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¿Por qué China teme tanto a la libertad de prensa?

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¿Por qué China teme tanto a la libertad de prensa?

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El presidente de China, Xi Jinping, ha empezado a imponer más control sobre los medios de comunicación. Esto se debe al pensamiento que el tiene sobre los periodistas, que los acusa de "buscar peleas y provocar problemas". China es denominado como el país que más periodistas ha encarcelado en todo el mundo y el peor abusador de la libertad en Internet; además, no solo los han detenido a ellos si no también a todas las personas que escriban de política, eventos legales y demográficos. Los capturados son maltratados, asesinados, encarcelados y acosados por los mismos policías. Es decir, todos sus derechos se ven violados y afectados por querer contarle al mundo lo que se vive en este país y a sus mismos habitantes.

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China es el país que más periodistas encarcela en el mundo.

De los 250 periodistas encarcelados en todo el mundo, 48 se encontraban en China, el mayor número que en ningún otro país en 2019, según la encuesta anual del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los periodistas encarcelados en todo el mundo, publicada el 11 de diciembre.

El informe indica que el número de periodistas encarcelados ha aumentado constantemente a medida que el presidente Xi Jinping ha venido consolidando el control político del país e instituyendo controles cada vez más estrictos sobre los medios de comunicación. As i mismo, expresa el informe, el Partido Comunista Chino (PCC) continúa estrechando su férreo control sobre la prensa.

Con frecuencia, el Partido Comunista de China utiliza vagas acusaciones penales como "buscar peleas y provocar problemas" para enjuiciar selectivamente a los periodistas, según el informe. China no goza de un sistema jurídico independiente. "El PCC continuó dominando el poder judicial y controlando el nombramiento de todos los jueces y, en algunos casos, dictó directamente el fallo del tribunal", según el Informe de Derechos Humanos 2018 del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en marzo.

El Comité para la Protección de los Periodistas es una organización independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo.

La política, según la encuesta, fue la causa que más probablemente llevó a periodistas a la cárcel, seguida de los derechos humanos y la corrupción.

Según el informe, la represión en la provincia de Sinkiang, donde un millón de miembros de minorías étnicas musulmanas han sido enviados a campos de internamiento, ha llevado a la detención de docenas de periodistas.

No sólo periodistas

En Sinkiang, los uigures y miembros de otras minorías étnicas musulmanas que trabajaban en publicaciones locales y escribían sobre "política y eventos legales y demográficos" también han sido detenidos, según el informe, al igual que intelectuales, como Yalqun Rozi, que editó y compiló más de 100 libros de texto sobre la cultura uigur.

El Partido Comunista también ha encarcelado a las familias de periodistas en China por los reportajes realizados por sus familiares fuera de China.

El informe del Comité se produce justo un mes después de que Freedom House, una organización sin fines de lucro que apoya la libertad y la democracia, informara que China es el peor abusador de la libertad en Internet de todos los países del mundo. Ambos informes exponen la censura agresiva del Partido Comunista Chino.

"En demasiados lugares del mundo, los periodistas son asesinados, torturados, encarcelados y acosados por informar de los abusos de regímenes corruptos", dijo Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en noviembre.

Estados Unidos "pide que se ponga fin de inmediato a todas las amenazas, intimidaciones y violencia contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación por su trabajo", expresó.

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China es el país que más periodistas encarcela en el mundo. De los 250 periodistas encarcelados en todo el mundo, 48 se encontraban en China, el mayor número que en ningún otro país en 2019, según la encuesta anual del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los periodistas encarcelados en todo el mundo, publicada el 11 de diciembre.

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Venezuela ¡no preguntes, porque el Estado te va a responder a punta de golpe!

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Venezuela ¡no preguntes, porque el Estado te va a responder a punta de golpe!

