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El derecho a la salud está formalmente consagrado en la Constitución Política y en la Ley General de Salud. Adicionalmente, algunos aspectos del derecho fueron precisados en la Ley N.º 29414, que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. El derecho a la salud contempla tanto libertades como propiamente derechos, es decir, el Estado está exigido al cumplimiento de obligaciones tanto positivas como negativas. Durante los últimos años se han producido algunos avances por la acción del Centro Nacional de Salud Intercultural (Censi) del Instituto Nacional de Salud (INS). Se ha impulsado y, tras un proceso de construcción de consensos con participación de representantes de estas comunidades indígenas tanto andinas como amazónicas, con el cercano acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, se ha logrado la aprob ación de la Política Sectorial de Salud Intercultural en 2016.84,85 A la par, durante los últimos años, el Minsa ha producido normatividad técnica para la adecuación cultural, principalmente de la atención del parto, que, pese a expresar una concepción restringida de la salud intercultural, constituye un innegable avance en la materia. Iguales problemas de exclusión, discriminación y, aun, estigmatización se observan en la atención de salud de diferentes grupos de mayor vulnerabilidad social, como quienes padecen algún tipo de discapacidad, los miembros de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) o quienes son portadores de tuberculosis y enfermedad por VIH/sida, entre otros.

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La participación de los ciudadanos en la gestión y la evaluación del sistema

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La participación de los ciudadanos en la gestión y la evaluación del sistema

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La participación ciudadana en la formación, gestión y vigilancia de las políticas públicas en salud es muy limitada y diversa. De un lado están las tradicionales iniciativas de participación social en salud, básicamente rurales o urbano populares (de abajo hacia arriba), y de otro, las experiencias institucionales surgidas desde alguna entidad estatal ante la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la participación ciudadana o la protección de los derechos de los usuarios (de arriba hacia abajo).
Entre las experiencias institucionales surgidas desde instancias oficiales sobresalen los comités locales de administración de salud (CLAS). Pese a que surgieron hace más de 20 años no han logrado masificarse como modalidad de cogestión social de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. En 2007 se promulgó la ley que formalizó su funcionamiento. En términos generales, se estima que no más de un tercio de los establecimientos de salud de menor complejidad son gestionados bajo esta modalidad, aunque su distribución a nivel nacional es notoriamente diferenciada. En 2002, la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, Ley N.º 27813, creó los Consejos de Salud, nacional, regionales y locales. Estos fueron concebidos como instancias de coordinación y concertación de las organizaciones del sector. Como se manifestó anteriormente, su composición, representatividad y, en menor medida, el carácter no vinculante de sus acuerdos les restan eficacia y mellan su legitimidad social.

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La participación de las universidades y los colegios profesionales 

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La participación de las universidades y los colegios profesionales 

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La relación entre el Minsa, las universidades, los colegios profesionales y las organizaciones sociales de base, salvo excepciones, se limita a lo establecido en la normatividad. Probablemente, la experiencia más constante e institucional de participación de estos actores sea su presencia en los consejos de salud. No obstante, sus aportes son limitados y antes que coordinar políticas y estrategias sectoriales, en el intento por atenuar la segmentación y la fragmentación del sistema, ponen por delante intereses o reivindicaciones particulares; situación que cuestiona y debilita el rol de los consejos de salud como instancias de gobernanza del sistema.[1] Cabe resaltar la participación de las universidades y los colegios profesionales en los consejos que regulan la formación de especialistas en el campo de la salud, de los cuales el de mayor trayectoria es el Comité Nacional de Residentado Médico (Conareme).

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La percepción de los usuarios sobre la calidad de la atención a la salud

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La percepción de los usuarios sobre la calidad de la atención a la salud

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La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) entre los usuarios de consulta externa da cuenta de que 71,1 % de los entrevistados manifestaron estar satisfechos con la atención recibida en los servicios de salud públicos, pese a que el tiempo de espera reportado fue de 103 minutos.Esta cifra no concuerda con lo reportado por el Latinobarómetro, donde se indica que solo 31,6 % de la población peruana está satisfecha con la atención que recibe en los hospitales públicos.⁹¹ Es de lamentar que la calidad de la atención no haya logrado ingresar en la agenda político-sanitaria en el país, pese a ser tema recurrente en los discursos oficiales. Es importante resaltar que estos estudios no evalúan el trato digno92 (responsiveness),metodología que pone por delante la evaluación de la condición de dignidad, autonomía, confidencialidad, entre otros, y no se reduce a la medición de la satisfacción del usuario como podría hacerse frente a cualquier otro bien o servicio de mercado.