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Refiere a aquellos recursos naturales que nos brinda la naturaleza y que se utilizan para satisfacer necesidades materiales y espirituales.

Es todo aquello que NO es obra del ser humano.

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El precio de utilizar la tierra por un período de tiempo se denomina RENTA, ya que su oferta es fija.

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Es una sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, de olor fuerte, de color negro y más ligera que el agua, que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre; su destilación fraccionada da productos de gran importancia industrial como la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, etc.

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Fijos:  no crecen a una determinada tasa, tienen una disponibilidad inicial fija, una cantidad máxima de ese recurso es utilizable a lo largo de la vida útil del planeta.

Renovables:  sus servicios se regeneran con regularidad, se debe encontrar una tasa de aprovechamiento que no disminuya o atente contra la capacidad de regeneración.

Apropiables: cuando las compañías y consumidores pueden capturar su valor económico completo.

Inapropiables: cuando alguno de los costos y beneficios asociados a su uso no se pueden acreditar a su dueño, involucran externalidades.

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EL PETROLEO EN ARGENTINA A LO LARGO DE LOS AÑOS

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EL PETROLEO EN ARGENTINA A LO LARGO DE LOS AÑOS

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Los inicios de la industria petrolera en Argentina, su evolución y los impactos sufridos por las distintas políticas aplicadas desde el Estado en cada etapa de la vida nacional, desde su nacimiento hasta la política ejercida en la era menemista.

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Historia del petroleo argentino - Capitulo 1 [Completo] | Encuentro

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ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PETRÓLEO

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Etapas productivas del petróleo en Argentina

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EMPRESAS PETROLERAS EN ARGENTINA

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La información estadística, a la que tuvo acceso Télam, fue suministrada por las firmas del área al Ministerio de Energía y Minería, en cumplimiento de la resolución 2057 emitida en 2005 y aún vigente.

La norma establece que las empresas hidrocarburíferas deben declarar al gobierno sus respectivos planes de inversión al comienzo de cada año.

Esos datos se suministran al Ministerio en forma consolidada, sin una discriminación estricta entre petróleo y gas, sino por concesión y yacimiento.

El detalle elevado a la cartera que conduce Juan José Aranguren precisa que YPF será responsable este año de casi la mitad (el 48,2%) de las inversiones en el sector (unos US$ 3.203 millones), tanto para explorar y explotar recursos convencionales como no convencionales.

Esa cifra incluye las previsiones realizadas por la empresa madre y las recientemente absorbidas Ysur Energía, Ysur Petrolera y LF Company (ex Apache).

La segunda compañía del sector, PAE (propiedad del grupo Bridas y de British Petroleum), invertirá US$ 958 millones, mientras la tercera, la francesa Total, destinará US$ 627 millones.

Detrás de ese trío se ubica un pelotón de firmas de distinto tamaño y origen, en el que sobresalen los gigantes Exxon Mobil, de los Estados Unidos, que prevé invertir US$ 151 millones; mientras la angloholandesa Shell, que opera como O&G Development, aplicará US$ 134 millones.

Con perfil mucho más bajo que las anteriores, pero decidida a realizar una apuesta mayor a la extracción de petróleo y gas en el país, se destaca la chilena Enap Sipetrol, cuarta en el ranking de inversores del rubro con US$ 308 millones.

Entre las firmas privadas de capitales nacionales aparecen en lugar expectante Pampa Energía, que en reemplazo de la adquirida Petrobras invertirá este año US$ 184 millones; Tecpetrol (del grupo Techint), que promete destinar US$ 138 millones al ítem hidrocarburífero de sus variados negocios; y Pluspetrol, que aportará US$ 130 millones.

De allí para abajo sólo aparece con fuerza la china Sinopec, que reforzará sus intenciones de crecimiento en el sector con casi US$ 125 millones de inversión.

Aparecen luego en el listado del Ministerio de Energía y Minería otras 33 compañías con menor presencia en el negocio y que invertirán en 2017 cifras inferiores a los US$ 100 millones, aunque "no despreciables", según definieron en la cartera.

Las firmas que encabezan este segmento son: PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia, con US$ 99 millones); Capsa (US$ 78 millones); la alemana Wintershall (US$ 74 millones); CGC (Compañía General de Combustibles, de Corporación América, US$ 56 millones); y Petrolera Entre Lomas (US$ 55 millones).