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En Venezuela ser un periodista es una actividad de alto riesgo. las fuerzas del orden los acosan, agreden y censurados con tal que de no investiguen o publiquen informarcion que perjudique de alguna manera el régimen del presidente Maduro que ha sumido a venezuela en uno de los regímenes dictatoriales más intensos de la historia moderna. En el peor de los casos los periodistas son golpeados y asustados para detenerlos y evitar que publiquen noticias en contra del Estado. Mientras que en el "mejor de los casos" son detenidos como medida de censura contra los periodistas, quienes están utilizando sus derechos para informar al público, derecho de libertad que esta siendo anulado, tanto para ellos como para los ciudadanos que no llegan a recibir la información de la prensa.

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Por: Andreína Itriago

Los periodistas están en la mira en Venezuela. Entre el 1º de enero y el 18 de marzo de 2019, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha registrado 178 violaciones a la libertad de expresión, lo que constituye 67% de los casos registrados durante todo el 2018 en el país suramericano.

Más que la cantidad, lo que preocupa a especialistas como Mariengracia Chirinos, directora de Libertades Informativas del IPYS, es la gravedad de los casos.

El pasado viernes, la imagen del rostro desfigurado y ensangrentado del periodista polaco Tomasz Surdel, quien llevaba varios meses trabajando en Caracas, dio la vuelta al mundo. Presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvieron la noche anterior en un barrio al sureste de Caracas.

De acuerdo con su relato, le cubrieron el rostro y lo golpearon en la cara y las costillas. Cuando le quitaron la capucha, le apuntaron con un arma y tiraron del gatillo, pero no estaba cargada. Los supuestos funcionarios se habrían dado la vuelta entre risas y retirado del lugar.

"No hay una razón explícita por la cual lo hayan agredido de esa manera y amenazado con armas de fuego (...), da cuenta de la hostilidad que existe en Venezuela para ejercer el periodismo", dijo Chirinos a la Agencia Anadolu, tras referirse al que considera es uno de los tres casos de mayor gravedad que se han registrado en los 78 días que han transcurrido del 2019.

Los otros dos a los que hace referencia son la detención por 25 horas del periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien ahora enfrenta un procedimiento judicial con medida de censura, por presuntamente estar involucrado en el "sabotaje" al sistema eléctrico nacional; y la detención y posterior deportación del equipo de Univisión que le hizo una entrevista crítica a Nicolás Maduro.

De al menos 39 periodistas detenidos "arbitrariamente" que IPYS ha documentado desde que empezó el año, 21 han sido extranjeros, como Jorge Ramos, líder del equipo de Univisión. La cifra ya supera las 20 detenciones a enviados especiales registradas por los investigadores entre 2016 y 2017, cuando hubo una mayor arremetida contra la prensa en general, en el marco de una fuerte oleada de protestas antigubernamentales.

La condición para liberarlos, de acuerdo con Chirinos, ha sido la deportación. "No ha ocurrido con todos, como es el caso (de los periodistas Gonzalo Domínguez Loeda, Maurén Barriga Vargas y Leonardo Muñoz) de EFE, pero sí con otros como el chileno (Rodrigo Pérez)", acota.

El caso más reciente fue el del periodista alemán Billy Six, quien tras pasar cuatro meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, tras fotografiar muy de cerca a Maduro, fue enviado a casa la mañana del pasado domingo 17 de marzo.

Six denunció haber sido víctima de tratos crueles y fue excarcelado el 15 de marzo, mientras realizaba una segunda huelga de hambre, en medio de la polémica visita a Venezuela de la delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet.
Asedio discrecional
Encontrar patrones en las agresiones es difícil, tanto para el equipo de IPYS como para la Comisión de Medios de la opositora Asamblea Nacional, presidida por la diputada María Beatriz Martínez.

"No hay una razón única por la cual se les detenga o deporte", dice Chirinos, quien sin embargo señala que los afectados han dado cobertura a asuntos que afectan al gobierno de Maduro, desde manifestaciones en las calles hasta gente comiendo de la basura.

