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Ser Estado parte de un Convenio internacional de derechos humanos, obliga al gobierno a presentar un informe cada cuatro años a los Comités correspondientes de la ONU, que evalúan el estado de cumplimiento e incumplimiento de los compromisos contraídos ante las Naciones Unidas.

El Gobierno cubano se distingue por violar este reglamento y presenta sus informes cuando lo estima conveniente y por largo períodos no informa sobre el cumplimiento del Convenio de que se trate. Los Comités evaluadores y las ONG internacionales resaltan lo tardío del Gobierno cubano en entregar sus informes y conclusiones, ante los Comités y ante la reciente Evaluación Periódica Universal en Naciones Unidas en mayo de este año.

La Convención contra la Tortura y los tratos crueles y degradantes de la cual el gobierno cubano es estado parte, fue evaluada en 2012 y no ha vuelto a evaluarse. La convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer fue evaluada en 2013 y no ha tenido más evaluación. La Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Ratificado en septiembre de 2007. No ha sido evaluado en la ONU.

Esta veleidad del Gobierno cubano para eludir la evaluación de sus compromisos internacionales demuestra su falta de voluntad política para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Peor aún, la tardanza o ausencia de informes y la ausencia de estadísticas sobre los delitos que condenan estas Convenciones, demuestra la arbitrariedad del sistema político cubano para violar sistemáticamente todos los derechos humanos en Cuba. Los informes que presenta el Gobierno a Naciones Unidas adolecen de lo mismo que el discurso oficial cubano: generalidades de "buenas intenciones" inaprensibles y sin fundamento en la realidad, y ausencia de monitoreo de las violaciones de derechos humanos en Cuba.

En Cuba se desconoce los compromisos internacionales de derechos humanos que el gobierno ha ratificado y los señalamientos que han hecho los comités evaluadores sobre el incumplimiento de los convenios en los cuales es Estado parte. Esto ha sido un señalamiento de todos los comités evaluadores: no se difunden dentro del país, los compromisos adquiridos por el Gobierno en Naciones Unidas, ni el Estado de cumplimiento de los mismos.

Todos los comités de Naciones Unidas que han evaluado las convenciones ratificadas por Cuba señalan lo tardío de los informes, informes que no cumplen los estándares de presentación en Naciones Unidas por la falta de estadísticas y de medidas concretas para evaluar las violaciones, la ausencia de castigo a los infractores, la ausencia de indemnización a las víctimas de las violaciones de derechos humanos por parte de las propias autoridades del país.

Tomando sólo un pequeño ejemplo: el Estado cubano le debe a todos los opositores y actores de la sociedad civil golpeados, intimidados, con arrestos con fuerza y sin apego a la ley, a los presos políticos que se les fabrican delitos comunes para negar su existencia, a los secuestrados estatales que son los únicos secuestros que existen en Cuba, por las violaciones del Habeas corpus, a los que impiden salir del país de manera arbitraria, por los allanamientos a las casas y robo de sus instrumentos de trabajo y bienes, por sólo esto, el Estado cubano le debe miles de millones de pesos de indemnización a todas estas víctimas de sus atropellos. Pero Cuba no tiene un Estado de Derecho y el PCC y el MININT[1] continúan imponiendo su arbitrariedad al margen de la ley. ¿Qué hace Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado en 1980, evaluado el 9 de julio del 2013.
El primer problema con la aplicación de esta Convención en Cuba es la discriminación política para todos los actores de la sociedad civil. Mujeres y hombres, ancianos y niños, afrodescendientes, discapacitados, y la comunidad LGTB, los ecologistas, las organizaciones religiosas, sufren la discriminación política toda vez que expresen discrepancia con las erráticas políticas públicas en curso.

