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Se crea el departamento del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria.

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Madero informa sobre la notoria utilidad de la labor del Departamento de Trabajo.

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Dada su debilidad social, la contrarrevolución huertista sólo duró entre febrero de 1913 y agosto de 1914. Con base en los Tratados de Teoloyucan, Álvaro Obregón ocupó el 15 de agosto la Ciudad de México y el 20 de ese mes entró a la capital federal Venustiano Carran

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Alberto Fuentes, gobernador y comandante militar de Aguascalientes, estableció el descanso obligatorio y la jornada máxima de ocho horas.

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Manuel M. Diéguez estableció en Jalisco, el descanso dominical obligatorio.

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Pablo González ordenó la abolición de las deudas del proletariado de la ciudad y el campo en los estados de Puebla y Tlaxcala.

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Eulalio Gutiérrez, gobernador y comandante militar de San Luis Potosí, decretó la jornada máxima y el salario mínimo, supresión de las tiendas de raya, proscripción de las deudas de los peones, a la vez que dictó otras disposiciones.

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Manuel Aguirre Berlanga, nuevo gobernador interino de Jalisco, promulgó el decreto 39, que incluía el salario mínimo, supresión de tiendas de raya, entre otros puntos.

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Cándido Aguilar legisló, en forma avanzada para Veracruz, al establecer principios como los siguientes: “Artículo primero. Nadie podrá ser compelido a trabajar más de nueve horas diarias. Las horas de trabajo serán distribuidas en la forma que acuerden los patronos y obreros, de modo que se dejen, entre ellas, los intervalos necesarios para tomar alimentos. Y así otros 4 artículos.

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El general Agustín Millán, gobernador provisional de Veracruz, promulgó el 6 de octubre de 1915, la Ley de Asociaciones Profesionales que autorizó la organización de los trabajadores en sindicatos.

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A partir de la promulgación de la Ley Fundamental de la nación en 1917, la lucha por una legislación laboral democrática, que incluyera los derechos de contratación colectiva, de organización sindical, de huelga y de estabilidad en el empleo, ha sido una constante del movimiento obrero avanzado y responsable.

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La constitución de 1917 en su Artículo 123 estableció la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, los derechos de asociación profesional y de huelga, el reparto de utilidades, la protección a menores y mujeres y otros aspectos dirigidos al equilibrio entre los factores de la producción, bajo el arbitraje del Estado.

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Las resoluciones del Congreso fundacional de la CROM, de mayo de 1918, fueron muy precisas. Se demandó “la inmediata reglamentación del Artículo 123 constitucional...” En el terreno organizativo, la reunión acordó que: “Reconoce el derecho indiscutible del trabajador para asociarse en la forma que más convenga a sus intereses”.

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La falta de reglamentación del Artículo 123, colocaba a organizaciones representativas en una situación de debilidad frente a las empresas. En marzo de 1925, se denunciaba por la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras de la República Mexicana que la Dirección General de los Ferrocarriles Nacionales de México, inmiscuyéndose en asuntos interiores de las sociedades, había fomentado la división del personal que integraba la Sociedad Ferrocarrilera Departamento de Vía, reconociendo a un pequeño grupo de disidentes.

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Se planteó en el Programa de Gobierno de Calles: “3. Procurar la inmediata y justa reglamentación del Artículo 123, para conseguir que los trabajadores tengan toda la protección legal de que gozan en los países industriales más avanzados para que representen en la vida social y política del país el papel que merecen como parte integrante y principalísima de la
producción y de la riqueza”.

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En la celebración de la Convención Mixta Obrero-Patronal, verificada en noviembre y diciembre de 1928, David Alfaro Siqueiros, que representaba a los mineros jaliscienses, impulsó la unidad de las fuerzas de izquierda de la reunión y ayudó a constituir el Bloque Obrero, que el día 17 aprobó su Plataforma, donde incluía: 1º Respeto inviolable al Artículo 123 constitucional, a las leyes del trabajo de los estados y a los contratos colectivos de trabajo existentes, en todo aquello que constituía una conquista para la clase obrera y campesina.

