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El pretendiente don Carlos tuvo que refugiarse en Francia, pero continuó la resistencia de sus partidarios en el bajo Aragón, al mando del general Cabrera, hasta el 6 de julio de 1840, en que, derrotado, tuvo que huir a Francia.

Durante la regencia de María Cristina, iniciada con el Gobierno de Cea Bermúdez, se sucedieron en el poder los liberales moderados (1834-1836) y los liberales progresistas (1836-1840). En este período se otorgó el Estatuto Real de 1834, de carácter moderado, considerado como el primer texto constitucional del reinado de Isabel II, y la Constitución de 1837, de carácter progresista, elaborada durante el gobierno de Calatrava. Además, el progresista Juan Álvarez Mendizábal llevó a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos mediante el Decreto Desamortizador de 1836 y la Ley desamortizadora de 1837.

A causa de sancionar la Regente la Ley de Ayuntamientos aprobada en Cortes, de las exigencias de que admitiera dos corregentes y de que cediera a las peticiones de las Juntas revolucionarias, la reina María Cristina tuvo que renunciar a la regencia, partiendo hacia el exilio en Francia, el 17 de octubre de 1840, dejando a sus dos hijas Isabel y Luisa Fernanda, de diez y ocho años respectivamente, en manos de extraños y privadas del afecto y los cuidados insustituibles de una madre. Esta ausencia materna fue la principal causa de la personalidad de Isabel II y de la educación que recibió.

Exiliada María Cristina, las Cortes nombraron Regente único al general Espartero, duque de la Victoria -título concedido tras la firma del Convenio de Vergara-, y eligieron a Agustín Argüelles como tutor de las niñas, quien nombró aya de éstas a la condesa de Espoz y Mina. Durante la regencia del duque de la Victoria, líder del Partido Progresista, desde 1840 hasta 1843, los moderados conspiraron para devolver la regencia a María Cristina. El momento más crítico fue el Pronunciamiento de octubre de 1841, en el que se pretendió raptar a la Reina niña y a su hermana, protagonizado por los generales Manuel Gutiérrez de la Concha y Diego de León, quien fue detenido y fusilado tras juicio sumarísimo, sin que Espartero hiciera nada por evitarlo, demostrando con ello una gran dureza de corazón. Este hecho, al que se sumaron el carácter dictatorial de Espartero -sobre todo tras ordenar el bombardeo de la ciudad de Barcelona en diciembre de 1842- y su falta de habilidad política, que le llevó a dividir a su propio partido y a separar de su lado a los mejores progresistas, debilitaron en extremo su popularidad. La situación se hizo tan insostenible que un amplio movimiento militar, formado por moderados y progresistas coaligados, le hizo caer. Tras el encuentro del general Narváez en Torrejón de Ardoz (Madrid) (22 de julio de 1843), con las tropas del Gobierno, mandadas por el general Seoane, Espartero tuvo que abandonar España, el 30 de julio de 1843, refugiándose en Inglaterra.

Después de la caída de Espartero, se formó un Gobierno Provisional presidido por Joaquín María López, durante el cual, el 15 de octubre de 1843, las Cortes decidieron declarar mayor de edad a Isabel II, que acababa de cumplir los trece años, adelantando un año la edad establecida en el texto constitucional en vigor, la Constitución de 1837. El primer Gobierno de la jovencísima Reina estuvo presidido por Salustiano Olózaga, jefe del Partido Progresista, quien para llevar a cabo el ideario de su partido decidió disolver las Cortes, de mayoría moderada. Para ello hizo firmar a Isabel II el decreto de disolución, pero viendo los moderados que aquella maniobra les alejaba del poder, consiguieron destituirle. Tras demostrar en el Congreso de los Diputados su inocencia, Olózaga se exilió en Portugal.

Con los moderados en el gobierno, lo presidió Luis González Bravo, alma del Partido la Joven España, que tiempos atrás había sido implacable enemigo de la Reina Gobernadora y ahora propiciaba el regreso de ésta a España (23 de marzo de 1844). En su corto Gobierno, inició la creación de la Guardia Civil (28 de marzo de 1844) -luego concretada por el general Narváez-, siendo su primer director el duque de Ahumada.

El 3 de mayo de 1844 empezó a gobernar el general Narváez, iniciándose un período de diez años de gobiernos moderados, la Década Moderada (1844- 1854). Narváez, duque de Valencia -título concedido por la Reina tras los sucesos de julio de 1843-, bien ocupando personalmente el poder -presidió cuatro Gobiernos-, bien detrás del Partido Moderado, del que era jefe y valedor, además de ser el hombre fuerte de esta década durante un cuarto de siglo, de 1843 a 1868, se convirtió en el auténtico protagonista del reinado de Isabel II.

Entre las líneas de actuación en política interior más sobresalientes de los gobiernos de la Década Moderada, destaca la redacción de un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1845, de carácter moderado, aprobada el 23 de mayo de aquel año, durante el primer Gobierno de Narváez (de mayo de 1844 a febrero de 1846). Además, en el Gobierno de Bravo Murillo (de enero de 1851 a diciembre de 1852) se reorganizó la Deuda Pública, se realizó el Proyecto de Código Civil y se promulgaron la Ley del Notariado, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. En política exterior hay que destacar la intervención militar en Portugal, en apoyo de la reina María de la Gloria, convenida con Francia e Inglaterra y dirigida por el general Manuel Gutiérrez de la Concha, cuya brillante actuación le valió la concesión del título de marqués del Duero por la Reina. El reconocimiento de Isabel II por parte de Austria y Prusia, tras la enérgica actuación de Narváez durante los brotes revolucionarios producidos en Madrid y Sevilla en los meses de marzo y mayo de 1848, y la firma del Concordato de 1851 con la Santa Sede, en el Gobierno Bravo Murillo, que afianzó las relaciones de España con Roma, gravemente afectadas por la acción desamortizadora eclesiástica y restablecidas al reconocer el papa Pío IX a Isabel II, en 1848.

Los matrimonios de Isabel II y de su hermana la infanta Luisa Fernanda se celebraron durante el Gobierno Istúriz. Los gobiernos de Francia e Inglaterra intervinieron activamente ante el temor de que el regio matrimonio diese a una potencia supremacía sobre la otra, vetando ambas a los dos candidatos más adecuados para convertirse en esposo de Isabel II. El gobierno francés vetó al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, primo del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria de Inglaterra, quien, tras un corto viaje a España en el verano de 1845, había impresionado muy gratamente a la joven Isabel II. Por su parte, el gobierno británico vetó al príncipe Enrique de Orleans, duque de Aumale, hijo de Luis Felipe de Francia, a quien complacía este enlace. Finalmente, tras la entrevista de Eu (Francia), en septiembre de 1845, ambas potencias llegaron a un acuerdo: Isabel II no podría casarse más que con un descendiente de Felipe V. Éstos eran tres: el napolitano conde de Trápani, hermano menor de la reina María Cristina -candidato que sólo gustaba a ésta y a algunos moderados-, y los dos hijos del infante Francisco de Paula, hermano menor de Fernando VII, y de la infanta Luisa Carlota, hermana de María Cristina, primos carnales por partida doble de Isabel II: el infante Francisco de Asís, duque de Cádiz, de ideología ultramoderada, y su hermano menor el infante don Enrique, duque de Sevilla, de ideología progresista, que no era bien visto por el Partido que gobernaba, pero hacia el que la Reina se sentía inclinada por su gallardía y carácter abierto. Se trató también de la posibilidad de la fusión dinástica mediante el matrimonio de Isabel II con el hijo del pretendiente carlista, el conde de Montemolín, pero éste no se avino a ser solamente rey consorte, lo que desestimó el proyecto sustentado, entre otros, por Balmes.

El infante Francisco de Asís, elegido por exclusión de los otros candidatos, quizás no fuese el esposo más adecuado para Isabel II, joven, extrovertida y vital, a la que no entusiasmaba la idea de casarse con su primo, del que no le atraía ni su aspecto físico, ni su carácter taciturno. El 10 de octubre de 1846, en el Palacio Real de Madrid, Isabel II, que cumplió ese día los dieciséis años, contrajo matrimonio con Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz, de veinticuatro años, que, tras la ceremonia, se convirtió en capitán general de los Reales Ejércitos y en rey consorte. Simultáneamente, se celebró la boda de la infanta Luisa Fernanda, con el príncipe francés, Antonio de Orleans, duque de Montpensier, noveno hijo del rey Luis Felipe de Francia.

