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La lucha de los campesinos e indígenas mexicanos por la tierra.

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La lucha de los campesinos e indígenas mexicanos por la tierra.

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Una historia construida en oleadas revolucionarias, rebeliones y resistencias múltiples que, bajo el marco del capitalismo en México, lograron que en una prolongada reforma agraria, de más de 77 años, se repartiera en propiedad social más de la mitad del territorio nacional a favor de ejidatarios y comuneros, con lo cual se terminaba el régimen de las haciendas mexicanas dominante durante siglos. También analizamos una historia reciente, la de la resistencia y lucha contra las políticas neoliberales en un ambiente adverso para los campesinos e indígenas impuesto por la llamada globalización económica.

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Los sujetos sociales y la estructura agraria en el México.

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Los sujetos sociales y la estructura agraria en el México.

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Representan una persistente resistencia y lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus tierras y territorios. Desde nuestro punto de vista, esta historia de “larga duración” conformó las regiones y la particular geografía política de este país. La Revolución Mexicana (1910-1940) es uno de los episodios más intensos y definitorios, representa un conjunto de revueltas agrarias que repartieron tierras en plena insurrección armada;

con este movimiento se logró la Ley Agraria de 1915 y el pacto social que le da forma al Estado mexicano, expresado básicamente en el artículo 27 de la Constitución de 1917,

y creó con ello la posibilidad de un reparto agrario para las colectividades con referencia a los pueblos y al temprano reconocimiento del derecho histórico de los pueblos que

eran originarios, aspecto recogido en su perspectiva restitutoria, lo cual generó la llamada “propiedad social” compuesta por ejidos y comunidades agrarias.

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Las tierras de los campesinos e indígenas

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Las tierras de los campesinos e indígenas

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Son importantes en cuanto a que allí se ubican casi la totalidad de los depósitos y “cosechas de agua” que requieren las ciudades. Asimismo, en sus tierras se encuentran valiosos yacimientos de materias primas biológicas y minerales necesarios para la industria y, en un orden más general, encontramos una impresionante biodiversidad –recordemos que México es uno de los

cuatro países con mayor diversidad biológica del mundo, pero con una correspondiente diversidad cultural (después de la India es el país que cuenta con el mayor número de

grupos étnicos del orbe)–. En síntesis, el campo mexicano es imprescindible para el desarrollo sostenible de la nación, pero sobre todo compatible, culturalmente hablando.

Los 196.7 millones de hectáreas que componen el territorio nacional se distribuyen de la siguiente manera: 35.7% corresponde a 1.6 millones de propietarios privados, con

una extensión media de 43.6 hectáreas por propietario; 54.1% corresponde a la propiedad social y se reparte entre 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, con una extensión media por sujeto de 18.7 hectáreas.

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Con el dominio del Estado Nacional de Competencia y la imposición de la “modernización” del campo, se obligó a una apertura comercial indiscriminada que culminó con la firma endel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), el cual tuvo como precedente político, dos años antes, la ruptura del pacto social revolucionario expresado en el fin de la reforma agraria y en la formulación de una ley que abría la posibilidad de la privatización de la propiedad social. Esta suerte de contrarreforma agraria y el propio tlcan tuvieron como respuesta el levantamiento en el estado de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) y, con ello, la visibilización de los movimientos de los pueblos indígenas y la construcción de nuevas formas de hacer política, tanto en el plano nacional como en el mundial.

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Consecuencias de la ruptura del pacto social revolucionario.

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Consecuencias de la ruptura del pacto social revolucionario.

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Por un lado desorganización y dispersión de los campesinos e indígenas y, por otro, los procesos de autodeterminación “campesindia”, como denominamos a esta última, ya que se sustentan “en parte por la

comunidad agraria y la identidad étnica de los originarios, además de tácticas convencionales puede emplear recursos mítico-simbólicos” (Bartra, 2010:39). Estas construcciones sociales autonómicas se resignifican sobre la base de una memoria del pasado-presente, de un pasado “profundo”, que carga como entonces con una doble liberación: la colonial en sus nuevas versiones y la lucha inmediata contra el capital.

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La reforma agraria en México vista desde el siglo XXI

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La reforma agraria en México vista desde el siglo XXI

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La concepción inicial de la reforma agraria mexicana fue restitutoria. Su objetivo era reponer a sus dueños originales las tierras que les fueron despojadas. La dotación se

concibió como un complemento; sin embargo, ésta fue la vía preferente para acceder a la tierra por las dificultades para demostrar la propiedad y la fecha y condiciones del

despojo. Como no todos los pueblos podían cumplir con esas condiciones, la legislación consideró que al iniciar el proceso de restitución también se abriera un expediente

de dotación. Esta consideración permite concluir que al no proceder los expedientes de restitución de muchos de los pueblos, éstos siguieron la vía de la dotación, por ello, la

forma de propiedad que predominó después fue la ejidal frente a la comunal.

La reforma agraria modificó la importancia de los regímenes de propiedad de la tierra. En 1905, existían 8431 hacendados que poseían 114 millones de hectáreas, con

87% de la propiedad rústica del país (Reyes Osorio et al., 1974). De acuerdo con los anuarios estadísticos de la época, en 1930 la propiedad privada todavía comprendía

123 millones de hectáreas, para 1950 había disminuido a 86.7 millones de hectáreas, en 1970 se reportaron 70 millones de hectáreas, y en 2007 se mantuvo esta misma superficie.

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La reforma agraria mexicana, además de transformar la estructura agraria del país, acabar con la gran propiedad, entregar la tierra a millones de campesinos y dar un giro

en la importancia de los regímenes de propiedad, generó una mayor producción que permitió proporcionar más alimentos y fibras a precios relativamente bajos; estableció

las bases para una mayor demanda de productos industriales y de servicios; proporcionó capitales para la industrialización, y transfirió mano de obra barata a la industria.

En síntesis, fue el pilar para la transformación económica del país (Reyes et al., 1974).

El proceso de la reforma agraria también se caracterizó por sus errores y limitaciones.

Las tierras que se entregaron a los campesinos en su gran mayoría no eran aptas para la agricultura; en los ejidos y comunidades, de los casi 106 millones de hectáreas, 18.6%

eran tierras de agostadero de buena calidad y 39.2% monte o agostadero en terrenos áridos.

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La duración tan extensa de la reforma agraria y lo tardado de los trámites generaron muchos vicios en el reparto de tierras: en diversas ocasiones, las entregas de tierras se llevaron a cabo de manera virtual; en otros casos, hubo actos de oposición violenta por parte de los propietarios afectados; por la tardanza de los procedimientos, los núcleos agrarios solicitaban más tierra o los peticionarios originales ya no vivían en el poblado; en algunas situaciones, la inexperiencia del personal técnico o

su falta de profesionalismo dio lugar a ejecuciones de las resoluciones presidenciales de manera incorrecta. Todo lo anterior condujo a una significativa imprecisión en los cál-

culos y planos; una misma tierra fue dotada por dos o más resoluciones presidenciales; se entregó tierra diferente a la concedida por las resoluciones presidenciales; posesiones

precarias o irregulares de la tierra, entre otros fenómenos (Robles, 2005).

Asimismo, el reparto de tierras ocurrió por lo general de manera aislada, sin otro tipo de políticas de apoyo, salvo en el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando

la entrega de tierras estuvo acompañada de financiamiento y asistencia técnica. Esto demuestra que el proceso de reforma agraria en México se implementó bajo concepciones diferentes y, lo más importante, en distintos escenarios de alianzas de clase.

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Se impuso una legislación que representó, en términos históricos, una contrarreforma agraria al plantear, en la práctica, una ruptura del pacto social emergido

de la Revolución Mexicana. Este proceso tuvo un carácter continental, como línea del Banco Mundial (bm) para la integración de mercados de tierra en América Latina,

ejemplo de ello fue la contrarreforma agraria chilena y un intento similar en Bolivia

(Concheiro, 1994).

Para el gobierno y sus aliados, las reformas eran necesarias porque había que propiciar un ambiente de “certidumbre”, fomentar la capitalización, “otorgar la mayoría

de edad a ejidatarios y comuneros”, lo que les daría libertad para tomar sus propias decisiones al romper con el corporativismo. En la perspectiva de los opositores, las re-

formas de 1992 al artículo 27 constitucional significaban mayor desigualdad, cerraban el acceso a la tierra a los campesinos, eran una nueva forma de promover el latifundio, y que la posibilidad de privatizar la propiedad social conduciría a la liquidación del ejido y la

comunidad agraria.

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El objetivo de las reformas constitucionales era brindar “seguridad” mediante la titulación de los sujetos agrarios con el fin de “capitalizar al campo”. En este rubro

la exposición de motivos aludía a dos aspectos: el fortalecimiento de la pequeña propiedad y las nuevas formas de asociación. La pequeña propiedad se planteaba como consustancial a la reforma agraria ya que la propia constitución la protegía. Éste es uno de los puntos más contradictorios de las reformas: se argumenta que debemos dar protección a la pequeña propiedad, pero nunca se plantean las disposiciones legales; en este sentido, ni siquiera se propuso proteger a los propietarios privados con menos de 10 hectáreas, que eran la gran mayoría (alrededor de un millón de propietarios), ni se

definió con claridad que una instancia de gobierno atendiera su problemática agraria y tampoco se les propuso regularizar sus tierras, en donde se reconocía que existía mayor irregularidad.