Continúan Capex (que prometió invertir este año US$ 37 millones en actividades petroleras y gasíferas); El Trébol (US$ 32 millones); Roch (también US$ 32 millones); High Luck Group (US$ 26 millones); y Chevron Argentina (US$ 23 millones).

Entre la veintena restante de empresas del sector, 12 no superarán este año los US$ 6,5 millones de inversión, lo cual en muchos casos -según evalúan analistas privados- luce como adecuado para su nivel de negocios, aunque en otros prefigura eventuales planes de retirada y oportunidades de absorción para los jugadores más relevantes y con mayores espaldas financieras.

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Tres empresas petroleras concentran 72% de las inversiones del sector - Punto a Punto Diario

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La información estadística, a la que tuvo acceso Télam, fue suministrada por las firmas del área al Ministerio de Energía y Minería, en cumplimiento de la resolución 2057 emitida en 2005 y aún vigente. La norma establece que las empresas hidrocarburíferas deben declarar al gobierno sus respectivos planes de inversión al comienzo de cada año.

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Si hay algo que no le falta a la industria petrolera es capacidad para contaminar todo lo que se encuentre cerca. En el caso de Argentina, no sólo le tocó tener el mayor derrame de petróleo en agua dulce, también le toca sufrir los dañinos efectos de la falta de seguridad al explotar los yacimientos.

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Debido a la explotación de yacimientos y la falta de seguridad que existe en nuestro país, el costo del impacto sobre el medio ambiente y sobre las personas es extremadamente alto. La magnitud de la contaminación es realmente grande.
Teniendo en cuenta esto, creo que es necesaria una disminución en el consumo de petróleo, para que así decrezca la explotación de este recurso mineral. Existen autos eléctricos que funcionan sin la necesidad de gasolina, lo que demuestra que es posible reducir el consumo de petróleo.
Es necesario también, que nuestro país cuente con medidas de seguridad adecuadas para la extracción de petróleo.
Así se lograría que la contaminación seria menor.

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Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

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Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

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por Hernán Scandizzo*

La creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el eje de intervención que nos proponen. Surgimos con el objetivo de incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos años las movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras, habían puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su totalidad, de los combustibles fósiles. Eso a pesar de que desde mediados de la década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años- contra el tendido del gasoducto NorAndino.

Las comunidades del Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre el hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas de los primeros años '90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en la grilla de los medios masivos o, por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso más emblemático que el de los yaguareté de las yungas, es el de la aparición masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, por el vertido de crudo al mar. También estuvo en discusión el impacto de las piletas de purga, cavadas junto a los pozos, que se transformaban en trampas mortales para la fauna, principalmente las aves que las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias.

Los cuestionamientos a prácticas muy extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas de los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin protección o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura demandada por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en la agenda periodística por esos años, principalmente, en función de las afectaciones a la vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos empetrolados no era una novedad para los habitantes de las localidades del litoral atlántico, aunque sí la masividad. Pero no sólo los pingüinos se empetrolaban sino también las personas que se zambullían en el mar en las playas de Comodoro Rivadavia. El crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se quitaba con aceite de cocina. El contacto con el petróleo, "empetrolarse", no era percibido como riesgoso para las personas. La imagen de los pingüinos empetrolados funcionó como la carta de presentación de un hecho no sólo noticiable sino también novedoso: "el petróleo afecta a la Naturaleza"; pero, cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía a los seres humanos. Una percepción bastante extendida aún hoy.
Pingüinos y liberalización del sector
Vale la pena hacer un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de relieve un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones, dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico -dependiente del Conicet- y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, los autores observaron "un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina". 1
Pueblos empetrolados
Por esos mismos años también tomaron estado público dos casos de "poblaciones empetroladas", que no son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho, que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que demandan que se garanticen sus derechos.

Loma La Lata (LLL) dista 100 km al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la preeminencia de la provincia en el sector.

Este yacimiento abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente plomo, cadmio y mercurio.

En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -instancia que aceptó la denuncia e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de agua segura. Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la remediación ambiental. 2

Las demandas contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en 2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ un caso de anencefalia. 3

A pesar de la exposición crónica al riesgo tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ y particularmente la figura de su werken (vocero político), Gabriel Cherqui, están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos. 4 Un estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata, 5 y al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol, tras la expropiación de YPF. 6 Del deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi no hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.