Las mujeres cubanas no tienen voz política. Es por eso que reciben un salario paupérrimo al igual que los hombres y los demás sectores reseñados, es por eso que el estado se niega a reconocer el feminicidio en el país, y la necesidad de los refugios para las víctimas de violencia de género, es por eso que el nuevo Código de Familia sigue engavetado desde 1999, es por eso que el estado no tiene cifras de violencia de género dentro del país, es por eso que la organización estatal, representada en el Consejo de Estado, la FMC, es un monigote que impide avanzar la agenda de género en el país y es por eso que la CENESEX sólo defiende a los transexuales y homosexuales alineados a la política del PCC.

Mujeres activistas de derechos humanos, mujeres sindicalistas independientes de la CTC "amarillista", opositoras políticas, periodistas independientes, estudiantes afiliadas a organizaciones opositoras, mujeres artistas independientes, candidatas independientes a las elecciones municipales, todas sufren la represión política del MININT y de la propia organización estatal que las representa en los "actos de repudio" y las intimidaciones, encarcelamiento, multas arbitrarias, allanamientos forzosos y secuestros express de las autoridades. Como recogen las organizaciones, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la inmensa mayoría de los arrestos arbitrarios, de los actos de repudio, de las multas arbitrarias, de las intimidaciones y violaciones a los domicilios se producen contra mujeres cubanas. Esta discriminación viola todos los derechos económicos, laborales, culturales, sociales, políticos y civiles de las mujeres activistas. En Cuba se puede ser mujer, pero no discrepar del gobierno y de sus erráticas políticas públicas. El caso de Sirley Ávila León y cómo ha quedado mutilada con total impunidad es paradigmático de lo que puede hacer la policía política cubana contra las mujeres discrepantes[2]. Luchar por sus propios derechos y por lo derechos de los demás, lleva a las mujeres cubanas por toda esta cadena de tropelías y golpizas de las autoridades y terminan en la cárcel, como es el caso de muchas de las Damas de Blanco que sufren penas de prisión arbitraria, multas descabelladas y juicios sumarios, además de sufrir la intimidación y acoso contra sus hijos y familia por parte de la policía política[3].

El Comité de la ONU que evaluó esta Convención para el caso de Cuba del 30 de julio del 2013 señaló:

La ausencia de visibilidad de la Convención dentro de Cuba y de los señalamientos del Comité evaluador.

La ausencia de conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres cubanas.

El Comité exhorta al Estado parte a que, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, adopte una definición jurídica general de todas las formas de discriminación contra la mujer que abarque la discriminación directa e indirecta y la incluya en su Constitución o en otra legislación nacional pertinente.

El Comité sigue preocupado por la falta de acceso efectivo de la mujer a la justicia y por los numerosos factores que se lo impiden, como el desconocimiento general por parte del poder judicial y los agentes del orden con respecto a la Convención y las recomendaciones generales del Comité, la ausencia de asistencia letrada gratuita proporcionada por el Estado y la estigmatización de las mujeres que llevan sus casos a los tribunales.

También preocupa al Comité la "reeducación" de las mujeres dedicadas a la prostitución[4], carente de objetivos y procedimientos claros y transparentes, así como la falta de información sobre el número de mujeres privadas de libertad y las condiciones en que se encuentran.

El Comité recomienda se establezca un mecanismo de denuncia y vele por que las mujeres puedan acceder a él de forma fácil y segura para denunciar casos de discriminación y violación de sus derechos;

También recomienda, que estudie la posibilidad de establecer una institución nacional independiente de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París, provista de un mandato firme en el ámbito de las cuestiones de la mujer y autoridad para examinar denuncias presentadas por mujeres en relación con presuntas violaciones de sus derechos, emitir dictámenes al respecto y formular recomendaciones.