El proyecto de reforma de la Constitución de 1845, llevado a cabo por Bravo Murillo, concitó la oposición tanto de los propios moderados como de los progresistas, que, unidos en un frente común, lograron que Bravo Murillo presentara su dimisión a la Reina, el 13 de diciembre de 1852. La caída de Bravo Murillo puso de manifiesto el declive del Partido Moderado, pues sus sucesores, los generales Roncali y Lersundi, y Luis Sartorius, conde de San Luis -título concedido en reconocimiento de su labor como ministro de Gobernación-, representaron la reacción más extrema dentro del régimen moderado, contribuyendo a la formación de un frente revolucionario que puso fin a la Década Moderada y originó la Revolución de 1854.

Los orígenes de la Revolución de 1854 están en la animadversión generalizada hacia el Gobierno de Sartorius por su gran impopularidad, que le llevó a gobernar dictatorialmente y a desterrar a los generales que se le habían opuesto en el Parlamento, entre ellos al general Leopoldo O'Donnell. El punto inicial de la Revolución fue el pronunciamiento militar, liderado por este general en los alrededores de Madrid, la Vicalvarada (30 de junio de 1854), donde, tras un encuentro indeciso con las tropas del Gobierno dirigidas por el general Bláser, el general O'Donnell se retiró a Manzanares (Ciudad Real).

Desde allí, lanzó al país el Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854), redactado por Antonio Cánovas del Castillo, joven político y secretario privado de O'Donnell. La difusión del manifiesto en Madrid, y la llegada de noticias que confirmaban la generalización del pronunciamiento en varias provincias, desencadenaron la actuación violenta de las masas populares.

El 17 de julio, Sartorius presentó su dimisión a la Reina, que llamó al general Fernando Fernández de Córdova para que formara nuevo Gobierno. Pero la reacción estaba en la calle. En Madrid, se levantaron barricadas y se asaltaron e incendiaron los domicilios del conde de San Luis, del marqués de Salamanca, del conde de Quinto y hasta el palacio de las Rejas, residencia de la Reina Madre, que tuvo que refugiarse con su familia en el Palacio Real, protegido por un contingente de soldados, viviéndose durante cuatro días, del 17 al 20 de julio, unas jornadas de extrema violencia, que logró al fin sofocar el general progresista Evaristo San Miguel. De todas las consecuencias que tuvo la Revolución de 1854 -que en muchos aspectos anunció la de septiembre de 1868-, la más grave fue el desprestigio de la Reina, a la que los progresistas consideraron responsable de la actuación de sus ministros y de la sangre derramada durante las jornadas de julio.

Ante la gravedad de la situación, la Reina llamó a Espartero, quien gobernó durante dos años, el Bienio Progresista (julio 1854-julio 1856), en el que desempeñó la cartera de Guerra el general O'Donnell. En este tiempo, se intentó una reforma constitucional, redactándose la Constitución nonata de 1856, que no llegó a promulgarse. Además, se reanudó el proceso desamortizador dirigido por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, mediante la Ley de Desamortización General (mayo de 1855). Esta Ley tuvo dos graves consecuencias: la ruptura con la Santa Sede -se vulneraba el artículo 41 del Concordato- y el desasosiego de la Reina por haber sancionado con su firma la Ley de Desamortización.

Durante el bienio, la convivencia entre Espartero y O'Donnell -militares de personalidades tan distintas y de criterios políticos discordantes- fue muy difícil.

A causa de las diferencias surgidas en el seno del Gobierno entre el ministro de la Gobernación, Patricio de la Escosura, y el de Guerra, el general O'Donnell, por la repercusión de los levantamientos sociales de Barcelona y Valencia en 1855 y las revueltas campesinas de la cuenca del Duero en junio de 1856, Escosura dimitió, y, con él, Espartero. La Reina encargó a O'Donnell que se hiciese cargo del Gobierno.

O'Donnell gobernó por segunda vez desde 1858 hasta 1863, apoyándose en el partido creado por él, la Unión Liberal, situado a la derecha del progresismo y a la izquierda del moderantismo. El llamado Quinquenio Unionista fueron cinco años de paz y estabilidad, además de un período de prosperidad económica, que permitió la creación de nuevos puestos de trabajo, la renovación del utillaje industrial y el aumento de la producción, destacando especialmente el gran desarrollo que experimentó el trazado y puesta en explotación de vías férreas, que, además de facilitar las comunicaciones y posibilitar el transporte rápido y barato de pasajeros y mercancías, contribuyó a dar mayor entidad urbana a las ciudades españolas.

Para afirmar la paz y prosperidad internas, O'Donnell pensó en una política exterior que pudiese devolver a España su prestigio ante las naciones extranjeras, por lo que promovió la participación con éxito, en diversas campañas, destacando, entre ellas, la Guerra de Marruecos (1859-1860), motivada por la necesidad de poner fin a las frecuentes agresiones de los marroquíes contra las plazas de soberanía española. El Ejército, mandado por el propio general O'Donnell, presidente del Gobierno y general en jefe de la campaña, y el general Prim, obtuvo las victorias de los Castillejos, Tetuán y Wad-Ras, finalizando la guerra con la Paz de Wad-Ras, firmada entre O'Donnell y el sultán Muley-el-Abbas (26 de abril de 1860). En recompensa de estas victorias, O'Donnell recibió el título de duque de Tetuán, y Prim el de marqués de los Castillejos. En 1861, se llevó a cabo la expedición española a México mandada por el general Prim, quien se acreditó como político hábil y prudente, al oponerse a colaborar con los planes de Napoleón III de instalar en México una monarquía representada por el desventurado archiduque Maximiliano de Habsburgo, después fusilado, por lo que, dándose por satisfecho con las promesas de Juárez de cumplir sus compromisos económicos, evitó la guerra, regresando a España con sus fuerzas, contraviniendo la opinión del Gobierno y del general Serrano, entonces capitán general-gobernador de Cuba.

También en 1861, se produjo la anexión de la isla de Santo Domingo a España, a petición de su presidente Santana, que se veía amenazado por Haití, siendo el encargado de llevar a cabo el proceso de reincorporación el general Serrano, como gobernador de Cuba.

El Quinquenio Unionista terminó con la crisis provocada ante la decisión de O'Donnell de hacer un reajuste ministerial, que tuvo gran trascendencia. En él nombraba al general Serrano, duque de la Torre -título concedido tras su actuación como gobernador de Cuba-, ministro de Estado; a Vega de Armijo, ministro de Gobernación, y a Augusto Ulloa, de Marina.

El nombramiento de Serrano no gustó a Prim, enfrentado con aquél desde el asunto de México, y los otros dos nombramientos no gustaron a la Reina.

O'Donnell quiso salvar la situación incorporando a Prim al Gabinete en sustitución de Ulloa, pero se opuso a ello el general Gutiérrez de la Concha. Prim reaccionó airadamente abandonando para siempre su militancia en la Unión Liberal para incorporarse al Partido Progresista, que, en adelante, contaría con un general de indiscutible capacidad política. Respecto a la Reina, además de su disconformidad con los nuevos nombramientos, mostró su contrariedad por la negativa rotunda de O'Donnell de permitir el regreso a España de la Reina Madre. El enfrentamiento entre la Reina y su jefe de Gobierno consumó la crisis, al negarse ésta a firmar el decreto de disolución de las Cortes, solicitado por O'Donnell, para abordar la reforma constitucional, presentando éste su dimisión (2 de marzo de 1863). La Reina llamó a formar gobierno al marqués de Miraflores.

Con la caída de O'Donnell, comenzó el ocaso del reinado de Isabel II, en contraste con los cinco años que habían marcado el cénit de su reinado. Los gobiernos presididos sucesivamente por el marqués de Miraflores, Arrazola y Mon, dieron paso de nuevo al Gobierno de Narváez (16 de septiembre de 1864), que tuvo que abordar el grave problema de la crisis económica. Para resolverlo, Alejandro de Castro, titular de la cartera de Hacienda, propuso poner a la venta determinados bienes patrimoniales de la Corona.

