de la Secretaría (A/HRC/33/44), Nueva York, julio.

Scheil-Adlung, X. (2013), "Older workers: how does ill health affect work and income?", Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Weller, J. (ed.) (2016), Brechas y transformaciones: la evolución del empleo agropecuario en América Latina, Libros de la CEPAL, N° 141 (LC/G.2695-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre.

[1] Este texto se basa en CEPAL y OIT, 2018, La inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones. Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, núm.18, mayo.

[2] Los países cubiertos son: Argentina, a nivel urbano, y Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, a nivel nacional. Estos países representan el 80,7% de la población de América Latina con 60 años y más.

[3] Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), "Encuesta Nacional de Empleo, ENE" [base de datos en línea] http://www.ine.cl/estadisticas/laborales/ene?categoria=Situaci%C3%B3n%20de%20Fuerza%20de%20Trabajo. .

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La inserción laboral de las personas mayores en América Latina

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas para coordinar y contribuir al desarrollo económico de la región.

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Mecanismo de Protección al Cesante - Ministerio del trabajo

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PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PRINCIPIO DE IGUALDAD REGIMEN DE PROTECCION AL DESEMPLEADO Es deber del Estado Social de Derecho proveer un empleo a las personas que estén en capacidad de laborar, y a aquellas que han perdido su trabajo otorgar un seguro contra el desempleo, así como la capacitación para acceder a nuevas fuentes de trabajo. En este sentido, el artículo 54 de la Constitución establece la obligación del Estado de ofrecer formación y habilitación profesional a quienes lo requieran y propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Así mismo, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución, el Estado tiene a su cargo la dirección general de la economía, y el deber de intervenir con el fin de dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar el acceso efectivo de todas las personas, en particular de aquellas de menores ingresos, a los bienes y servicios básicos.
SUBSIDIO DE DESEMPLEO -Diferenciación que estableció la Ley 789/02

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD -Vulneración al establecerse tratamiento diferenciado
A la luz del principio de universalidad que inspira el derecho a la seguridad social, y siendo la situación de desempleo un riesgo que debe amparar el Estado Social de Derecho, el subsidio al desempleo debe asignarse en las mismas condiciones a las personas que tengan la calidad de desempleados, con el fin de garantizar un mínimo de derechos en un plano de igualdad. El tratamiento diferenciado, en cuanto a la prelación en la asignación y el pago de los subsidios, en función de la existencia o no de un vínculo anterior con una caja de compensación familiar, o de la condición de artista, deportista o escritor, desconoce el principio de universalidad que inspira el derecho a la seguridad social. En cuanto a la razonabilidad del trato diferenciado es posible señalar que la prestación efectiva de uno de los componentes del núcleo esencial del derecho a la seguridad social, como es la protección al empleo, no puede realizarse en detrimento de uno de los principios del Estado Social de Derecho, la igualdad material. Por consiguiente la protección al empleo que desconoce este principio, de conformidad con lo expuesto, no reviste la proporcionalidad necesaria para que la diferenciación establecida sea considerada como no discriminatoria.
Referencia: expediente T-997933

Acción de tutela instaurada por Pablo Emilio Ossa Serna contra la Caja de Compensación Familiar de Antioquia - COMFAMA.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil cinco (2005).

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados ALFREDO BELTRÁN SIERRA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, procede a dictar la siguiente
SENTENCIA
que pone fin al trámite de revisión del fallo proferido por el Juzgado Once (11) Civil Municipal de Medellín, el trece (13) de septiembre de dos mil cuatro (2004), dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pablo Emilio Ossa Serna contra la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, COMFAMA.
I. ANTECEDENTES.
El señor Pablo Emilio Ossa Serna, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Caja de Compensación Familiar de Antioquia - COMFAMA, solicitando al juez constitucional el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, con base en los siguientes hechos:

El día 30 de septiembre de 2003, el accionante radicó ante la caja de Compensación Familiar de Antioquia - COMFAMA, el formulario único de postulación para acceder al subsidio de desempleo. Verificada la información aportada, y realizados los cruces de información correspondientes, COMFAMA constató el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante para postular al subsidio al desempleo, en condición de desempleado sin vinculación anterior a una Caja de Compensación Familiar.