El Comité recomienda una ley general sobre la violencia contra la mujer que reconozca que esa violencia supone una forma de discriminación contra la mujer, por lo que constituye una violación de sus derechos de conformidad con la Convención, y velando por que en su legislación se tipifiquen como delito todas las formas de violencia contra la mujer;

Recomienda el Comité, preparar un plan de acción estratégico nacional para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, la protección de las víctimas y el castigo de los autores y velar por su plena aplicación;

Proporcionar asistencia letrada gratuita y asistencia y protección adecuadas a las mujeres víctimas de la violencia mediante el establecimiento de centros de acogida, especialmente en las zonas rurales, y el aumento de la cooperación con las ONG;

Reunir datos estadísticos sobre todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, desglosados por sexo, edad, origen étnico/condición de minoría y relación entre la víctima y el agresor, y realizar estudios o encuestas sobre el alcance y las causas últimas de la violencia contra la mujer.[5]

Existen muchas otras recomendaciones que como las reseñadas, no se han incorporado como política nacional por el estado cubano.[6] El gobierno cubano viola todos los derechos humanos de la mujer cubana en especial por discriminación de opinión política y por defender sus derechos y los derechos ciudadanos en general. La discriminación por opinión política invalida los restantes derechos humanos a las mujeres activistas: ni acceso al trabajo, ni acceso a la atención de salud segura, ni acceso a la educación segura para sus hijos, ni acceso a la justicia, ni acceso a la indemnización, ni acceso a una vivienda decorosa, ni acceso a las licencias para ejercer el trabajo fuera del ámbito estatal. La discrepancia política en Cuba significa ser considerado "No persona".

En los próximos artículos seguiremos evaluando el incumplimiento del estado cubano de las Convenciones ratificadas y de las cuales es Estado parte.

[1] Partido comunista de Cuba y Ministerio del Interior encargado de la represión interna.

[2] Ver "Opositora atacada a machetazos lanza nuevas denuncias contra el Gobierno cubano" en Martinoticias.com del 8 de septiembre de 2016.El método de utilizar supuestos "delincuentes" para atacar físicamente a los opositores es uno de los métodos recurrentes de la policía política contra los discrepantes hombres y mujeres.

[3] Ver "Damas de Blanco denuncian en video acoso, represión y racismo" en Martinoticias.com del 27 de marzo de 2017.

[4] Centros de internamiento con privación de libertad total o parcial.

[5] Recientemente se hizo una encuesta nacional sobre Percepción de la violencia contra la mujer. En un país en el que el PCC controla los medios masivos de comunicación, la percepción sólo recoge la información de proximidad física con las víctimas de la violencia. Ver Marlene Azor Hernández "Violencia contra la mujer en Cuba: no hay datos fiables" en Havanatimes.com del 20 de diciembre de 2017.
[6]Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Concluding observations (2013) CEDAW/C/CUB/CO/7-8

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Violaciones de Derechos Humanos en Cuba (VI)

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Ser Estado parte de un Convenio internacional de derechos humanos, obliga al gobierno a presentar un informe cada cuatro años a los Comités correspondientes de la ONU, que evalúan el estado de cumplimiento e incumplimiento de los compromisos contraídos ante las Naciones Unidas.

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Durante décadas ha sido un Estado gobernado por un partido único que restringe los derechos de libertad de expresión, seguridad, entre otros. Este estado ha organizado una maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir periodistas, artistas y ciudadanos. En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba, limitando a los ciudadanos de vivir en un país libre.

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"Trump quiere censurar la libertad de expresión en Internet con un nuevo plan"

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"Trump quiere censurar la libertad de expresión en Internet con un nuevo plan"

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El actual presidente Donald Trump, incluso antes de ingresar a la política ya daba qué hablar. Su forma de expresarse y de pensar han sido por lo menos controversiales, así lo ha demostrado con una de sus más extravagantes intenciones: censurar la libertad de expresión en Internet.

No son noticias las riñas constantes que surgen entre Internet y el presidente Donald Trump, sin embargo esto ha causado que el presidente tome iniciativa contra este medio de comunicación y trate de censurarlo debido a que usualmente este medio no suele favorecer su imagen, por lo que quiere tener la capacidad de censurar y tener el poder en este masivo medio. En contraste, según la Declaración de Chapultepec (1994), menciona que las personas son capaces de cuestionar la información y difundir mediante los medios sus ideas y opiniones. Los medios están para eso, para servir al público y promover la libre expresión.

