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Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en

el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

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Toda educación que el Estado imparta será completamente gratuita.

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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

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Artículo 3° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Artículo 3° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

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El Artículo 3° de la Constitución Mexicana garantiza el derecho a la educación para todas las personas. El Estado, a través de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, tiene la obligación de ofrecer educación en todos los niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior son obligatorias conforme a la ley.

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La educación inicial es un derecho de la infancia, y el Estado debe promover su importancia. Está encargado de garantizar una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, basada en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y la igualdad. Su objetivo es desarrollar plenamente las capacidades del individuo y fomentar valores como el amor a la patria, el respeto a los derechos, la paz, la solidaridad, la independencia, la justicia, la honestidad y la mejora continua del sistema educativo.

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Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada inmediatamente al nacer. El Estado debe garantizar este derecho, incluyendo la entrega gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento.