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Basicamente te explica como funciona la impunidad en mexico

Resume los principales argumentos y propuestas del reporte “La Impunidad Activa en México: Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos” de Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, publicado por el ITESO y la University Network for Human Rights en 2021. El informe fue presentado en México el 13 y 15 julio de 2021.

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Es te blog resume los principales argumentos y propuestas del reporte "La Impunidad Activa en México: Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos" de Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, publicado por el ITESO y la University Network for Human Rights en 202 1. El informe fue presentado en México el 13 y 15 julio de 2021. 1

En México, la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos no es accidental, involuntaria o resultado de una mera falta de capacidades institucionales. En un informe publicado recientemente, al revisar con detalle las acciones de los agentes del Estado en un conjunto de casos sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, se identifica una situación de impunidad activa; es decir, se encuentra que la impunidad, en estos casos, es resultado de acciones deliberadas por parte de los agentes del Estado encaminadas a socavar o impedir las investigaciones y así garantizar que no se castigue a los perpetradores.

El análisis de una serie casos representativos -la mayoría de ellos caracterizados por la participación directa de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos- permite identificar los mecanismos específicos a partir de los cuales opera la impunidad activa. Por ejemplo, en el caso de la ejecución de cuarenta y dos civiles en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, efectivos de la Policía Federal alteraron la escena de los hechos y sembraron evidencia falsa. De manera similar, en la ejecución extrajudicial de veintidós personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, elementos de la Sedena también alteraron la escena de los hechos y sembraron evidencia falsa, mientras que agentes de la procuraduría estatal no intentaron preservar la escena y recabar evidencia, además de que torturaron e intimidaron a testigos.

Los mecanismos de la impunidad activa se repiten en casos de violaciones graves a los derechos humanos en México. El reporte ahonda en los detalles y mecanismos de impunidad activa utilizados en once casos ocurridos entre 2008 y 2019 en seis estados del país. Entre otros casos, se analiza la desaparición forzada de tres integrantes de una familia en Buenaventura, Chihuahua, en diciembre de 2009, en el que agentes de la procuraduría estatal se negaron en un primer momento a recibir la denuncia y fueron posteriormente renuentes a realizar una investigación, mientras que familiares de las víctimas fueron acosadas y amenazadas de tal manera que tuvieron que salir del país. En otro caso, en el que miembros del ejército torturaron a tres personas en Maneadero, Baja California, en marzo de 2011, se identifica también el uso de la intimidación a familiares y testigos, como mecanismo de impunidad. Lo mismo en un caso más reciente en que un grupo de policías estatales de élite ejecutaron extrajudicialmente a cinco hombres y tres mujeres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en septiembre de 2019.

En todos los casos incluidos en el reporte en que los perpetradores fueron presuntamente miembros de las fuerzas armadas se encontró una clara reticencia de las fiscalías competentes a realizar la investigación correspondiente.

En suma, el análisis de estos y otros casos lleva a identificar los mecanismos de la impunidad activa en México: la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa; la negativa de recibir denuncias e iniciar investigaciones; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos; la presentación de cargos en contra de las víctimas; la reticencia de autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas y a investigar casos de narcopolítica. El uso de cada uno de estos mecanismos muestra que mantener las violaciones a derechos humanos en impunidad no es una omisión involuntaria, resultado solamente de la negligencia o de la falta de capacidades institucionales para realizar investigaciones complejas, sino una acción consciente y deliberada de parte de los propios agentes del Estado, que tiene el objetivo último de asegurar que no se sancione a los responsables.

Ante dinámicas arraigadas de impunidad activa no es posible esperar cambios derivados de, por ejemplo, el aumento del número de policías en las calles o de fiscales o de jueces porque el problema no es meramente una cuestión de aumento de personal, de presupuesto o de diseño institucional. Por ello, en el abanico de opciones a mano, una posible solución propuesta por distintas organizaciones de la sociedad civil es el establecimiento de mecanismos internacionales para investigar y procesar eficazmente a las personas responsables de cometer violaciones graves a los derechos humanos. La presencia internacional es una posibilidad también sopesada por las organizaciones de las sociedad civil en México que buscan promover la creación de mecanismos de justicia transicional para promover la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México. 4

Este tipo de acompañamiento internacional resulta de especial utilidad cuando los propios actores estatales son los perpetradores directos o indirectos de las violaciones a los derechos humanos, cuando agentes del Estado han sido señalados como partícipes o cómplices, o cuando las autoridades civiles se tienen que enfrentar a poderes fácticos. Se trata de poner las investigaciones en las manos de personas ajenas a las cadenas de impunidad, personas que por venir de instituciones intergubernamentales gozan de una protección que los operadores de justicia mexicanos no corruptos no tienen.

La creación de un mecanismo internacional no puede, por sí misma, eliminar a la impunidad. No obstante, sí puede hacer contribuciones importantes y propiciar procesos de cambio en las prácticas de los agentes del sistema de justicia que comiencen a erosionar el círculo de impunidad imperante. Estos mecanismos han funcionado con distintos grados de efectividad en otros países y a partir de un análisis de otras experiencias es posible identificar qué factores de diseño institucional y bajo qué condiciones políticas pueden tener un mayor y mejor impacto.

Por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró impulsar procesos de investigación efectivos que culminaron con sentencias condenatorias para personas o figuras políticas del más alto nivel. Además, impulsó reformas legislativas que contribuyeron al desarrollo del aparato normativo interno de procuración de justicia en el país. Un segundo ejemplo relevante es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México creado ante la desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que mediante sus informes desmanteló "la verdad histórica" construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto e impulsó cambios positivos en el desarrollo de la investigación. Otros ejemplos de mecanismos similares incluyen la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Salvador (CICIES). De estas experiencias, se pueden desprender otro tipo de aprendizajes, relativos a situaciones o características que habría que evitar; como, por ejemplo, el no estar fundamentadas en una ley y el no contar con respaldo político y social.

La permanencia en el tiempo de estos mecanismos se ha visto obstaculizada como consecuencia de su propio éxito en la investigación y sanción a las autoridades responsables. Por ejemplo, pese a los importantes logros y el reconocimiento de la CICIG, ésta dejó de operar cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato y expulsar al Comisionado Velásquez cuando la CICIG ligó al hijo del presidente Morales y su hermano en una investigación en curso por cargos de corrupción y lavado de dinero. De manera similar, el mandato del GIEI en México no fue renovado en el 2016 al oponerse a la "verdad histórica" anunciada por la entonces Procuraduría General de la República. Por ello, resulta fundamental que un mecanismo internacional cuente con garantías necesarias para que sus integrantes puedan actuar con independencia e imparcialidad, así como mantener su mandato hasta cumplir su propósito incluso cuando las investigaciones apunten a altos mandos de poder político dentro del país.