Sostiene el accionante que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, COMFAMA había realizado entregas del Subsidio de desempleo a once (11) listas de postulantes, que para entonces habían cumplido con los requisitos de ley para la obtención del mismo, sin que hasta tal momento el subsidio en cuestión le hubiese sido otorgado, no obstante que, según afirma, cumplía con los requisitos para tal efecto.

Mediante petición de mayo cinco (5) de dos mil cuatro (2004), radicada ante COMFAMA bajo el número 637627, el accionante solicita información con respecto a la omisión en el pago del subsidio solicitado. Tal solicitud fue absuelta por la Entidad accionada, mediante comunicación suscrita el catorce (14) de mayo de dos mil cuatro (2004), en la cual COMFAMA manifiesta: "De acuerdo con la asignación presupuestal definida por la ley 789 de 2002 subsidio al desempleo, solo un cinco por ciento (5%) de estos dineros, pueden destinarse a cubrir la demanda de los solicitantes inscritos en la modalidad anotada. En consecuencia, podrá acceder a éste subsidio al desempleo mientras mantenga su condición de desempleado, en la medida en que se asignen a las personas que se encuentran en la lista de espera, anteriores a su solicitud. A la fecha hay 380 postulantes con fecha de radicación del formulario anterior al suyo."

Así, pues, considera el accionante que la Caja de Compensación Familiar de Antioquia ha vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, toda vez que la partida asignada para los subsidios de desempleo, destinados a aquellos desempleados sin vinculación anterior a una Caja de compensación familiar, según le ha informado COMFAMA, es del cinco por ciento (5%) del total del fondo para el fomento del empleo y la protección al desempleo. Al respecto sostiene en su demanda que: "[s]e han hecho entrega de 11 listas de postulantes a dicho subsidio, y cada mes que voy a revisar dicho resultado, me dicen en dicha oficina, que hay que esperar, porque dicho subsidio no se me ha negado, pero que primero se cancelan los subsidios a las personas que estaban afiliadas a Comfama, y que si alcanza, es para las personas que no estaban afiliadas o sea de un 5% de un 100%, entonces es acá donde sigo reclamando el derecho a la igualdad, porque en este evento no hay igualdad alguna."

Así las cosas, solicita el demandante que, en aras de amparar los derechos invocados en la demanda, se le ordene a COMFAMA proceder a cancelarle el subsidio de desempleo con retroactividad a la fecha de aprobación del mismo.

COMFAMA, a través de apoderado, intervino en defensa de su actuación, considerando que las gestiones adelantadas no vulneran el derecho a la igualdad del accionante, y que las mismas se ajustan a lo previsto por la ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo del trabajo", y por los correspondientes decretos reglamentarios.

Manifiesta que el artículo 6 de la ley 789 de 2002, estableció la obligación para las Cajas de Compensación Familiar de crear un fondo para fomento del empleo y protección al desempleo.

En ese sentido, argumenta que el subsidio de desempleo solicitado por el accionante se enmarca dentro de los parámetros establecidos por el artículo 11 de la aludida ley, el cual estableció el régimen de apoyo para desempleados sin vinculación anterior a Cajas de Compensación Familiar, y otorga prioridad en la asignación de los subsidios referidos a artistas, escritores y deportistas. La misma disposición establece que los recursos destinados a otorgar subsidios a aquellos desempleados que se encuentren dentro de las condiciones descritas por ella, corresponden al cinco por ciento (5%) del fondo para el fomento del empleo y la protección al desempleo.

En sustento de su defensa, trae a colación la norma contenida en el numeral 2º, artículo 3º, del decreto reglamentario 827 de 2003, según la cual: "para atender la obligación prevista en el artículo 11 de la ley 789 de 2002, relacionada con el pago de aportes a salud y/o bonos alimenticios y/o educación, deberá apropiarse una unidad de pago por capitación equivalente a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada desempleado sin vinculación anterior a la Caja de Compensación y con derecho al subsidio, hasta agotar el cinco por ciento (5%) del Fondo(...) Parágrafo: Las Cajas de Compensación deberán controlar la correcta distribución de los recursos conforme con lo aquí dispuesto e incorporar plenamente este comportamiento en el sistema de información que les corresponde desarrollar."