Castelar fue destituido, siendo la causa de las graves protestas estudiantiles del 10 de abril de 1865, violentamente reprimidas durante la Noche de San Daniel, saldadas con nueve muertos y más de cien heridos. La salida de Narváez del Gobierno dio paso al tercer y último Gobierno del duque de Tetuán, que abarcó desde 1865 hasta 1866. En él tuvo que abordar dos importantes problemas de política exterior: el reconocimiento del reino de Italia, ante las airadísimas protestas de la Corte y de los moderados, y la Guerra del Pacífico, emprendida contra Chile y Perú, en la que es de señalar el valor del almirante Méndez Núñez.

En política interior, el gobierno de O'Donnell tuvo que enfrentarse a la conspiración ya imparable de los progresistas a los que se les había unido el Partido Demócrata.

Aunque O'Donnell hizo todo lo posible por atraerse a los progresistas y, en especial, por atraerse a Prim, no lo consiguió, pues la decisión mayoritaria del Partido Progresista, en torno a Olózaga, era ya la de avanzar por el camino de la revolución. En enero de 1866, tuvo lugar el Pronunciamiento de Villarejo de Salvanés, dirigido por Prim, cuyo fracaso le obligó a refugiarse en Portugal. El 22 de junio de 1866, estalló otro golpe, esta vez mejor organizado, que contó con la actuación directa del general Moriones y dirigido por Prim desde su refugio portugués. El pronunciamiento estalló en el corazón de Madrid y en uno de los acantonamientos militares más importantes, el cuartel de Artillería de San Gil, cuyos suboficiales habían sido captados por los conspiradores. La sublevación se produjo dentro y fuera del acuartelamiento, degenerando en una durísima batalla urbana, finalmente reducida por la resolución de Serrano, capitán general de Madrid. La represión que siguió a la sublevación fue muy dura, erosionando la generosidad tradicional de la Reina y el talante liberal del duque de Tetuán. La Reina le sustituyó en el Gobierno por Narváez, olvidando que acababa de salvar su Trono. Esta ingratitud de Isabel II hizo que O'Donnell, profundamente herido, se exiliara voluntariamente a Biarritz (Francia), donde vivió hasta su muerte (5 de noviembre de 1867), prometiendo firmemente no volver a colaborar con ella, aunque absteniéndose de participar en ninguna conspiración. Isabel II perdía a uno de los hombres más leales y valiosos de su reinado.

Narváez presidió el que sería su último Gobierno durante dieciséis meses (julio de 1866-abril de 1868).

Una vez más, llevó a cabo una política de mano dura, suspendiendo las Cortes y las garantías constitucionales.

La réplica de los progresistas no se hizo esperar. A mediados de agosto, firmaron con los demócratas el Pacto de Ostende (16 de agosto de 1866), por el que se comprometían a hacer un solo frente para derrocar al régimen y a la dinastía, creando un centro revolucionario permanente en Bruselas. El 5 de noviembre de 1867, falleció O'Donnell en su retiro de Biarritz, heredando el general Serrano la jefatura de la Unión Liberal, quien se apresuró a tomar contacto con los componentes del Pacto de Ostende. De esta manera se preparaba el destronamiento de Isabel II, con la participación incluso de su propio cuñado, el duque de Montpensier, que había entrado en contacto con la Unión Liberal.

A comienzos de 1868, Isabel II no contaba ya con más apoyos que el de Narváez. Su muerte el 23 de abril agravó los problemas. La Reina nombró presidente del Gobierno a González Bravo, cuyo gobierno duró cinco meses, en los que tuvo que afrontar una nueva crisis económica y de subsistencias. Su forma dictatorial de gobernar le llevó a cerrar las Cortes y su decisión de desterrar a varios destacados militares, los generales Serrano, Zabala, Dulce, Fernández de Córdova, Ros de Olano y Serrano Bedoya, y al mariscal de campo Caballero de Rodas, precipitó el destronamiento de Isabel II. Un frente común formado por los Partidos Unionista, Progresista y Demócrata se encargó de ello.

Acaudillaron la Revolución los generales Serrano y Prim y el almirante Topete. Prim, procedente de Londres, llegó a Gibraltar el 17 de septiembre. En la mañana del día 18, la Armada, concentrada en la bahía de Cádiz, señaló con sus cañonazos el gran pronunciamiento anunciado desde la fragata Zaragoza por Prim y Topete. El general Serrano llegó a Cádiz el día 19 en la fragata Buenaventura, con otros militares desterrados. En esa misma tarde, se hizo público el manifiesto Viva España con Honra. Serrano desde Sevilla, poniéndose al frente de un gran ejército, se dirigió hacia Madrid, derrotando a las fuerzas gubernamentales mandadas por el general Novaliches, en el puente de Alcolea, sobre el río Guadalquivir, próximo a Córdoba. Era el último acto del reinado de Isabel II, que desde San Sebastián, donde se encontraba veraneando, cruzó en tren la frontera con Francia el 30 de septiembre de 1868. Iba a cumplir treinta y ocho años. La Revolución de 1868 -La Gloriosa- terminó con su reinado.

En el destierro, la Reina se instaló al principio en el castillo de Pau, cedido por Napoleón III. Pasados los primeros meses, de acuerdo con el Rey consorte, se separaron definitivamente. Él se instaló en Épinay -alrededores de París-, donde vivió dedicado a sus aficiones favoritas: la lectura y el coleccionismo de obras de arte, hasta su muerte en 1902. Isabel II se trasladó a París estableciendo su residencia definitiva en el palacio Basilewsky, al que ella dio el nombre de palacio de Castilla, situado en la avenida Kléber, próximo a los Campos Elíseos, donde vivió casi exactamente la mitad de su vida. Allí, el 25 de junio de 1870, abdicó en su hijo Alfonso, príncipe de Asturias, y encomendó a Cánovas la jefatura del movimiento alfonsino. Desde allí Isabel II siguió los acontecimientos del Sexenio Revolucionario, la Restauración de su dinastía en su hijo Alfonso XII, la Regencia de su nuera María Cristina de Austria y el comienzo del reinado de su nieto Alfonso XIII.

El sábado 9 de abril de 1904, a los setenta y cuatro años, murió Isabel II a causa de una gripe que desembocó en una neumonía. La capilla ardiente quedó instalada en el palacio de Castilla. Como representación del rey Alfonso XIII, llegó a París para hacerse cargo del traslado a España del cuerpo de la Reina, el príncipe Carlos de Borbón, esposo de la infanta María de las Mercedes, primogénita de Alfonso XII y María Cristina. El Gobierno francés, encabezado por el presidente de la República Émile Loubet, rindió honores de jefe de Estado a la que durante treinta y cinco años fue reina de España y durante treinta y seis había residido en París. Con toda solemnidad el féretro de la Reina fue conducido hasta la estación de ferrocarril de Orsay, donde se llevó a cabo una parada militar, partiendo el féretro hacia España para darle sepultura en el Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial.

Durante su reinado personal, Isabel II sufrió dos atentados. El primero, el 4 de mayo de 1847, en la madrileña calle de Alcalá, obra del abogado y periodista Ángel de la Riva, quien disparó dos tiros de pistola sobre la carretela en la que viajaba la Reina, sin que llegaran a alcanzarla. Detenido y sometido a un proceso judicial, la Reina le indultó. El segundo fue el 2 de febrero de 1852 -día de la Purificación-, cuando la Reina salía del Palacio Real para ir a presentar a la Virgen de Atocha a su hija Isabel, según era costumbre, nacida dos meses antes. Un sacerdote sexagenario, Martín Merino, clavó un puñal en el pecho de la Reina, que resultó herida, pero no de gravedad.

En el proceso que se le hizo, Merino negó tener cómplices. Fue degradado canónicamente y ejecutado mediante garrote vil.