Por otro lado, para poder afectar las dinámicas de la impunidad activa, un mecanismo internacional debe contar con facultades particulares, entre ellas la de poder iniciar procedimientos penales y coadyuvar o proveer asistencia técnica al Ministerio Público en cualquier etapa de la investigación penal o la de suscribir acuerdos complementarios con autoridades federales o estatales. De lo contrario, puede ocurrir como sucedió con la MACCIH, cuyas acciones se vieron limitadas considerablemente al no tener la autoridad legal para perseguir casos específicos, sino exclusivamente un mandato difuso para hacer recomendaciones de política relativas a la impunidad y la corrupción cuya implementación dependía de la voluntad política de las autoridades hondureñas. Otras buenas prácticas tienen que ver con la creación de este tipo de instancias mediante un tratado internacional, que por lo tanto requiera de la aprobación del Senado.

En México, ante la impunidad activa existente, un mecanismo internacional contra la impunidad que sea capaz de diseñar y recomendar modificaciones legales e institucionales, así como de iniciar investigaciones penales o proveer apoyo técnico a las autoridades podría promover dinámicas de cambio y desestabilizar los esquemas de impunidad activa imperantes, ejerciendo una presión indirecta sobre el sistema de justicia. De esta manera, se podría comenzar a erosionar la práctica de la impunidad activa y la estructura de intereses y complicidades que la motiva.

La impunidad en graves violaciones a derechos humanos en México es activa, no es pasiva. Por tanto, la solución al problema de impunidad requiere más que atender el problema de falta de capacidades. Pese a las dificultades políticas y financieras que crear un mecanismo internacional contra la impunidad en México puede generar, es una de las pocas alternativas capaces de minar las dinámicas de la impunidad en el país. Vale la pena considerarla, junto con las otras propuestas que se han puesto sobre la mesa en el país, 10 como una alternativa posible.

Sin duda, el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad parece difícil de lograr en la coyuntura política actual. 11 Actualmente no hay indicios de que el gobierno o la clase política en general simpaticen con una propuesta de este tipo. Pero la voluntad política para enfrentar problemas públicos complejos, como la impunidad activa, no se genera de manera espontánea; es necesario generarla, influyendo sobre las preferencias de la élite gobernante. En este sentido, es necesario proponer soluciones, aunque puedan parecer "poco viables" y buscar contribuir a la emergencia y el crecimiento de una demanda social amplia que las convierta, en la coyuntura política adecuada, en una opción real.

* Patricia Cruz Marín es una abogada mexicana licenciada por la UNAM y el ITAM. Ha representado a víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina en foros nacionales e internacionales. Es candidata a JSD en la Facultad de Derecho de Yale. James Cavallaro es cofundador y director ejecutivo de la Red Universitaria de Derechos Humanos y profesor visitante en la Facultad de Derecho de Yale. Cavallaro fue comisionado (2014-2017), relator para México y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alejandro Anaya es profesor-investigador y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México.

1 Las grabaciones de dos mesas de discusión en las que se presentó el reporte se pueden consultar aquí y aquí.

Anaña Muñoz, Alejandro, et. al. La Impunidad Activa en México. Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos ITESO y University Network for Human Rights, México, 2021.

Ver, por ejemplo, Open Society Justice Initiative, Corrupción que mata, 2018, disponible aquí.

4 Ver, por ejemplo, Justicia Transicional MX.

Open Society Foundations, Contra todos pronósticos: la CICIG en Guatemala, Marzo 2016, disponible aquí.

Ángel Gabriel Cabrera Silva y Gabriela Kletzel, "Ayotzinapa. La experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes", en CELS, Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2017, Siglo XXI, Buenos Aires, disponible aquí.

Acción ciudadana y otras organizaciones de la sociedad, Comunicado de Prensa, Piden al Gobierno de la República abrir diálogo político en torno a la cicíes, 3 de octubre de 2019, disponible aquí.

Agencia EFE, "Guatemala expulsa a 11 funcionarios de la Cicig, que alega arbitrariedad", 18 de diciembre de 2018, disponible aquí.

Convenio creando maccih, 19 de enero de 2016, p.5, disponible aquí.

10 Si bien existen ciertas políticas de justicia transicional en marcha en México como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimcas y la Comisión de la Verdad en el Caso Ayotzinapa, no existe un marco integral diseñados para lograr la verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones graves a derechos humanos en México. Ver Justicia Transicional MX, ¿Hay Justicia Transicional en México? Parte I y Parte II, 15 de enero del 2020, disponible aquí.

11 Durante la administración federal actual se han establecido algunos mecanismos extraordinarios de justicia, como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990. Aunque es necesario enfatizar que estas instancias son claramente acotadas en su alcance, al estar centradas en casos, temáticas o períodos específicos, su existencia sugiere cierta apertura del espacio político para el establecimiento de mecanismos característicos de procesos de justicia transicional.

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¿Cómo afrontar la impunidad activa en México? La opción de un mecanismo internacional - Animal Político

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Es te blog resume los principales argumentos y propuestas del reporte " La Impunidad Activa en México: Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos" de Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, publicado por el ITESO y la University Network for Human Rights en 202 1.

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La noticia expone una serie de conclusiones basadas en la publicación de un informe de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en el cual se puntualiza como el uso de militares para la contención del tema migratorio resulta violatorio a los derechos humanos de estos grupos de migrantes. El informe consta de 133 páginas y fue realizado entre enero de 2021 y abril de 2022.

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Una caravana de migrantes trata de romper un cerco de la Guardia Nacional en Chiapas, agosto de 2021. Pedro Anza (CUARTOSCURO)

El uso de militares para contener a los migrantes -en su mayoría centroamericanos-que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS. La FJEDD ha registrado casos de detenciones ilegales y arbitrarias; violencia sexual contra las mujeres por parte de agentes estatales que "no son casos aislados, sino que, por el contrario, son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación"; el empleo de violencia excesiva; la negación de ayuda médica en casos de enfermedad que ha provocado "la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad"; deportaciones ilegales, incluso a personas que se encontraban en proceso de solicitar asilo o racismo... Una lista de maltratos que apunta como principales culpables a la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Fuerzas Armadas.