A renglón seguido, invoca la disposición del parágrafo 3º, artículo 13, del decreto 2340 de 2003, que establece: "Las Cajas de Compensación Familiar deberán priorizar las solicitudes para otorgamiento del subsidio presentadas por los jefes cabeza de hogar que adicionalmente acrediten la condición de artistas, escritores o deportistas, en estricto orden y con base en la fecha de presentación de la solicitud de desempleado ante la Caja de Compensación Familiar (...)"

Así las cosas, concluye la accionada: " Ahora bien, no hay lugar a predicar un desconocimiento del derecho a la igualdad ya que este principio hay que analizarse (sic) de conformidad con aquellos aspectos que puedan definir una equivalencia, por ejemplo con aquellos que han presentado solicitud en la misma fecha del señor Ossa Serna y que no tienen la calidad de artistas, deportistas o escritores. Esta característica especial que les da derecho a recibir el subsidio al desempleo a algunas personas que también hayan presentado su solicitud en la misma fecha, no es una diferencia que la Caja haya establecido. Como se anotó, es la misma ley la que les concedió la prioridad a los artistas, deportistas y escritores frente a los demás desempleados que no tienen esta condición (...) En ningún caso se le ha negado el subsidio al desempleo al accionante ni se les ha entregado subsidios a personas que bajo las mismas condiciones del señor Ossa Serna, han presentado su solicitud en la misma fecha o con posterioridad a ella. En la medida en que la Caja ha hecho las apropiaciones mensuales para el FONEDE y cuenta con los recursos para la entrega del subsidio al desempleo para desempleados sin vinculación a la Caja, le ha venido entregando los bonos correspondientes, a aquellas personas que tienen prioridad legal y los que están de primeros en el orden de llegada. "

En consecuencia, la entidad demandada solicita al juez de tutela denegar el amparo solicitado, considerando que el derecho invocado, en su concepto, no ha sido vulnerado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia.

1. A folio 5, oficio de respuesta a la petición formulada por el accionante ante COMFAMA, suscrito el 14 de mayo de 2004. Consecutivo 175-350872.

2. A folio 6, constancia de recepción del formulario único de postulación al Subsidio de Desempleo. Número de radicación 27566.

3. A folio 20, relación del estado de asignación de subsidios a postulantes sin vinculación anterior a una caja de compensación familiar, suscrito por el contador de COMFAMA. Período 31/10/03 - 31/07/04.

4. A folios 28 al 32, comunicación datada el 14 de enero 2005, consecutivo 122-372728, mediante la cual COMFAMA absuelve los interrogantes planteados por esta Corporación, vía correo electrónico. Anexos: (i) Copia de la información relacionada en la intranet de COMFAMA, con respecto al estado de la asignación del subsidio de desempleo solicitado por el accionante, con fecha diciembre 22 de 2004; (ii) copia del comprobante de pago del bono de alimentos, redimido en el supermercado Villa Hermosa, el 28 de diciembre de 2004. Bono. No. 84715.

II. DECISION OBJETO DE REVISIÓN.

Mediante providencia de septiembre 13 de 2004, la Juez Once Civil Municipal de Medellín resolvió no conceder la tutela al derecho fundamental a la igualdad del demandante, considerando que las actuaciones llevadas a cabo por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con ocasión de la solicitud del subsidio de desempleo por parte del demandante, se ajustaron a las previsiones legales y reglamentarias para tal efecto. Al respecto, manifiesta el a-quo: "Como se puede ver, la accionada ha dado cabal cumplimiento a las normas y reglamentos expedidos por el gobierno Nacional, relacionados con el trámite y entrega de los subsidios del desempleo (...) La demora en el subsidio de desempleo, no solo está en mora de recibir el tutelante, sino que existe un número de personas que se encuentran delante de él en la entrega de la documentación y que se encuentran en iguales condiciones, como bien lo afirma la tutelada (...) [s]e ha dado cabal cumplimiento al orden riguroso del turno que le corresponde, sin que haya discriminación, salvo los beneficiados que tengan prioridad, según las normas; pues tanto derecho tiene el tutelante como todos los demás beneficiarios como antes se anotó y por ellos se denegará la misma. "

En tal sentido, considera el ad-quo que no hubo vulneración alguna al derecho fundamental a la igualdad del accionante.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. 1. Competencia.
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 - 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes.
2. Problema jurídico objeto de estudio.
De conformidad con la situación fáctica planteada, deberá esta Sala de Revisión elucidar si de la actuación adelantada por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia - COMFAMA, dentro del proceso de asignación del subsidio de desempleo al señor Pablo Emilio Ossa Serna, se colige o no la afectación al derecho invocado por el accionante, teniendo en cuenta que la ley 789 de 2002 ha establecido una diferenciación entre el régimen de apoyo para desempleados con vinculación anterior a cajas de compensación familiar, y el régimen aplicable para aquellos sin vinculación previa.

