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"La cautividad conyugal es violencia machista y existe aquí, en Europa"

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"La cautividad conyugal es violencia machista y existe aquí, en Europa"

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Shirin Musa, presidenta de la asociación Femmes for Freedom y activista contra la cautividad conyugal JM López

La cautividad conyugal es obligar a las mujeres a permanecer casadas, negándoles así el derecho a un divorcio religioso

Shirin Musa, presidenta de la asociación Femmes for Freedom y activista contra la cautividad conyugal. JM López

"Aspiramos a que lo que hemos conseguido en Países Bajos sea la solución en muchos países de Europa"

Shirin Musa, presidenta de la asociación Femmes for Freedom y activista contra la cautividad conyugal. JM López

"Todas somos europeas, por lo que las violencias específicas que sufrimos las mujeres migrantes no son problemas de extranjeros, sino problemas de Europa"

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"La cautividad conyugal es violencia machista y existe aquí, en Europa"

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Shirin Musa, activista por los derechos de las mujeres, denuncia las violencias que sufren las europeas con dos culturas: "Hay que actuar, poner soluciones y aprobar leyes". -Su caso consiguió que la ley neerlandesa cambiara el Código Penal e incluyera como matrimonio forzado la obligación de permanecer en él

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Una red de explotación laboral colocó a 60 migrantes sin papeles como 'internas' para cuidar a personas mayores en Galicia

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Una red de explotación laboral colocó a 60 migrantes sin papeles como 'internas' para cuidar a personas mayores en Galicia

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Sin derechos, sin contrato laboral ni descanso regulado. Las 24 horas del día, los siete días de la semana. Así eran las condiciones en las que trabajaron al menos 60 mujeres migrantes de América Latina en situación irregular en Galicia, mayoritariamente en la provincia de Lugo. Fueron 'empleadas' como 'internas' para el cuidado de personas mayores por una agencia habilitada, cuya dueña y una red de colaboradores están siendo investigados por el Jugado de Instrucción 3 de Lugo, según ha podido saber Público de fuentes de la investigación.

La empresa Asistencia Castroverde S.L., creada en 2004, con sede en la localidad lucense de Castroverde, proporcionaba personal para el cuidado de personas mayores y dependientes y tenía convenios con varios ayuntamientos. Muchas de las familias que recurrían a sus servicios eran receptoras de ayudas por parte de la Xunta de Galicia para el cuidado de sus mayores.

La cobertura legal de esa empresa, que llegó a contar con 27 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, dificultó que las administraciones públicas se percataran de que las cerca de 80 'internas' que tenía colocadas Asistencia Castroverde S.L. en 2019 en otros tantos domicilios gallegos se encontraban en situación irregular en España.

Abuso ante situaciones vulnerables

En la causa hay localizadas, hasta el momento, cerca de 60 víctimas de explotación laboral, aunque sólo han declarado unas 40. Algunas de ellas estuvieron trabajando en pésimas condiciones durante tres años, otras sólo unos meses, pero todas cobrando en sobres y mintiendo a las familias sobre su situación en España, por orden de la dueña de la empresa, Montserrat L. G., según ha podido comprobar en el sumario este diario.

Montserrat L. G. se enfrenta a tantos delitos de explotación laboral como víctimas aparezcan. El artículo 311 del Código Penal indica que será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años el que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

El artículo 311 bis establece además penas de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses quien de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.

Las mujeres cobraban entre 800 y 1000 euros por trabajar de 'internas' en los domicilios de los ancianos las 24 horas del días y durante todos los días de la semana. Si pretendían librar un día, Montserrat L.G. les descontaba 100 euros. Para ella era fácil conseguir que estas mujeres migrantes accedieran a realizar ese trabajo, pues la mayoría no disponía de domicilio ni de recursos para pagar un alquiler. A las familias usuarias les cobraba entre 1.100 y 1.520 euros al mes.

El juzgado incoó diligencias en diciembre de 2019 ante una denuncia de la Guardia Civil sobre el caso de una mujer colombiana que confesó al hijo de la anciana que cuidaba que carecía de papeles, por lo que no tenía contrato laboral.

Aquella denuncia inicial, con seis presuntas víctimas, dio lugar a una causa mayúscula con 44 víctimas y familias que se sienten estafadas. En total se han localizado casi 60 mujeres explotadas laboralmente y se está a la espera de que puedan declarar para sumarse al procedimiento, según informan fuentes jurídicas.

Las escuchas telefónicas, claves en el caso

El juzgado autorizó la interceptación, escucha y grabación de las conversaciones telefónicas realizadas por la investigada. La Fiscalía adujo que era el único medio de investigación idóneo para identificar a otras víctimas. Y, en efecto, así ocurrió desde enero de 2020.

La gerente y dueña de Asistencia Castroverde S.L. solía contratar a las migrantes por teléfono. Incluso por WhatsApp les daba instrucciones: "No digas que acabas de llegar", consta en un mensaje aportado al sumario. "Si en la casa te piden la documentación les dices que me la has dado a mí", aparece en otro.

Mientras a las familias les aseguraba la investigada que las chicas contaban con seguro por si sufrían algún accidente y con la habilitación necesaria para los cuidados a personas mayores enfermas, como el de auxiliar de enfermería, a las mujeres explotadas las engañaba diciéndoles que iban a cuidar a una persona encamada y después se encontraban con dos ancianos dependientes.

Algunas de las familias se quejaban de que las chicas no tenían preparación para las tareas específicas en el cuidado de personas enfermas o sin movilidad. Son cuidados muy especializados. En esos casos, la investigada se ofrecía rápidamente a sustituirlas por otras.

La mayoría de las mujeres acababan de llegar a Lugo cuando por mediación de amistades lograban el teléfono de Montserrat, conocida en aquel entorno como una empresaria que daba trabajo a los migrantes irregulares, según consta en el sumario.

Imprescindible no librar

Una de las condiciones que imponía Montserrat a las migrantes era que no podían librar. Así se desprende de varias conversaciones telefónicas aportadas a la causa. "Ruth (acento sudamericano) llama a Montse y se identifica como la hermana de Luisa; le dice que como le escribió por si le interesaba trabajo de interna, ahora le dice que lo necesita. Montse le dice que escribió a varias chicas. Le dice que es para cuidar a una señora sin libranzas, que si quiere librar hay que mandar a otra chica", consta en el sumario.

Sobres con dinero

Uno de los indicios más potentes que maneja el juez es la forma de cobro elegida por la investigada: sobres con dinero y con el nombre de la trabajadora a mano en un bar de Lugo. La empleada del bar está también imputada en la causa al haber repartido los sobres con las mensualidades de las migrantes.

Otro método era a través de una plataforma de pago a través del móvil con la que pagaba las cantidades más bajas, ya que no es posible transferir más de 600 euros por día.

Waldir Sinisterra, uno de los abogados personados, perteneciente a la Asociación Clara Campoamor, acusación popular en la causa, manifiesta que este caso, en el que representa a 25 víctimas, "no sólo es una afrenta para las mujeres migrantes explotadas, lo es también para toda la sociedad, dada la constante vulneración de los derechos de las personas, en este caso, mujeres. Una sociedad avanzada no puede mirar para otra parte ante la explotación de personas vulnerables".

Se refería a las trabajadoras como "negras"

En el sumario consta que Montserrat L. G. se refería a las trabajadoras irregulares como "negras". En varias conversaciones con su madre, la investigada usa esa expresión.

El abogado Waldir Sinisterra destaca uno de los últimos testimonios recabados en el juzgado, el de una mujer cubana a la que Montserrat L. G. abonaba 300 euros al mes por acudir al domicilio de un señor enfermo, situado en una aldea lucense, tres horas al día durante toda la semana, incluido el sábado y el domingo, para lo que tenía que tomar un autobús que se costeaba ella misma. "Abusaba de la situación precaria de estas mujeres", recalca el letrado de la Asociación Clara Campoamor.