"México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos", reza el informe. "Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos", continúa. "Las personas migrantes, particularmente aquellas que se encuentran en una situación irregular, se hallan expuestas a una serie de riesgos, que eventualmente los convierte en víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. La gran influencia de los intereses políticos y económicos del gobierno de los Estados Unidos ha provocado que se asuma un objetivo preponderantemente de contención, para lo cual se ha recurrido, en buena medida, a las Fuerzas Armadas", concluye el documento.

El informe consta de 133 páginas y fue realizado entre enero de 2021 y abril de 2022. Está ampliamente documentado y respaldado por más de 100 entrevistas a personas migrantes y miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), además de 144 respuestas gubernamentales a solicitudes de información pública. La FJEDD focaliza la denuncia, sobre todo, en la Guardia Nacional, aunque afirma que también ha existido una "intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones de control militar". También señala la colocación de militares en puestos de poder dentro del INM, lo que ha favorecido "la criminalización de los grupos de personas migrantes, acentuando con ello su situación de vulnerabilidad".

México emplea 28.397 militares para contener la migración en lugares como Tapachula, una ciudad que se ha convertido en una suerte de campo de refugiados: 35.000 migrantes para una localidad de 300.000 habitantes. Del contingente,13.663 soldados pertenecen al Ejército; 906 a la Marina y 13.828 a la GN, según el Informe de Seguridad de enero de 2022. Tratan de cercar, a menudo con cargas violentas, las caravanas migratorias, en las que las personas viajan en conjunto para intentar disminuir los riesgos del peligroso camino. Desde que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder, las fuerzas de seguridad han detenido a 846.927 migrantes, según cálculos de FJEDD con base en cifras oficiales. El informe supone un nuevo revés a una estrategia migratoria ya de por sí criticada, tanto dentro como fuera del país.

Los expertos defienden que esta estrategia no funciona, que lo único que consigue es devolver los procesos migratorios a las sombras: favorecer el tráfico de humanos. Prácticas que incluyen el traslado de migrantes en el interior de camiones a través del país sin medidas de seguridad, hacinados en los tráileres. 55 personas murieron en Chiapas el pasado diciembre al volcar un vehículo que los transportaba en su caja. Otra mujer nicaragüense embarazada falleció este marzo, tras ser abandonada junto a otras 250 personas en un camión a 40 grados sin agua ni ventilación.

La GN fue creada en 2019 por López Obrador. Constituye uno de los principales pilares de su proyecto político. En su planteamiento original, se trataba de un cuerpo nuevo, nacido para combatir la corrupción que imperaba en organismos predecesores, como la Policía Federal, disuelta el mismo año en que la GN empezó a funcionar. Aunque teóricamente se trata de una organización de carácter civil, la formación de sus agentes es mayoritariamente militar, así como su estructura. Además, depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución que responde directamente ante el presidente. "Son elementos que demuestran que en realidad es una institución de naturaleza castrense", defiende el informe. De acuerdo con la FJEDD, la adjudicación de responsabilidades en materia migratoria a un cuerpo militar atenta "contra las disposiciones normativas mexicanas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados".

La militarización de las políticas migratorias en México no es un proceso nuevo. Comenzó, como apunta el informe, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Fue continuado por su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Pero ha sido durante la administración de López Obrador cuando se ha recrudecido. En el momento de su creación, la GN contaba con 56.191 miembros; tres años después, ha doblado su número: 113.883 agentes, de acuerdo con el Informe de Seguridad.

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El uso de militares para la migración en México resulta en violaciones a los derechos humanos, según un informe

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El uso de militares para contener a los migrantes -en su mayoría centroamericanos-que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS.

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https://elpais.com/mexico/2022-05-24/el-muro-militar-de-lopez-obrador-ante-la-migracion-atenta-contra-los-derechos-humanos.html

Habla de la violación de derechos por parte de México hacia la política migratoria, usando la guardia nacional y cuerpos militares como un recurso de control migratorio. El gobierno toma como prioridad sus intereses políticos y económicos teniendo como consecuencia el objetivo de dominar recurriendo a las fuerzas armadas.

Resume los principales argumentos y propuestas del reporte  "El uso de militares para la migración en México resulta en violaciones a los derechos humanos según un informe" publicado por El País, por Alejandro Santos CID en 2022. El informe fue presentado en México el 24 de mayo de 2022.

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Una caravana de migrantes trata de romper un cerco de la Guardia Nacional en Chiapas, agosto de 2021. Pedro Anza (CUARTOSCURO)

El uso de militares para contener a los migrantes -en su mayoría centroamericanos-que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS. La FJEDD ha registrado casos de detenciones ilegales y arbitrarias; violencia sexual contra las mujeres por parte de agentes estatales que "no son casos aislados, sino que, por el contrario, son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación"; el empleo de violencia excesiva; la negación de ayuda médica en casos de enfermedad que ha provocado "la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad"; deportaciones ilegales, incluso a personas que se encontraban en proceso de solicitar asilo o racismo... Una lista de maltratos que apunta como principales culpables a la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Fuerzas Armadas.

"México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos", reza el informe. "Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos", continúa. "Las personas migrantes, particularmente aquellas que se encuentran en una situación irregular, se hallan expuestas a una serie de riesgos, que eventualmente los convierte en víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. La gran influencia de los intereses políticos y económicos del gobierno de los Estados Unidos ha provocado que se asuma un objetivo preponderantemente de contención, para lo cual se ha recurrido, en buena medida, a las Fuerzas Armadas", concluye el documento.

El informe consta de 133 páginas y fue realizado entre enero de 2021 y abril de 2022. Está ampliamente documentado y respaldado por más de 100 entrevistas a personas migrantes y miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), además de 144 respuestas gubernamentales a solicitudes de información pública. La FJEDD focaliza la denuncia, sobre todo, en la Guardia Nacional, aunque afirma que también ha existido una "intervención directa de las Fuerzas Armadas en acciones de control militar". También señala la colocación de militares en puestos de poder dentro del INM, lo que ha favorecido "la criminalización de los grupos de personas migrantes, acentuando con ello su situación de vulnerabilidad".

México emplea 28.397 militares para contener la migración en lugares como Tapachula, una ciudad que se ha convertido en una suerte de campo de refugiados: 35.000 migrantes para una localidad de 300.000 habitantes. Del contingente,13.663 soldados pertenecen al Ejército; 906 a la Marina y 13.828 a la GN, según el Informe de Seguridad de enero de 2022. Tratan de cercar, a menudo con cargas violentas, las caravanas migratorias, en las que las personas viajan en conjunto para intentar disminuir los riesgos del peligroso camino. Desde que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder, las fuerzas de seguridad han detenido a 846.927 migrantes, según cálculos de FJEDD con base en cifras oficiales. El informe supone un nuevo revés a una estrategia migratoria ya de por sí criticada, tanto dentro como fuera del país.