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Siqueiros planteó, el 19 de noviembre, que estaban de acuerdo con lo expuesto por Lombardo Toledano: que --de efectuarse alguna reforma al Artículo 123--, fuera para beneficiar a los obreros.

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Queda instalado el Consejo Organizador de la Asamblea de Unificación Obrera y Campesina.

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Pascual Ortiz Rubio, en un discurso pronunciado en Jalapa,
Veracruz, sostuvo que estaba ya para discutirse en las cámaras federales el Código del Trabajo, que vendría a resolver muchos problemas ingentes de la vida del trabajador mexicano.

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los artículos 73 y 123 de la Constitución fueron reformados,
concediendo a los poderes federales la facultad exclusiva de legislar en materia de trabajo.

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Se desenvolvió la Convención Pro Ley del Trabajo en el Centro Cívico “Álvaro Obregón”, por convocatoria de la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas. La mayoría era desfavorable al proyecto gubernamental.

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Se verificó una gran manifestación obrera pro Ley del Trabajo. Asistieron alrededor de 50 mil trabajadores de la CTC, la Confederación Nacional de Electricistas y Similares, la Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de
México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la CROM, la AUSAG y otras organizaciones

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Ortiz Rubio señalaba: El Ejecutivo está resuelto a cooperar con el Poder Legislativo para satisfacer, cuanto antes, la necesidad nacional de establecer en una Ley del Trabajo los principios y disposiciones que deben normar las relaciones entre empresas y obreros, dando así una base firme a las actividades capitalistas y una garantía de sus derechos a los trabajadores, de acuerdo con los postulados de nuestra Revolución.

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David Vilchis y Lino Santacruz demandaron incluir en el Código del Trabajo al profesorado.

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La crisis económica que se abatía sobre todo el mundo capitalista, México incluido, y el desmoronamiento de la CROM, en 1931 se habían acentuado, así como se había agudizado el enfrentamiento de los cromianos con los gobiernos del maximato, lo cual influyó en algunos cuadros generales y medios de la central, como Lombardo Toledano, que sufrieron un proceso de izquierdización.
El 12 de mayo de ese año VLT criticó el proyecto de ley del
trabajo.

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Sería en plena crisis,  cuando el gobierno de Pascual Ortiz Rubio expediría la Ley Federal del Trabajo en una situación signada por la división y debilitamiento de las centrales, federaciones y sindicatos, la permanencia de Lombardo en las filas de la CROM y el abandono de la política populista por parte de los gobiernos del maximato.
Las propuestas obreras no fueron en vano y ejercieron su influencia en la LFT de 1931

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La expedición de la Ley Federal del Trabajo, en agosto de 1931, se produjo en plena crisis económica, en medio de una profunda división del movimiento obrero y en un periodo en que el equipo gobernante abandonaba parte importante de su política populista y hacía importantes concesiones a Estados Unidos y a los patrones y latifundistas.

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Al constituirse el Comité Pro-Asamblea Nacional Obrera y Campesina quedó establecido que las actividades del comité serían de carácter exclusivamente sindical (exclusivamente económico), por lo que le quedaba terminantemente prohibido desarrollar aquellas que por su naturaleza pudieran ser clasificadas como políticas.

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Se precisó que la Confederación Sindical Unitaria de México declaraba que por ningún motivo tomaría parte en las campañas de carácter político electoral, ni autorizaría a los organismos adheridos a ella para que lo hicieran en su nombre

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En vísperas de las elecciones presidenciales de 1934, la CSUM abandonó su posición electoral-abstencionista y, tras analizar la situación existente, decía que no podía menos que rechazar y desenmascarar el abstencionismo de los instrumentos del gobierno y de las facciones de los explotadores al servicio del imperialismo. Coincidiendo en su
programa con el Bloque Obrero y Campesino en cuanto éste era un organismo político-electoral, Que sostenía en forma concreta reivindicaciones económicas y políticas del proletariado, consideraba que su deber era apoyar al bloque y llamar a los obreros y campesinos y a las organizaciones de trabajadores para que también le dieran su apoyo decidido.