De acuerdo con ella y con la diputada Martínez, de los cuerpos de seguridad del Estado, el Sebin ha sido el que más ha actuado en contra de los periodistas, aunque también lo han hecho funcionarios militares.

"Existe como una articulación de cuerpos del Estado que habla de acciones militares y policiales que buscan cercar el trabajo periodístico", acota Chirinos, quien asegura que buscan enviar un "mensaje ejemplarizante" a los demás periodistas.

Para Martínez, este es el primero de tres grandes objetivos que tendría el gobierno de Maduro con estas agresiones: "Generar el miedo de los periodistas, sean nacionales, que lo han pasado muy mal siempre, pero que nunca habían vivido esto; pero sobre todo del periodismo extranjero, para que se limiten a venir".

Los otros dos objetivos, a juicio de la parlamentaria, serían impedir que los ciudadanos venezolanos estén informados y evitar que lo que sucede en el país trascienda las fronteras.

Las detenciones son tan solo uno de los tipos de violaciones a la libertad de expresión que se han registrado en los últimos meses en el país. Según Martínez, en las 180 agresiones que se contabilizan en el trimestre, también hay cierres de medios, presión, persecución y robos, entre otros.

Al referirse puntualmente a las medidas de censura desde que empezó el año, IPYS ha documentado 22 espacios informativos, periodistas o emisoras radiales afectadas. Esto se sumaría al "recurrente y más generalizado" -según Chirinos- bloqueo de portales informativos y redes sociales.
Guerra mediática
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha sido el único en ofrecer una explicación oficial a las detenciones, interrogatorios y deportaciones de periodistas extranjeros.

"Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país", publicó Arreaza en su cuenta de Twitter el pasado 31 de enero.

El ministro se refería a una acreditación que exige el Ministerio de Comunicación e Información local a los profesionales de la prensa extranjera que viajen a Venezuela para realizar "un trabajo periodístico especial de corta duración".

Los ocho documentos requeridos, entre ellos un itinerario de actividades previstas a realizar cada día en el país, deben ser consignados en el consulado correspondiente al menos 30 días hábiles antes de la fecha de llegada al país.

Distintas organizaciones locales han abogado por un ejercicio libre de la prensa. Sin embargo, desde la Comisión de Medios de la AN, Martínez acota que el único requisito legal debería ser acreditarse ante el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

"Normativamente, esa visa (a la que se refieren los voceros oficiales) no existe. La única ley que existe es la que establece que deben inscribirse ante el CNP", aseguró la parlamentaria opositora a la Agencia Anadolu.

El expresidente Hugo Chávez denunció en vida una guerra mediática en contra de su gobierno, algo que su sucesor, Nicolás Maduro, también ha hecho en reiteradas ocasiones.

El sitio web de la Agencia Anadolu contiene sólo una parte de las historias de noticias ofrecidas a los suscriptores en el Sistema de Difusión de AA News (HAS), y en forma resumida.

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instituto prensa y sociedad de venezuela

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Venezuela: 180 violaciones a la libertad de expresión entre enero y marzo de 2019

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Por: Andreína Itriago Los periodistas están en la mira en Venezuela. Entre el 1º de enero y el 18 de marzo de 2019, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha registrado 178 violaciones a la libertad de expresión, lo que constituye 67% de los casos registrados durante todo el 2018 en el país suramericano.

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En España está en peligro la libertad de preguntar

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En España está en peligro la libertad de preguntar

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La negación de ambos políticos de impedir que los periodistas hagan preguntas en un evento de difusión de información de interés nacional, atenta directamente contra la libertad de prensa dado su carácter de censura previa y anula el derecho de los ciudadanos de recibir información de forma imparcial, diversa y plural. Además, la incapacidad de los gobernantes para recibir críticas y tildar a cualquier opinión negativa sobre su gestión de "fake news", es una forma de control de la información, muy propia de los gobiernos autoritarios. Estas acciones nos llevan a recordar los momentos más negros de la historia española, desde la guerra civil y el gobierno de Franco hasta los recurrentes atentados contra la prensa y la libertad en las manifestaciones por la independencia de Cataluña.