En 1999, a partir de una causa judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la situación ambiental de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada por parte de la empresa PAE. 7 A partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad. 8

Luego de esa primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de protección del ambiente. 9 La contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que finalmente fue aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike se vuelve difuso.

El 26 de diciembre de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, 20 km al norte del centro de Comodoro Rivadavia: 300 m3 de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías, flora y fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera, que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa Termap S.A.

Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. La dependencia convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.

"No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer". Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova. 10

"Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos en ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte. Habíamos acordado todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí." Liliana Murgas, jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia. 11

Estos son algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino "personas empetroladas", ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la exposición crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias la invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de ciudades yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las llamadas enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del país. Una percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina Caleta Olivia. 12
Emergencia y muerte de la cuestión ambiental
Si bien afirmábamos que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno (municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común que fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la "cuestión ambiental" fue utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.

En 1997 Felipe Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba un cercano "fin del petróleo". Como telón de fondo, la alta conflictividad social producto de la implementación de políticas neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar fuertemente al desarrollo agroindustrial.

En ese proceso el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente 555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de paridad 1 a 1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge 13.

Una década más tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:

"Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos". 14

Diagnósticos similares fueron realizados por el Concejo de Planificiación y Acción para el Desarrollo, organismo provincial. 15

Sin embargo los planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaban años de bonanza.

"Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo", escribió el ingeniero y diputado provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).

La mejor síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los puso nuevamente en tierra.

Los pasivos ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que invisibilizaban sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del Estado tienen por función controlar actividad y obligar a remediar daños, si había pasivos es porque los daños no habían sido remediados oportunamente. 16

Como advertíamos, al ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de degradación de suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010. En los planes de desarrollo estratégico de la región Vaca Muerta, elaborados por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única objeción se refiere a la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras a partir de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no convencionales.

Ante escenarios como estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén como campañas de terrorismo ambiental. 17 No había lugar a criticar al fracking, en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al "riesgo cero".

Los discursos en torno a la pretendida inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su país porque constituia un atentado contra la Madre Tierra, mientras que técnicos del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también plantearon serias objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales por el alto riesgo ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos países el fracking es un horizonte lejano. 18
Anotaciones al margen
Anoche [4 oct.] el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmo que "el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos". Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a partir de las obras de remediación.

Agulleiro además señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de los gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. Una declaración que puede ser tomada como una invitación al involucramiento de toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un reconocimiento de los límites de los controles que desde el Estado provincial pueden ejercer sobre la actividad.

El ministro también dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorio, las buenas prácticas empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se estaba debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque le resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: "Se recortan las normas de seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para garantizar la rentabilidad". También en su intervención reconocía "que no está internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente sano"; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.
A modo de cierre
Han pasado más de dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las primeras denuncias de los pueblos empetrolados, y aún se siguen naturalizando los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente, debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.

* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo y protección ambiental, en el marco del Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3 al 5 de octubre de 2017.
Notas:

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Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

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por Hernán Scandizzo* La creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el eje de intervención que nos proponen. Surgimos con el objetivo de incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas...

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Se desarrolla en los tribunales federales un juicio por contaminación petrolera, un hecho con muy pocos antecedentes en la provincia.
Concretamente la carátula habla de violar la ley de residuos peligrosos y lo que es más grave aún, poner en peligro el ambiente y la salud.

El caso ocurrió en Tupungato y no son esos los únicos ingredientes que hacen de éste, un debate diferente ya que también muestra el largo camino que recorrió el expediente 11.222 D, toda vez que los hechos investigados fueron denunciados hace 15 años.

La empresa petrolera denunciada es Vintage Oil y en este tiempo dejó de trabajar en la zona, mientras que los tres acusados: Miguel Angel Calvi, Carlos Laluf y Lisandro Tortone ; un cuarto Mark Francis Sheehan (ausente con un pedido de averiguación de paradero), tampoco trabajan más en el yacimiento Piedras Coloradas, ubicado en el departamento de Tupungato.