Este abogado ve con inquietud el hecho de que la empresa Asistencia Castroverde se encuentre en proceso de liquidación, según ha comprobado Público en el Registro Mercantil. "Es probable que tenga que resarcir económicamente a sus víctimas y si se ha deshecho de sus activos la situación se complica".

Las familias de las personas ancianas firmaban un contrato con Asistencia Castroverde S.L. Muchas contaban con ayudas públicas por la Ley de Dependencia para el cuidado de sus mayores por lo que necesitaban la factura mensual para poder justificar el gasto. Pero en otras ocasiones, Montserrat L. G. proponía no cobrarles el IVA y así rebajaba el importe 100 euros.

La impunidad con la que presuntamente ha operado la investigada al menos desde 2017 pasó inadvertida incluso para trabajadoras sociales de ayuntamientos gallegos, que le pedían personal con mucha frecuencia. Destaca en este aspecto la conversación mantenida con una trabajadora social de A Coruña el 19 de diciembre de 2019. Montserrat respondió afirmativamente a la petición de la interlocutora, que precisaba una 'interna' para una mujer que se había roto un pie y necesitaba ayuda durante dos meses.

La dueña de Asistencia Castroverde le informó de que serían 1.520 euros, pero que si no le interesa factura serían 1.400 y que la chica "le hace todo". Al final, la mujer optó por la factura "porque así le entra algo del seguro". A Cristina, la migrante elegida para el trabajo, Montserrat le ofrece 1.000 euros sin librar ningún día.

Algunos ayuntamientos lucense, con el de Meira, habían contratado a la empresa de Montserrat para la realización del servicio de ayuda a domicilio. Sin embargo, ninguna administración pública se ha personado en la causa, ni siquiera la Xunta, pese a que con dinero público se financiaron algunos de los servicios ahora investigados.

La situación legal de las víctimas

La mayoría de las mujeres migrantes que trabajaron para Montserrat han solicitado al juzgado que se las reconozca como víctimas y testigos en la causa, lo que implica un permiso temporal de residencia y de trabajo mientras dure la instrucción. "Se trata de una autorización excepcional por su colaboración con la Justicia. Después ya pelearemos porque tengan las mejores condiciones", explica Waldir Sinisterra.

Otras muchas, sin embargo, no han querido denunciar ante el temor de que puedan ser finalmente expulsadas del país. La mayoría de las víctimas proceden de Colombia, Honduras y Nicaragua, sobre todo.

Público ha intentado recabar la versión de la investigada Montserrat L. G. pero su letrado asegura que no podido localizarla para transmitirle la petición y él ha declinado comentar el caso.

Como investigados en la causa, junto a ella, constan otras cinco personas más: su hija, que según el juzgado, era la presunta responsable de calcular el sueldo de cada una de ellas e introducirlo en los sobres; dos mujeres que supuestamente ayudaron a repartir los emolumentos; un hombre que ayudó logísticamente y un empleado irregular que supuestamente se encargaba de facilitar el teléfono de Monstserrat a las migrantes sin papeles y viceversa.

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Una red de explotación laboral colocó a 60 migrantes sin papeles como 'internas' para cuidar a personas mayores en Galicia

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El Juzgado de Instrucción 3 de Lugo investiga a la dueña de una agencia por un delito contra los derechos de los trabajadores por liderar una trama que explotó laboralmente a decenas de mujeres migrantes de América Latina para el cuidado de mayores. Muchas de las familias que contrataron los servicios recibieron ayudas públicas de la Xunta.