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Según la enciclopedia jurídica la promulgación legislativa es un acto realizado por el Jefe de Estado el cual se basa en atestiguar la existencia de una ley, de dicho modo,  se debe de cumplir y hacerla cumplir. Para esto se ha analizado dos naciones (Perú y Cuba) para ver como se regulan en estos estados.

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Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. En Internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente cuando hay prohibición de acceso a Internet, censura, y bloqueo de sitios o contenidos.

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Libertad de Expresión

Comunicado de Prensa R63/19
RELATORÍA ESPECIAL PRESENTA INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CUBA
Washington D.C. – La Relator ía Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta informe especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba. Este informe contiene seis secciones principales, que abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que refieren al derecho a la libertad de expresión. Asimismo, aborda el periodismo libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de persecución contra periodistas independientes. Dado que los periodistas no son los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros. También, el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales. La última parte del informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido, y vigilancias. Finamente, con base en el análisis de estos aspectos, la Relatoría Especial presenta sus conclusiones y recomendaciones al Estado cubano.

Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso. Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos centrales de la vida del país.

Ello se presenta en un contexto, como ha señalado la Comisión Interamericana, de grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. Históricamente , la CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.

Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.

El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su pensamiento.

En los últimos años, la CIDH y su Relatoría Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento de la persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como activistas, artistas , periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, entre otros.

Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derecho ambién persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet . Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.

En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a la libertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.

Es de la mayor preocupación advertir incluso que en los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos judiciales y/o condenas firmes. Aunque se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de "desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial; presiones sobre la familia y el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del país a periodistas y activistas.

El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de represión como amenazas de abrir procesos bajo la figura penal de "usurpación de funciones y usurpación de capacidad legal" a quienes ejercen el periodismo en medios que no son oficiales y, más recientemente, la imposición de pruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo en la Universidad estatal.

En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba. La información disponible indica que, a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios de universalidad y pluralidad.

La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son elementos esenciales de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas. Por ello, desde el inicio del actual mandato, la Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con ese objeto, el informe analiza la situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva vigencia de este derecho en el país.

La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión . Un Estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones. A pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba.

Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. L a persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, entre otros.

Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de comunicación. En materia de internet, las disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.

El ordenamiento jurídico cubano -desde la propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el principal problema de la legislación vigente es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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OEA :: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

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2. Limitación a la libertad de expresión en Internet

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2. Limitación a la libertad de expresión en Internet

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Por Roberto Adeva

Todo apunta a que Trump está tratando de censurar la libertad de expresión en Internet a pesar de argumentar que está tratando de evitar que las empresas privadas sean las que censuren el discurso en Internet.

Todo el mundo conoce al más que particular presidente de los Estados Unidos, y es que Donald Trump, además de empresario, fue uno de los personajes televisivos que ya dio mucho que hablar incluso antes de llegar a la política y convertirse en presidente. Sus decisiones y forma de ser han puesto en jaque a todo el mundo en más de una ocasión, por lo tanto, no es de extrañar que su próxima intención sea censurar la libertad de expresión en Internet.

Así es como ha informado la CNN, que ha tenido acceso a la orden ejecutiva que estaría desarrollando la Casa Blanca y que permitiría al presidente de los Estados Unidos regular ciertas publicaciones, así como marcarles a algunas redes sociales los criterios con los que seleccionar la información de sus publicaciones.
Así es el nuevo plan de Trump para censurar la libertad de expresión en la red
No es nada nuevo que Trump está persiguiendo a ciertas redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, e incluso ha llegado a acusarlas de mostrar contenido que no favorece para nada su imagen. Por lo tanto, esto ha provocado que el presidente esté preparando un decreto para regular el contenido de las redes sociales. Es decir, sería el propio gobierno quien marcara los criterios con los que se deben mostrar las publicaciones en los muros y timeline de Facebook y Twitter con el objetivo de que su imagen no se vea afectada.

Desde la Administración de Trump, indican que dicho decreto también se está elaborando debido a las miles de quejas que denuncian la censura de las conversaciones políticas en este tipo de plataformas y que, una vez que dicho decreto sea aprobado y entre en vigor, el propio gobierno podría a la FCT y la FCC a cargo del control y la vigilancia de aquello que se publica en las redes sociales e Internet en general.

