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Las constituciones del nuevo Estado de 1824, 1841 y 1864 constaban de principios liberales que generaban la organización política del país. La división político territorial se basaban entorno al departamento, distrito, municipalidad y cantón. Él poder legislativo, bicameral, está representado por la cámara de diputados y la cámara de senadores.

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En 1864 se abrió un nuevo horizonte liberal. En esta etapa la consideramos desde el gobierno provisorio de Francisco Dueñas tras la derrota de Gerardo Barrios hasta el fin del reformismo liberal, es decir que en este periodo de consolidación del dicho Estado Liberal, en 1900. A pesar de que la historiografía normalmente a dado el paso de salida de las reformas liberales en 1871 con la que era presente administración de Santiago Gonzales, incluimos que el gobierno de Francisco Dueñas en este periodo.

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A partir del Código político y Municipal de 1866, la figura del gobernador fue un mecanismo, herencia de monarquía tradicional recogida en la constitución gaditana, que dicha constitución cristalizo en las estructuras administrativas e institucionales de los nuevos Estados liberales.

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El inicio del proyecto lo encontramos entre 1810 con la reunión de las Cortes de Cádiz, pero la fecha de 1870 es sumamente importante ya que significó la identificación de dicho proyecto con el Estado y un cambio institucional.

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Entre los años 1870 y 1890 se genero la presencia de los jueces de primera instancia y fueron quedando atrás las dificultades logísticas de las 64 décadas anteriores.

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Se elaboro un cuerpo jurídico y constitucional que garantiza el funcionamiento político de la Republica a partir de los intereses de los grupos de poder. De hecho se considero un ajetreo constitucional, entre 1871 y 1886 se hicieron oficiales 5 constituciones.

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A partir del año 1880 se categorizaron los jueces de primera instancia. Los jueces de San Salvador, San Miguel, La Unión y San Vicente conforman la primera clase. Los jueces de la segunda clase estaban en Usulután, Sonsonate, Santa Ana, Izalco, Gotera, Nueva San Salvador, Zacatecoluca, Chalatenango, Cojutepeque, Chalchuapa, Ahuachapán y Sensuntepeque. Los de la tercera clase correspondían a Santa Rosa, Suchitoto, Olocuilta, Opico, Metapán, Ilobasco, Chinameca, Jucuapa y Atiquizaya.

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Aquellos prestamistas que siempre habían funcionado de forma irregular en función de los intereses personales formalizaron sus actividades en instituciones bancarias en esta época. Se crearon los primeros bancos comerciales con el banco internacional (1880) con capital inglés, el banco Salvadoreño (1885), el banco Occidental (1889) y el banco Agrícola Comercial (1895) que cumplieron con la función de agilizar las actividades de agro-exportación (Castellanos, 2001).