Para tal efecto la Sala hará unas consideraciones generales sobre el principio de igualdad y a continuación analizará el caso concreto.
3. Del principio de igualdad.
3.1.De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

La misma norma establece que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

3.2.Si bien de la norma constitucional se infiere que, por regla general, los ciudadanos se encuentran en un plano de igualdad; excepcionalmente es factible otorgar un tratamiento diferenciado a realidades fácticas esencialmente diversas. No obstante, el trato diferenciado que eventualmente se confiera deberá contar con una carga argumentativa tendiente a demostrar la objetividad y razonabilidad del trato desigual. En ausencia de tal justificación se configura un trato discriminatorio, ajeno a los principios establecidos por la Constitución Política.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido:
" (...) pueden existir tratamientos diferenciales entre personas o grupos de personas, pero su compatibilidad con la Constitución dependerá de su grado de fundamentación. Así, cuando un criterio es utilizado para dar tratamientos distintos pero no obedece a razones constitucionalmente válidas, la medida deja de ser un supuesto del derecho a la igualdad y pasa a convertirse en todo lo contrario: un acto discriminatorio."
Ahora bien, la fundamentación tiene como objeto exponer los elementos discursivos en relación con la objetividad, necesidad, razonabilidad y relevancia del criterio utilizado para establecer un tratamiento desigual. En este sentido, y con el fin de determinar la conformidad del trato diferenciado a la Constitución, la Corte Constitucional ha aplicado el principio de razonabilidad así:
"Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual y la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio de diferenciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de razonabilidad y que intentan determinar: a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución. c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.
El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior. El primer paso no reviste mayor dificultad, como quiera que puede llevarse a cabo a partir del solo examen de los hechos sometidos a la decisión del juez constitucional; se trata únicamente de la determinación del fin buscado por el trato desigual. El segundo paso, por el contrario, requiere una confrontación de los hechos con el texto constitucional, para establecer la validez del fin a la luz de los valores, principios y derechos consignados en éste. Si el trato desigual persigue un objetivo, y éste es constitucionalmente válido, el juez constitucional debe proceder al último paso del test, que examina la razonabilidad del trato diferenciado. Este es el punto más complejo de la evaluación, y su comprensión y aplicación satisfactoria dependen de un análisis (descomposición en partes) de su contenido." (...)
"El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes."
4. Caso concreto. Improcedencia de la tutela por carencia actual de objeto.

4.1.En el asunto sub lite, el señor Pablo Emilio Ossa Serna asevera que la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, COMFAMA, ha vulnerado su derecho a la igualdad, habida cuenta que, a la fecha de presentación de la acción, el subsidio al desempleo solicitado por el accionante no había sido cancelado por COMFAMA, en consideración al porcentaje de los recursos del FONEDE - fondo para apoyo del empleo y protección al desempleado - destinados para los diferentes regímenes de apoyo al desempleado, así como las prioridades que la ley establece en la asignación de los mismos.

4.2.Uno de los pilares del Estado Social de Derecho es la consagración del principio de igualdad material, es decir, de igualdad real y efectiva. Ello se traduce en un mandato tendiente a paliar o eliminar las condiciones de inequidad y marginación de las personas o los grupos sociales y lograr unas condiciones de vida acordes con la dignidad del ser humano y un orden político, económico y social justo.

En este sentido, el Art. 13, inciso 2º, de la Constitución, establece a cargo del Estado la (i) obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, (ii) adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y (iii) proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

4.3.En concordancia con este principio, el artículo 48 ejusdem establece los lineamientos generales del derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Dentro de estos parámetros se enmarca el régimen de protección al desempleado y los subsidios que éste establece, tendientes a garantizar un mínimo de derechos de aplicación inmediata.