Recordemos que la FCC o Comisión Federal de Comunicaciones es quien se encarga de regular las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, satélite, etc, en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos, siempre supervisada por el Congreso.

En definitiva, todo apunta a que Trump está tratando de censurar la libertad de expresión en Internet a pesar de argumentar que está tratando de evitar que las empresas privadas sean las que censuren el discurso en Internet. Es decir, quiere evitar que empresas privadas censuren ciertos contenidos otorgándose el poder de censura para que el gobierno de los Estados Unidos haga exactamente lo mismo.
Fuente: https://www.adslzone.net/2019/08/13/nuevo-plan-trump-censurar-libertad-expresion-internet/amp/

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Trump quiere censurar la libertad de expresión en Internet con un nuevo plan

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Por Roberto Adeva Todo apunta a que Trump está tratando de censurar la libertad de expresión en Internet a pesar de argumentar que está tratando de evitar que las empresas privadas sean las que censuren el discurso en Internet.

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En el Perú, la primera ley que reguló el ejercicio de la libertad de expresión fue la Ley de Imprenta de 1823, la cual reconocía  el  derecho  de  todo  peruano  a  manifestar  sus  pensamientos por medio de la prensa sin autorización o “licencia” previa. Desde  ese  momento  hasta  la  fecha  actual se  han  promulgado  diversas  normas  que  han  tratado  de  regular  la  libertad  de  expresión. En el contexto actual, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento, etc.

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Según el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". 

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Según el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". 

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En muchos países los periodistas han sufrido innumerables abusos por ejercer su profesión, privándolos de su derecho a la libertad de expresión, así como al derecho de las personas a acceder a la información. Un gran número de periodistas han sido censurados, torturados, condenados a prisión, despedidos de sus puestos de trabajo, desaparecidos e incluso asesinados por investigar y relevar información a la sociedad o a otros estados. Cabe mencionar que algunos países tienen mantienen mayor vigor en las normas que restringen el derecho a la libertad de expresión.

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a. "En marzo 2006 con motivo de la celebración de la Asamblea Nacional Popular, las autoridades chinas cerraron varios medios de comunicación importantes, incluidos sitios web, que eran considerados fuentes críticas con el gobierno. Entre estos medios estaban Bing Dian,  dos de sus redactores fueron despedidos. Posteriormente la revista reanudó sus labores bajo severas restricciones."

b. "Shi Tao, periodista chino cumple condena de diez años de cárcel en China por enviar un mensaje electrónico a Estados Unidos a través de su cuenta de correo de Yahoo. En el mensaje, Shi Tao se refería a una decisión del Partido Comunista. Las autoridades chinas lo acusaron posteriormente de "facilitar de forma ilícita secretos de Estado a entidades extranjeras". Según la transcripción de las pruebas presentadas ante el tribunal que dieron lugar a la condena de Shi Tao, la empresa estadounidense de Internet Yahoo, en una acción injustificable, facilitó a las autoridades chinas los datos de su cuenta".

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"El artículo 301 del Código Penal turco expone procesar a defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que expresan en forma pacífica sus opiniones discrepantes.
Activistas de derechos humanos, escritores, editores –de hecho, prácticamente cualquier persona– que expresen opiniones contrarias a la "historia oficial" o a la ideología dominante pueden verse sometidos a juicio".
Claramente este artículo infringe toda libertad de expresión de las personas que residen en este país a expresar sus distintas opiniones sobre el régimen u otros aspectos que guarden relación a temas gubernamental, asimismo también infringe el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos así como el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

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1. Casos de supresión en la libertad de expresión

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1. Casos de supresión en la libertad de expresión

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Censura, cierres de medios de comunicación, multas, amenazas, la cárcel, o incluso la muerte, es la respuesta que obtienen muchas personas que buscan expresar sus ideas libremente
Madrid.- Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy 3 de Mayo, Amnistía Internacional (AI) expresa su preocupación por todos los casos en los que se vulnera el derecho a la libertad de expresión.