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Se ha visto acentuada en los últimos años, ya que la población en localidades rurales con hasta 2499 habitantes fue de poco más de 26 millones de personas en 2010, lo que representaba 23.2% de la población nacional, que para ese año era de 112336528 personas. Para 2020, se estima que la población en este tipo de localidades ascenderá aproximadamente a 27.7 millones de habitantes.

Otro problema es que el sector no está generando empleo para los jóvenes. En los últimos 50 años, se observa una pérdida de empleo; en 1960 se ocupaban en actividades agrícolas, ganaderas o forestales 6.1 millones de personas; para la década de 19902000 había disminuido a 5.3 millones, y para 2010 el censo registró 4.5 millones de

trabajadores ocupados en actividades agropecuarias o forestales. Asimismo, los ingresos obtenidos por desempeñar estas actividades fueron de los más bajos: 36.2% percibía dos o menos salarios mínimos y 43.2% reportó no percibir ingresos. Los jóvenes no se están incorporando a este sector de la economía tanto por los bajos ingresos como por los pocos empleos que se generan (inegi, 2011).

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En síntesis, como propietarios de la tierra y de ciertos recursos naturales, los indígenas tienen una importancia relativa mayor que aquélla referida sólo a la población.

Social y políticamente, en la relación con la tenencia de la tierra, los núcleos agrarios con población indígena tienen una mayor presencia a nivel nacional, y en la actualidad

representan uno de los contingentes con mayor capacidad de movilización, además de que son el referente básico de una nación que se define constitucionalmente como pluriétnica y plurilingüe.

Es muy común hablar sobre territorialidad, sin embargo, es muy difícil expresarla en la realidad. En los 1115 municipios en donde se localizan los núcleos agrarios con

población indígena existen 15430 ejidos y comunidades, y de ellos 6830 tienen población indígena,4 lo que representa 44.2% del total. Asimismo, en 4 de cada 10 núcleos

agrarios con población indígena, éstos representan menos de la mitad de los sujetos con derecho a la tierra.

En este sentido, se observa el predominio de una composición étnica diversa que requiere necesariamente del reconocimiento de los otros, los diferentes, y también de una fuerte proporción de indígenas sin tierra que viven en el medio rural. Sin embargo, vale la pena subrayar que cada lengua expresa cosmovisiones específicas, representa referentes simbólicos, formas de gobernar bajo usos y costumbres, comunidad de valores, y todo ello en el marco de una de las civilizaciones agrarias del mundo.

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Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)

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Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)

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El modelo de sustitución de importaciones es atacado a partir de la crisis de la deuda de inicios de la década de 1980. La modernización ejecutada por la tecnocracia mexicana bajo el dominio del capital transnacional y del Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc) consistió en las llamadas reformas estructurales por medio de la apertura económica, la privatización y liberalización del mercado, así como por un serie de políticas de estabilización macroeconómica repetidas a nivel mundial.

Con base en la teoría neoclásica del comercio internacional y la integración económica, se supuso que la apertura de la economía permitiría que la competencia de las importaciones se encargara de eliminar a los sectores ineficientes y de obligar a los sobrevivientes a modernizarse. El país, se suponía, iba a especializarse en los sectores que contaran con ventajas comparativas y se generaría así un sector exportador dinámico que lograría un

crecimiento mayor de la inversión, la producción, el empleo y las remuneraciones. En el caso de México, la apertura tuvo un ritmo vertiginoso con la entrada del país al Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés): mientras que entre 1980-1985, el grado de apertura de la economía mexicana era de 20%, para 1986-1993 era ya de 30%, y con la firma del tlcan en 1994 este índice alcanzó 50% (Villareal, 2004:42).

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Liberalización comercial de la agricultura

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Liberalización comercial de la agricultura

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Fundamentalmente desde 1986 hasta 1993, se había ocasionado un creciente déficit de la

balanza comercial de productos agroalimentarios, que pasó de un saldo promedio anual negativo de 579 millones de dólares en el periodo 1982-1986, a uno de 1388.8 millones

de dólares en 1987-1990 (Zermeño, 1996:60-61). A pesar de las evidencias anteriores, los negociadores no estuvieron dispuestos a excluir por lo menos los productos más sensibles para la economía mexicana. El gobierno sólo alcanzó a negociar salvaguardas para carne y productos del cerdo, papas, manzanas frescas y extractos de café, pero no para los granos básicos y las oleaginosas, a pesar de ser el subsector más débil dentro del sector

agropecuario mexicano. Por su parte, Estados Unidos brindó protección a sus agricultores hortícolas y frutícolas, con el establecimiento de licencias de importación temporal

y tarifas cuota para una gran cantidad de productos en épocas consideradas clave para la venta de sus cosechas. Canadá hizo lo propio al determinar la exclusión de sus sectores avícola y de lácteos para protegerlos de posibles riesgos de la apertura comercial (Zermeño, 1996:63).