Cabe anotar que es deber del Estado Social de Derecho proveer un empleo a las personas que estén en capacidad de laborar, y a aquellas que han perdido su trabajo otorgar un seguro contra el desempleo, así como la capacitación para acceder a nuevas fuentes de trabajo. En este sentido, el artículo 54 de la Constitución establece la obligación del Estado de ofrecer formación y habilitación profesional a quienes lo requieran y propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.

Así mismo, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución, el Estado tiene a su cargo la dirección general de la economía, y el deber de intervenir con el fin de dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar el acceso efectivo de todas las personas, en particular de aquellas de menores ingresos, a los bienes y servicios básicos.

En este orden de ideas, dada la incapacidad actual del aparato estatal de proveer empleo a los gobernados, el subsidio de desempleo se configura como un componente del sistema de seguridad social, lo cual implica, en el Estado Social de Derecho, la protección al individuo desde la cuna hasta la tumba, y, mientras esté en capacidad de laborar y no tenga trabajo, el derecho a un seguro contra el desempleo y la capacitación para nuevos empleos.

4.5.Si bien el objetivo perseguido con la asignación de subsidios de desempleo es constitucionalmente legítimo, toda vez que se inscribe en la realización del mandato contenido en el artículo 48 de la Constitución, tendiente a hacer realidad el compromiso del Estado Social de Derecho de reconocerles a las personas desempleadas un mínimo de derechos, tal asignación no satisface los requisitos jurisprudenciales para ser conforme al principio de igualdad.

En ese sentido, es de anotar que si bien dicha medida representa un alivio para una parte de las personas que han perdido su empleo, ella no se revela como una medida necesaria e indispensable para la consecución de tal fin, en cuanto existen otros medios que permiten lograr éste sin afectar principios constitucionales como el de la igualdad.

A la luz del principio de universalidad que inspira el derecho a la seguridad social, y siendo la situación de desempleo un riesgo que debe amparar el Estado Social de Derecho, el subsidio al desempleo debe asignarse en las mismas condiciones a las personas que tengan la calidad de desempleados, con el fin de garantizar un mínimo de derechos en un plano de igualdad. El tratamiento diferenciado, en cuanto a la prelación en la asignación y el pago de los subsidios, en función de la existencia o no de un vínculo anterior con una caja de compensación familiar, o de la condición de artista, deportista o escritor, desconoce el principio de universalidad que inspira el derecho a la seguridad social.

En cuanto a la razonabilidad del trato diferenciado es posible señalar que la prestación efectiva de uno de los componentes del núcleo esencial del derecho a la seguridad social, como es la protección al empleo, no puede realizarse en detrimento de uno de los principios del Estado Social de Derecho, la igualdad material. Por consiguiente la protección al empleo que desconoce este principio, de conformidad con lo expuesto, no reviste la proporcionalidad necesaria para que la diferenciación establecida sea considerada como no discriminatoria.

4.7. Ahora bien, de conformidad con el informe remitido a esta Corporación por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (folios 28 al 32), el día 17 de enero de 2005, se observa que los motivos por los cuales el señor Pablo Emilio Ossa Serna instauró la acción de tutela han desaparecido. En efecto, se puede constatar que COMFAMA pagó al accionante el subsidio solicitado, el día 22 de diciembre de 2004.

Habiendo sido satisfecha la pretensión que buscaba amparar el derecho vulnerado, esta Corporación, en consecuencia, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, al haber desaparecido el hecho perturbador que suscitó la acción.

IV. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Civil Municipal de Medellín, de fecha 13 de septiembre de 2004, por la cual denegó la protección solicitada por el Señor Pablo Emilio Ossa Serna, dentro del trámite de la acción instaurada contra la Caja de Compensación Familiar de Antioquia - COMFAMA.

Segundo. DECLARAR la carencia actual de objeto, por existir un hecho superado.

Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado Ponente

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

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¿Que mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática ?

En definitiva, las cajas de compensación han trasformado su participación en el desarrollo del mecanismo de protección al cesante. En la primera versión contribuían con recursos de importancia y sólo con la administración del fondo solidario. En la segunda versión, los recursos que brinda son los que ya contemplaba la ley 789 de 2002 para la protección de los desempleados, y su papel es transversal en toda la operación del mecanismo de protección al cesante.