A pesar de la inestabilidad política marcada por las sublevaciones, los pronunciamientos militares y los numerosos gobiernos, los treinta y cinco años del reinado de Isabel II hasta su destronamiento en 1868, supusieron la modernización de España. La población experimentó un notable crecimiento, arrojando el primer censo oficial hecho en 1857, un total de 15.500.000 habitantes. Respecto al ferrocarril, en 1848 comenzó el trazado de la red ferroviaria, inaugurándose la primera línea férrea, Barcelona-Mataró el 28 de octubre de ese año. En 1851, se inauguró la segunda línea que unía Madrid con Aranjuez, proyectándose la futura conexión de la capital con la costa mediterránea de Alicante. En 1855, se promulgó la primera Ley General de Ferrocarriles. Entre los años 1856 y 1866 se pusieron en explotación 5.400 kilómetros de red ferroviaria, ampliándose durante el Quinquenio Unionista.

En 1845, comenzó una importante reforma de la Hacienda, en que participó Ramón de Santillán y que aplicó el ministro Alejandro Mon, regulando y ordenando tributos, simplificando el orden fiscal y nivelando los presupuestos. Respecto al sistema monetario, la primera transformación comenzó en 1834, durante la regencia de María Cristina, con el real como unidad, monedas de oro de 80 reales y duros de plata de 20. En 1848, en el reinado personal de Isabel II, se implantó un nuevo sistema monetario de carácter decimal, con el real de plata como unidad, y se acuñó el doblón equivalente a 100 reales. En 1855, se adoptó el sistema de carácter centesimal con la pieza de oro de 40 reales. En 1864, se implantó un nuevo sistema monetario cuya unidad sería el escudo de plata y su pieza máxima el doblón de 10 escudos, lo que simplificaba el sistema monetario español. En el año 1856, se creó el Banco de España, mediante la fusión del Banco de San Fernando con el de Isabel II.

La aplicación de las leyes bancarias de 1856, dio paso a la fundación de bancos de emisión y de sociedades de crédito.

La Desamortización impulsó la ampliación del terreno cultivado, que se hizo fundamentalmente a favor de tres cultivos: cereales, vid y olivo, inaugurando Isabel II, en 1857, la I Exposición Agrícola Española.

La industria experimentó un notable incremento, tanto la alimentaria -basada en la harina, la remolacha y el vino-, como la química. Se desarrolló la industria textil, en sus dos vertientes: algodonera y lanera, sobre todo a partir de 1842, año en que se importó maquinaria inglesa, logrando un acelerado proceso de concentración y de expansión, debido al número de telares y de obreros y al capital invertido, siendo su momento culminante a partir de 1855. La riqueza minera, comenzó a ser explotada a gran escala en la segunda mitad del siglo XIX. Hasta 1849 la explotación de las principales minas estaba reservada al Estado, pero las Leyes de 1849 y de 1859 autorizaron la explotación por particulares, a excepción de las minas de mercurio en Almadén (Ciudad Real).

También, a mediados del siglo XIX comenzó la fotografía en España, acogiendo la Corona el invento con entusiasmo. A partir de 1850, trabajaron, al servicio de la Corte, los fotógrafos Charles Clifford y Jean Laurent. El primero reflejó, desde 1858, las jornadas reales y debe ser considerado como el cronista gráfico de la España de Isabel II. El segundo fue autor de casi un millar de vistas de España.

El desarrollo económico estuvo acompañado por un importante desarrollo cultural: se fundaron nuevas escuelas de primeras letras, institutos de segunda enseñanza (1847) y escuelas especiales (1855). En 1857, se promulgó la primera Ley de Instrucción Pública, obra del ministro Claudio Moyano, y se fundó la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Dos importantes organismos culturales se beneficiaron especialmente de este desarrollo: el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional. El primero, recibió un gran impulso al donar Isabel II a la Nación, por Ley de 12 de mayo de 1865, sus colecciones privadas, que constituyen el repertorio de obras más importantes que hoy posee el Museo. La Biblioteca Real, durante la minoría de Isabel II, en el año 1836, dejó de ser propiedad de la Corona y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, recibiendo entonces el nombre de Biblioteca Nacional. En el reinado personal de Isabel II, ingresaron, por compra, donativo o incautación, la mayoría de los libros más antiguos que posee actualmente la Biblioteca. El 21 de abril de 1866, la Reina colocó la primera piedra del edificio, en el que hoy se encuentra albergada la Biblioteca Nacional, construido por el arquitecto Francisco Jareño.

Dada la afición de Isabel II por el bel canto, heredada de su madre María Cristina, durante su reinado se produjeron en Madrid dos hechos básicos para la vida musical española: la inauguración del Teatro Real, el 19 de noviembre de 1850, con la representación de la ópera La favorita de Donizetti, y el renacimiento de la zarzuela, género en el que triunfaron Barbieri, Hernando, Gaztambide y Arrieta.

María de la Concepción, nacida el 26 de diciembre de 1859, que solamente vivió un año y siete meses, pues falleció el 21 de octubre de 1861. María del Pilar, nacida el 4 de junio de 1861 y fallecida casi de repente poco después de haber cumplido los dieciocho años, el 5 de agosto de 1879, cuando se encontraba en el balneario de Escoriaza (Guipúzcoa). María de la Paz, nacida el 23 de junio de 1862. Se casó en Madrid, en 1883, con su primo hermano el príncipe Luis Fernando de Baviera y Borbón; murió a los ochenta y cuatro años en Baviera, el 4 de diciembre de 1946. Eulalia, nacida el 12 de febrero de 1864. A los veintidós años, contrajo matrimonio el 5 de marzo de 1886, con su primo hermano el príncipe Antonio de Orleans y Borbón, hijo de los duques de Montpensier. Murió en Irún (Guipúzcoa), el 8 de marzo de 1958, a los noventa y cuatro años. Francisco de Asís Leopoldo, nacido el 24 de enero de 1866, que murió antes de haber cumplido el mes, el 14 de febrero de 1866. Además, la Reina tuvo dos abortos, uno el 24 de noviembre de 1855 y el otro el 21 de junio de 1856. De estos diez hijos, tan sólo sobrevivieron cinco: Isabel, Alfonso, Pilar, Paz y Eulalia.

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Trinidad Ortuzar Castañer

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El pretendiente don Carlos tuvo que refugiarse en Francia, pero continuó la resistencia de sus partidarios en el bajo Aragón, al mando del general Cabrera, hasta el 6 de julio de 1840, en que, derrotado, tuvo que huir a Francia.

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La mañana del 9 de julio de 1820, el rey Fernando VII se presentaba en la sesión inaugural de las Cortes ante cientos de personalidades, altos funcionarios del Estado, personal diplomático extranjero "y un numeroso concurso del pueblo", según el acta de sesiones, para jurar "que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española". Se comprometía a someter su voluntad a las Cortes y que todo decreto que tomara contraviniendo los preceptos de la carta magna sería "nulo y de ningún valor".

No era este, ni mucho menos, un juramento sincero. El monarca debió sentir el acto de acatar la constitución surgida de las Cortes de Cádiz en 1812 como la mayor humillación sufrida en todo su reinado. Fernando VII fue un rey autoritario, cuya mayor ambición fue la de gobernar sin cortapisas, que conspiró contra su padre para apartarlo del trono y que maquinaría contra el régimen constitucional recién inaugurado hasta conseguir derrocarlo y volver a reinar como monarca absoluto tres años después de jurar la constitución.

Príncipe conspirador

La vida y el reinado de Fernando VII fueron un periodo ajetreado que señaló la agonía del absolutismo en España e inauguró una época convulsa en la que las luchas entre quienes querían importar los cambios políticos surgidos en Francia y entre los sectores más tradicionalistas de la sociedad y el poder. Fernando VII nació en San Lorenzo del Escorial el 14 de octubre de 1784. Era el noveno de los 14 hijos de Carlos IV y de María Luisa de Parma y el mayor de los varones que sobrevivieron a la infancia.

familia carlos iv

La familia de Carlos IV, de Francisco de Goya, presenta al monarca (vestido de negro) junto a su familia, inclu.do el príncipe heredero, de azul a la izquierda, delante del pintor.