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Más de 500 periodistas españoles que atienden la fuente del palacio de gobierno, La Moncloa, han elevado su protesta por el empeño del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en coartar el derecho de los reporteros a preguntar libremente en las ruedas de prensa presidenciales.

Es una muestra más de cómo el pacto acrobático del PSOE (Sánchez) con PODEMOS (Iglesias), imita el estilo y las prácticas de gobiernos autoritarios como los de China, Cuba, Nicaragua, Rusia, Turquía, Gaza, Venezuela, Siria e Irán.

Además, ellos, como es natural en los populistas de todas las pelambres, agreden a los medios de comunicación social y a los periodistas indóciles. Para ellos, cualquier crítica a su gestión, por más consistente y documentada que sea, es "fake news".

Y al lado de ese ominoso rechazo a la prensa, vemos a los mandamases españoles, por irresponsables razones electoreras, desenterrando los odios y rencores de la guerra civil española. Una confrontación que produjo más de un millón de muertos y devastó a España.

En esa guerra los extremistas de ambos bandos, nacionales y republicanos, "matarojos" y "matamonjas", perpetraron los excesos y fechorías más espantosas. Entre las más inolvidables por odiosas están, por parte de los franquistas el asesinato del inextinguible poeta andaluz Federico García Lorca, y por parte de los republicanos la atroz matanza odenada por el caudillo comunista Santiago Carrillo, en la población de Paracuellos del Jarama.

Los españoles gracias a una transición modélica, en la cual se crecieron casi todos bajo la batuta del rey Juan Carlos I y el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, tuvieron la inteligencia de no chapotear en los pantanos del pasado, para entregarse a la construcción de una sociedad abierta paradigmática.

¡Es un crimen resucitar esos sangrientos fantasmas pretéritos!
Escritor, periodista y político venezolano. Twitter:@alexisortizb. Email: jalexisortiz@gmail.com. http://alexisortiz.com/.

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En España está en peligro la libertad de preguntar

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Más de 500 periodistas españoles que atienden la fuente del palacio de gobierno, La Moncloa, han elevado su protesta por el empeño del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en coartar el derecho de los reporteros a preguntar libremente en las ruedas de prensa presidenciales.

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Libertad de expresión en riesgo en México tras polémica condena a periodista

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Libertad de expresión en riesgo en México tras polémica condena a periodista

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La condena al periodista por medio del juez estatal en Ciudad de México fue impuesta por un ex-gobernador estatal que lo acusa de haberle causado "daño moral". Este es un claro ejemplo que en dicho país no se respeta la libertad de expresión, ya que este periodista solo realizaba su trabajo al brindarle información a los ciudadanos y al acusado al no gustarle verse involucrado en actos corruptos lo intenta silenciar y el Estado lo avala incumpliendo los derechos del periodista y demostrándole al país que el dinero esta por encima de sus propios derechos y censurando a los medios de comunicación.

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México.- Un juez de la Ciudad de México ha puesto en entredicho la libertad de expresión en este país al ratificar la condena contra un periodista a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) a un exgobernador estatal tachado de corrupto, quien lo acusó de "daño moral".

"Lo que vemos es el uso pernicioso del aparato Estado mexicano, del sistema judicial, para acallar periodistas", explicó este miércoles en entrevista con Efe, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.

El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma y replicada en otros diarios del país donde hablaba de la actuación el exgobernador de Coahuila (2005-2011), Humberto Moreira.

"Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana", escribió Aguayo cuando Moreira estaba encarcelado en España.

Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 2011 estaba en la cárcel acusado de malversación de recursos y blanqueo durante su mandato y cinco meses después, en junio de 2016, demandó a Aguayo por aquel artículo de opinión.