Los expertos defienden que esta estrategia no funciona, que lo único que consigue es devolver los procesos migratorios a las sombras: favorecer el tráfico de humanos. Prácticas que incluyen el traslado de migrantes en el interior de camiones a través del país sin medidas de seguridad, hacinados en los tráileres. 55 personas murieron en Chiapas el pasado diciembre al volcar un vehículo que los transportaba en su caja. Otra mujer nicaragüense embarazada falleció este marzo, tras ser abandonada junto a otras 250 personas en un camión a 40 grados sin agua ni ventilación.

La GN fue creada en 2019 por López Obrador. Constituye uno de los principales pilares de su proyecto político. En su planteamiento original, se trataba de un cuerpo nuevo, nacido para combatir la corrupción que imperaba en organismos predecesores, como la Policía Federal, disuelta el mismo año en que la GN empezó a funcionar. Aunque teóricamente se trata de una organización de carácter civil, la formación de sus agentes es mayoritariamente militar, así como su estructura. Además, depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución que responde directamente ante el presidente. "Son elementos que demuestran que en realidad es una institución de naturaleza castrense", defiende el informe. De acuerdo con la FJEDD, la adjudicación de responsabilidades en materia migratoria a un cuerpo militar atenta "contra las disposiciones normativas mexicanas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados".

La militarización de las políticas migratorias en México no es un proceso nuevo. Comenzó, como apunta el informe, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Fue continuado por su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Pero ha sido durante la administración de López Obrador cuando se ha recrudecido. En el momento de su creación, la GN contaba con 56.191 miembros; tres años después, ha doblado su número: 113.883 agentes, de acuerdo con el Informe de Seguridad.

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El uso de militares para la migración en México resulta en violaciones a los derechos humanos, según un informe

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El uso de militares para contener a los migrantes -en su mayoría centroamericanos-que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS.

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En julio de este año, AMLO le propuso a Biden directamente la regulación de migrantes mexicanos y centroamericanos de su país. De esta forma, se prevé que se pueda contener la crisis humanitaria que está sucediendo, ya que así se asegurarán los derechos humanos de los migrantes.

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El presidente mexicano solicita a EE UU que regule a miles de mexicanos y centroamericanos mientras las deportaciones en su Gobierno alcanzan cifras récord

Migrantes centroamericanos caminan sobre una carretera cerca de Escuintla, Chiapas (México), el 9 de julio. Juan Manuel Blanco (EFE)

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha repetido este martes una solicitud vieja a su homólogo Joe Biden durante una reunión en el Despacho Oval que se ha convertido en el asunto medular de la visita. Que Estados Unidos facilite la entrada a los trabajadores mexicanos y centroamericanos "más cualificados" para empujar la economía, regularizar a los que están y dar certeza a quienes llevan tantos años sin documentos. Unas peticiones que chocan con el caos y la crisis humanitaria que soportan miles de migrantes en tierras mexicanas. Las instituciones se han desbordado de solicitudes de asilo en México, en los centros de detención no cabe un alma más y las deportaciones con su Gobierno se han disparado. El tema migratorio no empieza en la frontera con Estados Unidos, sino unos 4.000 kilómetros más abajo.

Concretamente en un rincón de Chiapas, enclavado en el México más pobre, rodeado de un puñado de pueblos que casi nadie conoce, pero que los migrantes se saben de memoria a fuerza de haberlos pateado. Tapachula y los municipios que la rodean, que colindan con Guatemala, llevan años soportando la olla a presión de la crisis migratoria. El verdadero muro que contiene el grueso de los que huyen hacia el norte.

Los presidentes de México y EEUU durante su reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, este martes. Susan Walsh (AP)

Por esta ciudad, de poco más de 300.000 habitantes, cruzan la mayoría de los que después se acumulan en la frontera con Estados Unidos, y muchos de los que ahora viven de manera ilegal ahí. En Tapachula se han agolpado, entre el año pasado y este, más de 122.000 migrantes en busca de asilo, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Y ahí han sido detenidos otros 40.000 por los agentes de Migración, solo en este Estado.

Un campo de refugiados sin lonas blancas, con una ayuda internacional que no alcanza para la magnitud de la tragedia -ACNUR se ha declarado rebasado, como el resto de las organizaciones mexicanas- y al que pocas veces mira la prensa, ni nacional ni extranjera. Tampoco se menciona en las reuniones bilaterales.

Desde que López Obrador firmara con el Gobierno de Donald Trump un acuerdo para blindar las fronteras en 2019, además de aceptar el tratado Quédate en México (Remain in Mexico), para acoger a todos los que buscaban asilo en Estados Unidos, miles de migrantes no han tenido otra opción que solicitar el refugio en tierras mexicanas o conseguir una visa humanitaria. La única forma de buscar una regulación que les permita trabajar y sobrevivir.

Mientras en su reunión con Biden, el mandatario pide que se dé documentos a los migrantes, en su país se han solicitado de enero a mayo casi 50.000 peticiones de asilo -más de 179.000 desde 2021 hasta la fecha- y solo se han resuelto 8.988 casos, entre los que han recibido el asilo o una proteccion complementaria.

El presidente mexicano ha expulsado en los primeros cinco meses del año a 46.617 personas y el año pasado, a 114.000, muchas más de las que caben en el Estadio Azteca. Unas cifras que superan a las del mismo periodo de 2018, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, del PRI, criticado por su política de mano dura frente a la inmigración.

Y pese al dique que supone el sur de México y todo el territorio nacional, la situación del otro lado de la frontera con Estados Unidos se ha convertido en un tema crucial. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que de septiembre a mayo, 1.536.899 migrantes han sido detenidos en su intento por llegar a territorio estadunidense; se estima que la cifra rebase por mucho el registro total del año pasado: 1.734.686 personas en esa situación.

La crisis económica derivada de la pandemia, las crisis políticas y de seguridad que viven países de Centroamérica y el Caribe, especialmente Cuba y Haití, han expulsado a miles mujeres, hombres y niños a huir de su realidad asfixiante. Las cifras de migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos y otros para quedarse un tiempo son las más altas desde que se tiene registro.

Biden, acorralado por el racismo y el odio impulsado por los líderes de la oposición republicana, y en vísperas de unas elecciones legislativas en noviembre, donde teme perder poder en el Congreso, se encuentra en el peor momento posible para hacer concesiones con México en el tema migratorio. Las encuestas indican que la política migratoria de Biden y su control de la frontera serán, junto a la economía, uno de los asuntos dirimidos en las urnas. Y le ha respondido a López Obrador: "Necesitamos trabajar más juntos". Aunque no ha detallado ninguna propuesta para regular la migración.