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Intentando coartar los derechos de contratación colectiva, de organización y de huelga a los trabajadores al servicio del Estado, el Partido Nacional Revolucionario presentó en 1936 un proyecto de Ley de Servicio Civil que de inmediato concitó el rechazo de los sindicatos federales, los partidos y grupos de izquierda y otras fuerzas interesadas en la conservación, el fortalecimiento y el desarrollo del movimiento sindical de los trabajadores públicos.

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Se llevó a efecto un mitin muy concurrido de trabajadores de la Federación, en el cual se denunciaron los salarios de hambre y el hecho de que la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro fuera una institución de agio y extorsión. Por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza habló Ignacio Márquez, quien se pronunció en contra de la iniciativa de Ley de Servicio Civil y a favor de la Ley Federal del Trabajo; Octavio Medellín Ostos, del Frente Popular Mexicano, saludó la organización de los empleados al servicio del Estado; hubo otros oradores; y, al final, intervino Vicente Lombardo Toledano a nombre de la CTM.

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Se funda la Federación Nacional de Trabajadores del
Estado.

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El diario del PNR publicó el Proyecto de Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, enviado por el presidente Cárdenas al Congreso, en el cual se establecía que debía haber un solo sindicato por unidad burocrática.

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El 11 de julio se llevó a cabo una manifestación de 60 mil almas. Se sucedieron otras reuniones.
A fines de 1937, tras una larga discusión en los medios de información y la movilización de la baja burocracia, el proyecto fue aprobado por el Senado.

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Para la baja burocracia 1938 fue un año clave: en él se implantó el Estatuto Jurídico.
Todas las fuerzas sociales y políticas se manifestaron en torno a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores al servicio del Estado.

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El gobierno cardenista expidió el Reglamento de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, para privar a los trabajadores bancarios de los derechos de contratación colectiva, de organización sindical y de huelga, a cambio de algunas prestaciones por encima de la LFT.

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Los sindicatos del Departamento Agrario, el Departamento de Asuntos Indígenas, el Departamento del Trabajo y el de Irrigación, y las uniones sindicales de trabajadores de la Lotería Nacional y de Pensiones, el 27 de abril de 1938, integrados como comité organizador, lanzaron la convocatoria para el Congreso Constituyente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, a efectuarse del 3 al 5 de mayo en el auditorio Emiliano Zapata de la Casa del Agrarista.

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El comité organizador de la FSTE insistía el 30 de abril en obtener un Estatuto Jurídico verdaderamente tutelar de los trabajadores federales, que eliminara todo lo que favorecía a la Federación Nacional de Trabajadores del Estado y que consolidara el derecho de huelga y el de libre asociación; crear una federación que representara la fuerza que constituían, y en el terreno político luchar por obtener una representación directa y una secretaría dentro del comité del Partido de la Revolución Mexicana.

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Los intentos de dividir a la baja burocracia, con todo y las dificultades que generaron, al final de cuentas en la última etapa de 1938 fracasaron estrepitosamente. La unidad, ciertamente bajo una legislación restrictiva, desbrozó el camino y se constituyó la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado.

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Se aprobó el nuevo Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, en el cual se recalcaba que dentro de cada unidad sólo se reconocería la existencia de un solo sindicato.

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Derrotados el movimiento ferrocarrilero en marzo-abril de 1959 y el movimiento magisterial en abril-agosto de 1960, el Estado hizo concesiones a la burocracia sindical y emprendió algunos cambios legislativos. El 5 de diciembre de 1960, se publicó la reforma y adición al artículo 123 constitucional, esto es, el apartado B del mismo, que estipuló: “X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes"

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Los servidores públicos son sujetos del apartado B del Artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria: la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, promulgada el 27 de
diciembre de 1963, que establece derechos muy por abajo de los conquistados por la clase obrera.