Hace 15 años

El caso se remonta al 28 de junio de 2003 y se originó cuando César Biritos, en su calidad de Delegado de Cauce de la Inspección Arroyo Carrizal, denunció la "existencia de contaminación por agua de purga causadas por los pozos (PC 15 y PC 67) de la empresa".

Cuatro meses después -dice la elevación a juicio con la firma de la fiscal federal María Gloria André-, se comprueba que "en al menos uno de los pozos (PC 15), dicha contaminación no había cesado".

En detalle

Según se conoce ahora, en aquel tiempo se pudo observar en el cauce "un elevado valor de conductividad eléctrica al igual que los aniones (iones cargados negativamente) y cationes (iones cargados positivamente) mayoritarios, en especial cloruros y sodios, compuestos predominantes en las aguas en formación..."; el informe agrega que "hay un e levado contenido de uranio natural, nitratos, estroncio y litio, valores que no se encuentran normalmente en las aguas subterráneas, lo que nos indicaría que se trata de aguas de formación y/o agua de purga luego de la extracción de petróleo".

Lo que se traduce en que "se han producido fuertes derrames de agua de producción, con afectación directa sobre la red hídrica de la zona".

Además de todo lo expuesto, se recuerda que la existencia de los pozos mencionados en la denuncia, "estaba prohibida por resolución 788/1996 y no había autorización existente alguna de tal prohibición; que la contaminación efectivamente se produjo, que la misma se extendió por un período prolongado de tiempo, y que todo ello aconteció con conocimiento de los responsables", es decir los acusados.

En una sala vacía

El juicio que se viene desarrollando en la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales, está en manos de los jueces María Paula Marisi, como presidente, acompañada por Alejandro Piña y Alberto Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1.

La acusación fiscal está a cargo de María Gloria André, mientras los abogados Alberto Aguinaga; Carlos De Casas y Juan Day, tienen la asistencia técnica en la defensa de Calvi; Tortone y Laluf, respectivamente.

Sepa más

La Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 de la República Argentina fue el primer estatuto de carácter federal, sancionada en diciembre de 1991, siendo promulgada por el Ejecutivo, dos meses después.

Y en su artículo 5°, condena con penas de entre 3 y 10 años a quien "utilizando los residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

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Después de 15 años, arrancó un juicio por contaminación ambiental en Mendoza

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Es por presunto derrame de hidrocarburos en un arroyo de Tupungato. En el expediente se habla de violar la ley y arriesgar salud y ambiente.

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Cristina Fernández de Kirchner anunció en el 2012 el envío de un proyecto legislativo para proceder a expropiar buena parte de la porción accionaria de la española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y con ello tomar control de esta última petrolera.

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En medio de aplausos y cánticos, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes el envío de un proyecto legislativo para proceder a expropiar buena parte de la porción accionaria de la española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y con ello tomar control de esta última petrolera.

La reacción española no se hizo esperar. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calificó la decisión tomada por la presidenta argentina de "hostil" y "discriminatoria".

"En términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España lo interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno", señaló el ministro, quien agregó que anunciarán próximamente medidas "claras y contundentes" en respuesta a la decisión argentina.

Sin embargo, no hay evidencia hasta el momento de que las advertencias españolas hayan generado un cambio de posición argentina.

Debido a que el oficialismo tiene la mayoría tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, se da como un hecho la aprobación parlamentaria en Buenos Aires.

El proyecto pretende que el Estado tenga 51% de YPF en detrimento del accionista mayoritario, Repsol.

Pero para proceder a la expropiación, tal y como exige la legislación vigente, se declaró el patrimonio a expropiar como de "utilidad pública". Y este sería un aspecto quizás más crucial que la misma expropiación.

"Al declararlo de utilidad pública, deja de manejarse (la empresa) como un bien privado o de mercado porque ante todo está la necesidad del país", señaló en la televisora del Estado el analista de temas energéticos Raúl Dellatorre.

Varios analistas en el sector energético, que prefirieron no ser identificados, le comentaron a BBC Mundo que la medida puede servir como precedente para que el Estado empiece a tener un rol preponderante en el sector de hidrocarburos argentino a raíz de lo que parece una medida puntual de expropiación.

"De hecho, a raíz de esto pueden empezar a surgir propuestas de que se haga lo mismo con las otras empresas extranjeras en el país -como Chevron, Petrobras, entre otras- ya que en el fondo es el petróleo la utilidad pública y no YPF", señaló el consultor en temas de petróleo, Eduardo Fernández.