Apartado por el rey de las tareas de gobierno a pesar de ser el legítimo heredero al trono se rodeó de una camarilla de cortesanos con la que comenzó a conspirar en secreto contra sus padres. En octubre de 1807, al parecer alentado por su preceptor, el canónigo Juan de Escoiquiz, que aborrecía al primer secretario Manuel Godoy y que admiraba a Napoleón, tramó una conspiración para defenestrar al todopoderoso valido de Carlos IV con la ayuda del emperador francés. La intriga, que contemplaba como fin último el destronamiento del soberano, fue descubierta y abortada antes de que pudiera llevarse a cabo.

El príncipe fue arrestado y confesó el delito en sendas cartas a sus padres, en las que se reconocía autor de un "gravísimo delito" e imploraba su perdón. Carlos IV perdonó a su hijo, pero Fernando y sus partidarios no dejaron las intrigas contra su padre y en 1808 urdieron el motín de Aranjuez, una conspiración disfrazada de levantamiento popular que obligó a abdicar a Carlos IV y que puso el trono definitivamente en manos de Fernando.

Rey efímero

Fernando VII comenzó su reinado buscando un acercamiento a Napoleón, que usó este interés para abrir las fronteras españolas a la Grande Armée y lograr ella corona española para su hermano José. El emperador convocó al rey a una conferencia en Bayona, donde ya estaba su padre. El 5 de mayo de 1808 lograba que Carlos IV, viejo y cansado, le cediera sus derechos, y el 10 hacía que Fernando se adhiriera a esa cesión a cambio de fijar su residencia en el castillo-palacio de Valençay y una pensión mensual de las arcas francesas.

Para saber más

Durante la ocupación francesa y el reinado de José I Bonaparte, Fernando VII se convirtió en una figura mítica, que concentraba los anhelos de libertad del pueblo español que lo bautizó como El Deseado. A pesar de ello, su comportamiento en Valençay fue de sumisión a Napoleón llegando a felicitarlo por sus victorias en España.

Pero el cambio de rumbo de la guerra en Europa en 1812-1813 obligó a Napoleón a sacar sus tropas de España y prometer a Fernando facilitar su vuelta como rey absoluto, a pesar de que los españoles que luchaban en su nombre habían establecido un gobierno y un parlamento propios en Cádiz y habían aprobado una constitución en 1812, llamada la Pepa por haber sido aprobada el 19 de marzo.

Sexenio absolutista

A su regreso a España en mayo de 1814, Fernando VII se negó a acatar la constitución, promovió un golpe de Estado que derogó el régimen liberal, reinstauró el absolutismo y persiguió a los liberales: el sexenio absolutista, un periodo de seis años en los que Fernando VII gobernó con plena autoridad, sin limitaciones, y desmanteló la obra de los constitucionales.

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El regreso de Fernando VII en 1814 fue un acontecimiento largamente deseado por los españoles. Así lo recreó ose Aparicio.

The Granger Collection / Cordon Press

Fernando VII mostró con toda su crudeza su carácter autoritario, déspota y cruel, dispuesto a cualquier cosa para satisfacer su egoísmo. Se destapó ante el pueblo como un gobernante que creía en su derecho a gobernar sin limitaciones de ningún tipo, atendiendo tan solo a su voluntad personal. El monarca reprimió con saña toda disidencia y gobernó rodeado de una "camarilla" que le profesaba una obediencia ciega.

El carácter de Fernando VII era el de una persona déspota y autoritaria que persiguió con saña a los disidentes.

Esta forma de gobierno déspota acabó en 1820 con el levantamiento de los sectores liberales del ejército, encabezados por el general Riego, que el 1 de enero leyó su pronunciamiento para forzar al monarca a abandonar el régimen absolutista y establecer la constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. El triunfo de la sublevación dio inicio al Trienio liberal. Fernando VII se vio obligado a jurar la constitución, pero alentó todo tipo de complots en su contra, solicitando ayuda a otros soberanos europeos para acabar con un régimen que lo privaba de sus prerrogativas y lo hacía prisionero de los liberales.

La década ominosa

La ayuda internacional llegaría en 1823, comandada por los Cien Mil hijos de San Luis, un ejército creado por las potencias europeas que restablecería el poder absoluto de Fernando VII. Los últimos diez años de su reinado (1823-1833) son conocidos como la Década ominosa.

Su sensación de inseguridad personal y el odio visceral hacia el constitucionalismo acrecentó la persecución de los elementos liberales, muchos de los cuales debieron exiliarse. Paradójicamente, la crisis económica y el creciente descontento provocaron que pusiese en manos de elementos ilustrados las reformas económicas y de la administración que necesitaba el país. Aunque estas reformas no contentaron a los sectores más liberales (por quedarse cortas) ni a los más conservadores (por su aversión a la modernización).

Paradójicamente, Fernando VII puso en manos de personajes liberales las reformas necesarias para enderezar la economía y reformar la administración del país.

Pero con todo, el mayor problema del soberano fue su incapacidad para concebir un heredero. En 1829 se casó con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, con la que tuvo dos hijas, Isabel y María Fernanda. Para nombrar heredera a su primógenita se vio obligado a firmar la Pragmática Sanción por la cual suprimía la ley sálica y restablecía el derecho de la mujer a reinar en ausencia de varón.

Para saber más

La cuestión sucesoria contó con la oposición de los sectores más reaccionarios, encabezados por el hermano menor de Fernando, Carlos María Isidro, que se consideraba con más derecho al trono que su sobrina. A la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1933, Isabel sería proclamada reina y su madre regente hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad. Casi de inmediato se iniciaría una guerra civil, la Primera guerra carlista, en la que los defensores de la causa isabelina fueron los sectores liberales tan odiados por su padre, mientras que la facción absolutista se puso a las órdenes del hermano a quien Fernando VII apartó del trono.

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Fernando VII, el rey que no quería jurar la constitución

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Déspota y cruel, Fernando VII conspiró contra su padre y una vez en el trono derogó la Constitución de 1812, para reinstaurar el absolutismo y reinar rodeado de una camarilla acrítica.

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Biografía de Fernando VII de Borbón (1808-1833)

(El Escorial, 14 de octubre de 1784 - Madrid, 29 de septiembre de 1833)

Emilio La Parra López
Universidad de Alicante

Portal temático El Trienio Liberal (1820-1823)

Noveno hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, nació en El Escorial el 14 de octubre de 1784. Era, al nacer, el cuarto en la sucesión a la Corona, tras su padre y sus hermanos Carlos y Felipe, gemelos. Estos últimos murieron antes de que Fernando cumpliera un mes de edad, de modo que cuando su padre llegó al Trono el 14 de diciembre de 1788, Fernando pasó a ser el príncipe de Asturias y como tal fue jurado por las Cortes el 23 de septiembre de 1789.

De naturaleza débil, sufrió durante su niñez algunas enfermedades de cierta gravedad y más tarde, en edad adulta, padeció con frecuencia severos ataques de gota. Su educación estuvo encomendada a clérigos, que le impusieron un régimen de vida muy estricto, escaso en juegos y diversiones y abundante en prácticas piadosas. Quien mayor influencia ejerció sobre él fue el canónigo Juan Escoiquiz, designado en 1796 su maestro de Geografía y Matemáticas. Aunque debido a su afición a la intriga y a su desmedida ambición, Escoiquiz fue desterrado a Toledo en enero de 1800; no perdió el ascendiente sobre el príncipe, cuya infancia y adolescencia pasó alejado de los negocios públicos por voluntad de los reyes.

La vida de Fernando cambió a partir de su matrimonio, a la edad de 18 años, con María Antonia de Borbón, hija del rey Fernando IV de Nápoles, hermano de Carlos IV. El enlace se celebró en Barcelona el 4 de octubre de 1802. Desde su llegada a España, María Antonia mantuvo una estrecha correspondencia con su madre, la reina María Carolina, quien odiaba a Godoy, entre otras cosas por haber firmado en 1796 un tratado de alianza con la República francesa, hecho que la reina napolitana -hermana de María Antonieta de Francia- consideró una traición a la causa monárquica europea. Desde el cuarto de los príncipes de Asturias y por instigación de María Carolina se comenzó a maniobrar para desacreditar a Godoy y alejar a España de la órbita francesa, pero la muerte de María Antonia el 21 de mayo de 1806 interrumpió estos movimientos. A partir de esa fecha, Escoiquiz se convirtió en el mentor político del príncipe y director de la campaña contra Godoy.