"La situación de los periodistas que sufren abusos por ejercer su profesión preocupa especialmente a Amnistía Internacional, ya que en esos casos, ellos no son las únicas víctimas, sino que también lo son todas las personas que se ven privadas de su derecho a la información. La libertad de expresión es una herramienta fundamental para la defensa de otros derechos humanos", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

En el último año, al salir a la luz las prácticas ilícitas que los gobiernos utilizan en nombre de la lucha "antiterrorista", ha crecido la demanda de rendición de cuentas. La labor de activistas de los derechos humanos, profesionales del derecho, periodistas y muchas otras personas contribuye a desvelar el secretismo existente para poner al descubierto a los Estados que transfieren, detienen y torturan a personas sospechosas de "terrorismo".

Profesionales de la comunicación, estudiantes, escritores, artistas, o manifestantes de muchos países sufren abusos contra la libertad de expresión. "Miles de personas de todo el mundo son hostigadas, acosadas, víctimas de torturas o malos tratos, e incluso "desaparecidas" y asesinadas por expresarse de acuerdo a su conciencia o por investigar y dar a conocer información que incomoda a gobiernos o grupos armados", asegura Esteban Beltrán.

Algunos países, mantienen en vigor normas que restringen el derecho a la libertad de expresión. En Turquía, por ejemplo, Amnistía Internacional ve con suma preocupación el uso frecuente del artículo 301 del Código Penal turco con el fin de procesar a defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que expresan en forma pacífica sus opiniones discrepantes. El artículo 301, que trata del agravio a la identidad nacional turca, a la república y a los fundamentos e instituciones del Estado, se incorporó al Código con las reformas legislativas del 1 de junio de 2005. La redacción amplia y poco precisa del artículo supone que también se puede aplicar arbitrariamente para darle carácter delictivo a una enorme gama de opiniones críticas.

Activistas de derechos humanos, escritores, editores -de hecho, prácticamente cualquier persona- que expresen opiniones contrarias a la "historia oficial" o a la ideología dominante pueden verse sometidos a juicio. El hecho que esos juicios rara vez terminen en encarcelamiento, y que se resuelvan con más frecuencia en multas, en absolución o en el retiro de los cargos, no ofrece mucho consuelo.

Este artículo amenaza directamente a la libertad de expresión consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Turquía es Estado parte en ambos tratados y por lo tanto tiene la obligación legal de defender la libertad de expresión. Amnistía Internacional que recibe constantes informes sobre procesamientos en aplicación a este artículo ha pedido, en reiteradas ocasiones, su derogación total.
Casos recientes de abusos contra la libertad de expresión
En su trabajo de investigación, Amnistía Internacional documenta habitualmente numerosos casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión en diferentes países del mundo. Algunos de los más recientes son:
Colombia
A principios de marzo 2006, en el periodo previo a las elecciones al Senado, celebradas ese mes, se distribuyó a miembros del Ejército un vídeo aparentemente realizado por un nuevo grupo paramilitar que identifica al periodista Hollman Morris (director del programa televisivo de investigación "Contravía") y a otras tres personas como "objetivos militares", y los acusa de ser miembros o agentes de las fuerzas de guerrilla. Este vídeo constituye una amenaza de muerte, y Amnistía Internacional teme que las vidas de quienes en él se mencionan corran grave peligro.

No es la primera vez que Hollman Morris es amenazado por el contenido de su trabajo. El 16 de mayo de 2005, él y otros dos periodistas, Carlos Lozano y Daniel Coronell, recibieron amenazas de muerte en forma de ramos fúnebres. Desde entonces, Daniel Coronell y su familia han abandonado Colombia para buscar refugio en Estados Unidos.
Cuba
En marzo 2006, tres años después de que la represión de los disidentes por parte del gobierno cubano desembocase en el encarcelamiento de 75 personas únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a las libertades de expresión, reunión y asociación, en Cuba siguen en vigor leyes que restringen estas libertades, así como el hostigamiento e intimidaciones de disidentes, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
China
En marzo 2006 con motivo de la celebración de la Asamblea Nacional Popular, las autoridades chinas cerraron varios medios de comunicación importantes, incluidos sitios web, que eran considerados potencialmente críticos con el gobierno. Entre ellos se encontraban la revista Bing Dian (Freezing Point), un suplemento semanal del China Youth Daily, que fue clausurada el 24 de enero; dos de sus redactores fueron despedidos. Según los informes, la revista reanudó sus actividades el 1 de marzo bajo severas restricciones.