Las tragedias recientes son el reflejo de la política fallida entre ambos países. La última, la de San Antonio (Texas), donde fueron hallados 53 migrantes muertos, asfixiados en el interior de un camión; 27 de ellos mexicanos. A esta se suman otros cientos que mueren al cruzar la selva, los montes, mutilados en el tren que cruza México, conocido como La Bestia, otros más ahogados en el mar. Y las que se espera que sucedan mientras huir del hambre y la violencia sigue siendo una tarea clandestina y altamente mortal para miles de personas.

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Las peticiones de López Obrador a Biden sobre migración que México evita aplicar

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El primer año pos-pandemia ha traído varios obstáculos para el estado mexicano. Una de estas la violencia el cual junto con la cuarentena y otro componentes ha aumentado de una manera excesiva. Si bien, por todo el territorio se ha visto que estas cifras han ido creciendo, en la ciudad fronteriza de Tijuana la preocupación es enorme. Ya que en lo que va del año en un río se han encontrado ya 20 cuerpos y en la misma localidad en lo que va del nuevo siglo se han registrado 1,500 muertes que por la confrontación de carteles y pandillas. Esto pone a cuestionar a la ciudadanía de dicha zona si lo que el presidente en práctica está haciendo lo suficiente para mejorar la seguridad del país.

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La violencia en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más preocupante. En lo que va del año, 20 cuerpos han sido encontrados en un canal del río Tijuana, al lado mexicano, mientras que en la ciudad que lleva su mismo nombre, se han registrado más de 1.500 muertes, producto del enfrentamiento entre pandillas y el creciente tráfico y consumo de drogas en la zona.

Los habitantes de los alrededores del río Tijuana han mostrado su preocupación por el aumento de la violencia, debido a ajustes de cuentas y la disputa por el territorio entre cárteles del crimen organizado, que también ha generado fuertes oleadas de violencia en la ciudad fronteriza de Tijuana.

La alarmante situación ha producido desplazamientos de personas que habitan la canalización del río Tijuana, el cual divide los estados de California, en Estados Unidos, y Baja California, en México.

El canal del río, que actualmente se encuentra desolado, era usualmente habitado por personas sin hogar que buscaban refugio, además de ser utilizado como un lugar de reunión para el consumo de sustancias psicoactivas.

Actualmente, en esta zona se cometen torturas, asesinatos y poco a poco se ha convertido en una fosa común, según relata José, un desplazado de la canalización que llevaba más de siete años viviendo en la orilla del río y afirma que "en el canal hay ahorita una matadera (masacre)".

"Muchos han salido ya de ahí porque las autoridades se pusieron bravas con nosotros y los policías están más recios (estrictos) que antes", afirma 'Chuy', un hombre que había encontrado refugio en el canal desde hace 9 años, luego de ser deportado desde Estados Unidos.

Por su parte, el especialista en el tema Alfonso Ch dijo que "es común que las autoridades siempre que les truena el problema en la mano se vayan a la fácil a criminalizar a esta población, solamente por ser una comunidad potencial en el consumo de drogas".

Recientemente las autoridades municipales y estatales mexicanas anunciaron el acuerdo para el inicio de una mesa de trabajo que permita atender la zona, en la cual han sido encontrados más de 20 cuerpos sin vida en lo que va del año.
Violencia que ha dejado huella en la comunidad
Uno de los casos que más ha despertado indignación social ha sido el de Kevin Yael González, un adolescente de 14 años que fue encontrado sin vida y con signos de violencia en la canalización del río el pasado 14 de septiembre.

Los padres del menor habían reportado su desaparición a inicios del mes de septiembre, luego de que uno de los amigos de Kevin declarara que realizaba una videollamada con él mientras caminaba por uno de los puentes peatonales que cruzan el río, cuando dos sujetos lo interceptaron.

Tres días después, los padres iniciaron la búsqueda y lo encontraron en una de las compuertas de la canalización, junto con el cuerpo de una mujer estadounidense, quien según las investigaciones, había sido secuestrada por más de un año en la zona.

Ante los hechos, distintos sectores han pedido mayor coordinación por parte del Gobierno para mantener la seguridad en la ciudad de Tijuana, que también se ha visto afectada por la reducción en la llegada de turistas debido al incremento de la inseguridad.

"Necesitamos una coordinación y aquí hablo de los tres órdenes de Gobierno, no solamente la autoridad local", dijo Arturo Gutiérrez Sánchez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana.
Todo el país sufre las consecuencias de los enfrentamientos entre cárteles
Según estadísticas de las autoridades, en la ciudad de Tijuana se presentan en promedio cinco homicidios diarios. Son 1.507 los registrados en lo que va de año.

Durante la primera semana de agosto, México vivió una intensa jornada de violencia, distintos cárteles del país realizaron una cadena de atentados al norte del país, que evidenció la dificultad de las autoridades para intervenir y agudizó aún más la escalada de violencia.

Al menos 40 vehículos fueron robados y quemados en las principales ciudades del estado de Baja California y sus ciudadanos fueron amedrentados por un toque de queda ordenado por el cártel Jalisco Nueva Generación.

En todo el país hubo 11 víctimas fatales, incluido un niño y cuatro periodistas de una emisora de Ciudad Juárez.

Con EFE y medios locales

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Aumenta la preocupación por la creciente violencia en la ciudad fronteriza de Tijuana, México

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La violencia en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más preocupante. En lo que va del año, 20 cuerpos han sido encontrados en un canal del río Tijuana, al lado mexicano, mientras que en la ciudad que lleva su mismo nombre, se han registrado más de 1.500 muertes, producto del enfrentamiento entre pandillas y el creciente tráfico y consumo de drogas en la zona.

