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La  corrupción , no es solo un agobiante malestar que solo se presenta en el poder judicial, si no que también esta presente en nuestras vidas , y muchas veces   hasta incluso hemos llegado a aceptarlos sin recriminarlos, ya que tal vez nos convienen por ejemplo :
cuando sobornamos a los policías , a los jueces , entre otros.
en conclusion puedo inferir que este mal , es actualmente casi invencible y que aunque se quiero o no ,va a estar impregnado en la esencia de las personas .

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La última encuesta de Ipsos publicada en El Comercio revela que el 79% de la población desaprueba la gestión del Poder Judicial. El más reciente sondeo del Barómetro de las Américas, que se efectúa cada dos años en todo el continente, muestra que en el Perú el 70% no confía en que el Poder Judicial castigue a los culpables. Los últimos acontecimientos indican que, en este caso, la mayoría tiene toda la razón.

Hace pocos días, un tribunal presidido por el juez Ricardo Brousset determinó que los ‘petroaudios’ son una prueba ilícita y que, por tanto, deben excluirse en el proceso que se sigue a Rómulo León y otros por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho.

Poco después, el mismo tribunal determinó que ninguno de los correos electrónicos encontrados en la computadora de Rómulo León sirve como prueba, a pesar de que fueron incautados de manera impecablemente legal por la policía y la fiscalía. Los jueces arguyen que, como el origen de la investigación son los ‘petroaudios’, ahora declarados ilegales, todas las evidencias encontradas luego, aunque hayan sido obtenidas legalmente, tampoco pueden ser utilizadas.

No se necesita ser abogado o experto en derecho para percibir el fuerte hedor de resoluciones como estas, que sientan un nefasto precedente para cualquier investigación, en particular en la que todos están pensando ahora.

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Con el deseo de contribuir al esfuerzo nacional de lucha contra la corrupción judicial al que ha convocado el Dr. Víctor Ticona, Presidente del Poder Judicial[4], sistematizamos algunas medidas concretas y de implementación inmediata, sobre las cuales puede haber consenso (varias de ellas, recogidas por la CERIAJUS y el Acuerdo Nacional por la Justicia).

1. Examinar diversas medidas puntuales (imprescriptibilidad de procesos disciplinarios, inhabilitación de cinco años a jueces corruptos, protección a denunciantes y testigos).

2. Disminuir la discrecionalidad y aumentar la transparencia en la designación de jueces provisionales, en especial en la Corte Suprema de Justicia.

3. Creación de la Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera (UIPF), como órgano especializado en la investigación de eventuales desbalances patrimoniales y enriquecimiento ilícito de los jueces.

4. Necesidad de liderazgo político-institucional del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, a través de dos acciones: (i) celebración e implementación del «Pacto Interinstitucional de Fomento de la Probidad»; (ii) mayor protagonismo en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

5. Fortalecimiento del órgano de control disciplinario interno del Poder Judicial (OCMA), mediante redefiniciones orgánicas y funcionales para: (i) evitar la dispersión de la potestad disciplinaria y excluir la intervención de órganos de naturaleza política, como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; (ii) desconcentrar la potestad sancionatoria menor hacia los órganos de control de cada Corte Superior (ODECMAs); (iii) potenciar el rol y la rendición de cuentas de los representantes de la sociedad civil en la OCMA y las ODECMAs.

6. Identificar «zonas de riesgo» de corrupción y mejorar los controles.

7. Promover la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

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La corrupción judicial suprime la posibilidad de que los jueces actúen con independencia e imparcialidad, dos atributos esenciales del servicio público de justicia.

Si los tribunales resuelven los litigios en base a sobornos o tráfico de influencias, y no en aplicación justa de la Constitución y las leyes, los efectos nocivos para el país se multiplican. En efecto, la corrupción judicial socava el Estado constitucional de Derecho, hace ineficaz la democracia, distorsiona la economía y trastoca el orden de valores de la sociedad.

La judicatura es la llamada a combatir todas las formas de ilegalidad y delincuencia, incluyendo las «degradaciones criminales de la política»[1] y los «infra-Estados clandestinos»[2] que parecen agobiar de corrupción la vida peruana hoy en día. Mal podrían los jueces cumplir su misión si ellos mismos se encuentran aquejados por la plaga de la corrupción.
Dos tipos de corrupción judicial

La peor modalidad de corrupción que ha vivido la judicatura peruana ha sido su participación en la corrupción sistémica de los años noventa del siglo pasado. El fenómeno de la «captura del Estado» y la instauración de una «cleptocracia», tuvo como operadores institucionales principales a las Fuerzas Armadas y al sistema de justicia.

Antes y después de este fenómeno, empero, existen redes de corrupción en sede jurisdiccional, de características singulares, cuyas prácticas activan y configuran la cotidianidad de un sistema judicial en el que los actores centrales son autoridades que subvierten la legalidad y ciudadanos transgresores[3].

También debe advertirse la existencia de numerosas formas de microcorrupción judicial, asociadas especialmente a problemas de ineficiencia y mal funcionamiento del Poder Judicial (coimas, acceso privilegiado a información jurisdiccional, sustracción y tráfico de documentos y expedientes, nepotismo, litigio indirecto, manipulaciones de sistemas informáticos o de notificaciones, etcétera).

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1. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema la Política General del Poder Judicial y aprobar el Plan de Desarrollo del mismo.

2. Fijar el número de Jueces Supremos Titulares.

3. Determinar el número de Salas Especializadas Permanentes y excepcionalmente el número de Salas Transitorias de la Corte Suprema.

4. Aprobar el Proyecto del Presupuesto del Poder Judicial, propuesto por la Gerencia General y ejecutarlo una vez sancionado legalmente, conforme a las normas de la materia.

5. Velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial.

6. Resolver en última instancia las reclamaciones contra los acuerdos y resoluciones de los Consejos Ejecutivos Distritales.

7. Acordar el horario del Despacho Judicial de la Corte suprema.

8. Aprobar el cuadro de Términos de la Distancia, así como revisar periódicamente el valor de los costos, multas y depósitos correspondientes y otros que se establezcan en el futuro.

9. Distribuir la labor individual o por comisiones, que corresponda a sus integrantes.

10. Absolver las consultas de carácter administrativo que formulen las Salas Plenas de los Distritos Judiciales.

11. Resolver en última instancia las medidas de apercibimiento, multa y suspensión, impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura en contra de los magistrados, en el plazo de Ley, bajo responsabilidad.

12. Resolver conforme a su Reglamento, los asuntos relativos a traslados de los magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial.

13. Fijar las cuantías y sus reajustes para determinar las competencias jerárquicas.

14. Designar comisiones de asesoramiento, investigación y estudio.

15. Designar al Gerente General del Poder Judicial y a los demás funcionarios que la señale la Ley y los Reglamentos.

16. Emitir los informes que le solicite el Congreso de la República; la Sala Plena de la Corte Suprema y el Fiscal de la Nación, sobre los asuntos de su competencia y solicitar lo que se relacionen con sus funciones.

17. Supervisar la conservación y buen recaudo de los bienes incautados cuya libre disposición está supeditada a la resolución de los juicios penales, conforme a ley.

18. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema, en forma excepcional, la distribución de causas entre las Salas Especializadas, fijando su competencia a fin de descongestionar la carga judicial, pudiendo conformar Salas Transitorias por un término no mayor de tres meses, en casos estrictamente necesarios.

19. Asegurar la progresiva habilitación y adecuación de locales judiciales a nivel nacional, en los cuales funcionen los órganos jurisdiccionales con su respectivo personal auxiliar.

20. Disponer y Supervisar el desarrollo de los sistemas de informática que faciliten una eficiente función de gestión, el eficaz control de la conducta funcional y del trabajo jurisdiccional de todos los miembros del Poder Judicial y la organización estadística judicial, conforme con las propuestas que le formule la Gerencia General.

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El poder judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en una sociedad. Es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con el poder legislativo y el poder ejecutivo), mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía