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PROPUESTA DE REFORMA ART. 9 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Cptn. Alex Francisco Veloz Abad

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Alex Veloz's meeting, domingo, 10 de agosto de 2025 en 13-00-10

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Qué situación actual o futura no contempla?

No prevé escenarios en los que el riesgo persista o incluso aumente.

No contempla un protocolo de respuesta inmediata ante amenazas urgentes.

Omite el uso de estándares que te garanticen mayor seguridad.

¿Qué ambigüedad existe?

La frase “al inicio de su gestión y se actualizará anualmente” es ambigua respecto a si pueden hacer una actualización inmediata,

La expresión “nuevas amenazas o riesgos potenciales debidamente sustentados” no detalla quién determina esas amenazas.

¿Cómo podría ser más eficiente y justo?

Definiendo una respuesta para ejecutar el nivel.

Incorporando criterios técnicos que unifiquen una metodología.

Previendo medidas de protección para exfuncionarios cuyo nivel de riesgo se mantenga elevado tras el cese de sus funciones.

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PROPOSICIÓN DE LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO

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PROPOSICIÓN DE LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO

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Art. 9 ANÁLISIS DE RIESGO PERSONAL

Dentro de la nueva terminología que creí necesario modificar, se propone considerar estos puntos para la redacción del nuevo artículo.

a) El proceso comprende, como mínimo dos semanas que tendrá la recopilación, información y verificación de la información del BDS.
b) Identidad, considerando su cargo y función.
c) Evaluación de vulnerabilidades , tanto estructurales, personales, laborales.
d) Determinación del nivel de riesgo, utilizando matrices e instrumentos técnicos validados, que permiten obtener datos fiables y verídicos.
e) Recomendaciones y determinaciones con base en el nivel de riesgo obtenido y a través del cargo o función pública que ocupa.

g) Periodicidad mínima, mientras el beneficiario mantenga su cargo.

h) Observar Vulnerabilidades o amenazas contra su integridad.

i) Solicitud expresa de cuando requiera una actualización de su nivel de riesgo.

Los resultados del análisis tendrán carácter confidencial y serán de uso exclusivo para la determinación, planificación y ejecución de dispositivos de seguridad y protección personal, conforme a la normativa vigente y a los principios de legales pertinentes.

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✅ Consecuencias Positivas

1. Mejora en la protección de funcionarios y exfuncionarios

Impacto en los beneficiarios: Al identificar de forma más técnica y sistemática las amenazas y vulnerabilidades, se garantiza un esquema de seguridad más eficaz, personalizado y proporcional al riesgo real.

Evita agresiones, atentados o amenazas

Especialmente en casos de altos funcionarios, jueces, fiscales, exautoridades o personal expuesto por decisiones sensibles.

2. Estandarización y profesionalización del proceso

Impacto en la Policía Nacional: Se fortalece su rol técnico-operativo al utilizar metodologías especializadas, basadas en inteligencia, análisis de contexto, perfil de amenaza y manejo de escenarios.

Eleva el nivel profesional del personal policial encargado de seguridad personalizada y análisis de riesgo.

3. Mayor transparencia y legalidad en la asignación de seguridad

Impacto en las instituciones públicas: Evita la discrecionalidad o favoritismo en la asignación de recursos de protección, ya que se fundamenta en informes técnicos actualizados y justificados.

Reduce el mal uso de personal policial para protección innecesaria.

4. Actualización continua frente a amenazas dinámicas

Impacto en todos los actores: Permite adaptarse rápidamente a cambios contextuales o nuevos riesgos (por ejemplo, amenazas en redes, cambios políticos, conflictos sociales), fortaleciendo la prevención.

❌ Consecuencias Negativas:

1. Mayor demanda de recursos humanos y logísticos

Impacto en la Policía Nacional: Se requerirá personal especializado en análisis de riesgo, inteligencia y protección; además, se necesitarán herramientas tecnológicas y bases de datos seguras.

Puede generar sobrecarga operativa si no hay una estructura adecuada.

2. Sensibilidad en el manejo de información reservada

Impacto en la institucionalidad: El manejo indebido o filtración de informes de riesgo podría poner en peligro al beneficiario o generar conflictos políticos.

Requiere establecer protocolos estrictos de confidencialidad y seguridad de la información.

3. Riesgo de solicitudes infundadas de protección

Impacto en la Policía Nacional y el Estado: Algunas personas podrían intentar utilizar el mecanismo para solicitar protección sin justificación real, lo que implicaría uso indebido de recursos si no hay filtros técnicos sólidos.

4. Riesgo de burocratización del proceso

Si el proceso técnico no está bien diseñado, podría volverse lento, afectando la reacción oportuna frente a amenazas reales.

https://www.youtube.com/watch?v=3PmEav7-cb8

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Ven y conoce el grupo elite encargado de la protección de dignatarios y personas importantes, DINPRO

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            IMPACTO POR ACTOR INVOLUCRADO

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            IMPACTO POR ACTOR INVOLUCRADO

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El Análisis de Riesgo Personal es un procedimiento técnico y confidencial, basado en metodologías de inteligencia preventiva y evaluación de amenazas, mediante el cual se identifican, analizan y valoran los factores de riesgo que inciden sobre la seguridad personal de un funcionario o exfuncionario público, en razón del ejercicio de su cargo o una vez concluido el mismo.

Este análisis comprende la detección de amenazas directas o indirectas, la identificación de vulnerabilidades personales, operativas o contextuales, y la estimación de posibles consecuencias derivadas de escenarios de riesgo, con el propósito de establecer el nivel de exposición y definir el esquema de protección más adecuado, conforme a criterios técnicos especializados.

El procedimiento deberá aplicarse al inicio del ejercicio de funciones del beneficiario del servicio, actualizándose de forma anual o en cualquier momento en que se presenten nuevas amenazas, cambios en el entorno operativo o condiciones de riesgo debidamente documentadas y justificadas.

La información obtenida y los resultados del análisis tendrán carácter reservado y solo podrán ser utilizados para fines de seguridad y protección del beneficiario, conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.