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En la noticia se habla de los migrantes que están estancados en México, esto se ha debido a que, aunque les resulta relativamente fácil atravesar otros países de Centroamérica, en México terminan detenidos por la nueva política migratoria que incluye el acuerdo entre el gobierno mexicano y el estadounidense. Lo preocupante es que los migrantes lo ven como un sufrimiento no sólo porque los aleja de su destino inicial sino porque aseguran recibir maltrato e incluso extorsión por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

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Tras cruzar la peligrosa selva del Darién y Centroamérica, el camino de las caravanas provenientes de Venezuela se ve interrumpido ante el nuevo marco migratorio de Estados Unidos

Un migrante espera sentado en la Central de Autobuses del norte, en Ciudad de México, en octubre 2022 Aurea Del Rosario

"Preferiría cruzar la selva 10 veces antes que volver a tener que pasar por México", dicen al unísono varios miembros de la familia Palmar Hernández. Son 24 personas -18 adultos y seis niños- que salieron de Caracas el 1 de septiembre huyendo de la falta de oportunidades y la persecución política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, explica Darío, de 25 años, elegido portavoz familiar. "Pasamos el Darién rápido. Panamá y Costa Rica también. Pero llevamos un mes aquí en México. Si no nos hubieran detenido en Arriaga (Chiapas), ya estaríamos en Estados Unidos. Ahora ya no sabemos si vamos a poder entrar", se lamenta, pensando en el acuerdo entre el Gobierno estadounidense y el mexicano, anunciado el martes pasado y con efecto inmediato, que ha cerrado la puerta a cualquier venezolano que entre de manera irregular por la frontera Sur. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometió a abrir su territorio a un cupo inicial de 24.000 venezolanos, siempre que lleguen en avión y previa solicitud.

La familia Palmar Hernández, que viaja desde Venezuela rumbo a Chicago, espera en la Central del Norte, en octubre 2022. Aurea Del Rosario

Como consecuencia de la variedad de fuentes de información que manejan -mayoritariamente las redes sociales, algún medio de comunicación, prácticamente ningún ente oficial-, reina la incertidumbre entre migrantes, como los Palmar Hernández, acerca del nuevo destino que les depara cuando atraviesen la frontera de Estados Unidos, si lo consiguen. Muchos continúan el camino hacia "arriba", hacia el Norte, a pesar de las dudas; otros están a la espera. No obstante, hay dos cosas en común todos: no tienen voluntad -o capacidad, pues han invertido todo lo que tienen y más para hacer el viaje- de dar marcha atrás y tampoco confían en las autoridades migratorias mexicanas, por el maltrato constante que aseguran haber recibido, así como las extorsiones recurrentes.

En Chiapas, Estado mexicano fronterizo con Guatemala, una caravana de venezolanos avanzaba por una autopista con la misma obstinada esperanza de llegar a Estados Unidos. Soportando el sol y custodiado por un patrullero de la Guardia Nacional, Sandy Araujo, de 22 años, dijo a AFP que la medida debió informarse con anticipación a migrantes como él, que llevan semanas de penoso camino. "Es injusto porque ya muchos venimos cansados, agotados, buscando pasar, entonces nos dan esta noticia y en verdad que es bastante duro (...) Pero seguimos para adelante", subrayó, dejando claro, al igual que tantos de sus compatriotas, que sigue considerando que su paso por México será transitorio.

Aunque el número exacto es imposible de saber, precisamente por el estatus irregular de la mayoría, hay miles de personas provenientes de Venezuela atascadas en México. Basándose en el flujo que se ha registrado recientemente en etapas anteriores de la ruta o en los encuentros con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, es posible hacerse una idea de la situación.

En agosto, 30.000 migrantes, 23.000 de ellos venezolanos, cruzaron el Tapón del Darién -la inhóspita selva que separa Colombia de Panamá-, y la tendencia al alza a lo largo del año apunta a que en septiembre el número habría sido mayor. Es lógico que muchos de ellos estén en territorio mexicano ahora. Asimismo, según los datos del Gobierno estadounidense, en agosto hubo 25.349 encuentros con migrantes venezolanos en la frontera sur, y ha habido un aumento paulatino mes a mes. Por lo tanto, a pesar de que es imposible calcular de manera certera el número de migrantes "en tránsito" por México en cualquier momento puntual, se puede hablar con confianza de "miles".

Migrantes centroamericanos cargando sus celulares en la Central de Autobuses del Norte, en Ciudad de México. Aurea Del Rosario

Unos 250 de ellos estaban este viernes en la Terminal Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, en la cual no había espacio sin un cuerpo recostado sobre el ventanal que sirve de fachada. Su ligero equipaje y caras de angustia delataban su condición de migrantes. Entre los cuerpos agotados y grupillos de niños jugando había recuerdos del Darién en la forma de piernas repletas de picaduras. Otra pista de su situación eran las conversaciones que esparcían rumores de un inminente comunicado de Joe Biden dirigido a ellos para decirles que se retrasaría la entrada en vigor del nuevo decreto para permitirles ingresar.

Entre todos, con las miradas perdidas, estaban Ruth, 33 años, y José Luis, 29, que prefieren no dar su apellido por temor a las autoridades migratorias. Emprendieron hace un mes el camino desde San Cristóbal, Táchira, con sus cuatro hijos -de dos, seis, 14 y 16 años- y llevan 15 días en México. "Nos agarró la migración y nos dijeron mentiras: que nos iban a dar un permiso para poder seguir viajando, por los niños. Pero en eso nos llevaron a un refugio, el Siglo XXI, si es que se puede llamar así, porque es un sitio inhumano, una cárcel prácticamente", cuenta Ruth. "Tampoco nos dieron nunca el permiso y, en cambio, nos obligaron a firmar un oficio de salida en el que, según ellos, voluntariamente pedimos salir por la frontera con Guatemala. Pero nosotros vamos hacia el Norte, no nos interesa quedarnos en México", completa, José Luis.

(De izquierda a derecha) Leonel de 32 años, José de 29 años, Ruth de 33 años e hijos de estos dos últimos; viajan juntos desde Venezuela a la ciudad de Texas. Aurea Del Rosario

Diferentes versiones de estos testimonios se repiten en cada caso. Los escucha prácticamente todos los días July Rodríguez, inmigrante establecida en México que gestiona la fundación Apoyo a Migrantes Venezolanos, que asesora a los migrantes en asuntos legales de manera gratuita y personalizada. "Cuando llegan a Tapachula o a otro punto del sur, les dan una forma migratoria que supuestamente les permite siete días de estancia en el país, 11 días si tienen niños. Pero eso en realidad no es válido porque desde enero solicitan visa a los venezolanos en México, así que más adelante, si los detiene Migración, les rompen ese papel y los devuelven. Entonces les dan el oficio de salida, que los obliga a salir por la frontera sur", explica Rodríguez, que este viernes estaba intentando que algunos migrantes se trasladaran a la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, donde deberían recibir atención. Pero apenas un puñado de migrantes la acompañaron; la mayoría optó por quedarse en la estación, esperando.