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Artículo sobre las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres

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Artículo sobre las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres

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Soy mujer y tengo discapacidad. Una mala combinación, dos tonalidades que se matan entre sí, un rosa palo mezclado con un rojo. Nacer mujer ya es partir en desventaja, ese no es ningún secreto. Si además tienes discapacidad, la desigualdad se duplica. A eso añádele ser negra, migrante, trans... Unas puede soportar una opresión o varias, dando lugar a la interseccionalidad. Las identidades no son compartimentos estancos, sino que a veces se solapan, tal y como cuenta Mikki Kendal en su libro Feminismo de barrio, donde desmiga la realidad de ser negra y mujer y de cómo el feminismo blanco se ha olvidado muchas veces de que puedes ser mujer y además pertenecer a otras minorías, multiplicando así el riesgo de sufrir violencia machista.

A menudo se nos olvida hacer una reflexión desde una perspectiva de clase e interseccional donde varias opresiones tienen lugar al mismo tiempo. Entendemos una realidad que es exclusivamente la nuestra y se nos olvida que quizá no somos adalides de nada, sino una más en una suma de peticiones individuales que a menudo requieren de soluciones colectivas. Eso es o debería ser el feminismo inclusivo, uno que no mire hacia otro lado cuando nos tiran de las orejas por no acordarnos de las compañeras racializadas o de las mujeres con diversidad funcional.

No quiero que este parezca un mensaje lastimoso o victimista, sino todo lo contrario. Quiero que se asemeje más bien a un grito de guerra, aunque la guerra tenga poco que ver con nosotras, las mujeres. Pero sí es un alarido lleno de enfado y rabia porque a menudo somos olvidadas por la sociedad, pero también por el feminismo. No culpo a nadie en concreto, ya que somos minoría dentro del colectivo y es normal no poder incluir todas las peticiones de todo el mundo, pero sí es importante señalar quienes son las que sufren más violencia, ya que son las grandes perjudicadas del sistema en el que vivimos, sin quitar importancia al resto de mujeres y sus opresiones vividas.

A muchas de nosotras nos cuesta acceder a asambleas, ya sea por tiempo o salud y es un lugar determinante de toma de decisiones de cara a redactar manifiestos, por ejemplo ahora que se está preparando el 8 de marzo. Tampoco muchas de nosotras pueden acceder fácilmente a movilizaciones o concentraciones. A veces el ruido, las aglomeraciones, lugares sin accesos universales, no son espacios amigables ni seguros para personas con diversidad funcional. Es complicado saber qué quiere nuestro colectivo cuando es muy difícil que nuestra voz cuente lo mismo en cada uno de los espacios que habitamos.

La realidad es que las mujeres con discapacidad sufren más violencia machista que las que no la tienen, en concreto el 40,4 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, según La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019. Además, "Las mujeres con discapacidad tienen un alto riesgo de experimentar violencia basada en estereotipos sociales y aspectos subjetivos que intentan deshumanizarlas o infantilizarlas, así como excluirlas o aislarlas. La violencia también tiene la consecuencia de contribuir a la aparición de una discapacidad", añade el estudio "Mujer, discapacidad y violencia de género", elaborado por la Federación de Mujeres Progresistas.

Lo peor es que las barreras también son reales a la hora de denunciar y sólo se denuncian el 11,1 % de las agresiones sexuales, ya que la denuncia y la búsqueda de ayuda formal entre las mujeres con discapacidad intelectual es aún menor. Ello es debido, según dice este mismo estudio a la falta de formación en género con una perspectiva de discapacidad por parte de las autoridades judiciales y la policía. Muchos de los perfiles de mujeres con discapacidad carecen de credibilidad social, como por ejemplo ha ocurrido históricamente con las locas. En general, las mujeres con problemas de salud mental, muchas de ellas psiquitrializadas, no son creídas cuando manifiestan que han sido agredidas, lo que les deja desamparadas de cara a estas agresiones. Aquí deberíamos entonar un fuerte "hermana yo sí te creo", loca o no.