El 8 de febrero, el director de Gongyi Shibao, una revista publicada por la Asociación de Trabajadores Sociales de China, fue rebajado de categoría tras publicar un artículo sobre los errores de traducción en la versión inglesa del sitio web oficial del Partido Comunista Chino. Un periodista del diario Xinjiang Jingji Baoshe (Xingijang Financial Journal), que se publica al noroeste del país, fue despedido tras escribir un artículo sobre la situación de unas 30 familias que vivían en los bosques de la región porque no recibían sus salarios desde 2002.

Shi Tao, periodista chino cumple condena de diez años de cárcel en China por enviar un mensaje electrónico a Estados Unidos a través de su cuenta de correo de Yahoo. En el mensaje, Shi Tao se refería a una decisión del Partido Comunista. Las autoridades chinas lo acusaron posteriormente de "facilitar de forma ilícita secretos de Estado a entidades extranjeras". Según la transcripción de las pruebas presentadas ante el tribunal que dieron lugar a la condena de Shi Tao, la empresa estadounidense de Internet Yahoo, en una acción injustificable, facilitó a las autoridades chinas los datos de su cuenta.
Irak
Kamal Sayid Qadir, acusado de difamación a raíz de dos artículos que había publicado en Internet, en los que criticaba duramente a la dirección del Partido Demócrata del Kurdistán (PDK), uno de los dos partidos que ejercen el poder en la región del norte de Irak dominada por los kurdos, fue condenado el 26 de marzo de 2006, a 18 meses de prisión.

Hawez Hawezi, maestro de educación secundaria y periodista de 31 años, fue detenido el 17 de marzo de 2006 por las fuerzas de seguridad afiliadas a la Unión Patriótica del Kurdistán, el otro principal partido en la región kurda semiautónoma de Irak. Fue puesto en libertad bajo fianza dos días después, pero también se enfrenta a cargos de difamación por un artículo reciente que publicó en el periódico semanario kurdo Hawlati en el que criticaba a las autoridades kurdas locales. Según informes, agentes de seguridad afiliados a la Unión Patriótica del Kurdistán agredieron a Hawez Hawezi mientras lo conducían al centro de detención de Sulaimaniya después de su arresto.

En marzo 2006, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española decidió archivar la querella por asesinato presentada por los familiares del cámara José Couso. El 8 de abril de 2003, un tanque estadounidense mató al periodista español en un ataque dirigido al Hotel Palestina, sede de la prensa internacional durante el conflicto en Irak.
México
El temor por la seguridad de Lydia Cacho Ribeiro ha aumentado después de la publicación, por parte de un periódico nacional mexicano en febrero 2006, de las transcripciones de conversaciones telefónicas en las que, al parecer, participaban autoridades estatales -incluido el gobernador de Puebla- e importantes empresarios, que aparentemente tramaban un plan para silenciar a la periodista mediante el acoso judicial. Amnistía Internacional cree que el presunto contenido de esas conversaciones, ahora de dominio público, hace a Lydia Cacho más vulnerable a nuevas amenazas y represalias.