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La lucha por la tierra, el territorio y el levantamiento zapatista

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La lucha por la tierra, el territorio y el levantamiento zapatista

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El 1° de enero 1994, con la puesta en marcha del tlcan, justo cuando la clase política se regocijaba con la entrada de México al “primer mundo”, la insurrección indígena zapa-

tista en el estado de Chiapas, les echó a perder la fiesta. Su memorable “¡Ya basta!” constituyó una denuncia abierta a la reforma del artículo 27 constitucional, pero también

al carácter excluyente del tlcan, dos de los pilares fundamentales sobre los que se erige la modernización neoliberal del campo mexicano. Esta marejada profunda proviene de “los sin nombre... los sin rostro”, entre ellos destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en la lucha por la tierra, por la democracia, la libertad, la dignidad y una fraternidad que busca abrir los ojos al mundo para frenar la barbarie del capital, al

ejercer e imaginar prácticas de una sociedad diversa, en donde “los muchos mundos” quepan en un mundo con sus diferencias, donde los “nosotros”, los “todos somos indios”,

puedan regirse por sus usos y costumbres, de forma autónoma, tomando como referentes los territorios agrarios producto del reparto y el espacio también construido por los

pueblos que representa el “municipio libre”.

Las comunidades indígenas zapatistas chiapanecas y un movimiento que se reconoce a sí mismo como indígena, el cual de manera vertiginosa se hizo nacional y global, han

seguido presentes en el escenario político, primero con su voz y después con el silencio; evidenciaron con su lucha la falta de compromiso del Estado con los acuerdos que fueron

firmados en el poblado de San Andrés sobre autogobierno, municipio libre y cultura indígenas. Para Armando Bartra (2005), los zapatistas y el movimiento indígena agrupado

en el Congreso Nacional Indígena (cni).

Han tomado como estrategia esencialmente de

resistencia en la coyuntura actual –producto de 500 años de traiciones y engaños– andar

el camino de la autonomía frente a las instituciones del Estado, para “fortalecer la independencia relativa de las comunidades y las regiones mediante la autoprovisión de bienes y servicios y a través de autogobiernos fincados en usos y costumbres” (Bartra, 2005:86-87).

También, en un ensayo de nuevos pactos entre los actores sociales, en este caso los pueblos indígenas y la Nación, las cosas, por culpa directa de la llamada “clase política”,

llegaron a un callejón que por el momento no parece tener una salida.

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Las políticas neoliberales en el campo mexicano y la respuesta social

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Las políticas neoliberales en el campo mexicano y la respuesta social

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En el análisis del presupuesto para el campo, una de sus características es la inequidad, reflejo de una política bimodal que se aplica en el campo mexicano; a los municipios pobres se les distribuyen mayores recursos de la vertiente social que de competitividad; se entregan montos menores por proyecto productivo, el financiamiento

de las actividades productivas es escaso o nulo y la concurrencia de los programas de gobierno es muy baja; en tanto, en los municipios con mejores condiciones de vida

se distribuyen mayores recursos por unidad productiva, hay una mayor concurrencia y los recursos de las distintas vertientes, incluido el financiamiento, se complementan

(Robles, 2009).

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) observó, mediante el análisis del último Inventario Nacional de Suelos (ins) dado a conocer en

2002, la degradación del suelo. El problema de salud de los suelos en México es grave y en síntesis, los resultados del ins arrojaron las siguientes cifras: “superficie nacional con

degradación de suelos equivalente al 45% del territorio (89 millones de hectáreas). Los procesos de degradación de los suelos dominantes son: la degradación química en 18%

(36 millones de hectáreas), la erosión hídrica en 12% (24 millones), la erosión eólica en 9% (18 millones) y la degradación física en 6% (12 millones)”.

Además, de acuerdo con la misma fuente de información, los estados presentan una extensión territorial de suelos degradados de 48%, las regiones hidrológicas de 52% y

las regiones ecológicas básicas en 38% de su área de influencia. Como puede apreciarse, la principal causa de la degradación es la deforestación (24%), seguida del cambio

de uso de suelo (25%), el sobrepastoreo (25%) –pastizales naturales o inducidos–, que principalmente son zonas de ganadería extensiva. Estas tres actividades generaban, en

1999, 74% de la degradación de los suelos en el país.