En la Navidad de 1806, el príncipe Fernando financió una colección de estampas satíricas, de tono procaz, dirigidas contra Godoy, en las que asimismo se denigraba a la reina María Luisa y se criticaba de forma indirecta al rey. Las estampas fueron distribuidas entre la nobleza española y causaron gran impacto asimismo en medios populares, pues criados de algunas casas nobiliarias las difundieron por tabernas y otros lugares públicos.

Actuaciones de este tipo tenían lugar en un momento de malestar general en el país, consecuencia de varios años de pésimas cosechas y de serias dificultades financieras ocasionadas por el estado casi permanente de guerra y el subsiguiente entorpecimiento del comercio con América. Por consiguiente, el grupo de aristócratas y clérigos aglutinado en torno al príncipe de Asturias no tuvo grandes dificultades para crear una opinión contraria a Godoy, quien desde 1801, tras su nombramiento como Generalísimo de los Ejércitos, había acumulado un extraordinario poder político. Amparados en la impopularidad del Príncipe de la Paz, el que podemos denominar "grupo fernandino" urdió una operación para eliminarlo del poder. La maniobra fue descubierta el 27 de octubre de 1807, mientras la familia real estaba de jornada en El Escorial. En el cuarto del príncipe de Asturias se hallaron documentos que confirmaban la existencia de una conspiración, cuya finalidad consistía en arrestar a Godoy e incluso a la reina en caso de que intentara impedirlo. Aunque no se decía nada de la suerte de Carlos IV, el resultado lógico de la operación no podía ser otro, como ha sugerido Miguel Artola, que forzar su abdicación a favor de Fernando. El príncipe fue recluido en su cuarto por orden del rey y en cuanto fue interrogado no tardó en confirmar la existencia de la conspiración y en delatar a los comprometidos en ella, entre otros a Escoiquiz y al Duque del Infantado, este último quizá el aristócrata más influyente en ese momento.

Mediante un decreto publicado el 30 de octubre de ese año en la Gazeta de Madrid, el rey comunicó al país que su hijo "había admitido un plan para destronarme". La gravedad del hecho hacía suponer que seguirían medidas severas, pero unos días después, el 5 de noviembre, la Gazeta insertaba un nuevo Real Decreto por el que el rey perdonaba al príncipe y ordenaba abrir causa judicial contra las personas implicadas en la conspiración. El decreto incluía sendas cartas de Fernando a su padre y a su madre. En la dirigida a la reina confesaba sin rodeos su falta: "Madre mía: Estoy arrepentido del grandísimo delito que he cometido contra mis padres y reyes". Esta sorprendente confesión y la forma de comunicar la noticia del grave suceso a la opinión pública causó desconcierto, pero el perdón real al príncipe y las leves penas impuestas a los conspiradores (los más señalados, como Escoiquiz e Infantado, únicamente fueron condenados al destierro fuera de los sitios reales), hizo sospechar a muchos que todo había sido urdido por el propio Godoy para desprestigiar al príncipe de Asturias, cuyos partidarios lo presentaron como a un inocente perseguido por el malvado Godoy.

Desde este momento se incrementaron las maniobras contra Godoy urdidas principalmente por aristócratas situados en el entorno del príncipe de Asturias, quienes actuaron amparados, por una parte, en el ambiente general del país, claramente hostil hacia Godoy, y, por otra, en las difíciles relaciones de este con Napoleón, hecho que debilitaba la posición política del Generalísimo. Finalmente, el 17 de marzo de 1808 los enemigos de Godoy decidieron pasar a la acción y aprovechando la estancia de la familia real en Aranjuez organizaron un motín en el Real Sitio con el fin de apoderarse de su persona. Godoy se salvó inicialmente del acoso de la multitud ocultándose en su propio palacio, pero finalmente fue descubierto y hecho prisionero. Temiendo por la vida de su amigo (como así lo denominaba), Carlos IV lo destituyó de todos sus cargos, pero esto no calmó al entorno del príncipe de Asturias, que siguió presionando al rey para acabar con la vida de Godoy. En esa tesitura, el 19 de marzo Carlos IV abdicó a favor de su hijo. Acto seguido Fernando fue aclamado rey de España por una multitud convenientemente congregada ante el balcón del palacio real de Aranjuez.

Fernando VII, pues, accedió al Trono en medio de una gran confusión provocada por el motín y sin que quedaran aclaradas las circunstancias de la abdicación de su padre. De hecho, nunca se liberó, mientras vivió Carlos IV, del temor de que éste reclamara para sí la Corona, eventualidad que no llegó a producirse. Además, el nuevo reinado comenzó sin seguir los procedimientos al uso, que exigían pasar la renuncia del rey a consulta del Consejo de Castilla y la convocatoria de Cortes. Sin embargo, mediante una campaña propagandística bien orquestada, los fernandinos lograron extender la idea de que todo era resultado de la voluntad del pueblo reunido espontáneamente en Aranjuez, hastiado del mal gobierno del tirano Godoy y esperanzado en que un príncipe virtuoso e inocente acometiera la regeneración de la Monarquía.

Las primeras medidas adoptadas por Fernando VII durante el primer tiempo de su reinado, que solo duró un mes (del 19 de marzo a mediados de abril de 1808), respondieron a las exigencias de los estamentos privilegiados y tuvieron un marcado sesgo populista. Dio prioridad a la persecución de Godoy, que era el asunto de mayor impacto popular y con más carga demagógica: el 20 de marzo, al día siguiente de acceder al Trono, se apresuró a secuestrar sus bienes y los de sus familiares y próximos -varios de ellos fueron encarcelados- y el 3 de abril el rey anunció, con gran satisfacción general, la apertura de causa criminal contra Godoy. Anuló la desamortización emprendida en 1798 y suspendió la venta del séptimo de los bienes eclesiásticos autorizada un año antes por el Papa, lo cual contentó sobremanera al clero. Interrumpió dos importantes planes reformistas de Godoy que habían suscitado reticencias en sectores conservadores (la reforma de la Armada mediante la creación del Almirantazgo y el programa de construcción de canales y caminos), ordenó el pago de los sueldos atrasados a los servidores de la casa real (el descontento provocado por estos atrasos fue una de las razones para que muchos empleados de palacio participaran en el Motín de Aranjuez), concedió permiso para cazar ciervos y gamos en los cotos reales y suprimió el arbitrio extraordinario del vino. Junto a todo ello, tomó una medida que se ha interpretado como un guiño hacia los ilustrados, cuando en realidad fue -como las anteriores- una decisión demagógica y un acto de venganza contra Godoy. Se trata de la excarcelación de Jovellanos y el levantamiento de las sanciones impuestas a Cabarrús y a Urquijo, cuyas desgracias atribuía la opinión pública a Godoy.

El 24 de marzo de 1808 Fernando VII se trasladó a Madrid, donde recibió un caluroso recibimiento popular y fue, por segunda vez, aclamado rey. Pero en esas fechas la capital, así como la mitad septentrional del reino, estaban de hecho bajo el control de tropas francesas mandadas por Joaquín Murat, designado por Napoleón su lugarteniente general en España. La presencia de este ejército en territorio español se justificó oficialmente en virtud del tratado firmado el 27 de octubre de 1807 en Fontainebleau, por el cual España y Francia acordaron invadir Portugal para hostilizar desde ese reino a Inglaterra.

Desde finales de marzo hasta mediados de abril de 1808 la situación política en España fue sumamente confusa. La mayoría de los españoles no albergaba dudas sobre la legitimidad de Fernando VII para ocupar el Trono, pero amparado en las circunstancias en que se había producido la abdicación de Carlos IV, Napoleón no reconoció oficialmente a Fernando VII como rey de España y en sus relaciones con él nunca le dio el tratamiento de "Majestad", sino el de "Alteza Real", como correspondía a un príncipe. Fernando, por su parte, encauzó todos sus esfuerzos en conseguir el reconocimiento del emperador y se mostró dispuesto a seguir todas sus indicaciones, abandonando el gobierno de la Monarquía. Por lo demás, la autoridad del rey era precaria en la práctica, pues los franceses actuaban a sus anchas en una parte importante del territorio (incluso en ciudades clave, como Barcelona) y en la capital del reino Murat controlaba las actuaciones de las autoridades españolas y la Gazeta de Madrid, órgano fundamental por ser en la época el medio de comunicación al país de las noticias oficiales.