Finalmente, Moreira fue exonerado.

Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para "ofender, insultar, calumniar y propinar injurias", lo que atentaba contra sus "sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación".

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo Quezada, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión.

La decisión de la Primera Sala es el primer paso para que el asunto sea resulto por la SCJN, mediante un proyecto que exponga las razones que motivarían esta solución y decidir si el asunto lo toma la Corte o regresa al tribunal colegiado.
LIMITA LA DISCUSIÓN PÚBLICA
Ante estos hechos, Ruelas dijo este miércoles que este tipo de demandas contra periodistas buscan inhibir el debate público. Y consideró todavía más "lamentable" la exorbitante suma de dinero que debe pagar Aguayo.

Se quiere sancionar el pensamiento de una persona sobre otra", expuso Ruelas, quien explicó que en lo estándares internacionales esto "es impensable".

Explicó que se puede cuestionar la información, si es falsa o verdadera o si hubo intención de hacer daño "pero en este caso se está cuestionando el pensar de Aguayo".

Ruelas dijo que esa resolución sienta "un muy mal precedente" y "preocupa mucho" porque el "acoso o intimidación" del Estado se suma al ambiente de violencia en el que se ejerce el periodismo en México.

El martes, Aguayo informó a través de Twitter que ya pagó 450.000 pesos (unos 24.000 dólares) como garantía para frenar el embargo de sus propiedades tras la multimillonaria condena, y acusó una red de apoyo a Moreira en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

"La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450.000 pesos (unos 24.000 dólares) exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira", dijo.

Aguayo señaló el martes en una entrevista radiofónica que el magistrado que ordenó embargar sus propiedades tendría vínculos con la familia Moreira, lo que significaría "un conflicto de interés".

El periodista esperó que el caso llegue a la justicia federal donde se dijo convencido de que su caso "será visto como lo que es: un acoso a la libertad de expresión", expuso.
OTRA REFORMA AMENAZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Hace dos semanas, el subdirector de Artículo 19 en México, Leopoldo Maldonado, advirtió sobre una reforma penal que criminalizaría la libertad de expresión de los mexicanos al revivir delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y la ofensa a las instituciones

En entrevista con Efe, Maldonado informó que estos crímenes, que se han despenalizado a nivel federal y en la mayoría de los estados desde 2006, se tipifican de nuevo en un Código Penal único, una iniciativa adjudicada a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo borrador obtuvo Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información.

Este miércoles, la reputada politóloga y columnista Denise Dresser cuestionó en la conferencia matutina sobre este hecho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy aquí por Sergio Aguayo. Un juez lo quiere obligar a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) por escribir una opinión crítica sobre Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor", expuso Dresser.

La periodista hizo comprometer al mandatario a que su Gobierno y su partido el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas.

No tengo nada que ver con la supuesta reforma", respondió López Obrador, pero Dresser le dijo que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sí.

"En caso de que sea cierto, el fiscal es autónomo, creo que eso si lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación", retomó el presidente.

Dresser presionó a López Obrador a que si el fiscal presenta el 1 de febrero dichas medidas, él en primera persona las condene.

Ante la periodista, el presidente aceptó, pues dijo que su gobierno busca defender la libertad de expresión y el derecho a disentir.

Distintas organizaciones mostraron su solidaridad a Aguayo, entre ellas Artículo 19, Amnistía Internacional México y Fundar, organización dedicada al análisis presupuestario, la transparencia, defensa y promoción de derechos humanos.

Todos coincidieron en señalar que este tipo de resoluciones representan un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico y vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana.

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Libertad de expresión en riesgo en México tras polémica condena a periodista

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México.- Un juez de la Ciudad de México ha puesto en entredicho la libertad de expresión en este país al ratificar la condena contra un periodista a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) a un exgobernador estatal tachado de corrupto, quien lo acusó de "daño moral".