Las razones de la espera varían. Algunos aguardan ese anuncio, prometido por una fuente desconocida, del presidente de los Estados Unidos; otros esperan recibir más dinero para comprar el siguiente pasaje de bus al norte. Otros, ante la mirada cada vez más atenta de policías uniformados, se apresuran para comprarlo y salir de su alcance, a pesar de los alrededor de 3.000 pesos que cuesta. "Le han subido, porque saben que estamos desesperados", comentan algunos.

A lo largo del viaje, los migrantes han aprendido a no confiar en nadie, salvo en aquellos con los que han viajado hombro con hombro, pues a veces son familia y en otras ocasiones la experiencia les ha convertido en prácticamente lo mismo, aseguran. Pero en este momento se tienen que aferrar a algo, así que mantienen la esperanza de que por lo menos a ellos, los que ya están en el camino, les abran la puerta antes de cerrarla del todo. "Lo peor es que los que están en la selva ahora todavía no saben lo que les espera", expresa un miembro del clan Palmar Hernández, reflejando el hastío generalizado.

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Miles de migrantes venezolanos se quedan atascados en México

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Tras cruzar la peligrosa selva del Darién y Centroamérica, el camino de las caravanas provenientes de Venezuela se ve interrumpido ante el nuevo marco migratorio de Estados Unidos "Preferiría cruzar la selva 10 veces antes que volver a tener que pasar por México", dicen al unísono varios miembros de la familia Palmar Hernández.

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Siguiendo el acuerdo y cooperación entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, en relación a la política y acciones contra la situación de los migrantes venezolanos, miles de personas se resguardan en territorio mexicano, a espera de que el gobierno estadounidense responda a sus peticiones y les permita el acceso a territorio estadounidense.
Mientras tanto, los migrantes venezolanos tienen que esperar, separados de sus familias, sin trabajo, sin dinero, y sin comida, y cumplir con un proceso para que el gobierno estadounidense determine si se le permite o se le niega la entrada.
"Preferiría cruzar la selva 10 veces antes que volver a tener que pasar por México"

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Tras cruzar la peligrosa selva del Darién y Centroamérica, el camino de las caravanas provenientes de Venezuela se ve interrumpido ante el nuevo marco migratorio de Estados Unidos

Un migrante espera sentado en la Central de Autobuses del norte, en Ciudad de México, en octubre 2022 Aurea Del Rosario

"Preferiría cruzar la selva 10 veces antes que volver a tener que pasar por México", dicen al unísono varios miembros de la familia Palmar Hernández. Son 24 personas -18 adultos y seis niños- que salieron de Caracas el 1 de septiembre huyendo de la falta de oportunidades y la persecución política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, explica Darío, de 25 años, elegido portavoz familiar. "Pasamos el Darién rápido. Panamá y Costa Rica también. Pero llevamos un mes aquí en México. Si no nos hubieran detenido en Arriaga (Chiapas), ya estaríamos en Estados Unidos. Ahora ya no sabemos si vamos a poder entrar", se lamenta, pensando en el acuerdo entre el Gobierno estadounidense y el mexicano, anunciado el martes pasado y con efecto inmediato, que ha cerrado la puerta a cualquier venezolano que entre de manera irregular por la frontera Sur. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometió a abrir su territorio a un cupo inicial de 24.000 venezolanos, siempre que lleguen en avión y previa solicitud.

La familia Palmar Hernández, que viaja desde Venezuela rumbo a Chicago, espera en la Central del Norte, en octubre 2022. Aurea Del Rosario

Como consecuencia de la variedad de fuentes de información que manejan -mayoritariamente las redes sociales, algún medio de comunicación, prácticamente ningún ente oficial-, reina la incertidumbre entre migrantes, como los Palmar Hernández, acerca del nuevo destino que les depara cuando atraviesen la frontera de Estados Unidos, si lo consiguen. Muchos continúan el camino hacia "arriba", hacia el Norte, a pesar de las dudas; otros están a la espera. No obstante, hay dos cosas en común todos: no tienen voluntad -o capacidad, pues han invertido todo lo que tienen y más para hacer el viaje- de dar marcha atrás y tampoco confían en las autoridades migratorias mexicanas, por el maltrato constante que aseguran haber recibido, así como las extorsiones recurrentes.

En Chiapas, Estado mexicano fronterizo con Guatemala, una caravana de venezolanos avanzaba por una autopista con la misma obstinada esperanza de llegar a Estados Unidos. Soportando el sol y custodiado por un patrullero de la Guardia Nacional, Sandy Araujo, de 22 años, dijo a AFP que la medida debió informarse con anticipación a migrantes como él, que llevan semanas de penoso camino. "Es injusto porque ya muchos venimos cansados, agotados, buscando pasar, entonces nos dan esta noticia y en verdad que es bastante duro (...) Pero seguimos para adelante", subrayó, dejando claro, al igual que tantos de sus compatriotas, que sigue considerando que su paso por México será transitorio.

Aunque el número exacto es imposible de saber, precisamente por el estatus irregular de la mayoría, hay miles de personas provenientes de Venezuela atascadas en México. Basándose en el flujo que se ha registrado recientemente en etapas anteriores de la ruta o en los encuentros con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, es posible hacerse una idea de la situación.

En agosto, 30.000 migrantes, 23.000 de ellos venezolanos, cruzaron el Tapón del Darién -la inhóspita selva que separa Colombia de Panamá-, y la tendencia al alza a lo largo del año apunta a que en septiembre el número habría sido mayor. Es lógico que muchos de ellos estén en territorio mexicano ahora. Asimismo, según los datos del Gobierno estadounidense, en agosto hubo 25.349 encuentros con migrantes venezolanos en la frontera sur, y ha habido un aumento paulatino mes a mes. Por lo tanto, a pesar de que es imposible calcular de manera certera el número de migrantes "en tránsito" por México en cualquier momento puntual, se puede hablar con confianza de "miles".

Migrantes centroamericanos cargando sus celulares en la Central de Autobuses del Norte, en Ciudad de México. Aurea Del Rosario

Unos 250 de ellos estaban este viernes en la Terminal Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, en la cual no había espacio sin un cuerpo recostado sobre el ventanal que sirve de fachada. Su ligero equipaje y caras de angustia delataban su condición de migrantes. Entre los cuerpos agotados y grupillos de niños jugando había recuerdos del Darién en la forma de piernas repletas de picaduras. Otra pista de su situación eran las conversaciones que esparcían rumores de un inminente comunicado de Joe Biden dirigido a ellos para decirles que se retrasaría la entrada en vigor del nuevo decreto para permitirles ingresar.