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Los sindicatos y federaciones de trabajadores universitarios, desde 1971 hasta 1980, levantaron como bandera fundamental: ser sujetos del apartado A del Artículo 123 de la Constitución General de la República, al igual que el resto de los trabajadores asalariados no sujetos a regímenes especiales. Durante la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, en octubre de 1972-enero de 1973, el STEUNAM, que demandaba Contrato Colectivo de Trabajo y reconocimiento del propio sindicato, respondió a los 10 puntos del Rector.

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Cuando se intentó imponer el apartado C, que era una versión grosera del apartado B, Evaristo Pérez Arreola, secretario general del STEUNAM, precisó consideraciones importantes en la primera audiencia celebrada el día 31 de ese mes en la Secretaría de Gobernación.

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Este sexenio fue rico en cambios legislativos. Se introdujeron en la Constitución General de la República el derecho al trabajo y la obligación patronal de dar capacitación laboral a sus trabajadores, los trabajadores universitarios fueron considerados sujetos del apartado A del Art. 123 constitucional, los empleados bancarios alcanzaron el derecho de sindicación, se introdujeron reformas procesales a la Ley Federal del Trabajo y los sindicatos federales obtuvieron el derecho de proporcionar el 50 por ciento de las plazas de nueva creación, entre otras modificaciones significativas.

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Como representante de los monopolios extranjeros, del gran capital nacional y de las formaciones políticas de la extrema derecha, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa viene aplicando, desde 2006 hasta la fecha, un proyecto económico, político y social que rompe drásticamente con la historia de México;

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A mediados de 1989, la COPARMEX lanzó a la publicidad el documento Propuestas preliminares que la Confederación Patronal de la República Mexicana, presenta para la discusión del anteproyecto de una nueva Ley Federal del Trabajo (LFT), donde planteaba simplificar la legislación laboral, quitando toda regulación excesiva.

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En los periodos presidenciales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox la constante en las relaciones laborales fue la violación de la LFT y la Constitución General de la República.
Esas prácticas, que en gran medida continúan hoy día, el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa y los capitalistas desean que pasen a establecerse en la LFT, esto es, buscan que la violación sistemática de los derechos sindicales adquiera legalidad de aquí en adelante.

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En años recientes se produjeron algunos cambios en cuanto al derecho de organización. El 24 de enero de 1996 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dejó sin efecto el laudo del 27 de junio de 1995, que cancelaba el registro del Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca, con lo cual se acataba en forma correcta la resolución del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que amparaba a los trabajadores de la mencionada dependencia. Posteriormente, el 21 de mayo de ese año la SCJN  emitió el fallo acerca de la libertad sindical de los trabajadores al servicio del Estado
para formar los sindicatos que deseen, la inconstitucionalidad de la unicidad sindical obligatoria entre los trabajadores federales y el derecho a federarse en la agrupación que quieran y no necesariamente en las filas de la FSTSE.
El 17 de abril de 2001 la SCJN declaró inconstitucionales los artículos 395 y 413 de la LFT, que han permitido incluir en los CCT la cláusula de exclusión.

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La actual legislación laboral en México es resultado de muchas reformas importantes. Una de ellas fue la de 2019, con la cual desaparecerán las juntas de conciliación y en su lugar se crean los centros de conciliación, en el Poder Ejecutivo, y los tribunales laborales, del Poder Judicial. Además, se democratizó y reforzó la libertad sindical.
En ese mismo año se reconocieron los derechos de las trabajadoras del hogar en dicha ley. En 2012 se introdujo el modelo de subcontratación y en 2021 se acotó con la prohibición del outsourcing de personal.

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Se publican en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 76 y 78 de la LFT, duplicando el número de días de vacaciones para las personas trabajadoras. Asimismo, se considera la existencia de dos períodos de días de vacaciones: uno consecutivo y otro como lo requiera el trabajador.