Acrecentó la confusión el anuncio de Napoleón de su intención de viajar a Madrid para entrevistarse con Fernando VII y reforzar la alianza entre ambos países. El rey interpretó la noticia de forma muy positiva, pues calculó que la visita del emperador implicaba su reconocimiento, lo cual consolidaría su posición en el exterior y disiparía las sospechas sobre la invalidez de la renuncia de Carlos IV que todavía mantenían algunos. Así pues, en cuanto el general Savary, enviado de Napoleón, anunció al rey la inminente entrada del emperador en territorio español, Fernando VII salió a su encuentro. El 10 de abril de 1808 partió de Madrid en dirección al norte, confiado en que no se demoraría su entrevista con Napoleón. Pero éste permaneció en Bayona y Savary convenció a Fernando y a sus consejeros más próximos (el Duque del Infantado, Escoiquiz y el Duque de San Carlos, quienes habían constituido una especie de círculo infranqueable en torno al rey) de la conveniencia de seguir viaje hasta la frontera, con la promesa de celebrar la entrevista entre ambos soberanos en territorio español. No fue así y Fernando y su séquito continuaron viaje hasta Bayona, a donde llegaron el 20 de abril.

Napoleón reunió en esta ciudad a Carlos IV y a todos los miembros de su familia residentes en España, así como a Godoy, a quien liberó de la prisión en que estaba recluido desde su caída. Aprovechando la desunión de la familia real, Napoleón presionó a Carlos IV y a Fernando para que le traspasaran los derechos a la Corona española, hecho que quedó formalizado el 5 de mayo de 1808. El 10 de ese mes, Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro -el siguiente en el orden de sucesión al Trono- y su tío el infante don Antonio partieron hacia Valençay, su lugar de residencia señalado por Napoleón. Durante el trayecto, Fernando y sus dos augustos acompañantes firmaron en Burdeos el 12 de mayo un manifiesto dirigido a los españoles en el que el rey anunciaba su renuncia a la Corona de España a favor del emperador francés e instaba a la población a obedecerle y a permanecer en sosiego.

A partir del 23 de mayo de 1808, una vez se tuvo noticia en España de las abdicaciones de Bayona a través de la Gazeta de Madrid, se formaron Juntas en distintas ciudades, las cuales proclamaron rey a Fernando VII (era la tercera vez que se producía este hecho) y en su nombre declararon la guerra a Napoleón. Al mismo tiempo las nuevas autoridades emprendieron una intensa labor propagandística para crear una imagen sumamente positiva de Fernando VII, presentándolo como el "príncipe inocente", adornado de todas las virtudes y víctima sucesiva de dos tiranos, el interior (Godoy) y el exterior (Napoleón). En la España alzada en armas contra el francés se impuso durante el tiempo de la guerra esta imagen del rey, mientras él pasaba los días en Valençay, ajeno a cuanto sucedía en su reino, rechazando los planes de evasión urdidos desde diversas instancias y completamente sumiso a Napoleón, de quien solicitó ser hijo adoptivo y a quien felicitó por escrito con motivo de sus victorias, así como a José por su acceso al Trono de España. Mientras tanto, la Constitución de Cádiz declaró a Fernando VII rey constitucional de España.

A finales de 1813, cuando la coalición liderada por Inglaterra puso en peligro la continuidad del imperio francés y una vez había abandonado el territorio español tras la grave derrota sufrida en Vitoria, Napoleón abrió negociaciones con Fernando VII para poner fin a la guerra en España y alejar a este país de la alianza con Inglaterra. El 11 de diciembre de ese año se firmó el tratado en Valençay, en virtud del cual el emperador permitía el regreso a España de Fernando VII como soberano con plenos poderes. Las negociaciones de este tratado se desarrollaron en Valençay, sin conocimiento de las Cortes españolas y de la Regencia, que ejercía el poder ejecutivo en nombre de Fernando VII. Esta forma de proceder contravenía un decreto de las Cortes de Cádiz del 1 de enero de 1811, el cual prohibía al rey de España firmar acuerdos o tratados con otras potencias mientras estuviera privado de libertad, fuera del territorio español. Pero Fernando VII hizo caso omiso de esta disposición, así como de lo determinado en la Constitución de 1812 sobre su juramento y el 13 de marzo de 1814 con el beneplácito del Emperador salió de Valençay. El 22 de ese mes entró en España por Báscara (Gerona). No juró la Constitución, ni siguió el itinerario marcado por las Cortes, sino que tras un breve paso por Zaragoza, donde recibió todo tipo de homenajes, se dirigió a Valencia.

Una vez en Valencia, el rey y su círculo más próximo organizaron un dispositivo propagandístico y militar destinado a controlar a los partidarios del régimen constitucional y facilitar la asunción por parte de Fernando VII de la plena soberanía. En púlpitos y en los periódicos realistas (algunos creados ex profeso) se ensalzó al rey absoluto; el 4 de mayo de 1814 el monarca firmó un decreto por el que suprimía la Constitución y declaraba nula la obra de las Cortes. En la noche del 10 al 11 de ese mes el capitán general de Madrid encarceló a los diputados liberales a Cortes más notorios y a otras autoridades constitucionales y el día 13, Fernando VII entró en Madrid aclamado por la multitud congregada a su paso. Desde esa fecha hasta enero de 1820, Fernando VII actuó como rey absoluto (es el periodo conocido como Sexenio Absolutista), aunque no pudo poner en vigor todos los organismos y usos del Antiguo Régimen. Durante estos años, los liberales intentaron -infructuosamente- restablecer la Constitución mediante el sistema del pronunciamiento y aun algunos planearon acabar con la vida del monarca.

En septiembre de 1816 Fernando VII contrajo matrimonio con la portuguesa Isabel de Braganza, quien murió en diciembre de 1818 sin descendencia. El 2 de septiembre del año siguiente casó por tercera vez, ahora con María Amalia de Sajonia, una persona muy piadosa con la que tampoco tuvo hijos.

El 1 de enero de 1820 un grupo de militares, encabezado por Rafael del Riego, se pronunció en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. Aunque inicialmente pareció que una vez más los absolutistas controlarían la situación, varias ciudades se adhirieron al pronunciamiento y el monarca se vio obligado a aceptar la vuelta al constitucionalismo. El 10 de marzo de 1820 Fernando VII declaró su disposición a asumir la Constitución y en julio siguiente la juró. Era la primera vez que el rey prestaba este juramento.

Desde el restablecimiento del sistema constitucional (el régimen duró tres años, conocidos como "Trienio Liberal") Fernando VII se sintió incómodo en extremo y pronto dio a entender que los liberales le impedían ejercer sus funciones reales y que lo tenían en una especie de cautividad. Obsesionado por su situación, emprendió todo tipo de acciones para eliminar, como en 1814, la Constitución. Especialmente sonado fue el intento de golpe de Estado del 7 de julio de 1822, en el que estuvieron directamente implicados el rey y miembros de su familia. El golpe fracasó, pero la oposición al constitucionalismo se recrudeció y en distintos puntos de España se alzaron partidas armadas para combatirlo. Mientras, las potencias de la Santa Alianza, reunidas en Verona en 1822, decidieron intervenir militarmente en España para ayudar a Fernando VII a recuperar sus plenas facultades.

El 28 de enero de 1823, Luis XVIII anunció ante la Asamblea Nacional francesa el envío a España de un ejército formado por cien mil hombres (los llamados "Cien Mil Hijos de San Luis") al mando de un miembro de la familia Borbón, el Duque de Angulema. Ante la noticia, las Cortes españolas decidieron su traslado a Sevilla, así como el de las autoridades e instituciones del Estado, incluyendo al rey y a su familia. El propósito consistía en organizar la resistencia desde el sur de España, como ya se hiciera en 1808 frente a la invasión napoleónica. El rey hizo lo posible por evitar el viaje, pero finalmente se vio obligado a cumplir la resolución de las Cortes y el 20 de marzo de ese año emprendió la ruta hacia el sur. Semanas después, el 7 de abril, el ejército invasor, acompañado de guerrilleros absolutistas españoles refugiados en Francia, atravesó los Pirineos y sin hallar gran resistencia avanzó con rapidez por territorio español.