Entre todos, con las miradas perdidas, estaban Ruth, 33 años, y José Luis, 29, que prefieren no dar su apellido por temor a las autoridades migratorias. Emprendieron hace un mes el camino desde San Cristóbal, Táchira, con sus cuatro hijos -de dos, seis, 14 y 16 años- y llevan 15 días en México. "Nos agarró la migración y nos dijeron mentiras: que nos iban a dar un permiso para poder seguir viajando, por los niños. Pero en eso nos llevaron a un refugio, el Siglo XXI, si es que se puede llamar así, porque es un sitio inhumano, una cárcel prácticamente", cuenta Ruth. "Tampoco nos dieron nunca el permiso y, en cambio, nos obligaron a firmar un oficio de salida en el que, según ellos, voluntariamente pedimos salir por la frontera con Guatemala. Pero nosotros vamos hacia el Norte, no nos interesa quedarnos en México", completa, José Luis.

(De izquierda a derecha) Leonel de 32 años, José de 29 años, Ruth de 33 años e hijos de estos dos últimos; viajan juntos desde Venezuela a la ciudad de Texas. Aurea Del Rosario

Diferentes versiones de estos testimonios se repiten en cada caso. Los escucha prácticamente todos los días July Rodríguez, inmigrante establecida en México que gestiona la fundación Apoyo a Migrantes Venezolanos, que asesora a los migrantes en asuntos legales de manera gratuita y personalizada. "Cuando llegan a Tapachula o a otro punto del sur, les dan una forma migratoria que supuestamente les permite siete días de estancia en el país, 11 días si tienen niños. Pero eso en realidad no es válido porque desde enero solicitan visa a los venezolanos en México, así que más adelante, si los detiene Migración, les rompen ese papel y los devuelven. Entonces les dan el oficio de salida, que los obliga a salir por la frontera sur", explica Rodríguez, que este viernes estaba intentando que algunos migrantes se trasladaran a la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, donde deberían recibir atención. Pero apenas un puñado de migrantes la acompañaron; la mayoría optó por quedarse en la estación, esperando.

Las razones de la espera varían. Algunos aguardan ese anuncio, prometido por una fuente desconocida, del presidente de los Estados Unidos; otros esperan recibir más dinero para comprar el siguiente pasaje de bus al norte. Otros, ante la mirada cada vez más atenta de policías uniformados, se apresuran para comprarlo y salir de su alcance, a pesar de los alrededor de 3.000 pesos que cuesta. "Le han subido, porque saben que estamos desesperados", comentan algunos.

A lo largo del viaje, los migrantes han aprendido a no confiar en nadie, salvo en aquellos con los que han viajado hombro con hombro, pues a veces son familia y en otras ocasiones la experiencia les ha convertido en prácticamente lo mismo, aseguran. Pero en este momento se tienen que aferrar a algo, así que mantienen la esperanza de que por lo menos a ellos, los que ya están en el camino, les abran la puerta antes de cerrarla del todo. "Lo peor es que los que están en la selva ahora todavía no saben lo que les espera", expresa un miembro del clan Palmar Hernández, reflejando el hastío generalizado.

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Miles de migrantes venezolanos se quedan atascados en México

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Tras cruzar la peligrosa selva del Darién y Centroamérica, el camino de las caravanas provenientes de Venezuela se ve interrumpido ante el nuevo marco migratorio de Estados Unidos "Preferiría cruzar la selva 10 veces antes que volver a tener que pasar por México", dicen al unísono varios miembros de la familia Palmar Hernández.

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A principios de mes ocurrió una balacera entre un grupo delincuente y las fuerzas públicas en la zona residencial de Guadalajara a un costado del centro comercial Andares el cual dejó a dos personas heridas. Ocurrió domingo por la tarde. Esto presentó una grave llamada de atención ya que en el pasado mes en la misma zona conocida como Zapopan llegaron a incendiar un Oxxo como creación de miedo hacia la población. El gobernador de Jalisco decretó que se aumentarían las Fuerzas Armadas en la vía pública para que así dejaran de suceder este tipo de disturbios.

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Se registró una nueva agresión a balazos en la zona de Puerta de Hierro, a un costado de plaza Andares, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en Avenida Real Acueducto, donde el presunto blanco de la agresión armada fueron un hombre y su escolta, en el estacionamiento del Bar La Santa. Ahí se encontraba presente el cantante de corridos, Peso Pluma, al momento del tiroteo.

Ante el escándalo de las detonaciones en el bar Dorothy, ubicado en las inmediaciones del enfrentamiento, los comensales fueron resguardados entre las mesas y la barra, y se cerraron las puertas hasta que pasó el peligro.

En redes sociales circula un video difundido en Instagram, en el que se aprecia a los jóvenes comensales del bar Dorothy debajo de las mesas, en el piso, otros detrás de la barra. La persona que compartió el video reportó a sus contactos: "todo bien, ya estamos seguros".

Dos personas tuvieron lesiones: un hombre, presuntamente escolta de otro sujeto, fue herido con un disparo en el hombro. También resultó lesionada una mujer ajena a la confrontación, quien fue herida en la rodilla e ingresada al hospital Puerta de Hierro, informó la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

Al cambio de guardia de las corporaciones policiales y ministeriales, no se reportan personas detenidas.

Después de la balacera del pasado 2 de octubre, afuera del centro comercial Landmark, donde delincuentes iban a plagiar a un empresario textilero, se anunció que en esa zona se reforzaría con elementos de los tres niveles de Gobierno.

De inicio, los primeros días, hubo una baja de visitantes a todos los establecimientos del área de Puerta de Hierro, reconoció el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga, quien señaló que al transcurso de los días, la afluencia y las ventas, ya estaban en normalidad, y los clientes manifestaban su conformidad y tranquilidad por el sobrepatrullajes policial.

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Balacera en Puerta de Hierro, Guadalajara, deja dos personas heridas

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Se registró una nueva agresión a balazos en la zona de Puerta de Hierro, a un costado de plaza Andares, en Guadalajara. Los hechos ocurrieron en Avenida Real Acueducto, donde el presunto blanco de la agresión armada fueron un hombre y su escolta, en el estacionamiento del Bar La Santa.

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https://www.forbes.com.mx/la-violencia-le-cuesta-a-mexico-20-8-del-pib-ante-creciente-gasto-militar/

Derivado de la inseguridad en el país, se ha estado viendo en los últimos años un aumento e el porcentaje del gasto del Producto Interno Bruto para defensa nacional.  Simbolizando un 20.8%, es decir, per cápita son 38,000 pesos.
Es posible darse cuenta de este contraste en el aumento del gasto del PIB en defensa , pues está el creciente gasto en el sector militar, el cual tuvo un incremento del 31% en los últimos 7 años.