Lydia Cacho es periodista y presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM). Ha sacado a la luz los abusos sufridos por mujeres y menores, y la impunidad de que suelen gozar los responsables. En 2005 publicó un libro en el que denunciaba la participación de importantes empresarios en una red de pornografía infantil. Amnistía Internacional considera que esta periodista lleva sufriendo acoso judicial desde el pasado mes de diciembre, cuando uno de los empresarios a los que citaba en el libro presentó una querella por difamación contra ella.
Pakistán
Munir Mengal, que según los informes no tiene relación con ningún partido político, fue detenido por agentes de los servicios de información el 4 de abril 2006 en el aeropuerto de Karachi, Pakistán. Preparaba el lanzamiento de una emisora de televisión en lengua baloche, y éste parece ser, al menos en parte, el motivo de su detención. En este momento se desconoce su paradero y corre peligro de ser torturado o "desaparecer".

Munir Mengal es director de "La voz baloche", el primer canal de televisión por vía satélite independiente en lengua baloche, radicado en los Emiratos Árabes Unidos. Está previsto que las emisiones comiencen en junio y Mengal había solicitado autorización para el canal al correspondiente organismo de Pakistán.
Información General
Según el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión". Amnistía Internacional trabaja por todas las personas que sufren abusos y violaciones en sus derechos diariamente por el mero hecho de hacer uso de esta libertad.

AI aprovecha así este Día Mundial de la Libertad de Prensa para seguir alertando sobre todas las vulneraciones del derecho a la libertad de expresión, mostrar su solidaridad y promover una respuesta activa a favor de todas las víctimas que ven vulneradas este derecho.

Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que alguien se encuentra en situación de riesgo extremo por el mero ejercicio de su libertad de expresión, activa una red integrada por mas de 100.000 personas voluntarias de 85 países que presionan enviando cartas, faxes y mensajes de correo electrónico con urgencia a los responsables. En una tercera parte de los casos la situación de las víctimas mejora.

Hoy Día de la Libertad de Prensa animamos a la sociedad española a sumarse a participar en la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional. Para más información, entra en www.actuaconamnistia.org

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Amnistía Internacional denuncia los abusos que se cometen en todo el mundo contra periodistas y quienes ejercen su libertad de expresión

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Censura, cierres de medios de comunicación, multas, amenazas, la cárcel, o incluso la muerte, es la respuesta que obtienen muchas personas que buscan expresar sus ideas libremente Madrid.- Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy 3 de Mayo, Amnistía Internacional (AI) expresa su preocupación por todos los casos en los que se vulnera el derecho a la libertad de expresión.

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Fuente: Amnistía Internacional
(Activistas de Amnistía Internacional Nueva Zelanda se manifiestan a favor de la libertad el día del Orgullo, Auckland 2014. © AI/Rachel Banfield)

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"La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Un hecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta"

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"La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Un hecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta"

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Si bien los gobiernos democráticos afirman defender la "libertad de expresión"  tal como aparece en sus Constituciones, no siempre es el caso pues han habido hechos en donde se han infringido los derechos de las personas por múltiples factores.
"Las personas tienen derecho a derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas, así como de disfrutar de todos y cada uno de los derechos que aparecen en la Declaración Universal de los Humanos".

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¿Qué es la libertad de expresión?

El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos fundamentales.

El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas. Posteriormente, ese derecho ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales y regionales.

Internet se usa cada día más como fuente para expresar nuestro derecho a la libertad de expresión, libertad de información, libertad de opinión, de pensamiento y de prensa para alzar la voz contra el poder y para ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos. Las redes sociales alimentan un nuevo activismo que los gobiernos luchan por controlar.>

Sin embargo, sus intentos por bloquear el acceso a Internet o cortar las redes de telefonía móvil no están consiguiendo acabar con las voces de protesta de quienes están peleando por que se respete la libertad de expresión como derecho humano, así como el conjunto de todos los derechos. Irán, China y Vietnam han intentado desarrollar sistemas que les permitan controlar el acceso a la información digital, limitando la libertad de expresión. En la región de Cachemira, en el norte de la India, cortar Internet y las comunicaciones móviles es la respuesta ante cualquier disturbio. En Amnistía Internacional estamos buscando continuamente nuevas formas de evitar el bloqueo de nuestro sitio web en China.

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La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Descubre cómo aún se priva de este derecho a muchas personas en muchos lugares, y descubre cómo defenderlo.