Es importante que de cara a este 8 de marzo se tengan en cuenta estos y otros datos para visibilizar la realidad de nuestro colectivo y poder vislumbrar cambios. De paso aprovecho para solicitar la renta básica universal, algo que a muchas mujeres les ayudará y empoderará de cara a ser más independientes y escapar de sus verdugos. No olvidemos que en muchos casos, esos maltratadores con los que conviven deberían ser sus cuidadores y en lugar de eso se aprovechan de su dependencia y vulnerabilidad para poder seguir ejerciendo su violencia. No lo permitamos.

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Soy mujer y tengo discapacidad. Una mala combinación, dos tonalidades que se matan entre sí, un rosa palo mezclado con un rojo. Nacer mujer ya es partir en desventaja, ese no es ningún secreto. Si además tienes discapacidad, la desigualdad se duplica. A eso añádele ser negra, migrante, trans...

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Trabajadoras del hogar y de cuidados han rechazado este sábado en Pamplona la "discriminación y vulneración" que viven las empleadas de este sector y han reclamado "justicia social". En concreto, han reivindicado la eliminación del régimen especial de empleadas del hogar, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el "derecho íntegro a cobrar la prestación de desempleo".

Así lo han exigido en una concentración, convocada por el sindicato LAB, SOS Racismo y dos asociaciones de trabajadoras del hogar, este mediodía en el Paseo Sarasate de la capital navarra. Frente al Monumento a los Fueros han desplegado una pancarta con el lema 'Todos los derechos para trabajadoras del hogar'. Además, algunas mujeres se han colocado batas de plástico con mensajes como 'Ratificación 189 ya' o 'Salud laboral ya' y se han coreado consignas como 'Regularización ya' o 'Todos los derechos para todas las personas'.

También se ha leído un comunicado en el que han censurado la "situación discriminatoria que vivimos las trabajadoras de este sector, como trabajadoras pero también como personas". Así, han criticado que en 2012 "se nos impuso" el régimen especial de empleadas de hogar que "lejos de incluirnos totalmente en el régimen general y garantizar unas condiciones dignas de trabajo, viene arrastrando una situación de absoluta discriminación y vulneración".

Han afirmado que esta situación "es más amplia y compleja" y "se extiende más allá del ámbito laboral" y la han enmarcado en "el racismo estructural, la legislación laboral discriminatoria, la ley de extranjería y la infravaloración de los cuidado s". "Realizamos un trabajo imprescindible para la sociedad. Sin nosotras el sistema de cuidados actual no sería sostenible", han defendido.

Por eso, se han preguntado "por qué se nos niegan los derechos básicos de una vida y trabajo dignos". "Las trabajadoras y cuidadoras de hogar no tenemos derecho a paro, sufrimos violencias de todo tipo, tenemos jornadas infinitas, se nos precariza y ofrece condiciones de trabajo peores por estar en situación irregular o nos chantajean para conseguir papeles", han lamentado.

"Estamos hartas de esperar" y de "falsas promesas", han manifestado. Por ello, han exigido la eliminación del régimen especial de empleadas de hogar y la "ratificación urgente" del Convenio 189 de la OIT. También el "derecho íntegro a cobrar la prestación por desempleo", la inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la "abolición" de la Ley de Extranjería y una "regularización extraordinaria y sin condiciones" para todas las personas en situación irregular en Navarra y España.

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Trabajadoras del hogar y cuidados rechazan la "discriminación y vulneración" del sector

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Trabajadoras del hogar y de cuidados han rechazado este sábado en Pamplona la "discriminación y vulneración" que viven las empleadas de este sector y han reclamado "justicia social". En concreto, han reivindicado la eliminación del régimen especial de empleadas del hogar, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el "derecho íntegro a cobrar la prestación de desempleo".

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Una mujer denuncia una brutal agresión por su condición de persona trans

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Una mujer denuncia una brutal agresión por su condición de persona trans

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Una mujer denuncia una brutal agresión por su condición de persona trans

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Una mujer trans ha denunciado haber sido víctima de una agresión presuntamente tránsfoba por parte de un grupo de hombres que este miércoles por la tarde...