Cuando las tropas de Angulema entraron en Andalucía, las autoridades constitucionales decidieron trasladarse, con el rey, a Cádiz, por ser punto más apto que Sevilla para la defensa. Pero una vez más Fernando VII se negó a moverse. Ante esta circunstancia, el 11 de junio de 1823 las Cortes le suspendieron en sus funciones, basadas en el artículo 187 de la Constitución, el cual establecía que si el rey se hallare imposibilitado para ejercer su autoridad por alguna causa física o moral, el reino sería gobernado por una Regencia. Las Cortes consideraron que se estaba en el caso de imposibilidad moral, pues era patente que Fernando VII prefería entregarse al ejército invasor antes que defender la independencia de su propio reino. Así pues, se nombró una Regencia, con el único objetivo de preparar el traslado del rey a Cádiz. Una vez esto se ejecutó, cesó la Regencia y Fernando VII recobró sus poderes.

La resistencia de los constitucionales fue inútil y el 30 de septiembre se rindió Cádiz. Ese mismo día, Fernando VII firmó un decreto prometiendo perdón general por todo lo pasado, pero el siguiente salió de Cádiz y se reunió con el Duque de Angulema en El Puerto de Santa María y dio un nuevo decreto que derogaba la Constitución y declaraba nulas las actuaciones del régimen constitucional. A continuación se desencadenó por toda España la persecución de los partidarios del régimen constitucional, muchos de los cuales recurrieron al exilio para evitar la cárcel o salvar sus vidas. Muchos, sin embargo, fuera por confianza en su comportamiento leal a las leyes, fuera por descuido o por otras razones, no tuvieron la misma suerte y sufrieron la pena de muerte. El caso más señalado fue el de Rafael del Riego, ejecutado de manera ignominiosa en Madrid.

El 13 de noviembre de 1823, dos días después de la ejecución de Riego, Fernando VII entró en Madrid e inauguró un nuevo tiempo de durísima represión y ausencia de libertades, etiquetado como la " Década Ominosa ". Durante estos años el rey hizo oídos sordos a quienes solicitaron algunos cambios políticos para modernizar el país y resolver la grave situación económica. Sólo aceptó algunas reformas administrativas, sugeridas por antiguos afrancesados, como Pedro Sáiz de Andino y Javier de Burgos, pero impidió cualquier avance en el orden político y, por supuesto, la mínima aproximación hacia un sistema representativo, ni siquiera al de Carta Otorgada como el vigente en Francia.

Pronto se alzaron voces en las propias filas absolutistas contra el rey, exigiendo mayor dureza en la represión de las ideas liberales y de quienes las sustentaban y el establecimiento de un sistema absoluto de signo teocrático. La negativa de Fernando VII a satisfacer esta última demanda, mantenida con especial énfasis y fanatismo por el clero, que interpretó como un atentado a su poder personal, estuvo en el origen, entre otros factores, de varios movimientos insurreccionales organizados por sectores ultraconservadores; el más relevante fue el ocurrido en 1827 en Cataluña (la rebelión de los Agraviados). Aunque las revueltas fueron sofocadas - de nuevo mediante el recurso a la represión- quedó muy malparada la imagen de Fernando VII, quien para recuperar su popularidad realizó un viaje a Cataluña, que prosiguió por el norte de España durante varios meses. El periplo, finalizado el 11 de agosto de 1828, fue todo un éxito para Fernando, pues le permitió controlar por el momento a los absolutistas extremos, mientras algunos sectores reformistas se forjaron ilusiones sobre la posibilidad de ciertos cambios, que no se produjeron.

El 18 de mayo de 1829 murió, también sin descendencia, María Amalia de Sajonia y en diciembre de ese año Fernando celebró su cuarto matrimonio con su prima María Cristina de Borbón. El enlace, muy bien acogido por los españoles, debido a las simpatías despertadas por la nueva reina, proporcionó a Fernando VII los últimos momentos de popularidad. Pero no cesó el acoso de los ultras, aglutinados en torno a su hermano Carlos María Isidro, como tampoco el que venían practicando desde 1823 los liberales, quienes desde el exilio organizaron varias operaciones para restablecer el régimen constitucional. Para contrarrestar los intentos de los liberales, el monarca recurrió al procedimiento habitual de la represión, dando lugar a episodios muy sonados, como la muerte de Mariana Pineda y el fusilamiento del general Torrijos y de sus compañeros desembarcados en las costas de Málaga. Para desactivar las maniobras de los ultras, Fernando VII promulgó el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción, mediante la cual se restablecía la norma castellana que reconocía a las mujeres el derecho a heredar el Trono.

El 10 de diciembre de 1830 María Cristina dio a luz una niña (la futura Isabel II), hecho que recrudeció la disputa por la sucesión entre los partidarios de Carlos María Isidro y el rey. En septiembre de 1832 Fernando VII sufrió una grave enfermedad y se temió por su vida. Las presiones de los ultras se incrementaron y el 18 de septiembre el rey derogó la Pragmática Sanción. Restablecida su salud, de nuevo decretó el derecho de las mujeres a reinar en España (31 diciembre 1832), pero los ultras o "carlistas", como pronto fueron conocidos, no acataron esta decisión. El 29 de septiembre de 1833 murió Fernando VII sin que hubiera sido resuelto el problema de su sucesión. Su esposa, María Cristina de Borbón, quedó como regente del reino durante la minoría de su hija Isabel II, que entonces contaba 3 años de edad.

Tras su muerte, nadie ha asumido la tarea de elogiar a este rey, ensalzado hasta el extremo durante varias etapas de su vida e igualmente denigrado por los que sufrieron persecución durante su reinado, fueran de un signo u otro. Aunque recientemente algunos han tratado de ofrecer una imagen benevolente de este monarca, las más de las veces sin un sólido fundamento documental, sigue predominando una consideración negativa tanto de su persona, como de su reinado. Aparte de los fracasos cosechados (represión política, decadencia económica, científica y cultural, torpeza en el trato con los movimientos independentistas americanos...) no debe pasarse por alto la personalidad del rey. Debido, quizá, a la educación clerical y al ambiente oscuro y represivo en que transcurrió su infancia y juventud, se desarrolló en él una acusada desconfianza hacia los demás y una tendencia patente al disimulo y al engaño; como escribió lord Holland, perspicaz observador de la España de la época, Fernando VII fue un hombre falso. Los escritores del siglo XIX resaltaron su insensibilidad ante el sufrimiento de los demás y su inclinación a la crueldad con sus enemigos, que eran para él todos los que no acataran sin reparos su autoridad. Su educación y su base ideológica absolutista le hicieron muy consciente de su elevada condición, pero fue un hombre débil de carácter, que se dejó llevar por los acontecimientos y por el círculo de íntimos del que siempre se rodeó, constituido al principio de su reinado por personas relevantes social y políticamente situadas en la órbita del absolutismo y, tras 1814, por oscuros personajes movidos por el oportunismo y el ansia de riquezas, quienes formaron la llamada "camarilla", cuya composición varió con el tiempo, pues Fernando VII nunca mantuvo fidelidad hacia sus próximos. Su acendrada religiosidad, rayana en la superstición, y la afabilidad y franqueza de que hizo uso en su trato cuando le interesaba fueron, quizá, los elementos que sustentaron su popularidad, aunque ésta fue resultado más bien de la propaganda de sus partidarios y de las exigencias de un tiempo en que los españoles necesitaban un rey frente al que intentó imponer Napoleón.

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Biografía de Fernando VII de Borbón (1808-1833) - Reyes y Reinas de la España Contemporánea

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(El Escorial, 14 de octubre de 1784 - Madrid, 29 de septiembre de 1833) Emilio La Parra LópezUniversidad de Alicante Portal temático El Trienio Liberal (1820-1823) Noveno hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, nació en El Escorial el 14 de octubre de 1784.

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LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833) | Historia de España 🇪🇸