Reforma profunda

La renacionalización del negocio petrolero en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, comenzó declarando diversas actividades en el sector energético de utilidad pública y fue considerado el primer paso para luego aprobar la obligatoriedad de que los proyectos energéticos siempre se efectuasen en asociaciones estratégicas en las que el Estado tuviese la mayoría accionaria.

Según lo explicado por los expertos en el área, al declararse de utilidad pública no existe el derecho a huelga, se debe ofrecer el producto en las mismas condiciones a todas las empresas y el gobierno puede tomar decisiones sobre este producto si se considera que afecta el interés nacional.

En Argentina otro precedente de utilidad pública ocurrió en 2008 con Aerolíneas Argentinas, también expropiada de una compañía española a quien se señaló de dejarla al borde de la quiebra con millonarias deudas.

No obstante, mientras aún se dan los primeros pasos hacia la expropiación de YPF, aún faltan detalles por definirse en el nuevo modelo energético de Argentina.

Aunque, Fernández de Kirchner fue tajante al decir que "el modelo no es una estatización. Es recuperación de la soberanía y control del instrumento fundamental".

"Además se conserva (YPF) como sociedad anónima. Por ello funcionará según la ley de sociedad privada", apuntó la mandataria.

Pero advirtió: "Éramos el único país de la región que no manejaba sus recursos naturales".

Argumentos

El gobierno argentino argumentó el decreto de expropiación anunciado este lunes por una presunta falta de inversión de Repsol-YPF en territorio argentino.

Tal situación habría provocado una incapacidad de la empresa para cubrir la demanda energética nacional, pese a que posee el 60% del mercado de combustibles.

Y por ello, en 2010, señaló Fernández de Kirchner, Argentina se vio obligada por primera vez en su historia a importar hidrocarburos, a un costo que el año pasado rozó los US$10.000 millones. Una cifra que casi equipara el superávit comercial del país en el mismo período.

"De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, nos toparíamos con un país inviable", dijo la presidenta.

Denuncias

Según la diputada nacional argentina, Elisa Carrió, el propio gobierno es responsable de la situación que provocó la movida de reestatización.

En un documento presentado ante la justicia, en procura de que se inicie una investigación judicial, Carrió alega que el representante del Estado en el directorio aprobó los repartos de utilidades a los accionistas en detrimento de las inversiones.

Según Carrió, el gobierno, a través de su representante, pudo haber objetado tales decisiones; pero no sucedió.

Y añadió: "Está el negocio petrolero y el comercial. Pero acá hubo poco negocio petrolero y mucho comercial".

El gobierno argentino acusa a Repsol de repartir entre sus accionistas 90% de sus utilidades y no invertir en el negocio petrolífero en una Argentina necesitada de combustibles.

Sin embargo, la empresa más bien asegura que en 2011 tuvo una inversión récord de US$3.057 millones.

La insatisfacción del Ejecutivo nacional argentino también se vio respaldada por los gobiernos provinciales, que desde finales del año pasado vienen quitándole la concesión a YPF en diferentes pozos para asumir directamente las exploraciones.

Los gobernadores ahora también tienen un rol clave en el futuro del negocio petrolero argentino, ya que el 51% expropiado se dividirá casi por la mitad entre las provincias (49%) y el gobierno central (51%).

Para algunos analistas, esa coparticipación puede convertirse en un problema al momento de tomar las decisiones en la nueva YPF pública.

El representante del Ejecutivo tendrá que negociar con diez autoridades de provincia antes de llevar una postura conjunta al directorio de la compañía.

"Puede haber parálisis o politización de las decisiones", comentó uno de los analistas consultados.

La decisión anunciada por Fernández de Kirchner este lunes puso fin a semanas de especulaciones que influyeron directamente en la pérdida del valor de la acción en YPF -al menos 40% en 2012- en los mercados bursátiles de Nueva York y Buenos Aires. Y tras conocerse el anuncio las negociaciones de estos títulos habían sido suspendidas.

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La estrategia argentina para el petróleo

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El proyecto de expropiación de YPF busca declarar como utilidad pública a la porción de la empresa que pasará a ser controlada por el Estado. Analistas afirman que esto puede sentar un precedente más profundo en la política energética del país.